Periodistas de Iguala piden protección; grupo criminal amenaza con asesinarlos
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Periodistas de Iguala, Guerrero, piden protección; grupo criminal amenaza con asesinarlos

Autoridades federales reconocieron que la espiral de violencia en Iguala y que tiene amenazada a la prensa local se debe a la división del grupo criminal Guerreros Unidos, sospechosos de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, en 2014.
Cuartoscuro
15 de octubre, 2020
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La división del grupo del narcotráfico Guerreros Unidos ha provocada una espiral de violencia y muerte en Iguala, Guerrero, México, que ha alcanzado a la prensa en esa región del sur del país.

Este martes, un grupo de periodistas de Iguala emitió una carta dirigida al presidente de México, así como a diferentes autoridades federales, estatales y municipales, donde pidieron protección y denunciaron que grupos del crimen organizado a nivel local los amenazaron de muerte a ellos y sus familias.

Lee: Aumenta 45% las agresiones a periodistas en primer semestre de 2020

“En las últimas semanas, en el contexto de la guerra que mantienen grupos del crimen organizado en esta ciudad, hemos sido amenazados por medio de llamadas y mensajes a través de la aplicación WhatsApp, por acudir a coberturas y publicar distintos hechos de violencia, así como denuncias de abusos de autoridad por parte de corporaciones policiacas”.

Explicaron que la semana pasada tras cubrir una protesta de familiares de personas detenidas en la sede de la Fiscalía Regional Norte, varios periodistas recibieron llamadas telefónicas donde un grupo criminal lo amenazó de muerte.

“Con palabras agresivas y ofensivas, a varios nos amenazaron de muerte y nos exigieron no meternos en la disputa que mantienen dos grupos del crimen organizado, acusando que la información que publicamos es tendenciosa”.

Además, les advirtieron que “en las próximas semanas un integrante de nuestro gremio sería asesinado como Pablo Morruegas, compañero periodista acribillado el 2 de agosto de este año, pese a que contaba con medidas de cautelares”.

Leer: Asesinan en Guerrero al periodista Pablo Morrugares

“A algunos nos llegaron a decir que nos harían pedacitos y enseguida nos enviaron mensajes que contenían algunas fotografías en las que aparecemos, indicando que todos estamos ubicados. En algunos casos también nos amenazaron con atentar contra nuestros familiares”.

Indicaron que producto de estas amenazas el pasado 7 de octubre no dieron cobertura a la “marcha por la paz” convocada por ciudadanos y transportistas en Iguala.

“El silencio que se apoderó de Iguala ese día representa una mordaza para los medios de comunicación, lo cual consideramos, es un hecho gravísimo sobre todo en una ciudad en la que hace apenas seis años, fueron desaparecidos 43 estudiantes, y donde las autoridades prometieron regresar la paz y la tranquilidad”.

El contexto   

De acuerdo con autoridades federales consultadas por Animal Político, la violencia que se vive en este municipio localizado en el norte de Guerrero, se debe a una división del grupo Guerreros Unidos por el asesinato de dos de sus líderes ocurridos hace medio año aproximadamente.

Los Guerreros Unidos es una organización criminal que opera en los estados de Guerrero y Morelos, y que en múltiples ocasiones han sido señalados por las autoridades mexicanas de estar detrás de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ocurrido 26 de septiembre de 2014.

En la actualidad, al menos en Iguala, el grupo está dividido en dos células criminales: los “Bandera de Iguala” y “Los Tilos o Peques”, quienes a su vez están aliados con un grupo denominado los “Tlacos.

En el caso de “Los Tilos”, éstos se desterraron por un tiempo tras la desaparición de los 43 estudiantes, pero volvieron a reagruparse en la zona.

Estos grupos se pelean la distribución  de droga en Iguala y comunidades vecinas.

El asesinato de dos de sus líderes provocó que ambos grupos comenzaran una cruenta batalla por el control delictivo local, al grado de presentarse ataques armados en los domicilios de varios de sus integrantes, así como una serie de asesinatos y desapariciones.

