Reducen cargos a maestra acusada de abuso sexual contra menor
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Instituto Thomas Jefferson

Jueza reduce cargos a una maestra acusada de abusar sexualmente de niño con síndrome de Down en Jalisco

Actualmente Miss Sonia permanece detenida, sin embargo la familia del menor ha solicitado que se modifique la resolución de la jueza y en su lugar dicte vinculación a proceso por abuso sexual infantil agravado, así como por corrupción de menores.
Instituto Thomas Jefferson
28 de octubre, 2020
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Nota del editor: El Instituto Thomas Jefferson contactó a Animal Político para establecer su postura sobre el caso, asegurando que ha cumplido cabalmente con proporcionar información a las autoridades y presentando la denuncia correspondiente tras conocer el caso de abuso sexual contra uno de sus estudiantes. Al final de la nota se adjunta su posicionamiento completo.

La jueza María Eréndira Mercado Alcantar redujo agravantes y cargos contra Sonia N, una maestra acusada de abuso sexual infantil en una escuela de Zapopan, Jalisco.

Aunque la juzgadora primera de Distrito en Tonalá, Jalisco, decidió vincularla a proceso, le retiró una agravante que solicitaba la Fiscalía y la familia de la víctima, por ser una figura de autoridad y alguien en quien confiaba el menor.

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Pero la jueza señaló que la maestra, también conocida como Miss Sonia, era una profesora auxiliar y no una responsable directa, por lo que quitó esa agravante. También le retiró el cargo de corrupción de menores argumentando que solo se acreditó en una ocasión el abuso contra el menor de edad.

Para el abogado Anuar García, litigante del caso, la resolución de la jueza no solo es contradictoria, sino que pone en riesgo el proceso, pues la maestra acusada podría buscar una suspensión condicional, una salida alterna con la que la imputada podría finalizar el proceso penal cumpliendo una reparación del daño y una serie de condiciones.

“La jueza cambió su manera de valorar las cosas y dijo que como no tenía una figura autoridad por ser (maestra) auxiliar, independientemente de que tenía un escritorio dentro del salón y daba instrucciones, dijo que no era una figura de autoridad y que por lo tanto le quitaba lo agravado al abuso sexual infantil”, explicó en entrevista.

Aunque presentaron una apelación por este motivo contra la decisión de la jueza, a un mes de la vinculación “la juez sigue sin mandarla al Supremo Tribunal de Justicia (STJEJ) la sigue teniendo en su escritorio”, acusó.

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Peritajes, pruebas y el testimonio

Paulo, a quien se le modificó el nombre para reservar su identidad, vive con trisomía 21, también conocida como síndrome de Down.

El 10 de diciembre de 2018, antes de irse de vacaciones, le contó a su mamá que Miss Sonia tocaba y besaba su pene en uno de los patios del Instituto Thomas Jefferson Valle Real, en Guadalajara, escuela a la que también acudían su hermana y hermano.

Al enterarse, su madre decidió acudir a la escuela y reportar lo que le sucedía a Paulo. La escuela, inicialmente, separó a Miss Sonia y solicitó la intervención de un especialista en Psicología forense, quien vio señales de abuso.

Además de este resultado, Paulo fue entrevistado y atendido por otros especialistas quienes concluyeron que fue víctima de un abuso, de acuerdo con peritajes a los cuales tuvo acceso Animal Político.

“Con la denuncia empieza el calvario para lograr la judicialización del asunto”, contó el abogado Anuar García, al comentar que la orden de detención se giró apenas en junio pasado, y la captura de la presunta responsable el 5 de septiembre.

Justo un mes antes de la detención de Miss Sonia, Paulo tuvo que dar su declaración ante la Agencia 4 de investigación del Ministerio Público en Guadalajara.

“Ya me quiero ir”, fue la última respuesta que dijo Paulo tras varias preguntas que le formuló una psicóloga para tomar su testimonio.

“¿Me quieres decir que te hizo Miss Sonia?” le preguntaron, a lo que Paulo contestó que le daba pena.

El niño, que al momento del abuso tenía seis años de edad, tuvo que relatar los movimientos y palabras que le decía su maestra mientras tocaba su cuerpo.

“Me llevaba al patio…me paraba y me bajaba el pantalón aquí (indicando sus rodillas)… (decía) que era un secreto y me decía cosas bonitas”, relató.

Actualmente Miss Sonia permanece detenida, sin embargo la familia del menor ha solicitado que se modifique la resolución de la jueza Mercado Alcantar y en su lugar dicte auto de vinculación a proceso por abuso sexual infantil agravado, así como por corrupción de menores.

Respuesta del equipo editorial: dado el interés público del caso, y a que las partes involucradas dieron la información que incluyó el nombre de la escuela, se privilegió que los lectores tuvieran información completa. La víctima del caso ya no acude a esta escuela, de acuerdo con la versión dada por el abogado del caso. 

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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