Salud usó en 2019 el fondo de enfermedades graves para comprar insumos básicos
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Salud ya había usado en 2019 el fondo de enfermedades graves para comprar insumos básicos como jeringas y jarabes

El año pasado la Secretaría de Salud utilizó 2 mil 108 millones de pesos del Fondo para comprar ranitidina, jarabes, agujas y hasta biberones.
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29 de octubre, 2020
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La transferencia de 33 mil millones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular a la Tesorería de la Federación para comprar vacunas contra el coronavirus aprobada ayer por la Cámara de Diputados, es la segunda maniobra para ocupar los recursos de una bolsa que sólo se dedicaba a atender enfermedades graves y caras como cáncer o VIH, en los casos de pacientes sin seguridad social.

Desde 2019, la Secretaría de Salud utilizó 2 mil 108 millones de pesos de dicho Fondo para comprar ranitidina, jarabes, agujas y hasta biberones, todos insumos del nivel básico de atención, como parte de las compras consolidadas de medicamentos encabezadas por la Secretaría de Hacienda.

Entérate: Morena quiere que dinero del Fondo de Salud no sea solo para cáncer sino también para COVID

Sin embargo, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que financiaba el extinto Seguro Popular servía para solventar los gastos de 66 enfermedades como cáncer, malformaciones genéticas o trasplantes, y que a la población de bajos recursos sin seguridad social les podía resultar impagables.

A través del Fondo, creado desde 2003, se concentraban los recursos para también hacerlos crecer con los rendimientos. Previsto, sobre todo, para las enfermedades catastróficas de largo plazo, es decir, los futuros enfermos.

De ahí que en 17 años de “alimentación” del Fondo, sumó una bolsa de 97 mil millones de pesos, pero la Cámara de Diputados aprobó retirarle 33 mil millones para supuestamente comprar las vacunas contra la COVID, aunque no quedó asentado así en la reforma a la Ley General de Salud.

Sobre la decisión de desaparecer el Seguro Popular en esta administración, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que pese a ello nadie se quedaría sin atención, pues se crearía el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Por ello, la Secretaría de Salud modificó los lineamientos para que el dinero ya no sólo fuera ocupado para pagar el tratamiento de enfermedades graves, sino para cualquier tipo de gasto.

Hasta el último reporte del Seguro Popular en junio de 2019, se habían ejercido 6 mil 161 millones de pesos del Fondo para Gastos Catastróficos de los 11 mil 700 millones de pesos autorizados para ese año. Esto quiere decir que del total ejercido, 34% fue para las compras consolidadas de insumos básicos.

Las compras

En una revisión de Compranet, la plataforma donde por ley deben ser publicados todos los contratos del gobierno, el Seguro Popular o nombrado formalmente como Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) fue el organismos que más aumentó sus compras entre toda la administración pública en 2019: pagó 2 mil 108 millones de pesos a través de 223 contratos de medicamentos y equipo médico.

Esto porque la Comisión no se encargaba de hacer compras de insumos, sino pago de tratamientos por paciente. Si bien el presidente ha señalado corrupción en este modelo, la decisión fue sólo disponer de los recursos para adquirir insumos para atención básica en lugar de sólo enfocarse a una especializada.

Al revisar los productos comprados en 20 contratos, y consultar a especialistas sobre su uso, se constató que también se pagaron insumos y medicamentos que corresponden a atención de primer y segundo nivel. Es decir, no son parte de requerimientos para enfermedades consideradas catastróficas.

Por ejemplo, con el Fondo de Gastos Catastróficos se compraron 290 mil guantes de exploración por 19 millones 946 mil pesos con la empresa Ambiderm S. A. de C. V.; 6 millones 609 mil pesos para jeringas con aguja en un contrato con la compañía DL Medica S. A. de C. V.

También 7 millones de pesos por 46 mil 608 envases de “faboterapico”, una solución contra la picadura de alacrán que se distribuye en su mayoría a clínicas rurales, y 4 millones 613 mil pesos para comprar cinta testigo para esterilización.

Un millón 355 mil pesos fue para la empresa Importadora y Manufacturera Bruluart, S. A. por la compra de 212 mil envases de grageas de ranitidina, usada en el tratamiento de gastritis y más 268 mil pesos por 9 mil piezas de biberones de vidrio con mamila para la empresa Surtidora Médica de Occidente.