En el caso de “Los Tilos”, de acuerdo con reportes de medios locales como el portal PM Noticias donde era director el periodista asesinado Pablo Morrugares, se aliaron con “Los Tlacos” o “Cartel de la Sierra”, quienes operan en Nuevo Balsas, en la zona serrana del estado.

“Los Tlacos” es un grupo criminal que ha intentado en otras ocasiones entrar a operar a Iguala y aprovecharon el momento para aliarse con una de estas células en disputa.

“Lo que estamos viendo es un reacomodo de grupos”, dijo una de las fuentes federales consultadas.

El enojo con la prensa, sin embargo, se debe a que los medios de corte policiaco han documentado los hechos de violencia transcribiendo, en la mayoría de las ocasiones, los mensajes que se dejan estos grupos en cartulinas, lonas y mantas en los lugares donde han ocurrido asesinatos.

“Lo anterior ha generado enojo de los dos bandos, porque exigen a los medios y periodistas que dejen de publicar los mensajes de sus enemigos”.

Lo anterior provocó que, el pasado 4 de agosto, en el taller donde se imprime El Diario de Iguala y El Diario de la Tarde, un grupo armado disparara al portón y prendiera fuego a sus instalaciones, ocasionando solo daños materiales.

Como medida de protección los medios dejaran de transcribir los mensajes, limitándose a publicar fotos o videos de los hechos de violencia.

En el caso de El Diario de la Tarde, dejaron de publicar su versión impresa, para proteger a sus voceadores, que en otras ocasiones han llevado la peor parte, pues en los últimos cinco años han asesinado a cinco de ellos cuando no les gusta una nota, de acuerdo con una de las fuentes consultadas.

Los compromisos

Este jueves, a manera de protesta, reporteros de Guerrero se manifestaron en Chilpancingo, capital del estado, para exigir que se garantice la seguridad de los comunicadores de Iguala, además de calificar como grave que los grupos delincuenciales estén por encima de las instituciones de seguridad.

Por la tarde, autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos los representantes del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas a nivel federal, se reunieron en Iguala para tomar acciones que permitan garantizar la seguridad de los comunicadores locales.

Además de acordar el reforzamiento de la seguridad en la zona, con más patrullas y mayor presencia policial y militar, se acordaron tres acciones con los cerca de 150 periodistas que laboran en Iguala.

La primera acción fue “ubicar a todos los periodistas que están en situación de riesgo para integrase al Mecanismo de Protección”.

La segunda medida acordada fue “tener  una reunión con autoridades del estado para establecer una ruta conjunta de intervención no solo con casos individuales sino para todo el gremio”.

La tercera acción fue ofrecer  “acciones de prevención como cursos de protección y mesas de interlocución con las autoridades locales responsables de la seguridad”.

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Elecciones en EU: ¿podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones?

El mandatario podría estar jugándose en las urnas algo más que su futuro político. Te explicamos por qué.
3 de noviembre, 2020
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Para Donald Trump, una derrota en las elecciones de este martes no sería solamente una humillación política. El mandatario arriesga mucho más.

Las investigaciones en torno a los escándalos que han ocurrido durante su gestión sugieren, según expertos, que el mandatario puede enfrentar una compleja situación financiera personal, además de procesos penales, si tiene que salir de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Hasta el momento, frente a la posibilidad de una investigación criminal en su contra, lo protege la inmunidad que le brinda el cargo. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados.

Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué pasa si ya no es el presidente?

La inmunidad en el cargo

“Creo que hay la posibilidad de que se le imputen cargos criminales a Trump”, dice a BBC Mundo Bennett Gershman, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Pace, quien se desempeñó por una década como fiscal en el estado de Nueva York.

“Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral”, entre otros, asegura Gershman, citando “toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera”.

Como si esto fuera poco, Trump enfrenta grandes riesgos financieros, incluyendo, según informes de los medios estadounidenses, una enorme deuda personal y dificultades con su imperio empresarial.

