Son ya más de 400 solicitudes de amnistía, pero aún no se concede ninguna
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Cuartoscuro Archivo

Gobierno recibe más de 400 solicitudes de amnistía, pero aún no se concede ninguna

La cifra actual de personas presas en el país es la más alta de los últimos tres años; las muertes en penales se triplicaron tras la llegada de la pandemia.
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5 de octubre, 2020
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La Ley de Amnistía aprobada de forma urgente en abril pasado en el Senado, como una medida para despresurizar los penales del país ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, no ha liberado hasta ahora a ninguna persona presa, pese a que ya transcurrieron más de cinco meses de su publicación, y a que hay más de 400 solicitudes presentadas para acceder a ella.

Mientras tanto el problema de la sobrepoblación en las cárceles sigue creciendo. La cifra de personas privadas de su libertad se ha elevado en más de 10 mil de enero a agosto de 2020 y ya alcanza su punto más alto de los últimos tres años. Además, con la llegada de la pandemia, la cantidad de personas muertas en las cárceles del país se ha triplicado.

Leer más: Cárceles enfrentan el COVID con sobrepoblación, sin doctores ni insumos médicos: CNDH

Datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia, arrojan que hasta al cierre de agosto pasado la Secretaría de Gobernación (Segob) recibió  formalmente 420 solicitudes de personas recluidas en penales federales para acceder a una posible amnistía.

Sin embargo, la comisión responsable de atender dichas solicitudes reportó que aun no se concede ningún beneficio, y añadió que el plazo para que las primeras peticiones se resuelvan podría extenderse hasta diciembre.

Lo anterior se debe al entramado de pasos y requisitos que se ha tenido que cumplir tras la aprobación al vapor de la Ley de Amnistía en la Cámara Alta el pasado 20 de abril, luego de que los legisladores rescataron la iniciativa que estaba congelada desde 2019.

Solo la pandemia provocó que las cosas se aceleraran. La preocupación de que el virus se propagara en los centros penitenciarios debido a la alta concentración de personas llevó al Senado a rescatar la iniciativa, votarla y aprobarla de forma exprés. Dos días más tarde se publicó en el Diario Oficial de la federación.

Pero para recibir las solicitudes de amnistía y procesarlas la ley contemplaba la creación de una comisión que tardó mas de dos meses en ponerse en marcha. Problemas burocráticos y de presupuesto complicaron que su arranque fuera más rápido.

Finalmente, el 18 de junio se instaló la Comisión de Amnistía cuya labor inicial era diseñar y aprobar los lineamientos para la atención de las solicitudes, procedimiento que tomó otros dos meses hasta que finalmente se publicaron el 19 de agosto en el Diario Oficial.

En la respuesta a la solicitud de transparencia presentada por Animal Político, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob recordó que la Ley de Amnistía contempla un plazo de cuatro meses como máximo para dar respuesta a una solicitud de amnistía, pero aclaró que aun cuando existieran peticiones previas dicho plazo solo comenzó a correr a partir de que se publicaron los lineamientos.

Lo anterior significa que el plazo para resolver las primeras 420 solicitudes que fueron debidamente presentadas vence hasta el próximo 19 de diciembre.

¿Y en los estados? Peor…

La ley de Amnistía aprobada hace unos meses solo beneficia a personas que cometieron ciertos delitos y fueron procesadas por jueces federales. No así a los internos procesados por delitos del fuero común, que representan más del 85% de la población penitenciaria del país.

En junio pasado, cuando se instaló la Comisión de Amnistía, la Segob dio a conocer que había recibido poco más de dos mil solicitudes de reos procesados por delitos locales. No obstante, dichas solicitudes son improcedentes a nivel federal.

Para que las amnistías apliquen también a internos locales se requiere que cada una de las entidades federativas diseñe, discuta y apruebe su propia ley y posteriormente cumpla con los procedimientos para implementarla. En términos ideales, se pretende que dichas normativas sean similares a la aprobada a nivel federal.

