Proceso contra Lozoya sigue en marcha, nuevos hallazgos complican su defensa
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

Proceso contra Lozoya sigue en marcha; detectan casi 50 empresas fantasma implicadas en red de Odebrecht

Hoy se cumple la mitad del periodo de seis meses con el que cuenta el exdirector de Pemex para lograr que la Fiscalía le otorgue un criterio de oportunidad, lo que aun no se consuma.
Cuartoscuro Archivo
28 de octubre, 2020
Comparte

El proceso penal contra Emilio Lozoya sigue en curso. Pese a que el exdirector de Pemex ya denunció supuestos hechos de corrupción en los que estarían implicados hasta tres expresidentes, y a que hoy se cumple la mitad de los seis meses que un juez concedió para definir si es sometido a juicio o no, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha retirado los cargos por lavado de dinero por los que fue vinculado a proceso en julio pasado.

Incluso, el panorama para el exfuncionario podría complicarse luego de que las autoridades federales identificaron casi medio centenar de empresas posiblemente “fantasma” implicadas en pagos que Petróleos Mexicanos, bajo la dirección de Lozoya, concedió a la constructora Odebrecht en el sexenio pasado.

Entérate: Relajado, sentado en la cama y bebiendo Coca-Cola, así enfrentó Lozoya su audiencia en México

Fue el pasado 28 y 29 de julio cuando jueces federales decidieron vincular a proceso a Emilio Lozoya por dos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y uno de asociación delictuosa. Lo anterior por los presuntos sobornos que recibió de las empresas Agronitrogenados y Odebrecht, para favorecerlas con contratos en su gestión.

La vinculación a proceso dictada en esas audiencias se dio sin la oposición de Lozoya y sus abogados quienes anunciaron que buscarían un criterio de oportunidad, es decir, un trato con la Fiscalía para que los cargos le fueran retirados, a cambio de denunciar y probar que el exdirector de Pemex fue utilizado por una gran red de corrupción en la que estaban implicados incluso hasta presidentes.

Los jueces dieron entonces un plazo de seis meses a las partes para completar las investigaciones y decidir si se acusa formalmente a Lozoya para ir a juicio, o si se deciden retirar los cargos en su contra.

Autoridades con pleno conocimiento de este proceso confirmaron a Animal Político que al cumplirse la mitad de este periodo la situación jurídica del exfuncionario es la misma. “El criterio de oportunidad es un proceso en construcción, requiere que Lozoya declare también ante un juez lo que denunció, eso aun no ocurre”, dijo la fuente consultada.

Lo que la defensa del exdirector de Pemex sostiene es que él fue utilizado por un supuesto “aparato organizado de poder” para perpetrar los hechos ilegales que se le imputan. El pasado 20 de agosto, un mes después de ser procesado, Lozoya presentó una denuncia formal en la que declaró múltiples hechos de corrupción en los gobiernos de los últimos sexenios. La denuncia se filtró al poco tiempo a los medios, junto con un video de uno de los supuestos pagos a legisladores denunciados.

Sin embargo, para otorgar el criterio de oportunidad, la ley también contempla que se deben aportar pruebas útiles que ayuden a procesar a los implicados en los hechos que se denuncian, y además se debe cubrir un pago para la reparación del daño. Es en esta fase, y en la ratificación de los dichos por Lozoya ante un juez, donde el proceso se encuentra actualmente.

De no lograrse las condiciones del criterio de oportunidad, autoridades de FGR confirmaron que se presentaría la acusación formal en contra de Lozoya a finales de enero de 2021.

Nueva acusación en puerta

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) presentará, en noviembre, una denuncia penal ante la FGR por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de una nueva investigación que involucra a la gestión de Lozoya en Pemex y a la constructora Odebrecht.

De acuerdo con autoridades federales consultadas, la investigación involucra a medio centenar de personas morales, la mayor parte de ellas empresas posiblemente fantasma, que estarían involucradas en una red de lavado de dinero.

Se trata, según los trabajos de inteligencia, de compañías que hasta ahora no habían sido detectadas ni reportadas, constituidas en su mayoría en México, y que se presume podrían haber sido utilizadas por Odebrecht y exfuncionarios para desplazar pagos de sobornos de los que no se tenía registro.