El diario The New York Times ha dicho que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos, en momentos en que algunas de sus inversiones personales no pasan por el mejor momento.

Y si Trump sale derrotado en los comicios, tal vez sus acreedores sean menos flexibles a la hora de exigir el pago de esas obligaciones.

La Casa Blanca ha actuado como una barrera frente a los problemas legales y financieros del mandatario, advierten sus críticos. Si esa muralla desaparece, Trump enfrentaría días difíciles.

No admite faltas

El presidente asegura haber sido víctima de numerosas conspiraciones por parte de sus enemigos para acusarlo falsamente de haber cometido crímenes antes y durante su tiempo en el poder.

Joe Biden.

Reuters
Trump ha acusado repetidamente a Biden sin presentar pruebas.

Trump niega de manera tajante haber cometido cualquier falta.

Y subraya el haber salido airoso de las investigaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en torno a los numerosos escándalos que han enmarcado su gestión, así como del juicio político que le realizó el Congreso a comienzos de este año.

Pero todos esos procesos partían de la base de la inmunidad presidencial frente a los procesos penales. El Departamento de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que un mandatario no puede ser procesado penalmente mientras ocupe el cargo.

No obstante, esas investigaciones podrían ser la base de nuevas actuaciones judiciales contra Trump, le dicen expertos a BBC Mundo.

“Ya sabemos que puede enfrentar acusaciones de fraude electoral, ya que el fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan en efecto ya nombró como co-conspirador junto a Michael Cohen“, asegura Gershman.

El experto se refiere a la investigación federal contra el exabogado personal de Trump, Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de irregularidades electorales durante la campana de 2016 relacionadas con pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels, quien alega haber tenido un affaire con el presidente.

Stormy Daniels.

Reuters
La actriz Stormy Daniels estuvo en el centro de uno de los escándalos que afectaron al presidente.

Durante la investigación contra Cohen, la fiscalía describió en su acusación oficial a un entonces candidato presidencial, al que designaron como “Individuo 1”, supuestamente relacionado con esa actividad criminal. Los medios estadounidenses asumieron universalmente que la Fiscalía se refería en ese momento a Trump.

En su momento, el hecho fue noticia nacional. El 7 de diciembre de 2018, The New York Times titulaba: “Fiscales dicen que Trump dirigió pagos ilegales durante la campaña”.

Agregaba el diario que “fiscales federales dijeron el viernes que el presidente Trump dirigió pagos ilegales para evitar un potencial escándalo sexual que amenazaba sus posibilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, poniendo el peso del Departamento de Justicia detrás de las acusaciones previamente realizadas por su exabogado”.

El informe Mueller

Gershman dice que cabe suponer que “pueda haber otros cargos por obstrucción a la justicia” a partir de los resultados del llamado informe Mueller.

En 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó su investigación sobre las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Dicho informe no encontró prueba concluyente de que la campaña del entonces candidato Trump estuviera deliberadamente colaborando con el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe documentó una serie de actuaciones controversiales del mandatario en respuesta a esa investigación.

Mueller manifestó entonces que el Congreso estadounidense debía decidir si le seguía un “impeachment” o juicio político a Trump por supuesta obstrucción de justicia, ya que el presidente tenía inmunidad frente a los canales normales de la justicia penal.

Robert Mueller.

EPA
Hay expertos que creen que Trump podría afrontar cargos derivados de la investigación que llevó a cabo el fiscal especial Robert Mueller.

En esa ocasión, el Congreso se abstuvo de abrirle un juicio político a Trump, aunque sí lo hizo meses después por un caso distinto, esta vez ante versiones que decían que el presidente había intentado manipular al gobierno de Ucrania para que investigara supuestas irregularidades cometidas por Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata Joe Biden.

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó formalmente a Trump, pero en febrero siguiente, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Trump fue apenas el tercer mandatario estadounidense en la historia en enfrentar un “impeachment”.