Pero hasta ahora ninguna entidad federativa ha avanzado lo suficiente para tener al menos comisiones instaladas que puedan recibir solicitudes. Hasta junio pasado, había 19 estados con proyectos iniciales para adecuar sus normas, pero no se registran mayores avances.

Población aumenta, y riesgos también

La población en las cárceles de México ha crecido mes con mes a lo largo del presente año. Mientras que, en enero, según cifra oficiales, había 202 mil 337 personas en prisión, para el cierre de agosto pasado ya sumaban 213 mil 494 los internos privados de su libertad.

Se trata de once mil personas presas más en comparación con las que había al arranque de 2020. Un crecimiento de casi el 6% en apenas siete meses.

Para poner esto en proporción, la cifra de personas privadas de su libertad al cierre de agosto es la más alta de los últimos tres años en México. La cifra de penales en el país que están rebasados en su capacidad (más internos que espacios disponibles) creció de 110 a 121 en este periodo.

Este crecimiento en la población penitenciaria se explica por las reformas que a nivel federal se han promovido para incrementar la cifra de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (automática), incrementando a más de 20 el catálogo de ilícitos.

Lo anterior ha hecho infructuosos los esfuerzos de algunos estados que, con independencia de la Ley de Amnistía, han intentado despresurizar sus cárceles con otras alternativas como beneficios de libertad anticipada o preliberaciones.

Y con la llegada de la pandemia de COVID-19 la cifra de personas que han perdido la vida en los centros penitenciarios del país se disparó.

De acuerdo con las estadísticas oficiales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), mientras que en el primer semestre del año 105 internos fallecieron en todas las cárceles, para el segundo trimestre se reportaron 359 internos muertos. Un incremento de más del 240%.

¿Cómo se presenta y resuelve una petición de amnistía?

La Secretaría de Gobernación detalló, a petición de este medio, la forma en que un interno a través de sus representantes o familiares puede presentar una solicitud de amnistía.

La solicitud deberá llevar el nombre completo, fecha de nacimiento y firma de la persona que solicita el beneficio. Luego deberá colocarse el número de expediente judicial o de carpeta de investigación, según sea el caso, y e juzgado federal en el que está radicado el asunto.

Posteriormente se deberán establecer los delitos por los cuales se solicita la amnistía. Solo serán procedentes los delitos contemplados en el artículo 1 de la Ley de Amnistía y que hayan sido procesados en juzgados federales.

Luego se deberá dar un domicilio, correo electrónico y datos del representante legal o la persona que haya sido autorizada por el interno para seguir su caso, junto con una identificación de este. Si la petición es presentada por un organismo de derechos humanos la solicitud deberá ser firmada por el representante legal de este.

Si el escrito lo presenta un familiar del interno deberá presentarse un documento del registro civil o una constancia que acredita el parentesco sanguíneo con el interno.

Gobernación indicó que las solicitudes que se presenten físicamente deberán entregarse en las oficinas de la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía ubicadas en General Prim numero 21 colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Si se prefiere la vía electrónica es a través del correo [email protected]

Una vez presentada la solicitud, la Comisión de Amnistía integrará sin excepción un expediente y el personal técnico elaborará un proyecto de resolución en el que analizará si se cumplen los requisitos o no para que en el caso particular proceda la amnistía. La Comisión sesionara periódicamente para aprobar o no los proyectos que se acumulen.

Sí se determina que la solicitud es procedente el caso deberá ser enviado a un juez federal para que sea este quien tome la determinación definitiva.

Todo lo anterior deberá realizarse durante el periodo de cuatro meses como máximo que contempla la ley para resolver una solicitud.

Aunque Gobernación ha insistido en que se trata de un trámite que puede realizarse de manera personal, hay organizaciones como Documenta y Equis Justicia que han dado seguimiento estrecho al tema y pueden asesorar a personas que tengan dudas sobre el procedimiento.

