Fuimos víctimas de Zebadúa, no cómplices: comuneros de Texcoco a FGR
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

'Fuimos víctimas de Zebadúa, no cómplices', denuncian ante FGR comuneros del ex Aeropuerto de Texcoco

El exoficial mayor de Sedatu, Emilio Zebadúa, acusó un presunto desvío millonario en la compra de terrenos aledaños al aeropuerto en Texcoco; sin embargo, comuneros denuncian que ellos fueron víctimas de una estafa, no cómplices.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
30 de noviembre, 2020
Comparte

Tras la declaración ministerial del exoficial mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa, en la que acusó un presunto desvío millonario en la compra terrenos aledaños al nuevo aeropuerto de Texcoco, 89 comuneros denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que en este caso ellos fueron víctimas de una estafa, y no cómplices. 

Te puede interesar: Juez niega recurso a Zebadúa para frenar confiscación de bienes por La Estafa Maestra

Como parte de su declaración ministerial, Emilio Zebadúa aseguró que, con el visto bueno de la Segob y de la Secretaría de Hacienda, la Sedatu desvió en 2018 un total de 400 millones de pesos por concepto de “ayuda social” para beneficiar a 190 personas que no eran propietarios de los los predios conocidos como Tlateles, en las inmediaciones del fallido proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México.

Pero los comuneros aseguran tener pruebas sobre la propiedad de los terrenos y denuncian que al recibir la “ayuda social” de la Sedatu fueron obligados a transferir el dinero a cuentas bancarias de empresas y de personas desconocidas, en una trama en la que estarían implicados exfuncionarios de Segob y Sedatu, sus propios dirigentes sociales, e instituciones bancarias.  

Los comuneros denunciaron el caso desde enero de 2019 ante la FGR. El 1 de julio de ese mismo año también acudieron a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al acusar que el banco BBVA Bancomer actuó presuntamente en contubernio en el presunto fraude.

Y ahora, luego de que Animal Político diera a conocer la declaración ministerial de Zebadúa, interpusieron otra queja el pasado 12 de noviembre ante la vicefiscalía de Derechos Humanos de la FGR en la que, básicamente, ratificaron su denuncia original.

“Jamás fuimos cómplices de Emilio Zebadúa, sino víctimas de un fraude orquestado por las autoridades”, subraya en entrevista Noé Hernández Buendía, uno de los comuneros denunciantes.  

 “Lo tomas o los dejas”

En la denuncia que 89 comuneros interpusieron el 2 de enero de 2019 ante la Fiscalía, a la que este medio tuvo acceso, se detalla que el origen del presunto fraude tuvo lugar en junio de 2018, cuando como parte integrante del Frente Único del Campo instalaron un plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México. 

Protestaban porque, a pesar de haber llegado a un acuerdo en mayo de 2017 con el subsecretario de Gobernación, en ese entonces René Juárez Cisneros -hoy coordinador del PRI en la Cámara de Diputados-, la Sedatu aún no les había pagado por la cesión de sus tierras en el ejido Tlateles; un lugar de vital importancia para el nuevo aeropuerto de Texcoco, puesto que ahí la Conagua proyectaba hacer unas obras hidráulicas para evitar inundaciones en la futura infraestructura aeroportuaria que finalmente fue cancelada.

El plantón en Bucareli ya se había extendido por una semana, cuando en la madrugada del 15 de junio, a las dos de la mañana, los comuneros fueron avisados por sus líderes del Frente Único del Campo de que, por fin, todo se había resuelto. Que ya les iban a pagar por sus tierras, y que en ese momento les iban a hacer entrega de los cheques. 

A continuación, les repartieron fichas para ir pasando por grupos de diez a las instalaciones de la dependencia. “Nos quitaron los celulares para que no pudiéramos tener comunicación alguna con nadie”, relata en entrevista el comunero Noé Hernández. 

Al entrar al inmueble, los estaban esperando funcionarios de Segob y de la Sedatu, un notario público del que nadie les dijo su nombre ni número de notaría, y dos líderes del Frente Único del Campo. 

Lee más: Lo que no declaró Emilio Zebadúa ante la FGR: él negoció con rectores La Estafa Maestra

Una vez ahí, refieren que les hacen firmar unos documentos, que les entregan los cheques, el notario da fe de que los reciben, les hacen una foto con el cheque, y de inmediato los líderes del Frente Único se los arrebatan en presencia de los funcionarios de Sedatu y de la Segob, que en ese entonces ya estaba dirigida por Alfonso Navarrete Prida, en sustitución de Miguel Ángel Osorio Chong.

