‘Los ciudadanos se hartaron del COVID y los hospitales volvieron al caos’
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Los ciudadanos decidieron que era suficiente COVID y hospitales volvieron al caos: personal de salud

Los médicos y enfermeras apenas alcanzaron a tener un breve respiro cuando los hospitales se están volviendo a llenar en México. La sensación que tienen es de soledad frente a la epidemia.
Cuartoscuro
23 de noviembre, 2020
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El personal de salud en México está cansado y frustrado y se les nota en la voz. Hace unos meses, se les escuchaba a ratos un tono de enojo, que se acompañaba con un ritmo más rápido en las palabras, cuando hablaban de las personas que no respetaban el confinamiento, de sus amigos fallecidos por atender a los pacientes o de los días transcurridos con una sola mascarilla N95. Ahora hablan con un ritmo medio y un tono plano. No es resignación, es hartazgo, es el efecto de sentirse atrapados en una epidemia que no cede. 

Apenas habían tenido un breve respiro. Los hospitales registraban menos ingresos COVID. Ya se había iniciado el proceso de reconversión a la inversa en algunos, para volver a atender a los pacientes con enfermedades distintas al coronavirus y el ambiente en el interior de las instituciones iba perdiendo la atmósfera densa de una zona de contagio y muerte. 

Ahora el caos los está envolviendo de nuevo. Los casos de COVID que se registran cada día van en aumento, después de una ligera baja.

Lee: “Lo que se ha hecho ha dado resultados, ¿por qué cambiar?”: AMLO defiende estrategia contra COVID

El 10 de mayo, ya con la epidemia instalada a nivel nacional, se registraron en México, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, 1,562 casos nuevos de COVID-19. Para el 30 de junio ya había 5,414, casi cuatro veces más, en menos de dos meses. 

El 1 de agosto, el día con más casos nuevos de COVID, hubo 9,556. Desde ese punto, la cifra empezó a bajar: en agosto y septiembre los números oscilaron entre 5 mil y 6 mil. El 13 de octubre hubo 4,295.

Pero entonces vino la subida, para el 31 de octubre ya eran otra vez 6,151 los casos nuevos de COVID; el 11 de noviembre fueron 7,646 y este viernes 20 se registraron en la base de datos de la Secretaría de Salud 6,426. 

Las cifras de julio no se han alcanzado, pero los casos muestran un oscilante repunte, con foco en estados del centro norte: Querétaro, Zacatecas, Nuevo León, Durango, Chihuahua, Coahuila y Ciudad de México. 

Hospitales de nuevo a tope

Elvira Luna, enfermera en el Hospital Central de la Ciudad de Chihuahua, dice que pocos días después de que el estado pasó a semáforo amarillo (el 28 de septiembre), los ingresos en esa institución se incrementaron al doble. 

La economía necesitaba recuperarse, dijeron los gobiernos locales y el federal, y los semáforos estatales dejaron el rojo, para pasar a naranja, amarillo y hasta verde, en el caso de Campeche. Una parte de la gente necesitaba salir, otra quería salir y salió. Volvió el tráfico en las grandes ciudades, los bares y las fiestas. No importó que la epidemia no registrara un descenso significativo. 

El Hospital Central de Chihuahua donde trabaja Elvira es estatal y desde el inicio de la pandemia se enfocó sólo en la atención de pacientes COVID, así que ahí en realidad la emergencia no pasó nunca, pero ahora ha vuelto a empeorar. 

Entérate: Por COVID, aumenta población con ingresos inferiores al valor de una canasta alimentaria: Coneval

“Ya llevamos ocho meses trabajando así, en la emergencia todo el tiempo, siete horas con el equipo de protección sin poder tomar agua, sin ir al baño”. Siete horas diarias por ocho meses metidos en un uniforme que asfixia y agota, tratando de salvar pacientes con los pulmones y otros órganos a medio reventar. 

Siete horas diarias por ya no se sabe cuánto tiempo más. Elvira dice que ya debieron empezar a enviar personas con COVID al Hospital Militar porque en el Central ya no cabían. 

El fin de semana pasado se abrieron afuera de ese hospital dos unidades móviles, dos carpas, donde se envía a los pacientes que van mejorando y están más estables, para en las salas quedarse con los críticos.

Samantha, a quien llamaremos así para reservar su identidad puesto que es una enfermera contratada por el Insabi para atender la emergencia y teme tener repercusiones en su trabajo, dice que en el Hospital General de México, en la capital del país, donde trabaja, la torre quirúrgica ya había dejado de recibir pacientes COVID y estaba retomando la atención de cirugías normales. 