Ese dinero, presumen los investigadores, serían una retribución directa por los seis contratos con sus respectivas ampliaciones que la constructora brasileña logró con Pemex en la gestión de Emilio Lozoya, por un monto que supera los tres mil millones de pesos.

Animal Político había adelantado en esta nota que la UIF sospecha que podría tratarse de un esquema similar al de “la Estafa Maestra”, en donde se implementó una compleja red de compañías fachada para tratar de ocultar el destino final de los recursos.

La denuncia original por este caso se iba a presentar desde principios de octubre, sin embargo, la complejidad de la red descubierta ha retrasado la presentación de la denuncia ante la Fiscalía. De acuerdo con fuentes de Hacienda, corresponderá a la FGR confirmar si Lozoya está vinculado directamente con la red, u otras personas cercanas al mismo.

Múltiples casos pendientes

Cuando Lozoya renunció de manera voluntaria a pelear no ser extraditado desde España, también perdió la posibilidad de apegarse a una regla denominada “de especialidad” incluida en el tratado de extradición, firmado entre el país europeo y México, que contempla que una persona solo puede ser juzgada por los delitos por los cuales es entregado.

Lo anterior significa que las autoridades mexicanas tienen camino libre para proceder por cualquier otro delito o caso de corrupción en contra del exfuncionario, además de los procesos penales que ya se le iniciaron por los sobornos de Odebrecht y Agronitrogenados.

Los pendientes de Lozoya en su gestión como director de Pemex son muchos. De entrada, la Auditoría Superior de la Federación presentó en 2019 una denuncia penal por un quebranto al erario superior a los 460 millones de dólares resultado de fallidas inversiones en plantas de fertilizantes. La carpeta de investigación iniciada por ese caso sigue en integración.

Además, la Auditoría también cuenta con indagatorias en curso por 36 convenios que Petróleos Mexicanos firmó con distintos entes públicos bajo el esquema de “La Estafa Maestra”, y que dada la falta de solventación del dinero se prevé que se conviertan en denuncias públicas en los próximos meses.

Por su parte la SHCP ha presentado cinco denuncias en el ultimo año y medio relacionadas con diversas irregularidades que atañen también a la administración de Lozoya en Pemex, y que van desde el posible desvío de mas de 80 millones de pesos para la compra de un astillero en España, hasta el sobrecosto en la adquisición de la planta de fertilizantes Fertinal (donde además estaría implicado el Consejo de Administración de Pemex).

ONG promueve amparo para transparentar proceso

La organización no gubernamental TOJIL: Estrategia contra la Impunidad promovió una demanda de amparo con la que busca que el proceso penal iniciado en contra de Lozoya e incluso el posible criterio de oportunidad que se le otorgue sean transparentados, bajo el argumento de que al tratarse de un caso de corrupción la víctima es la sociedad en su conjunto y, por tanto, todos tienen derecho a saber lo que ocurre.

La demanda fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal en Ciudad de México, y la misma continua bajo análisis.

Lo que la juez rechazó fue conceder una suspensión provisional para que el proceso se frene mientras esto se resuelve. En contra de dicha negativa, TOJIL promovió un recurso que también se encuentra en revisión.

Hasta ahora el caso de Emilio Lozoya ha sido manejado con hermetismo por las autoridades ministeriales y judiciales. Incluso las audiencias en las que fue vinculado a proceso en julio pasado, y que por definición son públicas, se realizaron sin que el público pudiera presenciarlas o seguirla. Ello con el argumento de que por medidas sanitarias no era posible acceder a las salas.

Animal Político solo pudo acceder a presenciar las grabaciones de dichas audiencias dos meses después de que se llevaron a cabo y gracias a solicitudes de transparencia. En esta nota puede consultarse a detalle cómo se desarrollaron.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Quién vigila la radiación del 5G (y cuáles son sus verdaderos riesgos)

Esta nueva tecnología regresa el eterno debate sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas. Estos, sin embargo, son descartados por todas las agencias internacionales.
27 de octubre, 2020
Comparte
Seúl

Getty Images
Corea del Sur ya tiene una red 5G en todo el país.

