Detectan anomalías por 2,663 mdp en programa de Salud y medicinas de AMLO
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Detectan anomalías por 2,663 mdp en nuevo programa de Salud y medicinas de AMLO

En su primer año de operación, la ASF hizo señalamientos a este programa al no tener orden en la transferencia de los recursos a las entidades y por fallas en la fiscalización del dinero.
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3 de noviembre, 2020
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La Secretaría de Salud no logró, en 2019, tener una gestión eficiente, transparente y apegada a la normativa de los recursos del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos. El desorden fue tal que la dependencia y las entidades tienen pendientes aclaraciones por 2,663.9 millones de pesos.

Así lo documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Auditoría de Cumplimiento 167-DS, que forma parte de la evaluación a la cuenta pública 2019.

La ASF detectó falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 1,398.8 millones de pesos (mdp) en el IMSS y en los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca y Tabasco, que representaron el 52.4% del monto total señalado con inconsistencias.

De esos 1,398.8 mdp al IMSS le corresponden la mayor parte: 1,342.9 mdp.

Entérate: Cuatro estados gobernados por Morena no comprobaron cómo gastaron 12 mil mdp de fondos para salud

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013) es un programa de nueva creación en el ejercicio fiscal 2019.

En términos del artículo 9 transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año, este programa sustituye al componente de salud de PROSPERA.

Su objetivo es garantizar el acceso y continuidad en la prestación de servicios para la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, sobretodo en regiones de alta o muy alta marginación, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de primer nivel de atención y de hospitales comunitarios de las 32 entidades federativas, incluyendo los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI y el IMSS Bienestar.

De acuerdo al marco legal y operativo del programa, la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) deberá implementar mecanismos de verificación y se apoyará en los reportes mensuales de productividad correspondientes, en los que las unidades ejecutoras deberán informar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales señalados en cada convenio específico de colaboración.

Cualquier gasto fuera de los autorizados para medicamentos, recursos humanos y los destinados para la dignificación de unidades médicas que no cuente con la validación de la DGPLADES puede ser motivo de observación en la fiscalización al programa.

Los recursos se deben poner en una cuenta única y específica, para poder tenerlos bien identificados.

Una vez radicados los recursos en la Secretaría de Finanzas o equivalente de la entidad federativa, esta se obliga a transferirlos íntegramente a la unidad ejecutora del gasto que se haya determinado en el convenio específico de colaboración, dentro de los cinco días hábiles siguientes, junto con los rendimientos financieros que se generen.

La no transferencia de los recursos en el plazo establecido se considerará como incumplimiento y el monto deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos, señala el marco de referencia que presentó la ASF sobre la auditoría a este programa.

En el incumplimiento del plazo de esos cinco días hábiles y en que los recursos no se pusieron en una cuenta única para poder identificarlos y fiscalizarlos, radican los principales señalamientos de la ASF.

La federación transfirió a las entidades federativas y al IMSS, un total de 5,114.3 millones de pesos. En el análisis de la ASF se hicieron señalamientos que involucran un monto de 2,780.3 mdp, de los que están pendientes por aclarar un total de 2,664.9 mdp.

Entre las presuntas irregularidades se detectó falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 1,398.8 mdp en el IMSS y en los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca y Tabasco que representaron el 52.4% del monto total señalado con inconsistencias.

Además se trasfirieron fuera del plazo legal de cinco días posteriores (establecido en el Convenio Específico de Colaboración y los criterios de operación del Programa U013)  un total de 1,027.4 mdp a los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Yucatán y Veracruz.

Ante tal incumplimiento en los plazos, la Secretaría de Salud debió pedir el reintegro de los recursos a la Tesorería. Pero no lo hizo.

La ASF también detectó pagos improcedentes o en exceso por 80.9 mdp en los estados de Puebla y Querétaro, así como recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la Tesorería por 76.1 mdp, en los estados de Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

Hay además observaciones que no se vinculan directamente con monto por comprobar, pero que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los procesos administrativos y sistemas de control, con impacto en la calidad de la gestión del programa y sus resultados.