Incluso dichas organizaciones han elaborado un formato para presentar la solicitud de amnistía que puede consultarse y descargarse en esta página.

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Cómo la pesca ilegal de la 'cocaína del mar' en México amenaza la existencia de la vaquita marina

La vaquita marina se encuentra solo en México. Es el mamífero marino más amenazado del planeta y su supervivencia está más en riesgo por un choque de intereses entre la pesca y la conservación.
15 de mayo, 2021
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El explorador Jacques Cousteau decía que el mar de Cortés, en el noroeste de México, es “el acuario del mundo”.

Uno de sus tesoros es la vaquita marina, una marsopa plateada con grandes ojos de panda. Pero sus pueden estar contados por la pesca ilegal de otra especie protegida: la totoaba.

Se trata de un pez que puede crecer tan grande como una vaquita marina y que era un alimento antes de ser incluido en la lista de especies amenazadas de México.

“Lo pescábamos en los años 60 y 70”, recuerda Ramón Franco Díaz, presidente de una federación de pescadores en la localidad costera de San Felipe, en la península de Baja California.

“Entonces vinieron los chinos con sus maletas llenas de dólares y compraron nuestras conciencias”.

Los asiáticos llegaron buscando la vejiga natatoria de la totoaba, un órgano que ayuda a los peces a mantenerse flotantes. En China es muy valiosa por sus presuntas propiedades medicinales, las cuales no están comprobadas.

Según la ONG Earth League International, las vejigas natatorias secas de 10 años pueden venderse por US$85.000 el kilo en China. Los pescadores de San Felipe ganan solo una pequeña fracción, pero siendo una comunidad pobre, el negocio ha florecido por la llamada “cocaína del mar”.

Lanchas con totoaba

Sea Shepherd
Pescadores de localidades cercanas a San Felipe se han beneficiado de la extracción ilegal de totoaba.

“Los pescadores ilegales pueden ser vistos a plena luz de día con sus redes ilegales y sus totoaba”, dice Franco Díaz.

Sueltan un “muro bajo el agua”

Todas las tardes, durante la temporada, las camionetas que remolcan botes de pesca bajan por una rampa en la playa pública de la ciudad y las sueltan en el agua.

La mayoría de estas embarcaciones no tienen licencia y sus pescadores usan redes que pueden matar a la vaquita marina.

“Las redes de enmalle pueden tener cientos de metros de largo y 10 metros de alto“, dice Valeria Towns, que trabaja con una ONG mexicana, el Museo de la Ballena.

“Se convierten en un muro bajo el agua“, afirma.

Para proteger a la vaquita, este tipo de redes de enmalle están prohibidas en la parte alta del Golfo. Sin embargo, son muy utilizadas, incluso por pescadores con permisos de pesca de rodaballo o langostino.

Las más peligrosas para la vaquita marina son las redes de malla grande que se utilizan para la totoaba. “No es fácil para los mamíferos marinos liberarse de ellas, la vaquita queda atrapada”, cuenta Towns.

Una vaquita marina en una red de pesca de totoaba

PA Media
No es difícil que una vaquita marina quede atrapada en las redes usadas para pescar totoaba.

Frente a la costa de San Felipe, se supone que toda la pesca comercial está prohibida dentro del Refugio para la Protección de la Vaquita Marina, un área de más de 1.800 kilómetros cuadrados. Dentro del refugio hay una zona más pequeña de “tolerancia cero”.

El Museo de la Ballena apoya a un puñado de pescadores interesados en acabar con la dependencia de las redes de enmalle y patrocina alternativas a la pesca como el cultivo de ostras.

También es una de las ONG que retira las redes de enmalle del área protegida. Esta es una actividad que ha aumentado las tensiones entre los lugareños y los conservacionistas.

El 31 de diciembre de 2020, un pescador murió y otro tuvo heridas graves después de que su barco de pesca chocara con un barco más grande perteneciente a la ONG internacional Sea Shepherd que estaba quitando redes de enmalle.