Decenas de antenas, dispositivos bluetooth y cientos de teléfonos móviles nos rodean e irradian cada día. Por no hablar de la telefonía 5G que, al parecer, acabará con la vida en la Tierra. ¡Tanta radiación no puede ser buena!

¿Quién controla los niveles de exposición y los posibles efectos sobre la salud?

Percepción del riesgo

Los campos electromagnéticos están presentes en la naturaleza desde antes de la aparición del ser humano. La luz solar, los rayos cósmicos, las tormentas y la radiación natural terrestre son fuentes de exposición a estos campos.

A mediados de los años 90, se comenzaron a desplegar las redes de antenas de telefonía móvil. Aunque se hacían con estándares técnicos internacionales, que ya tenían en cuenta la protección de la población, no se ofreció la suficiente información al respecto.

A pesar de una reacción rápida por parte de organismos, operadoras y expertos, la percepción de riesgo se instaló entre los ciudadanos. También caló en instituciones, administraciones locales y asociaciones.

Así, se produjo una situación paradigmática. Por un lado, el rechazo a las antenas era un fenómeno global. Por el otro, crecía la demanda universal del servicio.

Ilustracion 5G

Getty Images
La red 5G es mucho más que la mejora de la red 4G.

La OMS parece tenerlo claro

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea fueron conscientes a principios de los 2000 de esa carencia y de la necesidad de dar respuesta a una inquietud y percepción social del riesgo asociado a la telefonía móvil.

Aunque esta percepción e inquietud estaban sobredimensionadas.

A pesar de los esfuerzos realizados para informar y tranquilizar a la población, la OMS reconoció en 2006 que “algunas personas consideran probable que la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia entrañe riesgos y que éstos puedan ser incluso graves”.

En la revisión de 2014, la OMS aseguraba que “hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud”.

En otro documento publicado a comienzos de este 2020 sobre el 5G, insiste en que en las últimas décadas no hay estudios científicos que demuestren una relación causal que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

“El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y el cuerpo humano”.

Ese posible efecto, a los niveles habituales de exposición, es insignificante. Por eso es importante que los niveles se mantengan por debajo de los límites establecidos por agencias internacionales independientes.

Mujer con una tablet.

Getty Images
La OMS ha dicho que no hay estudios científicos que demuestren una relación causal del 5G que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

Quién y cómo se establecen los límites de exposición

En 1992 se estableció en Alemania la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Esta organización científica, independiente y sin ánimo de lucro, revisa periódicamente y de forma sistemática las evidencias científicas para determinar los niveles a los cuales se producen efectos biológicos.

No solo de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, sino también de otras radiaciones electromagnéticas como la luz visible, los infrarrojos y los ultravioletas que, por encima de ciertos niveles, también pueden resultar muy peligrosos.

Por eso se fijan niveles de seguridad y, por eso mismo, no debemos preocuparnos de la radiación que emite el mando a distancia de nuestra tele. Tampoco del router wifi de nuestra casa o de nuestro teléfono inalámbrico.

El proceso de revisión es abierto y su publicación se realiza en una revista científica tras un proceso de revisión por pares.

Así, una vez se establecen los niveles a los cuales se observan efectos para cada frecuencia, se aplica un factor de precaución o seguridad de 50.

Estos valores son aceptados por la mayor parte de los países occidentales desde hace décadas y se adoptan en las correspondientes legislaciones.

Además, existen otras agencias u organismos que realizan una revisión similar. Por ejemplo el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la Food and Drug Administration de Estados Unidos.

Estos tres organismos, en los últimos meses y coincidiendo con el despliegue de la 5G, han revisado y publicado sus guías de límites seguros de exposición humana.

La mano negra de la industria

Que la industria está detrás de todas estas regulaciones e instituciones es un argumento reiterado por los movimientos antiantenas -ahora anti-5G- que parecen acoger toda clase de creencias conspiranoicas con respecto, también, a las mascarillas, las vacunas y la COVID-19.

En realidad han sido la industria y los profesionales del sector los más interesados en garantizar que las radiaciones emitidas por las antenas fueran seguras y que los niveles de potencia estuviesen dentro de los límites permitidos.

Transmisión de eventos deportivos en dos pantallas.