“Yo ya estoy asignada a quirófano desde septiembre. Después de meses atendiendo a pacientes graves de COVID, viendo fallecimientos todos los días, ya estaba casi en la normalidad de un hospital. Ya solo una torre estaba reservada a COVID, ahora ya son tres otra vez y falta solo que se vuelva a reconvertir esta, la quirúrgica. Creemos que eso pasará pronto, en dos semanas”. 

Aurelia, también nombre ficticio, es enfermera en el Hospital General de Zona #47 del IMSS, en la CDMX, durante los peores meses de la pandemia estuvo en el área de urgencias COVID. Recuerda que en junio y julio había hasta 12 ingresos por día al hospital. Ella vivía entre el desgaste que es atender pacientes graves, el agobio del traje de protección y el miedo de contagiarse y contagiar a su hija de dos años. 

En agosto cuando los ingresos de las personas con COVID bajaron a cero en algunos días o a 1 o 2, la enviaron al área de hospitalización, ya con los pacientes regulares. 

“Ahora no sé qué vaya a pasar, han estado subiendo los ingresos por COVID a hasta siete por día, aún no llegamos a los niveles de junio y julio, pero está subiendo y ya el desgaste ha sido mucho”.  

También lo ha sido el riesgo. México es el país con más defunciones por COVID-19 entre los trabajadores de salud. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, hasta agosto de 2020 habían muerto 1,320; en Estados Unidos, 1,077; en Reino Unido, 649 y en Brasil, 643 integrantes del personal sanitario. 

Arriba, abajo y otra vez arriba 

El 1 de abril de 2020, los datos del Sistema de Información de la Red IRAG, donde las instituciones están reportando su nivel de disponibilidad, indicaba que había solo 8 unidades médicas con 70% o más de ocupación en camas de hospitalización general y solo 2 con ese mismo nivel en camas con ventilador en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Los hospitalizados por infección respiratoria aguda grave (IRAG) eran apenas 93. 

El 22 de abril, poco más de 20 días después, ya había más del triple de hospitales, 27, con 70% o más de ocupación en hospitalización general, y 14 con el mismo lleno en camas con ventilador en UCI. Los hospitalizados IRAG eran ya 2,857. 

Para el 20 de julio, los hospitales que reportaron 70% o más de ocupación en hospitalización general llegaron hasta los 222, más de 27 veces más que los de principios de abril, y 125 con ese nivel de lleno en camas con ventilador en UCI. Los pacientes IRAG alcanzaron los 16,142. 

Eran los días de esa atmósfera de muerte y miedo al contagio. Salas de espera vacías, pasillos por donde caminaban en silencio uno o dos de los integrantes del personal, los módulos de comida y las cafeterías cerrados. 

Eran los días en los que Janeth Cortés, jefa de enfermeras en el área de terapia intensiva del Hospital Juárez contó a Animal Político el dolor y la frustración de ver a los pacientes morir uno tras otro, pese al esfuerzo del equipo médico y la confianza que los enfermos les depositaban. 

“Tuve un paciente con el que estábamos platicando, riendo un poquito, eso fue cuando recién entré a la guardia. Pero al paso de las horas se fue agravando. Ya se estaba cansando porque no podía respirar. Había que intubarlo. Él decidió que sí. Me dijo que se ponía en nuestros manos y falleció”, las lágrimas interrumpieron la narración de Janeth en ese punto. 

El mismo dolor y frustración tenía el personal de todos los hospitales donde pacientes COVID fallecían de a cinco por turno, ante un virus que parecía indomable. El dolor y la rabia era también, es todavía, por sus compañeros infectados y fallecidos.

Después vino una leve tregua. Desde agosto los casos de COVID y los ingresos a los hospitales empezaron a bajar. Para el 10 octubre, ya se reportaba que los hospitales con 70% o más de ocupación eran 80, y 70 con ese nivel en camas con ventilador en UCI. Los pacientes IRAG descendieron a 8,693. 

Pero el descenso se interrumpió de pronto. Solo 10 días después, el 20 de octubre ya eran 109 los hospitales que reportaban 70% o más de ocupación en hospitalización general, 77 en camas con ventilador en UCI y 10, 396 hospitalizados IRAG. 

