Roberto Guadalupe González Martínez, de 52 años, es un hombre libre desde el pasado 15 de septiembre. Aquel día, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS) retiró los cargos en su contra después de que un juez considerase que las pruebas que se habían presentado no eran válidas por haber sido violados derechos fundamentales en su obtención.
Ese mismo día abandonó el Centro de Rehabilitación Social de Los Cabos, en Baja California Sur. Llevaba encerrado desde el 27 de julio de 2019 acusado de la muerte del empresario José Arredondo, de 58 años.
Desde el momento de su arresto González Martínez reivindicó su inocencia y denunció haber sido secuestrado y torturado por elementos de la Policía Ministerial. Ahora es libre, pero quiere olvidar. Por eso prefiere no ser entrevistado para esta nota.
La liberación del principal acusado por la muerte de José Arredondo es el último capítulo de un caso repleto de irregularidades.
“Nos quedamos con una víctima de asesinato sobre quien no se sabe quién lo mató, con Roberto secuestrado, torturado y excarcelado año y dos meses después. Esto está muy triste”, dice el abogado Jaime Tácher Urbina, que ha representado al acusado desde que fue detenido a finales de julio de 2019.
Animal Político contactó con el procurador Daniel De la Rosa Anaya, pero al cierre de la edición no recibió respuesta. En noviembre, preguntado sobre el caso y las denuncias de tortura, restó credibilidad al testimonio de González Martínez, pero aseguró estar dispuesto a realizar una investigación interna si se probaba su versión.
José Arredondo, empresario de Bakersfield, California, apareció muerto en su apartamento de Los Cabos el 16 de julio de 2019. Nació en Michoacán pero desde los 12 años residía en Estados Unidos. Allí era muy conocido por ser el dueño de grandes negocios automotrices y por ser el padre de Samuel Kim, cantante de K-Pop, un popular estilo coreano.
La víspera de que hallasen su cuerpo, Arredondo cenó con González Martínez, a quien le unía una amistad de más de 20 años. Se lo dijo a la policía, que le interrogó al día siguiente, y aseguró haberse marchado pasadas las 22.30 de la noche. No quedaron satisfechos los agentes porque, según el testimonio del ahora excarcelado, un grupo de ministeriales lo secuestró dos días después. Durante más de una semana, González Martínez estuvo en sus manos. En su primera declaración ante el juez, en octubre de 2019, aseguró haber sufrido golpes y vejaciones. Sin poder contener el llanto, relató cómo le golpeaban para confesar un crimen que no había cometido. Durante el tiempo en el que estuvo en manos de los policías, su familia presentó una denuncia por desaparición. Finalmente, el 29 de julio, fue presentado ante el Ministerio Público y, posteriormente, a prisión.
En este tiempo aparecen dos supuestas pruebas que incriminan a González Martínez. Por un lado, restos de sangre en unos zapatos. Él afirma que los propios ministeriales robaron esas prendas de su casa y las mancharon con la sangre de su amigo. Por otro, el testimonio de un menor de edad que trabajaba como vigilante de la finca en la que residía Arredondo y donde le mataron. Cuando testificó nadie le preguntó su edad porque, según relató ante el juez, los policías estaban demasiado preocupados en amenazarle si no decía lo que ellos querían.
La versión de las torturas contra González Martínez fue incluso corroborada por Sergio Arredondo, hermano de la víctima, que relató que un oficial de nombre José de Jesús García le aseguró que el ahora excarcelado era el asesino y que para obtener la confesión habían tenido que torturarlo.
En este año, las ramificaciones del caso se extendieron. El gerente de un restro bar propiedad de Martin Berasategi, un afamado cocinero vasco, también denunció haber sido detenido y maltratado para que se autoinculpase. En total, al menos seis personas aseguraron en sede judicial haber sufrido torturas dentro de la investigación del asesinato.
A pesar de las denuncias, el proceso contra González Martínez seguía adelante. Sin embargo, el 17 de agosto tuvo lugar una audiencia de nulidad de pruebas. En ella, la defensa aseguró que las supuestas pruebas se habían recabado de forma irregular por lo que no deberían ser tomadas en cuenta. Durante más de 18 horas se habló de la camioneta que le incautaron al acusado cuando estuvo en manos de los ministeriales sin orden de arresto, de las presiones sufridas por el testigo menor de edad, de la captura de al menos tres personas que aseguraron haber sufrido también malos tratos. Ante estas evidencias, el juez Adrián Ríos Ordaz dio la razón al abogado Jaime Tacher, asegurando que todos los indicios se recabaron violando los derechos fundamentales. Es decir, dejó claro que no debían de tomarse en cuenta los tenis con sangre ni la declaración del menor de edad.
Sin estas pruebas, la acusación quedó en nada. Así que el 15 de septiembre el subprocurador de delitos de alto impacto retiró los cargos contra González Martínez. Ese mismo día el antiguo vendedor de bienes raíces abandonó la prisión después de año y dos meses encerrado.
La liberación de González Martínez deja el caso del asesinato de José Arredondo sin culpable y sin sentencia. Además, quedaría pendiente investigar quiénes son los policías que violentaron derechos fundamentales para buscar a un asesino. Animal Político buscó al procurador, pero este eludió contestar para dar detalles sobre las investigaciones que podría desarrollar la institución que preside.
González Martínez está libre, pero quedan muchas interrogantes pendientes.
