No se hacen pruebas COVID a migrantes, denuncian organizaciones; INM responde
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Pese a contagios, no se hacen pruebas COVID a migrantes, denuncian OSC; “cumplimos con medidas”, dice el INM

Las organizaciones también documentaron que de las 35 estaciones migratorias que hay en el país, solo dos llevan un registro diario de la temperatura de las personas detenidas.
Cuartoscuro
15 de octubre, 2020
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A pesar de que desde marzo de este año se han registrado contagios por el nuevo coronavirus en estaciones migratorias mexicanas, y a que al menos un migrante murió como consecuencia de un contagio, ni el Instituto Nacional de Migración (INM), ni ninguna autoridad sanitaria, hacen con regularidad pruebas Covid a los migrantes detenidos.

Así lo denunciaron organizaciones de la sociedad civil en un informe sobre los efectos de la pandemia en la población migrante y solicitante de refugio en México, en el que también documentaron que de las 35 estaciones migratorias que hay en el país, solo dos llevan un registro diario de la temperatura de las personas detenidas, y solo una, la de Saltillo, tiene servicio médico las 24 horas. 

En cuanto a los insumos para evitar los contagios, el estudio apunta que el suministro de jabón y agua en los centros de detención es “muy limitado”, y que en estaciones como Las Agujas, uno de los centros más grandes del país ubicado en la Ciudad de México, el reparto de cubrebocas es escaso. 

Asimismo, aunque el INM comenzó en abril pasado a vaciar las estaciones ante las recomendaciones sanitarias de autoridades mexicanas y organismos internacionales, los agentes migratorios continúan realizando miles de detenciones en plena pandemia, mientras prevalece el hacinamiento en las estancias migratorias provisionales. 

Por su parte, el INM, en respuesta a una solicitud de entrevista de Animal Político, aseguró por medio de una tarjeta informativa que, pese a lo documentado en el informe, sí lleva registros de temperatura -sin precisar en qué estaciones-, y sí realiza acciones para la “limpieza de manos, sana distancia, y uso de cubrebocas y tapete para higienizar los zapatos”. 

Lee: Migrar bajo las leyes del COVID: las vías del tren volvieron a ser la ruta de migrantes

 “Cada día se implementan tareas de limpieza y acciones de desinfección, prevención, control y supervisión en todos los inmuebles del Instituto”, resaltó el INM en su comunicado. 

Medidas de higiene insuficientes 

Ayer miércoles, las organizaciones civiles Sin Fronteras, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Asylum Access, entre otras, presentaron el informe Sobre los efectos de la pandemia de Covid 19 en las personas migrantes y refugiadas’.  

En el estudio se plantea que, históricamente, las estaciones migratorias enfrentan problemas de higiene y de hacinamiento por la gran cantidad de migrantes detenidos cada año en México por transitar sin documentación en su camino a Estados Unidos: tan solo en 2019, hasta 182 mil 940 personas extranjeras pasaron por los centros de detención mexicanos, según datos de la Secretaría de Gobernación. 

Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 17 de marzo de este 2020, al inicio de la pandemia, medidas cautelares para que el INM garantizara “la integridad física, psicológica y el estado de salud y la vida, de las personas migrantes”, incluyendo en esa garantía a quienes están en los centros de detención.   

El Instituto, por su parte, respondió en un comunicado a finales de abril señalando que dio salida “a algunas personas migrantes” alojadas en las estaciones, a fin de evitar el hacinamiento y cumplir con las medidas cautelares de la CNDH. 

Sin embargo, Alejandra Macías, directora de Asylum Access, advirtió que el INM continúa haciendo detenciones de migrantes, a los que recluye en estaciones, como las de Villahermosa, Tabasco, Iztapalapa, Ciudad de México, y Tijuana, Baja California, donde “no se están respetando las medidas de higiene y de prevención del Covid”.   

Esta organización civil también detectó que, al menos en la estación migratoria de las Agujas, en la Ciudad de México, la distribución de cubrebocas entre la población migrante es deficiente.  