Las excusas para quitarles los cheques fueron varias. A algunos les dijeron que los cheques “tenían un error”. Y a otros les dijeron que lo de esa noche en la Segob “había sido un simulacro” y que “el trámite aún no había terminado”. Además, todo fue tan rápido, que no les permitieron ver las cantidades de los cheques, aunque algunos sí alcanzaron a hacerlo. 

De inmediato, los comuneros levantan el plantón. Y cinco días después, a las 16 horas del 20 de junio, los citan en la casa de uno de sus líderes ubicada en Chimalhuacán, Estado de México. 

“En esa junta, el que era nuestro líder nos dijo que ya el trámite estaba por terminar, pero que había un detalle: que lo que nos dieron en el cheque no era lo que realmente nos iba a tocar”, cuenta el comunero Noé Hernández.  

“Por ejemplo, en mi caso mi cheque era de 2 millones 600 mil pesos. Pero me dijeron que solo me tocaban 950 mil pesos”, dice Noé. Y con el resto hicieron lo mismo: les aplicaron ‘recortes’ en algunos casos por arriba del 60%. 

Ante las protestas airadas, los líderes del Frente los amenazan con quitarles el cheque para devolverlo a la Segob, y con que ya no recibirían  ningún terreno en las 250 hectáreas que habían acordado previamente con René Juárez, el entonces subsecretario de Segob, que se repartirían en las inmediaciones del nuevo aeropuerto como parte de la compensación por vender sus predios en Tlateles. 

“Con voz amenazante y prepotente te decían: ‘lo tomas o lo dejas’”, asegura otro comunero en la denuncia ante FGR, luego de que su cheque había salido por 3 millones 840 mil pesos, y solo le depositaron 1 millón 200 mil. 

Transferencias a empresas y personas ajenas

Una semana después, el 27 de junio, los comuneros vuelven a ser citados. Pero esta vez en una sucursal del BBVA Bancomer en la capital ubicada en la Avenida Puente de Alvarado de la colonia Tabacalera, donde uno a uno van entrando “custodiados” por personal del Frente Único del Campo que los dirigen a “una ventanilla especial”. 

En esa ventanilla, las personas que los “custodian” son quienes hacen todo el trámite con la cajera, que primero deposita a los comuneros el dinero de los cheques, y a continuación transfiere buena parte de ese dinero depositado a cuentas de empresas y de personas ajenas a los comuneros, dejándole al comunero una pequeña parte ingresado en una tarjeta bancaria nueva.

Así consta en la denuncia que interponen contra el BBVA el 15 de julio del año pasado ante la Condusef, de la que este medio guarda copia.

En la queja se exponen varios casos. Por ejemplo, se presenta el resumen de movimientos bancarios de uno de los comuneros donde se aprecia que recibe un depósito vía cheque por 4 millones 800 mil pesos, y que el mismo día sale de su cuenta una transferencia por 3 millones 390 mil pesos a otra cuenta desconocida. Es decir, le ‘mocharon’ el 70% del dinero. 

Mientras que en otro caso, en el reporte de movimientos bancarios se aprecia que un comunero recibió un depósito por 8 millones 303 mil pesos, y que a continuación sale de su cuenta una transferencia por casi 6 millones a otra cuenta desconocida. 

“Jamás fuimos cómplices o colaboradores del señor Emilio Zebadúa, sino víctimas de un fraude orquestado por las autoridades federales, nuestros líderes del Frente, y por la institución bancaria”, resume Noé Hernández, que pide a la FGR que los 89 comuneros denunciantes por este caso sean considerados víctimas y no posibles imputados ante las declaraciones ministeriales de Zebadúa. 

“Nosotros fuimos los primeros en denunciar estos hechos por fraude a la nación y por daños a nuestro patrimonio. No somos cómplices de Zebadúa. Somos víctimas”, insiste.