Entre estas se encuentran: inadecuada integración, control y resguardo de expedientes de personal; los pagos realizados difieren con el sueldo asociado con la plaza del personal; el proceso de licitación o adjudicación de los medicamentos o material de curación no se efectuó conforme a la normativa, la inadecuada formalización de contratos y diferencias entre lo solicitado en la cotización y lo contratado en la adjudicación; y extemporáneo de los recursos a la Tesorería; así como falta de envío a la SHCP y difusión de información trimestral.

La información del ejercicio y destino de los recursos del programa, enviada por las entidades federativas mediante el Sistema de Formato Único al Gobierno Federal a través de la SHCP no se presenta con calidad y congruencia.

IMSS, el peor parado

El IMSS reportó como ejercidos, en 2019, recursos del programa por 1,342. 9 mdp; pero como no estableció una cuenta bancaría específica para la administración y control de los recursos (estos se transfirieron a una cuenta concentradora del IMSS en la Tesorería de la Federación), la ASF determinó que no se dispone de información para acreditar cuándo se efectuaron los pagos y que estos corresponden a erogaciones de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos.

El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 considera la totalidad de gasto del Programa IMSS Bienestar, sin distinguir la fuente de financiamiento, además de que no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Por esto es que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,342.9 mdp, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.

El IMSS reportó haber ejercido recursos por 1,342.9 mdp, de los que se seleccionaron para su revisión 527.3 mdp correspondientes a la partida específica de gasto “Medicinas y Productos Farmacéuticos” (vacunas). El Instituto no proporcionó los pagos ni la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría se comunicarán a todas las entidades fiscalizadas, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes.

Las recomendaciones y acciones que se presentan en los informes de la ASF se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su caso proporcionen las entidades fiscalizadas, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse las observaciones.

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Elecciones en Brasil: 3 claves para entender el áspero duelo entre Bolsonaro y Lula da Silva

La mayor democracia de la región celebra este domingo unos comicios marcados por la extrema polarización y las dudas sobre cómo reaccionaría el presidente ante una posible derrota.
2 de octubre, 2022
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A primera vista, las elecciones de este domingo en Brasil pueden parecer una típica disputa latinoamericana por votos entre la derecha y la izquierda política.

Sin embargo, este duelo electoral que tiene como protagonistas al presidente brasileño de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y al expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva es especial por donde se lo analice.

Las últimas encuestas colocan a Lula como líder en las intenciones de voto, con una ventaja de entre seis y 14 puntos sobre Bolsonaro. Algunas dejan abierta la posibilidad de que gane la presidencia en esta primera vuelta, sin tener que ir a un balotaje el 30 de octubre.

Pero la dureza de la lucha electoral, el ánimo de los votantes y, sobre todo, las dudas sobre cómo actuaría Bolsonaro ante una posible derrota, llevan a expertos en política brasileña como Marco Antonio Teixeira a advertir que esta elección es “atípica”.

Tres claves ayudan a entender lo que ocurre en la mayor democracia de América Latina.

1. Polarización extrema

Si bien hay 11 candidatos presidenciales registrados, esta elección en Brasil es un pulso entre Bolsonaro, de 67 años, y Lula, de 76.

La idea de organizar una “tercera vía” nunca se concretó en la práctica.

El candidato que sigue en las encuestas, el centroizquierdista Ciro Gomes, figura con menos de 10% de las intenciones de voto.

A diferencia de elecciones anteriores en que los contendientes se veían como adversarios, ahora hay una fuerte polarización donde se instaló la noción de “enemigo político”, explica Vera Chaia, profesora de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.

“Con el enemigo no tienes diálogo, no respetas al otro: eso es lo que está ocurriendo”, dice Chaia a BBC Mundo. “La propagación del odio y la visión estrecha del candidato Bolsonaro hacen que esta elección sea muy exasperada”.

Manifestaciones a favor de Lula e Bolsonaro

Reuters
Brasil vive una fuerte polarización política entre Lula y Bolsonaro.

Ese nivel de crispación se apreció claramente en el último debate de candidatos presidenciales el jueves por la noche, donde Bolsonaro y Lula intercambiaron acusaciones de mentir y tener pandillas dedicadas al desvío de fondos en sus gobiernos.

Durante la campaña, Bolsonaro planteó los comicios como “una lucha del bien contra el mal”, se presentó como garante de los valores conservadores y cristianos, y se refirió a Lula como un “ladrón” que puede llevar a Brasil hacia un socialismo como el de Venezuela.