Lee más: Cómo el COVID-19 generará la mayor deuda pública mundial de la historia (y por qué no es necesariamente algo malo)

La movilidad se había incrementado en el país, la gente volvió a hacer muchas de sus actividades en el espacio público y eso se reflejó en los ingresos a hospital. 

A principios de mayo, de acuerdo a los registros de Facebook presentados por la Secretaría de Salud, la movilidad en Chihuahua, por ejemplo, había bajado alrededor de 45%, a finales de agosto ya era hasta 15% más alta que en los meses de enero y febrero, previos a la pandemia. 

En Durango pasó algo muy similar y también en Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Querétaro. 

En la CDMX, la gente salió, pero menos. A principios de mayo, la movilidad en la capital cayó más de 65%. A partir de entonces ha ido a la alza, con su punto más elevado en la primera semana de noviembre cuando ya solo era 20% menor que en enero o febrero de 2020. 

Carolina Gómez Moreno, médico adscrito al área de urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), decía hace un mes, a mediados de octubre, en referencia a que la actividad había vuelto casi a la normalidad y la gente andaba en la calle, “es como si el resto del mundo hubiera seguido con su vida y nosotros estamos aquí, como si nada más nosotros siguiéramos en la pandemia, yo sé que la realidad no es así, pero parece que la gente ya decidió que ya tuvo suficiente”.

La médica estaba ya frustrada. “Ver a la gente salir, si me da como el sentimiento de no manches yo no he visto a mis papás (viven en Aguascalientes), no he visto a mi mamá, no he ido a ver a mi familia en tantos meses por ser empático, por no estar regando el virus, y la gente sale así como si nada, eso sí me da mucho sentimiento”.

Para el 21 de noviembre había ya 145 hospitales reportando 70% o más de ocupación, 78 con el mismo nivel en camas con ventilador en UCI y 12, 083 pacientes IRAG. 

Samantha, la enfermera del Hospital General en la CDMX, dice que ella y sus compañeros esperan otro repunte, por culpa del Buen Fin. 

“Cuéntale dos semanas a partir de las filas por el Buen Fin y seguro ya estamos llenos, en menos de dos semanas las terapias de las cuatro torres del hospital ya serán COVID de nuevo”, dice la enfermera con tono de resignación. 

Eso del Buen Fin debieron pararlo, dice, “pero pues hay intereses políticos y económicos ahí. Y nosotros, sobretodo, los contratados por Insabi seremos de nuevo la carne de cañón frente al virus y para qué, para que sigan sin darnos la plaza y no nos paguen ni prima por trabajar domingos y días festivos”. 

Aurelia, la enfermera del IMSS, dice que frente al repunte siente mucha frustración. “Parece que a la gente no le importa lo que pasa aquí en los hospitales y es desgastante. Nosotros nos restringimos de salir para no arriesgar a los demás, no arriesgar a nuestra familia. Un compañero enfermero falleció por COVID, tenía 37 años, era joven, sano y dejó a una niña, parece que a nadie le importa eso”. 

El poco consuelo que hay en estos días entre el personal de salud es que el repunte de contagios no va a la par de un repunte en muertes. 

La gente está llegando antes al hospital, dice Elvira, eso nos da un mayor margen al personal sanitario para salvarles la vida.

En los primeros meses de la epidemia, dice, “los pacientes llegaban ya cuando estaban muy complicados, directos a la intubación. Ahorita ya tienen más conocimiento sobre la enfermedad y llegan menos graves, eso nos abre las posibilidades de salvarlos. Por ejemplo si vemos que un paciente se está agravando, le avisamos al médico y se valora si es candidato a intubarse de forma oportuna, en lugar de que esté tan grave que llegué al paro respiratorio aun con el soporte o de que muera en la intubación”.

Entre las estrategias del gobierno para ampliar la atención a los afectados, el martes 17 de noviembre en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se ampliaba el convenio con hospitales privados, esta vez no solo para transferir a pacientes no COVID, como en los meses anteriores, sino también para atender a personas afectadas por el coronavirus. 

“Se ha optado para que en hospitales privados se atienda también a enfermos graves de COVID. Esto no se contempló en la primera etapa del convenio, se atendían a enfermos de otros padecimientos en hospitales privados para liberar espacios, camas, en los hospitales públicos y atender a enfermos de COVID”, dijo el presidente. 

La ampliación del convenio le permitirá al sector salud disponer de 150 camas en 50 hospitales privados. Se espera que la medida ayude a quitar presión en las instituciones públicas, mientras hospitales temporales como el del Citibanamex reportan lleno total en sus camas con ventilador.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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