Cargos locales y federales

Como presidente, Trump podría en principio autoperdonarse por cualquier violación a las leyes federales que hubiese cometido, aunque no hay antecedentes en la historia del país de una situación semejante.

En cambio, sí ha ocurrido que un mandatario que enfrenta la posibilidad de cargos criminales salga del cargo y sea perdonado por su sucesor.

Ese fue el caso en 1974 cuando Richard Nixon renunció después del escándalo de corrupción de Watergate, y su entonces vicepresidente y sucesor en el cargo, Gerald Ford, le extendió un perdón judicial total.

Richard Nixon.

BBC
Nixon es hasta ahora el único presidente en la historia de EE.UU. que ha recibido un perdón total.

“Hay muy poca probabilidad de que Trump enfrente cargos federales, pues es de esperar que se autoperdone”, le dice a BBC Mundo Norman Ornstein, experto del American Enterprise Institute, un centro de investigación política de línea conservadora.

En un escenario de derrota electoral, si Trump no se atreve a autoamnistiarse, dice Ornstein, el mandatario tendría algún incentivo para renunciar al cargo antes del final de su periodo, que se cumple el 20 de enero de 2021.

En ese escenario hipotético extremo, el actual vicepresidente Mike Pence quedaría a cargo para completar los días finales del periodo presidencial y podría perdonar a Trump por anticipado de cualquier crimen a nivel federal que hubiese podido cometer.

Pero las potenciales dificultades legales de Trump no terminan ahí, asegura Ornstein.

Los medios estadounidenses han estado ventilando la posibilidad de que, aparte de cargos federales, Trump también enfrente cargos criminales a nivel local, le recuerda a BBC Mundo el exfiscal Gershman.

Carteles frente a la Casa Blanca.

Reuters
Detractores del presidente han colgado carteles que piden su arresto frente a la Casa Blanca.

El 1 de noviembre, la publicación The New Yorker se unía a muchos otros medios estadounidenses discutiendo un escenario en el que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha estado investigando los negocios privados del presidente, podría eventualmente acusarlo de irregularidades relacionadas con su pasado como magnate inmobiliario.

En eso concurre Ornstein, quien le dice a BBC Mundo: “Hay investigaciones agresivas en curso por el Fiscal General del Estado de Nueva York, y el Fiscal del Distrito de la Ciudad de Nueva York sobre irregularidades de impuestos y de otra índole potencialmente cometidas antes de que Trump fuese presidente”.

A diferencia de los cargos federales, los de nivel local no son susceptibles de perdón presidencial.

Una decisión política

Los expertos insisten en que no hay seguridad de que las autoridades decidan emprender estas acciones en contra de Trump, incluso si creyesen que existe evidencia para justificarlo.

Ya en 1974 el gobierno de la época decidió que enjuiciar a Nixon solo extendería la agonía del escándalo de Watergate, y, alegando conveniencia nacional, prefirió perdonarlo.

Al respecto, Joe Biden dijo el pasado 6 de agosto en una entrevista que, en caso de ser elegido presidente, ni se opondría ni impulsaría un proceso penal contra Trump, dejando esa decisión enteramente a los fiscales del Departamento de Justicia.

Si esos fiscales federales, o los del estado de Nueva York, finalmente deciden adelantar un proceso contra Trump, no será una situación que se resuelva rápidamente.

Por cuenta de los litigios previos, un juicio fácilmente podría tomar meses o incluso años en comenzar, le dice Gershman a BBC Mundo

Si fuera encontrado culpable por cargos como los que se han discutido, Trump podría enfrentar una pena “de años, no de meses” en prisión, advierte el académico.

“La ley aplica para todos”, recuerda Gershman.

Ornstein, por su parte, sospecha que los fiscales de Nueva York seguirán adelante con sus investigaciones contra Trump.

“No creo que terminen sus esfuerzos contra Trump cuando deje su cargo. Trump es vulnerable, y lo sabe”, le dice Ornstein a BBC Mundo.

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