De los jarabes de salbutamol y de difenhidramina, utilizados para tratamiento bronquial y de alergias, se gastaron 937 mil pesos y 684 mil pesos, respectivamente. O analgésicos como metamizol sódico.

Insumos básicos como éstos se deben comprar de las partidas presupuestales de los propios hospitales de acuerdo a sus necesidades de atención, por eso el Fondo servía sólo para hacer frente a aquellas enfermedades que significaban un gasto mayor en las finanzas de las unidades médicas.

Si bien entre los contratos están las compras de medicamentos de alta especialidad como Velpatasvir y Sofosbuvir para tratar la hepatitis C y por lo que se pagó 220 millones de pesos a Farmacéuticos Maypo, no hay certeza que con esta compra queden solventadas las necesidades de cada una las unidades médicas en los estados.

¿Por qué es importante el fondo de gastos catastróficos?

Por ejemplo, si una mujer sin seguridad médica era diagnosticada con cáncer de mama y estaba afiliada al Seguro Popular era canalizada a un hospital de alta especialidad para recibir tratamiento que era solventado por la unidad médica y después, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) se lo reembolsaba.

Los recursos provenían del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de la CNPSS, que se mantenía con recursos federales anuales, más los intereses que generaba.

Para funcionar tenía reglas de operación que especificaba el tratamiento de 66 tipo de enfermedades como cáncer en niños y adultos, malformaciones congénitas, cuidados intensivos de recién nacidos, enfermedades cardiovasculares e infectocontagiosas; trasplantes y alteraciones genéticas, incluidas en el catálogo de enfermedades de este fondo y que es actualizado cada periódicamente.

De acuerdo con los reglamentos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), y el Fideicomiso donde se encuentran los recursos, el organismo sólo tenía la facultad de administrar el dinero y transferirlos a las entidades de acuerdo al número de afiliados atendidos. Era un ‘gestor’, por eso nunca hacía compras.

El hospital debía reportar a la Comisión, el nombre del paciente, CURP, afiliación al seguro popular, tipo de enfermedad a tratar, días de internamiento y justificar el uso de cada tratamiento. La suma de esa atención era reembolsada por el Seguro Popular al hospital de especialidad.

Otra forma de atención para mujeres con cáncer de mamá era a través de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), quien las afiliaban al Seguro Popular, pagaba el tratamiento y después les era reembolsado, pero la semana pasada ésta informó que dejará de hacerlo toda vez que ya no hay acuerdo con el nuevo Instituto de Seguridad para el Bienestar.

Fucam informó que entre 2017 y 2019 recibieron del gobierno federal 776 millones de pesos para pagar el tratamiento de 3 mil 884 pacientes, lo que significa 199 mil pesos por persona. El monto entregado en dos años sólo es la mitad de lo que esta administración gastó en compra de insumos en 2019 de la bolsa de gastos catastróficos.

Los reglamentos 

Animal Político analizó todos los contratos de 2019 y el Seguro Popular fue la entidad que más aumentó la contratación entre toda la administración pública. En 2018 gastó 8 millones de pesos en contratos para cuestiones administrativas, pero en 2019 subió a 2 mil 109 millones de pesos en contratos, lo que significó un aumento de 25,132% entre un año y otro.

El cambio se debió a que por primera vez pagó 223 contratos de compras consolidadas y unitarias de medicamentos y equipo médico que sumaron 2 mil 108 millones de pesos, y el resto fue para gastos de mantenimiento del edificio que ocupaba.

Pero para entonces, la situación del Seguro Popular era incierta, toda vez el presidente Andrés Manuel López Obrador había decidido desaparecerlo y en su lugar instituir el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), pero los reglamentos de operación del primero continuaban vigentes.

La Comisión Nacional tenía como facultades instrumentar la política de protección social en salud, desarrollar el plan estratégico del sistema, formalizar acuerdos con los gobiernos estatales que recibirían dinero de esta bolsa, y “administrar los recursos financieros y efectuar las transferencias que correspondan a los estados”.