El presidente ha sido acusado de incitar la violencia política, con frases como la que lanzó en mayo al hablar de las alianzas de sus rivales: “Es bueno, un tiro solo mata a todo el mundo, o una granadita”.

Bolsonaro ha negado que sus palabras estimulen la violencia.

Pero Lula lo responsabilizó por el homicidio de un simpatizante suyo que, según la policía, fue apuñalado en agosto por un seguidor del presidente tras una discusión política en un área rural del estado de Mato Grosso.

En julio, un militante del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula fue asesinado a tiros por un policía que irrumpió en su fiesta de cumpleaños que homenajeaba al expresidente y gritó: “¡Aquí somos de Bolsonaro!”

Funeral del militante del PT Marcelo Arruda en Foz de Iguaçu

AFP
El asesinato del militante del PT Marcelo Arruda sacudió a Brasil en julio.

Lula ha buscado ampliar su base electoral con acuerdos como el que alcanzó con su candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin, un exrival suyo de centroderecha al que derrotó en las elecciones de 2006.

Pero el líder izquierdista tampoco rehuyó de la confrontación directa con Bolsonaro, a quien ha calificado de “genocida” por su respuesta a la pandemia de covid-19, y sostuvo que en las elecciones se juega “la democracia contra el fascismo”.

Con un debate alejado de las propuestas de gobierno, es probable que la tensión política aumente más en Brasil si ningún presidenciable supera la mitad de los votos válidos en la primera vuelta y hay un segundo turno entre Lula y Bolsonaro.

2. Un mar de angustias

Con este panorama, los brasileños parecen mirar con recelo la campaña electoral: tres de cada cuatro votantes (67,5%) teme sufrir agresiones por motivos políticos, según una encuesta de la firma Datafolha.

Pero esa está lejos de ser la única inquietud de la población.

De hecho, las mayores preocupaciones de los brasileños pasan por temas económicos como el desempleo o la inflación, así como por la salud, según distintos sondeos.

Fila de búsqueda de empleo en Brasil.

Agência Sindical
La tasa de desempleo en Brasil cayó a 9,1% pero aun es una de las mayores preocupaciones de los votantes.

Esta elección será la primera en Brasil luego de la pandemia que golpeó con dureza al país y dejó más de 685.000 muertes mientras Bolsonaro comparaba el covid con una “gripecita” y se mostraba escéptico sobre las vacunas para combatirlo.

La economía brasileña entró en recesión en 2021 y, si bien volvió a crecer desde hace casi un año y la tasa de desempleo cayó a 9,1% en julio, la mejora está lejos de ser percibida por la población en general.

El 15% de brasileños (unos 33 millones de personas) pasa hambre y más de la mitad de la población padece (125 millones de personas) padece en algún grado de inseguridad alimentaria, de acuerdo a un estudio de la red Penssan.

Algunas noticias recientes han causado escalofríos.

El agosto, un niño de 11 años en la región metropolitana de Belo Horizonte llamó a una línea policial de emergencia para informar que no había “nada” que comer en su casa, luego de ver a su madre desesperada por la falta de alimentos para sus hijos.

Mujer con hijo en brazos busca comida en un armario.

Getty Images/AFP

“La mayoría de la población brasileña está angustiada”, dice Chaia. “En Brasil ocurrió un retroceso total: en lugar de ir para adelante, Brasil fue para atrás”.

Muchos en el país añoran los años de 2003 a 2010 en que Lula gobernó en medio de un boom económico impulsado por altos precios de las materias primas y millones de personas ascendieron a la clase media con programas sociales del gobierno.

Bolsonaro y sus seguidores, en cambio, recuerdan el desplome que tuvo la economía brasileña bajo el mandato de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, y los grandes escándalos de corrupción que surgieron en los gobiernos del PT.

El propio Lula estuvo 19 meses preso por un caso de corrupción, pero el Supremo Tribunal Federal brasileño anuló sus condenas en 2021 por fallas en el proceso que condujo el entonces juez Sergio Moro, quien luego fue ministro de Bolsonaro.

Un hombre en Brasil muestra un plato que tiene escrita la palabra "hambre" en portugués.