Getty Images
Con la conexión 5G se podrán conectar muchos dispositivos al mismo tiempo.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), como entidad de derecho público al servicio de la sociedad, fue la primera organización que ya en 2001 elaboró un informe sobre las radiofrecuencias de telefonía móvil.

Con ello se pretendía informar a la ciudadanía y mitigar la inquietud que ya surgía ante el desconocimiento de esta tecnología y la normativa que la regula.

La labor de difusión se centró en ayuntamientos y asociaciones ciudadanas, aunque se ha seguido trabajando durante todos estos años con todo tipo de administraciones e instituciones.

En 2006, se creó el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), comité independiente compuesto por profesionales de gran prestigio -en campos como la medicina, física, química, biología, ingeniería de telecomunicación y derecho-, que, desde entonces, ha elaborado cinco informes trienales de referencia.

En ellos recogen las evidencias científicas existentes sobre el impacto de los campos electromagnéticos en la salud.

Además, ha publicado numerosos documentos sobre tecnologías concretas -el último sobre 5G-, con el ánimo de informar verazmente a la sociedad, manteniendo siempre el conocimiento científico riguroso como referencia.

Sus informes han tratado siempre de arrojar luz y evitar cualquier tergiversación que de forma interesada se intentara hacer sobre el efecto de estas tecnologías sobre la salud.

Incluidas comparaciones sin fundamento con sustancias, como el tabaco o el alcohol, que la ciencia sí ha demostrado como perniciosas incluso en pequeñas cantidades.

5G

Getty Images
Los verdaderos riesgos de estas tecnologías son los asociados a la dependencia, problemas musculares, malas posturas y al condicionamiento de nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Los verdaderos riesgos para la salud

Decir que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son inocuos es falso si no se acompaña de la frase “a los niveles habituales de exposición”.

Dichos niveles están decenas o centenas de miles de veces por debajo de los de seguridad marcados por ICNIRP.

Es lo que han demostrado numerosos estudios y revisiones sistemáticas de exposición personal en condiciones reales.

Pero hay efectos constatados derivados del uso de dispositivos y que no son consecuencia de las radiaciones que emiten.

Así, se ha demostrado que su uso puede provocar dependencia, problemas musculares, malas posturas y que condicionan nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Dichos efectos, sin embargo, no son denunciados por los movimientos en contra de estas tecnologías.

Ilustración 5G

Getty Images
Hay una proliferación de un cierto “negocio del miedo” vinculado a las nuevas tecnologías.

Negar la evidencia, ¿con qué fin?

Quizá piense que existe cierta controversia científica en este tema.

Habrá oído que “numerosos científicos alertan de los efectos” en cuestionables llamamientos internacionales, algún pseudoinforme como el Bioinitiative o declaración política ajena a la Unión Europea, como la declaración 1815 del Consejo de Europa.

Todos tienen en común su falta de rigor, el establecimiento de límites de forma arbitraria o la extrapolación inadecuada de estudios en animales o de laboratorio sin tener en cuenta las condiciones reales.

En 30 años, no se ha publicado una revisión sistemática o metaanálisis -los estudios con mayor fortaleza en ciencia- que demuestre sus alarmantes augurios y peligros para la salud (efectos sobre el sueño, la concentración, fisiológicos, hipersensibilidad o, incluso, cáncer).

En cambio, sí es constatable la relación de sus promotores con la proliferación de un cierto “negocio del miedo” a partir de datos tergiversados, erróneos y en ningún caso avalados por la evidencia científica.

Y ese negocio que se basa en esos datos afecta tanto a ámbitos como el médico-sanitario, con diagnósticos o prescripciones no fundamentados en el conocimiento médico; el legal, con denuncias insostenibles basadas en opiniones de supuestos expertos, medios de información carentes de credibilidad (webs pseudocientíficas) o, incluso, empresas que ofrecen aparatos y dispositivos de protección completamente innecesarios.

Todo un negocio basado en el miedo y el desconocimiento que sigue alimentando esa falsa percepción de que vivimos radiados al límite.

*Alberto Nájera López es doctor en radiología y medicina física y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y Juan Carlos López es ingeniero de telecomunicaciones y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarganuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=6ekpZ0RCrs4&t=8s

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.