Los hechos son controvertidos, pero el resultado fue un motín en San Felipe, donde atraca el barco del Museo de la Ballena.

Map of the protected area

BBC
Map of the Gulf of California showing the protected area

“Iban a quemar nuestro barco”, dice Towns, que estaba en el mar en ese momento, probando redes aptas para las vaquitas.

“Cuando regresé, otros pescadores que trabajan con las redes alternativas estaban defendiendo nuestro barco, diciéndoles: ‘¡Este no es su enemigo! No quemen este barco'”.

El barco se salvó, aunque quedó con algunas ventanas rotas. La Marina de México no tuvo tanta suerte, pues una de sus lanchas de patrullaje fue incendiada en el puerto.

Ahora hay una tregua incómoda.

La Marina dice que continúa patrullando y retirando las redes del santuario. Pero hay pocas ONG involucradas: el Museo de la Ballena espera un permiso para reanudar el trabajo y el barco Sea Shepherd nunca regresó a San Felipe después del incidente.

“Gente loca con armas”

La impunidad y la ausencia de fuerzas de seguridad pueden explicar por qué decenas de barcos salen de la playa de San Felipe en la búsqueda de totoaba en el santuario.

“Ni una sola autoridad los detiene”, se queja Ramón Franco Díaz. “Si te atreves a acercarte a ellos, te dispararían. El crimen organizado ha robado el mar de Cortés”.

Ramón Franco Díaz

BBC
Franco Díaz dice que es muy peligroso interferir con quienes pescan totoaba de manera ilegal.

Un hombre que antes pescaba totoaba dice: “Ahora ves a muchos locos con armas”.

Los violentos sucesos del 31 de diciembre fueron noticia internacional y pusieron a San Felipe en el centro de atención.

Ahora el gobierno mexicano está considerando propuestas que podrían gustarle a los pescadores, pero enfurecerán a los conservacionistas preocupados por el precario destino de la vaquita marina.

Uno es levantar el estatus de especie en peligro de extinción de la totoaba. Otro es legalizar la otra pesca que ya se realiza en el santuario.

“Queremos establecer diferentes zonas de pesca, por ejemplo, para la corvina y el camarón”, dice Iván Rico López, del grupo de trabajo del gobierno que explora la sostenibilidad en la parte alta del Golfo.

“El santuario es enorme. Si se mantiene la prohibición de pescar allí, los pescadores simplemente no comerían. Así que tenemos que avanzar hacia la legalización de la pesca”.

Un barco del Museo de la Ballena

BBC
El Museo de la Ballena es una de las ONG que retira las redes de enmalle del área protegida

El gobierno mexicano también ha distribuido 3.000 “suriperas”, unas redes seguras para las vaquitas marinas. Pero los pescadores se quejan de que con ellas se reducen sus capturas en un 80%.

“Tenemos que buscar formas de aumentar eso”, dice Rico López. “Estamos buscando alternativas, pero tenemos que convencer a las comunidades: si no están involucradas en la toma de decisiones, no lo lograremos”.

¿Es posible proteger a este precioso mamífero y garantizar que los lugareños sigan viviendo?

En San Felipe, el comercio ilícito de totoaba, la amenazante participación del crimen organizado y la poca diversidad económica crean una mezcla tóxica.

Lanchas en Puertecitos

Getty Images
En las localidades del algo golfo de California no hay mucha diversidad económica.

También existe una arraigada cultura de la pesca tradicional.

Valeria Towns tiene una advertencia para las familias de pescadores de San Felipe que ignoran el llamado para hacer cambios para salvar a la vaquita: “No creo que nadie vaya a comprar productos de un área donde la gente provocó la extinción de una especie”.

Después de la temporada de totoaba, ¿apostaría a que la vaquita marina sobrevivirá hasta el próximo año?

“¡Por supuesto! Siempre hay esperanza. Si no, no estaría aquí”, dice sin dudarlo.


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