Alejandra Macías contó que en una visita en septiembre pasado a la estación de Las Agujas los migrantes entrevistados refirieron que estaban usando un cubrebocas que les dio la autoridad migratoria, pero de Estados Unidos. Y que, después de haber pasado por un periplo en el que estuvieron recluidos hasta en tres diferentes centros de detención en México, a su llegada a la estación de Iztapalapa aún seguían usando el mismo cubrebocas porque la autoridad mexicana no les proporcionó insumos nuevos.  

Por su parte, Gretchen Kuhner, directora del IMUMI, apuntó ante una pregunta de Animal Político que “en las estaciones migratorias no están haciendo pruebas de Covid de forma sistemática”, por lo que puede existir un subregistro de personas migrantes contagiadas en las estaciones. Kuhner dijo que tampoco hay reportes de si elementos del INM se han contagiado de Covid en los últimos ocho meses de pandemia.   

Este medio buscó al INM para preguntarle si se están llevando a cabo pruebas Covid en sus estaciones. 

Pero en la tarjeta informativa remitida a este medio no dio respuesta a esta pregunta concreta, aunque sí dijo que “se cuenta con personal médico para atender cualquier sospecha de contagio al interior de sus inmuebles” y que están promoviendo “todas las acciones que permitan salvaguardar la integridad de su personal y de todas las personas migrantes mexicanas y extranjeras que asisten a sus instalaciones”. 

Miedo a los contagios masivos 

En paralelo a la falta de higiene y de insumos para evitar contagios, el informe señala que se han detectado casos de Covid en varias estaciones.  

Por ejemplo, en agosto pasado se detectó un caso de coronavirus en un migrante cubano retenido en la estación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, “sin que las autoridades tomaran las medidas necesarias para su liberación, generando focos de infección entre el resto de la población migrante”.   

Y el 11 de septiembre pasado, por otro caso, la CNDH responsabilizó al INM de la muerte el 22 de abril de un migrante salvadoreño con Covid que estaba detenido en la estación de Tijuana, Baja California.  

Por este caso, el organismo de derechos humanos emitió una recomendación al Instituto que supuso el primer reconocimiento oficial de la muerte de un migrante por el virus tras su ingreso en un centro de detención mexicano.  

No obstante, las autoridades del INM han negado los contagios en las estaciones. De hecho, el 6 de agosto de este año, cuatro meses después de la muerte por Covid de este migrante, el INM apuntó en otro comunicado que no tenía hasta esa fecha “registro alguno” de contagios entre la población migrante alojada en estaciones o estancias provisionales.  

Graciela Rodríguez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que por la falta de medidas de higiene y de sana distancia, y por el temor a los contagios masivos, este año han tenido lugar múltiples protestas, motines, e incendios al interior de diversas estaciones migratorias. 

Una de esas protestas sucedió el 31 de marzo en la estación de Tenosique, en Tabasco, en la que 14 migrantes resultaron lesionados y un solicitante de asilo guatemalteco, Rolando Barrientos, murió por asfixia tras un incendio registrado cuando otros migrantes protestaban por las condiciones de encierro.  

Otras protestas estallaron entre marzo y abril pasado en las estaciones migratorias de Villahermosa, Tabasco, Tapachula, Chiapas, Hermosillo, Sonora, y en Piedras Negras, Coahuila. 

En todas las protestas, el informe refiere que el elemento común que las detonó fueron las condiciones de hacinamiento y la falta de higiene, y “la desesperación y el miedo ante la posibilidad de contagio de Covid-19”.  

Albergues sin agua y sin espacio para sana distancia 

Por otra parte, las organizaciones civiles señalan que múltiples albergues de la sociedad civil han mantenido abiertas sus puertas durante la pandemia, aunque sin el apoyo gubernamental y con complicaciones severas para atender a personas migrantes debido a la falta de agua, material sanitizante, y de espacios adecuados para mantener la sana distancia. 