Mientras que los lineamientos específicos del Fideicomiso (donde se encuentran los recursos del Seguro Popular) se establecía que el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos se debían destinar a la “atención integral de intervenciones, incluyendo tratamientos, medicamentos e insumos” asociadas a las enfermedades previstas en el catálogo.

También para el “desarrollo de infraestructura de unidades hospitalarias que proporcionan servicios médicos de alta especialidad del ámbito federal o estatal”.

Sin embargo, en 2019, gracias al acuerdo firmado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, publicado el 13 de septiembre del año pasado, por primera vez el Seguro Popular usó dinero para pagar medicamentos comprados por la Secretaría de Hacienda.

En el “acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se delegan facultades en el Director General de Administración y Finanzas de la CNPSS”, instruía a Blanca Elisa Chávez Buenrostro, titular de administración a la “adquisición, distribución y entrega de los recursos en especie (…) incluyendo el llevar a cabo los procedimientos para la adjudicación de los contratos correspondientes”.

Además, Alcocer ordenaba que dichas compras se realizaran “con cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”.

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Nayib Bukele: qué supone que el presidente de El Salvador tenga 'poder absoluto' con el control del Legislativo

Los resultados provisionales, con el 80% de actas contadas, dan una victoria histórica al partido de Bukele. ¿Qué consecuencias puede haber?
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1 de marzo, 2021
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Aunque su nombre no estuvo en las boletas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se perfila como el gran ganador de las elecciones legislativas y municipales de este domingo.

Con más del 80% de las actas procesadas, su partido, Nuevas Ideas, y sus socios obtendrían dos tercios de la Asamblea Legislativa (Congreso), la mayoría absoluta, un hecho que no se veía en el país centroamericano desde hace más de dos décadas.

El TSE indicó que votaron más del 50% de los inscritos en el padrón electoral, en un país de más de 7 millones de habitantes, una cifra menor que en las pasadas elecciones presidenciales pero mayor que las dos anteriores legislativas.

La ya casi segura victoria no solo le permitirá a Bukele pasar leyes y aprobar presupuestos sin el contrapeso de la oposición, sino que también lo llevará a controlar prácticamente todas las ramas del gobierno.

“Las elecciones del Legislativo son las que llevan a lo que en El Salvador se conoce como elección de segundo grado o de funcionarios de segundo grado, que van desde el fiscal general, un tercio de los magistrados de la Corte Suprema, el procurador general hasta la procuraduría de derechos humanos, Corte de Cuentas, entre otras instituciones”, explica a BBC Mundo la analista política salvadoreña Bessy Ríos.

Conteo de votos en El Salvador.

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El conteo de votos se ha prolongado durante varias horas de la madrugada del lunes.

“Esto significa que si el partido del presidente domina el Legislativo, tiene también la oportunidad de controlar el poder judicial y los órganos de segundo grado, como la fiscalía, lo que le da un poder bastante considerable y sin contrapesos”, agrega.

Es la oportunidad para que el presidente pueda poner en práctica la agenda de su gobierno y fomentar medidas en beneficio popular sin los lastres y los enfrentamientos que había tenido ahora con el Legislativo.

“Esto implica un gran desafío para Bukele, porque tradicionalmente se ha quejado de que no puede hacer cosas porque no tiene poder. Aquí hay dos elementos: o cumple y le va bien, o no cumple y se le acabará su luna de miel con los salvadoreños”, opina Ríos.

Sin embargo, los más críticos con el gobierno temen que un “poder absoluto” pueda ser el “fin de la institucionalidad” en el país latinoamericano.

“Desde que llegó a la presidencia, Bukele no solo ha mostrado rasgos importantes de autoritarismo, sino que ha debilitado significativamente las instituciones y ha ignorado muchos de los controles impuestos a la acción ejecutiva” le dice a BBC Mundo José Miguel Cruz, experto en El Salvador de la Universidad Internacional de Florida, en Miami.

Nayib Bukele el pasado 22 de febrero.

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Los más críticos con el gobierno temen que la victoria de Nuevas Ideas sea el “fin de la institucionalidad” del país, ya que opinan que Bukele ha mostrado “rasgos importantes de autoritarismo”.

“Dados estos precedentes, existe el temor entre muchos sectores de que esta acumulación excesiva de poder pueda significar la destrucción definitiva de las instituciones democráticas en el país”, agrega.