Entérate: Videgaray en la mira: Zebadúa lo acusa de ordenar La Estafa Maestra para ayudar a Peña

La acusación de Zebadúa

Cabe recordar que, en la declaración ministerial por la que busca el perdón legal de la Fiscalía en la investigación por La Estafa Maestra, Emilio Zebadúa denunció que para adquirir terrenos en el predio Tlateles, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Sedatu, la Segob, y la Secretaría de Hacienda, orquestó una estrategia “para desviar recursos” que consistió presuntamente en sacar 400 millones del erario para entregarlos a 190 comuneros que no tenían derechos sobre esos terrenos. 

Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Sedatu, rechazó en entrevista con Animal Político la acusación de Zebadúa, y dijo que los 190 comuneros que recibieron el dinero sí tenían documentación de las tierras. 

El exfuncionario federal explicó que, una vez alcanzado un acuerdo en mayo de 2017 entre la Subsecretaría de Gobernación y los colonos inconformes, personal de la Sedatu llevó a cabo la revisión de al menos 600 expedientes de personas que reclamaban derechos sobre la propiedad de ‘Los Tlateles’. 

De esos 600, González Tiburcio expuso que solo 4 personas acreditaron el título de propiedad de las parcelas, y que otros 186 aportaron “documentación técnica” con la que sustentaron que, si bien no eran los propietarios, eran posesionarios de los terrenos, algunos incluso desde 1932. 

A estas 190 personas que pudieron acreditar legalmente la propiedad o posesión de los terrenos fueron a los que se les pagó los 400 millones de pesos, subrayó Tiburcio González. Al resto, no.

En cuanto a quién decidió los montos a pagar a cada colono por sus tierras, González Tiburcio dijo que fue decisión de la Subsecretaría de Gobernación, que en junio de 2018, cuando se entregaron los cheques, ya estaba dirigida por Manuel Cadena en sustitución de René Juárez, quien fue mencionado por Emilio Zebadúa en su declaración ministerial sobre este caso.

En respuesta al señalamiento del exoficial mayor de la Sedatu, René Juárez aseguró también en entrevista que durante su cargo en Segob no ordenó pago alguno por estas tierras, y que su papel como subsecretario se limitó a ser un “mediador” en el conflicto entre el Gobierno Federal y los colonos que reclamaban el pago por los derechos de las parcelas.  

En este contexto, el exfuncionario federal dijo que la Subsecretaría a su cargo era “el punto de reunión” para dialogar con los inconformes, con los que tras largas negociaciones se llegó finalmente a un acuerdo para que renunciasen a las tierras, el cual quedó plasmado en una minuta el 17 de mayo de 2017. 

A partir de ese acuerdo, apuntó Juárez Cisneros, la dependencia encargada de verificar que cada colono fuera propietario o posesionario de las tierras era la Sedatu, que era la instancia ejecutora del dinero por medio de su Oficialía Mayor, a cargo del hoy denunciante Emilio Zebadúa.  

“A partir de que el conflicto social queda resuelto terminó mi trabajo. Es decir, yo no ordené pagar ni un solo metro cuadrado de nada. Nunca giré instrucción alguna por escrito, ni oficio alguno, para que se pagara nada a nadie. Y no me correspondía a mí verificar los expedientes que presentaron los supuestos posesionarios de esas tierras”, recalcó René Juárez.

Además, el legislador priista hizo hincapié en que su cargo como subsecretario terminó el 9 de enero de 2018, medio año antes de que en junio de ese mismo año se entregaran en Segob los cheques a los comuneros.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

El 'Chernóbil mexicano': cómo ocurrió el mayor incidente nuclear de América

Un empleado de un hospital en México manipuló una maquina de terapia de cáncer que tenía una fuente radiactiva. La cadena de sucesos que siguió generó en 1984 el mayor incidente nuclear en la historia del continente.
25 de octubre, 2020
Comparte
La búsqueda de desechos radiactivos

BBC/CNSNS
Ciudad Juárez, México, vivió una inquietante alerta por radiación en la década de 1980.

La activación de alarmas en un centro de investigación nuclear en el suroeste de Estados Unidos fue el primer indicio de que algo andaba mal.

En la carretera que pasa por el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México, transitaba un camión de carga en enero de 1984 que activó los detectores de de radiación de ese, el lugar donde se fabricó la primera bomba atómica.

Una cámara del exterior ayudó a detectar que el vehículo, que pasaba por simple coincidencia por ahí, tenía un elevado nivel de radiación.

La investigación de su origen llevó hasta Ciudad Juárez, México, donde inadvertidamente ya estaba en marcha el mayor incidente nuclear de su tipo en América dada la extensión que abarcó.