Además, el personal voluntario que trabaja en estos albergues no cuenta en su mayoría con los insumos básicos para evitar contagios, como cubrebocas, guantes, o productos para la desinfección de las instalaciones.  

Mientras tanto, las autoridades migratorias de Estados Unidos no han detenido las deportaciones, a pesar de los brotes de Covid registrados en sus centros de detención. Situación que ya ha tenido consecuencias en México: el 20 de abril pasado, un migrante fue deportado a pesar de ser portador de Covid y contagió a al menos 14 personas en un albergue de Nuevo Laredo, Tamaulipas.  

Ante esta situación, Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, explicó que entre abril y mayo diversas organizaciones civiles promovieron diez amparos para proteger la vida y la salud de las personas migrantes en el contexto de la pandemia, de los cuales siete fueron favorables.  

No obstante, concluyó Saiz, las resoluciones de los jueces “han sido incumplidas sistemáticamente por las autoridades mexicanas, principalmente por el INM y el gobierno federal, restando importancia a la figura del juicio de amparo al no cumplir con su finalidad, la protección”. 

El informe completo puede consultarse aquí.

 

 

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El poderoso cardenal y las otras 9 personas que enfrentan un insólito juicio en el Vaticano por malversación

Angelo Becciu, antiguo asesor del Papa, es una de 10 personas que comparecen ante un tribunal acusado de delitos financieros.
27 de julio, 2021
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El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros.

Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia este 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

El influyente cardenal de 73 años, que niega las acusaciones, fue forzado a dimitir el pasado septiembre, pero mantiene su título.

Las acusaciones están relacionadas a la compra multimillonaria de una propiedad en Londres con fondos de la Iglesia.

Becciu era un cercano asesor del papa Francisco que anteriormente había ocupado un cargo clave en el Secretariado de Estado del Vaticano, que administra las donaciones de la Iglesia.

El cardenal deberá responder preguntas sobre una controvertida inversión en un edificio de lujo en Londres que conllevó pérdidas durante su tiempo a cargo del Secretariado: desde entonces, la transacción ha estado bajo una investigación financiera.

El pago de US$200 millones por un edificio de apartamentos en la elegante avenida Sloane de Londres se hizo con dinero de la Iglesia a través de fondos y compañías en paraísos fiscales, una transacción que el cardenal había defendido en el pasado.

En un comunicado emitido a principios de mes por personas allegadas, el cardenal expresó que era “la víctima de una conspiración” y manifestó su “absoluta inocencia”, informó la agencia AFP.


¿Mayor escrutinio de la Santa Sede?

Análisis de John McManus, experto en temas religiosos de la BBC

Llegar al fondo de la problemática relación entre el Vaticano y sus finanzas se ha convertido en tema central del Vaticano bajo el papa Francisco.

En paralelo con su deseo de convertir a la Iglesia en un santuario donde todos, no importa cuán imperfectos, puedan encontrar un lugar, está su labor para lograr que el Vaticano sea un destino especialmente hostil para aquellos que busquen usarlo para enriquecerse.

Los supuestos crímenes enumerados ahora todavía tienen que ser probados en el tribunal.

Pero el simple hecho de que el Papa estuviera dispuesto al proceso y el juicio de un cardenal que no sólo era un alto miembro de la jerarquía en el Vaticano, sino también un amigo de Francisco, es una señal de su clara intención de que cuando se trata de delitos financieros, está preparado para tomar medidas sin precedentes para limpiar la reputación de la Iglesia.

El riesgo para el Papa, y para la iglesia, es que este juicio abrirá la posible mala gestión de las finanzas de la Santa Sede a un mayor escrutinio público.


Edificio en la avenida Sloane, Londres

Getty Images
El edificio en el que el cardenal Becciu invirtió el dinero del Vaticano queda en la elegante avenida Sloane, de Londres.

Dos antiguos directores de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano están entre los diez imputados.

Enfrentan cargos de malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Una mujer italiana que trabajó para el cardenal Becciu fue acusada de malversación el año pasado.

Se espera que el juicio dure dos meses. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de prisión o multas.


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