El carismático y popular gobernante de 39 años que gobierna El Salvador desde mediados de 2019 niega las acusaciones de autoritarismo y afirma que sus adversarios se oponen a sus políticas porque con el ascenso de su proyecto ven amenazados “sus privilegios”.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, rechazó también los señalamientos cuando periodistas le preguntaron este domingo acerca de varias cartas y documentos que congresistas de EE.UU. publicaron en los últimos meses y en los que alertaban de un posible autoritarismo, de vulnerar las instituciones democráticas y de ataques a la prensa por parte del gobierno salvadoreño.

Según el sitio web elsalvador.com, Ulloa dijo a los congresistas: “Deberían venir acá y observar lo que sucede, porque normalmente ellos reciben información sesgada, tergiversada, interesada de algunos grupos de oposición. Lo mejor es que vengan y vean (…), que revisen todas las encuestas (…) donde el nivel de aceptación del presidente sobrepasa el 90%”.

“Les invito personalmente a que vengan, para que observen cómo está la situación a nivel nacional, y no informarse por noticias o reportes que no siempre son objetivos”, insistió en un ataque a los medios como al que acostumbra Bukele.

¿Cómo se llegó aquí?

La aparente victoria del partido de Bukele es extraordinaria en la historia reciente de El Salvador y no sólo porque logró hacerse con una mayoría en el Congreso a poco menos de tres años de ser creado.

“Es excepcional porque en las últimas décadas, los gobiernos necesitaron de alianzas entre partidos en el Congreso, lo que llevaba a que se distribuyeran los funcionarios de segundo grado. Ahora, por primera vez en años, el presidente no requerirá de esas alianzas o de partidos bisagras”, dice.

Los contextos en los que ocurre también son inéditos.

Los salvadoreños han dado su voto de confianza a un partido que ha gobernado en alguno de los momentos más difíciles de la nación en las últimas tres décadas y que ha tomado también algunas medidas que han levantado cuestionamientos en organizaciones de derechos humanos.

Durante el año pasado -y a raíz del coronavirus y de desastres naturales- se profundizó con creces la deuda del país, se perdieron más de 80,000 empleos y el producto interno bruto cayó en 8.6%.

“El país está en condiciones muy difíciles, con un endeudamiento muy fuerte, con una parálisis productiva importante por la pandemia y los desastres naturales”, le dice a BBC Mundo Jose María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana de El Salvador y director de su Instituto de Derechos Humanos.

Salvadoreños reclaman la necesidad de comida tras la caída de remesas por las restricciones del coronavirus.

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A raíz del coronavirus, muchos problemas se han agudizado en El Salvador.

“A eso también se han sumado otras medidas por parte del Ejecutivo que han despertado cierta preocupación en el plano de los derechos civiles y humanos y de respeto a la institucionalidad”, agrega.

Y es que el gobierno no solo fue señalado de asumir medidas coercitivas “extremas” para frenar la pandemia, sino que se enfrentó abiertamente a los medios de comunicación, a políticos que lo cuestionan y también al poder legislativo y judicial, al punto de que Bukele envió militares al Congreso y desafió abiertamente a la Corte Constitucional.

“Sin embargo, nada de esto ha impedido que la popularidad del presidente haya crecido y que sea muy bien aceptado en los sectores más desfavorecidos. No había dudas previo a las elecciones de que obtendría una mayoría”, agrega.

¿Cómo se explica la popularidad de Bukele y su partido?

Una encuesta realizada por la consultora Mitofsky a mediados del año pasado ubicaba a Bukele no solo como el mandatario más popular de la región, sino que lo colocaba por encima de líderes de Australia, Asia o Europa, como Angela Merkel.

Y cuando los resultados de las encuestas para las elecciones de este domingo comenzaron a salir, muy pocos dudaron que el partido Nuevas Ideas alcanzaría una mayoría.

Bukele tras votar junto a su esposa, Gabriela Rodríguez.

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“Bukele es un extraordinario comunicador, muy efectivo y carismático”, opina el experto José María Tojeira, sobre una de las claves de la popularidad del mandatario.