Aunque no tiene una comparación con la explosión de un reactor nuclear, se le ha llamado el “Chernóbil mexicano” por el alcance de contaminación que generó en México, lo cual provoca comparaciones con aquel accidente de la Unión Soviética.

Y es que miles de toneladas de varilla de construcción quedaron contaminadas con cobalto-60 y este material fue comercializado en 17 de los 32 estados de México.

El otro gran incidente de radiación en América fue en 1987 en Goiânia, Brasil, que causó al menos cinco muertes y una decena de personas con padecimientos crónicos.

Un entierro en Goiânia, Brasil, en 1987

Getty Images
El de Ciudad Juárez y el de Goiânia, Brasil, han sido los incidentes con radiación más grandes del continente.

En el caso de México, unas 4,000 personas tuvieron algún grado de exposición.

Pese al elevado número, hasta la actualidad no hay certeza de cuántas víctimas con padecimientos a largo plazo dejó el incidente, además de que no hubo un seguimiento de las autoridades sanitarias sobre las personas más expuestas.

“Un material que es sólido, encerrado, se vuelve líquido y se convierte en varilla y se distribuye por toda una nación. Aunque en ese estado ya no no es riesgoso, esa es una gran aberración de manejo de material radiactivo“, dice a BBC Mundo Gerardo Espinosa, un físico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien participó en la investigación académica de aquel suceso.

Como muestran la documentación de lo ocurrido, varios fueron los errores que generaron la crisis de contaminación de esa magnitud.

La compra inutilizada y no reportada

Una extensa investigación del Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) publicada en 1985 describe cómo se generó la situación.

El 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez adquirió una unidad de tratamiento con cobalto-60 fabricada en Estados Unidos.

Aunque su importación requería un permiso, la CNSNS asegura que el organismo pertinente “nunca fue avisado” y por ende “jamás extendió la autorización”.

Una unidad de terapia con cobalto

Getty Images
El cobalto-60 se ha usado para la radioterapia desde mediados del siglo XX y hasta la actualidad.

En tanto, el hospital nunca tuvo el personal capacitado para usarlo, por lo que lo almacenó indefinidamente en un espacio de la clínica en la que “no se cumplían los requisitos mínimos” de seguridad, según la CNSNS.

El cobalto es un material radiactivo que se produce en reactores y que se usa para aplicaciones de física médica, para terapias con radiación. Hoy los hospitales siguen usando cobalto-60 para pacientes con cáncer”, explica Espinosa.

La extraen del hospital como “chatarra”

Pasaron seis años hasta que, en diciembre de 1983, el técnico de mantenimiento de la clínica Vicente Sotelo Alardín inadvertidamente inició el incidente.

El trabajador “desarmó el cabezal de la unidad y extrajo de allí un cilindro en cuyo interior se encontraba el cobalto-60. La operación la realizó sin ninguna ayuda”, dice la investigación.

“El objetivo era vender como chatarra las partes”.

Ilustración de la fuente de cobalto

CNSNS
Sotelo perforó la fuente blindada de cobalto-60, lo que causó la salida de material radiactivo.

Debido a que el cilindro con la fuente radiactiva pesaba unos 100 kg, Sotelo Alardín le pidió ayuda a un amigo, Ricardo Hernández, para trasladar el material en una pequeña camioneta de carga.

Viajaron hasta un local de compra-venta de chatarra llamado Yonke Fénix, en el sur de Ciudad Juárez, donde vendieron lo obtenido.

Sin embargo, la manera en cómo el aparato fue perforado y trasladado dio pie a que el incidente tuviera consecuencias todavía más graves.

“La verdad es que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. Había muchas cosas arrumbadas: aparatos de ventilación, catres y todo eso y, la verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así“, dijo Sotelo Alardín al semanario Proceso en 1984.

Según los directivos del hospital, el trabajador tomó sin autorización el aparato, pero Sotelo Alardín aseguraba que el jefe de mantenimiento del hospital le dijo que podía tomarlo.

Un rastro de radiación por Ciudad Juárez

El trabajador había perforado el cilindro que contenía 6,000 gránulos o “pellets” de cobalto-60 y una cantidad indefinida de ellos quedaron regados en la camioneta usada, en el patio de Yonke Fénix, en las grúas y otros vehículos del negocio y hasta en las calles de Ciudad Juárez.

