La Ley de Amnistía aprobada de forma urgente en abril pasado en el Senado, como una medida para despresurizar los penales del país ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, no ha liberado hasta ahora a ninguna persona presa, pese a que ya transcurrieron más de cinco meses de su publicación, y a que hay más de 400 solicitudes presentadas para acceder a ella.

Mientras tanto el problema de la sobrepoblación en las cárceles sigue creciendo. La cifra de personas privadas de su libertad se ha elevado en más de 10 mil de enero a agosto de 2020 y ya alcanza su punto más alto de los últimos tres años. Además, con la llegada de la pandemia, la cantidad de personas muertas en las cárceles del país se ha triplicado.

Datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia, arrojan que hasta al cierre de agosto pasado la Secretaría de Gobernación (Segob) recibió  formalmente 420 solicitudes de personas recluidas en penales federales para acceder a una posible amnistía.

Sin embargo, la comisión responsable de atender dichas solicitudes reportó que aun no se concede ningún beneficio, y añadió que el plazo para que las primeras peticiones se resuelvan podría extenderse hasta diciembre.

Solo la pandemia provocó que las cosas se aceleraran. La preocupación de que el virus se propagara en los centros penitenciarios debido a la alta concentración de personas llevó al Senado a rescatar la iniciativa, votarla y aprobarla de forma exprés. Dos días más tarde se publicó en el Diario Oficial de la federación.

Pero para recibir las solicitudes de amnistía y procesarlas la ley contemplaba la creación de una comisión que tardó mas de dos meses en ponerse en marcha. Problemas burocráticos y de presupuesto complicaron que su arranque fuera más rápido.

En la respuesta a la solicitud de transparencia presentada por Animal Político, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob recordó que la Ley de Amnistía contempla un plazo de cuatro meses como máximo para dar respuesta a una solicitud de amnistía, pero aclaró que aun cuando existieran peticiones previas dicho plazo solo comenzó a correr a partir de que se publicaron los lineamientos.

Lo anterior significa que el plazo para resolver las primeras 420 solicitudes que fueron debidamente presentadas vence hasta el próximo 19 de diciembre.

La ley de Amnistía aprobada hace unos meses solo beneficia a personas que cometieron ciertos delitos y fueron procesadas por jueces federales. No así a los internos procesados por delitos del fuero común, que representan más del 85% de la población penitenciaria del país.

En junio pasado, cuando se instaló la Comisión de Amnistía, la Segob dio a conocer que había recibido poco más de dos mil solicitudes de reos procesados por delitos locales. No obstante, dichas solicitudes son improcedentes a nivel federal.

Para que las amnistías apliquen también a internos locales se requiere que cada una de las entidades federativas diseñe, discuta y apruebe su propia ley y posteriormente cumpla con los procedimientos para implementarla. En términos ideales, se pretende que dichas normativas sean similares a la aprobada a nivel federal.

Pero hasta ahora ninguna entidad federativa ha avanzado lo suficiente para tener al menos comisiones instaladas que puedan recibir solicitudes. Hasta junio pasado, había 19 estados con proyectos iniciales para adecuar sus normas, pero no se registran mayores avances.

Población aumenta, y riesgos también

La población en las cárceles de México ha crecido mes con mes a lo largo del presente año. Mientras que, en enero, según cifra oficiales, había 202 mil 337 personas en prisión, para el cierre de agosto pasado ya sumaban 213 mil 494 los internos privados de su libertad.

Se trata de once mil personas presas más en comparación con las que había al arranque de 2020. Un crecimiento de casi el 6% en apenas siete meses.

Para poner esto en proporción, la cifra de personas privadas de su libertad al cierre de agosto es la más alta de los últimos tres años en México. La cifra de penales en el país que están rebasados en su capacidad (más internos que espacios disponibles) creció de 110 a 121 en este periodo.

Este crecimiento en la población penitenciaria se explica por las reformas que a nivel federal se han promovido para incrementar la cifra de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (automática), incrementando a más de 20 el catálogo de ilícitos.

Lo anterior ha hecho infructuosos los esfuerzos de algunos estados que, con independencia de la Ley de Amnistía, han intentado despresurizar sus cárceles con otras alternativas como beneficios de libertad anticipada o preliberaciones.

Y con la llegada de la pandemia de COVID-19 la cifra de personas que han perdido la vida en los centros penitenciarios del país se disparó.

De acuerdo con las estadísticas oficiales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), mientras que en el primer semestre del año 105 internos fallecieron en todas las cárceles, para el segundo trimestre se reportaron 359 internos muertos. Un incremento de más del 240%.

¿Cómo se presenta y resuelve una petición de amnistía?

La Secretaría de Gobernación detalló, a petición de este medio, la forma en que un interno a través de sus representantes o familiares puede presentar una solicitud de amnistía.

La solicitud deberá llevar el nombre completo, fecha de nacimiento y firma de la persona que solicita el beneficio. Luego deberá colocarse el número de expediente judicial o de carpeta de investigación, según sea el caso, y e juzgado federal en el que está radicado el asunto.

Posteriormente se deberán establecer los delitos por los cuales se solicita la amnistía. Solo serán procedentes los delitos contemplados en el artículo 1 de la Ley de Amnistía y que hayan sido procesados en juzgados federales.

Luego se deberá dar un domicilio, correo electrónico y datos del representante legal o la persona que haya sido autorizada por el interno para seguir su caso, junto con una identificación de este. Si la petición es presentada por un organismo de derechos humanos la solicitud deberá ser firmada por el representante legal de este.

Si el escrito lo presenta un familiar del interno deberá presentarse un documento del registro civil o una constancia que acredita el parentesco sanguíneo con el interno.

Gobernación indicó que las solicitudes que se presenten físicamente deberán entregarse en las oficinas de la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía ubicadas en General Prim numero 21 colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Si se prefiere la vía electrónica es a través del correo [email protected]

Una vez presentada la solicitud, la Comisión de Amnistía integrará sin excepción un expediente y el personal técnico elaborará un proyecto de resolución en el que analizará si se cumplen los requisitos o no para que en el caso particular proceda la amnistía. La Comisión sesionara periódicamente para aprobar o no los proyectos que se acumulen.

Sí se determina que la solicitud es procedente el caso deberá ser enviado a un juez federal para que sea este quien tome la determinación definitiva.

Todo lo anterior deberá realizarse durante el periodo de cuatro meses como máximo que contempla la ley para resolver una solicitud.

Aunque Gobernación ha insistido en que se trata de un trámite que puede realizarse de manera personal, hay organizaciones como Documenta y Equis Justicia que han dado seguimiento estrecho al tema y pueden asesorar a personas que tengan dudas sobre el procedimiento.

Incluso dichas organizaciones han elaborado un formato para presentar la solicitud de amnistía que puede consultarse y descargarse en esta página.