Según los expertos consultados por BBC Mundo, la victoria de Bukele en estas elecciones y su creciente popularidad obedecen a tres factores principales:

  • “Los salvadoreños sienten un rechazo casi mortal hacia los partidos que tradicionalmente se han repartido el poder del Ejecutivo y el Legislativo en los últimos 30 años de posguerra. Es un sentimiento que Bukele ha sabido aprovechar y que ha hecho ver a Nuevas Ideas como la alternativa”, dice Ríos.
  • “Bukele es un extraordinario comunicador, muy efectivo y carismático, hace un manejo muy hábil de las redes sociales y los medios de comunicación, lo que le ha hecho llegar a muchas personas de una forma muy directa”, opina Tojeira.
  • “Desde que llegó al poder, ha implementado una gran campaña de patronazgo y clientelismo en el país, en la que distribuye regalías y bonos entre la gente más necesitada. Con la pandemia, esto se ha incrementado y lo ha llevado a una campaña sostenida de distribución de recursos que le han hecho ganar el voto de los sectores más populares”, considera Cruz.

¿Qué pasa ahora?

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que el control del Parlamento le da a Bukele un “poder casi absoluto” sobre el país, con limitados contrapesos para su acción.

“Tradicionalmente, hemos oído a Bukele quejarse de que no tiene poder como presidente. Y eso es cierto, porque desde el fin de la dictadura, se crearon varios mecanismos para limitar el poder del Ejecutivo. Ahora tiene un gran desafío, un compromiso muy fuerte para materializar su plan de gobierno”, opina Ríos.

“Ahora lo que muchos temen es que los contrapesos para ese poder ya no van a estar. ¿Por qué? Precisamente porque venimos de ahí, porque por nuestra historia sabemos que el poder total puede ser mal consejero, que se puede caer en la tentación de conducir el país con autoritarismo, sin tomar en cuenta las minorías. Y ahí vienen los abusos, la corrupción”, dice.

Protestas antiBukele en El Salvador el pasado 9 de febrero.

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Varios expertos apuntan que, a pesar de tener más poder, Bukele tendrá un gran desafío por delante.

Cruz, por su parte, recuerda que en la historia latinoamericana reciente, las experiencias similares de poder absoluto por parte del Ejecutivo no han llegado a buen puerto.

“Este caso recuerda lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos en tiempos recientes, como el caso de Venezuela o Nicaragua, con Ejecutivos extremadamente fuertes que llegan al poder por medios democráticos pero que cambian las reglas para mantenerse en el poder de manera indefinida e ignorar las normas democráticas, a pesar de haber ganado por la vía electoral”, considera.

“Por eso, existe el temor entre un sector de la población en que esto sea el primer paso para que Bukele promueva una reforma constitucional para mantenerse en el poder por un segundo mandato consecutivo y que se afiance la postura autocrática que ya había manifestado con anterioridad”, agrega.

La votación de este domingo llevó a una confrontación entre Bukele y el Tribunal Supremo Electoral, luego de que el mandatario convocara una conferencia de prensa para denunciar supuestas irregularidades y convocar a sus seguidores a salir a votar, lo que fue considerado como una violación del silencio electoral.

Durante esa presencia ante los medios, Bukele encuadró su esperada victoria en una especie de paso lógico tras ganar las presidenciales de 2019 y en su deseo de contar con una Asamblea “que trabaje de la mano” con el Ejecutivo.

“Si usted votó el 3 de febrero 2019 (cuando ganó las presidenciales), hoy es el día para que terminemos de cerrar lo que comenzamos (…) Terminemos de cerrar lo que iniciamos ese día logrando tener una Asamblea Legislativa que trabaje de la mano con el Gobierno (…)”, dijo.

Por su parte, Tojeira opina que “solo en el futuro veremos cuál es el resultado real de estas elecciones“.

“Si con la victoria electoral el partido Nuevas Ideas se comenzara a dialogar más con quienes tienen un pensamiento crítico y con los que tienen ideas diferentes, si se evidenciara que hay un plan sólido de gobierno, si se toman medidas dentro de las normas de la democracia, no sería malo”, afirma.

“El problema es que de momento no se ve una agenda democrática y de desarrollo clara, con apertura al debate… Pero hay que mirar a ver qué pasa en el futuro”.


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