Pero los dos grandes focos de radiactividad fueron la camioneta y el depósito de chatarra.

Pellets como los del incidente de Ciudad Juárez

CNSNS
Los gránulos de cobalto-60 son diminutos, pero representan una fuente de radioactividad decadente hasta por 35 años.

“Ha podido establecerse que para el 14 de diciembre de 1983 ya había sido utilizada la chatarra contaminada con el cobalto-60 por las fábricas de productos de acero, en las fundiciones”, dice la investigación, que señala que la empresa Aceros de Chihuahua SA (Achisa) como el principal comprador de hierro.

El descubrimiento por casualidad

El 16 de enero de 1984 se dio la detección del camión de carga que pasaba cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México (Estados Unidos).

Cuando las autoridades estadounidenses revisaron las cámaras y vieron que se trataba del vehículo empleado por Achisa, notificaron al gobierno de México.

A partir de ahí, los expertos fueron jalando la hebra de la madeja hasta dar con el origen del problema y el riesgo de contaminación que se generó: “se confirmó la existencia de una amplia dispersión de material radiactivo”.

Laboratorio Nacional de Los Álamos

Getty Images
En el Laboratorio Nacional de Los Álamos se detectó el camión con radiación.

Espinosa explica que este material radiactivo “tiene una vida media de 5 años” y a partir de ahí la fuente pierde su intensidad de manera progresiva.

“Si tienes 100 átomos radiactivos, en 5 años tendrás 50, en otros 5 años nada más 25. Se considera que tienen 7 vidas medias, es decir, una vida activa de casi 35 años”, así que en 1984 el cobalto-60 del incidente ya había pasado a la mitad de su potencia.

La camioneta estacionada

La investigación encontró en principio que no solo en las instalaciones Yonke Fénix y Achisa había contaminación, sino también en el área de mantenimiento y el conmutador telefónico del hospital de origen, la camioneta del hospital a cargo de Sotelo Alardín y la calle en donde la estacionó, así como una maquiladora de productos de acero llamada Falcón de Juárez.

La fuente de desechos encontrada

CNSNS
La fuente de cobalto-60 fue encontrada en el sitio de compra-venta de chatarra Yonke Fénix.

Además de establecer “blindaje” en torno a los lugares investigados y asegurar las varillas y productos contaminados, fue imperativo rastrear la presencia de los gránulos de cobalto-60 sueltos con equipos especializados e incluso un helicóptero con un detector que barrió las calles de Ciudad Juárez.

La pequeña camioneta Datsun, estacionada durante semanas debido a una avería en un barrio habitacional cercano a la frontera con EE.UU., donde vivía Sotelo Alardín, también fue un foco de contaminación inquietante: las lecturas de niveles de radiación llegaron en un momento hasta 1.000 R/h

“Eso se considera alto y en una exposición de una hora a cuerpo completo puede morir la persona. Pero si el conductor y acompañante estuvieron en la cabina durante el transporte de la fuente debieron haber recibido una exposición de aproximadamente 4.7 R/h que pudo haberles provocado vómitos al cabo de horas y enrojecimiento de la piel en la semana”, dice a BBC Mundo el doctor Epifanio Cruz, de la UNAM.

La búsqueda de desechos radiactivos

CNSNS
Los gránulos o pellets quedaron regados por los locales de comercio de hierro.

“En virtud de que se trataba de una zona densamente poblada, se consideró urgente llevar la camioneta contaminada a un sitio que reuniera las características de no estar poblado ni se encontrase demasiado distante”, dice el informe de la CNSNS.

La maniobra se planeó cuidadosamente y se ejecutó en 10 minutos. El vehículo fue llevado hasta el parque de El Chamizal, a un lado de la línea fronteriza con Estados Unidos.

“Fuimos a hacer mediciones de radiación. Una señora se sentaba diario junto a la camioneta. Nadie se enteró de que había una fuente radiactiva. Y ese fue el problema”, recuerda Espinosa del trabajo que hicieron por parte de la UNAM.

La búsqueda de desechos radiactivos

CNSNS
La población poco supo de la situación que se había dado, explica Espinosa.

“Nadie supo que había material radiactivo ni en el hospital, ni en el traslado, ni en la camioneta”, añade.

El material sacado de Ciudad Juárez

La degradación natural del cobalto-60 hizo que la fuente de radiación pasara de 3.000 curios (Ci) en 1977 a 450 Ci para febrero de 1984.

