El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Salud del estado de Chiapas contradijeron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y negaron la existencia de casos de Covid19 al interior de la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, y en la estancia provisional El Hueyate, en Huixtla, Chiapas.
“De las 22 personas migrantes que el INM detectó como sospechosas de Covid19, la Secretaría de Salud de esa entidad notificó que resultaron negativas”, dijo el INM. “En días pasados 22 personas extranjeras fueron trasladadas a la estancia provisional El Hueyate, donde la autoridad sanitaria llevó a cabo las valoraciones médicas correspondientes y notificó al INM que resultaron negativas, en los siguientes términos: “…ninguna presenta criterios clínicos, con la definición operacional de Covid19”.
El comunicado del INM fue hecho público cuatro días después de que la CNDH emitiese el viernes pasado unas medidas cautelares en la que aseguraba haber detectado 19 casos confirmados de personas enfermas por Covid y otras irregularidades en los centros de detención de Tapachula y Huixtla. La CNDH dijo que “la dirección” de esta estación migratoria de Tapachula fue la que le confirmó el pasado 21 de octubre los 19 casos confirmados de Covid.
Además, la CNDH aseguró que, tras una la inspección realizada entre el 16 y el 19 de octubre, sus visitadores detectaron que no había servicios de luz y agua, que las condiciones de higiene eran malas, y lo más grave: detectaron a mujeres y niñas detenidas y que no presentaban síntomas aparentes conviviendo con otras personas migrantes contagiadas.
Todo esto es negado ahora por Migración. “El INM lleva a cabo -de manera permanente- campañas de información, así como la entrega de enseres básicos de higiene personal (como agua, jabón, gel antibacterial y cubrebocas) con el propósito de prevenir y evitar contagios de COVID-19; además realiza labores de desinfección en las sedes migratorias, para proporcionar una estancia digna y cuidar la salud de las personas migrantes”, dice el comunicado de la institución que dirige Francisco Garduño.
Según el INM, su personal actúa de manera coordinada con funcionarios de la estación Siglo XXI, en Tapachula, y la estancia provisional El Hueyate, en Huixtla, “a fin de aplicar los protocolos sanitarios previstos para el ingreso y egreso de las personas migrantes alojadas”.
Animal Político buscó a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas para preguntarle por este asunto. Y, por medio de su departamento de comunicación social, la dependencia confirmó lo reportado por el INM: que “los casos sospechosos dieron negativo”.
Preguntada también por este medio por el desmentido de migración, la CDNH se limitó a responder que “las medidas cautelares tienen una intención de prevenir posibles riesgos en poblaciones o sectores vulnerables. Es por ello que la comisión emitió está serie de medidas después de revisar las condiciones en que se encontraban las personas migrantes”.
El INM insistió en que cuenta con áreas de aislamiento para las personas que están encerradas con sospecha de infección.
“El INM agradece siempre la atención e intervención de la CNDH al supervisar las estaciones migratorias y estancias provisionales de la dependencia en el país, porque con ello contribuye a garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, la estancia digna y el trato humanitario a favor de las personas extranjeras alojadas”, dijo en su comunicado.
Apenas el pasado 15 de octubre, organizaciones de la sociedad civil como Sin Fronteras, Asylum Access, el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI), y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos, entre otras, presentaron un informe sobre los efectos de la pandemia de Covid en la población migrante y refugiada.
En concordancia con lo reportado por la CNDH, el informe señala que en las estaciones migratorias persisten pésimas condiciones de salubridad y de hacinamiento. Además, las organizaciones documentaron que en estas estaciones no se hacen pruebas Covid de manera regular a los migrantes detenidos, y que solo dos centros de detención en todo el país llevan un registro diario de la temperatura de las personas detenidas, y solo uno, el de Satillo, tiene servicio médico las 24 horas.
Para este lunes estaba programado que las organizaciones civiles expusieran los hallazgos del informe al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y al subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Finalmente, y a pesar de que las organizaciones habían anunciado su asistencia, ninguno de los dos funcionarios participó en el foro ni dio explicaciones sobre por qué declinaron acudir.