Reuters
La el hambre y la inseguridad alimentaria moderada afecta a tres de cada 10 brasileños.

El gobierno de Bolsonaro, que también ha sido salpicado por denuncias de corrupción, aumentó 50% el programa Auxilio Brasil de subsidios a los pobres en agosto, hasta 600 reales (unos 115 dólares) por persona.

Pero nada indica que con esto el presidente haya eliminado la ventaja de Lula en las encuestas, que en las últimas semanas reflejaron una carrera estable.

3. Incertidumbre sobre el desenlace

Para que un candidato gane en primera vuelta, precisa superar la mitad de los votos válidos (es decir, descontando del total los sufragios en blanco o nulos).

Algunas de las últimas encuestas ubican a Lula próximo a ese umbral de 50% de los votos válidos.

Datafolha e Ipec, dos grandes encuestadoras brasileñas, proyectaron el sábado que el expresidente tenía el 50% y 51% de los votos válidos respectivamente.

Como el margen de error de esos sondeos es de dos puntos más o menos, señalaron que no es posible anticipar si Lula ganará en primera vuelta o irá a un balotaje con Bolsonaro en cuatro semanas.

Eso puede depender en buena medida del nivel de participación este domingo: los votantes de baja renta y escolaridad, que tienden a apoyar más a Lula, también suelen tener mayores índices de abstención. Por eso, el izquierdista llamó en los últimos días a votar.

Claro, las encuestas pueden errar y la diferencia entre los candidatos podría ser menor o mayor de lo que proyectan.

Pero lo que vuelve más peculiar esta elección es la incertidumbre sobre si Bolsonaro reconocería una victoria de Lula.

A semejanza de lo que hizo su “amigo” Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Bolsonaro ha buscado sembrar dudas sobre la fiabilidad de las encuestas y, sobre todo, del sistema de votación de su país, sin presentar pruebas para ello.

Además ha repetido, como hacía Trump, que aceptará el resultado de las elecciones “siempre que sean limpias”.

Jair Bolsonaro

Reuters
Bolsonaro ha planteado dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño, sin presentar pruebas.

Muchos se preguntan si Bolsonaro se prepara así para actuar también como Trump en caso de ser derrotado y denunciar un fraude en su contra, intentando seguir en el poder.

“Nunca antes en la historia de este país (…) discutimos una reelección y también si el resultado será impugnado o no”, dice Teixeira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas, a BBC Mundo. “Eso es inédito en la democracia brasileña”.

La preocupación es tal que un manifiesto en defensa de la democracia y el sistema electoral del país recogió en agosto la firma de más de un millón de brasileños, desde artistas y deportistas hasta intelectuales y expresidentes.

Bolsonaro pareció moderar su retórica en días recientes, por ejemplo al declarar que si pierde la elección pasará la banda presidencial y se retirará de la política.

Pero algunos cuestionan si eso respondió apenas a un esfuerzo del presidente por captar votos de centro.

Luis Inácio Lula da Silva

Reuters
Lula figura como favorito en las encuestas aunque es probable que tenga que disputar un balotaje con Bolsonaro.

Distintos analistas ven un riesgo de que, si el Bolsonaro denuncia un fraude en su contra, sus seguidores arremetan contra las instituciones como hicieron los trumpistas el año pasado en el Capitolio de Washington.

En los actos de Bolsonaro es común ver carteles pidiendo “intervención militar” y en plena campaña la policía registró las casas de empresarios simpatizantes del presidente por discutir en WhatsApp sobre la posibilidad de un golpe de Estado, aunque ellos niegan haber cometido delito alguno.

Las Fuerzas Armadas ganaron protagonismo en el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha expresado nostalgia por el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y ha elogiado a uno de los torturadores de ese régimen.

Para estas elecciones, los militares plantearon cuestionamientos a la justicia electoral sobre las urnas electrónicas y prevén hacer un seguimiento propio del escrutinio, algo también novedoso en el país.

Teixeira descarta que las Fuerzas Armadas brasileñas como institución tengan intenciones golpistas.

Pero advierte que las dudas planteadas desde la propia presidencia sobre el desenlace de las elecciones “dejan todo en un estado que contribuye a la inestabilidad”.


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