“Con menos de 500 puede haber efecto, pero no mucho. Depende del tiempo de exposición. Por eso el daño a la población fue muy bajo”, explica Espinosa.

Además de Yonke Fénix y Achisa, la investigación de la CNSNS detectó que tres empresas que comercializaban materiales férreos en las ciudades de Monterrey, Gómez Palacio y San Luis Potosí registraban contaminación.

Las instalaciones de Achisa

CNSNS
Unas 6.600 toneladas de varilla fueron fabricadas con hierro contaminado, según la investigación.

Incluso en una carretera que une a Ciudad Juárez y Chihuahua hubo rastros de material radiactivo. Todo requirió una cuidadosa tarea de detección y aseguramiento de gránulos y objetos conaminados.

En total, 6,600 toneladas de varilla y 3,000 bases metálicas para mesas estaban contaminadas.

La varilla fue comercializada en 17 de los 32 estados de México. De 17,600 construcciones inspeccionadas, 814 tuvieron que ser demolidas, según el informe.

“Nos pidieron a la UNAM que fuéramos a medir las varillas de castillos (pilares) de construcciones. Su nivel ya no era importante, pero por ley había que detectar ese material. Y se hizo un escándalo gubernamental porque se pedía que se derribaran”, recuerda Espinosa.

La búsqueda de desechos radiactivos

CNSNS
Gránulos de cobalto-60 fueron detectados incluso en una carretera por la que pasó un vehículo con hierro contaminado.

El experto explica que, si bien el nivel de exposición ya no era riesgoso, las normas internacionales requieren que 90% del material contaminado sea asegurado y desechado.

4,000 personas expuestas

La investigación indica que unas 4,000 personas resultaron “expuestas a la radiación” de las cuales un 80% recibió dosis inferiores a 500 mrem.

Eso es equivalente a lo que una persona puede recibir si está cerca de un paciente que recibió tratamiento de radiación.

Otro 18% recibió entre 0,5 y 25 rems, mientras que 2%, o unas 80 personas, estuvieron expuestas a más de 25 rems. De todas, cinco personas estuvieron expuestas a dosis de entre 300 y 700 rems en un periodo de dos meses, según la CNSNS.

“Para las cinco personas expuestas a las dosis entre 300 y 700 rem, fue más que suficiente para afectar a gónadas, glándulas tiroides y huesos superficiales por ejemplo en manos y pies, acortamiento de la calidad de vida”, explica el doctor Cruz.

“El efecto de esas dosis puede llevar a daños del material genético hereditario al menos a dos generaciones, causar esterilidad y falta de espermatozoides en la persona expuesta que puede recobrarse pasados al menos cinco años”, añade.

La investigación publicada en 1985 presenta un informe médico, pero es poco lo que se describe sobre problemas de salud detectados en las personas expuestas.

Sobre Vicente Sotelo Aldarín no se reporta nada, pero él mismo dijo a Proceso meses después que tuvo malestares que luego desaparecieron: “creyeron que era diabetes”.

Después del incidente, poco se supo del trabajador. Espinosa dice que “el señor se perdió”.

Los trabajadores de Yonke Fénix “dijeron no haber experimentado vómitos, cansancio ni náuseas y no presentaban marcas visibles en pies o manos”, salvo algunas pigmentaciones y algunos malestares pasajeros, según la CNSNS.

Cuatro trabajadores, el hijo de uno de ellos y un cliente, sí presentaron leucopenia, que es disminución en la concentración de leucocitos en la sangre.

Pero luego de unos meses. los empleados de Achisa “se quejaron de fuertes dolores de cabeza, vómitos y diarreas”, reportó Proceso en aquella época.

Señal de peligro por radiación.

Getty Images
Sotelo Aldarín asegura que no había ninguna advertencia de riesgo en la máquina que tomó.

Ricardo Hernández, quien ayudó a trasladar la unidad, tenía “una quemadura atribuible a radiaciones en proceso de cicatrización sin ningún otro síntoma”.

“En ninguno de los casos se detectó sintomatología aguda”, según la investigación de ese entonces. No hubo reportes de víctimas mortales conocidas.

BBC Mundo solicitó a la CNSNS una actualización de las consecuencias médicas que hubo, pero la institución dijo que lo contenido en el informe de 1985 es lo único disponible: “no contamos con más registros de esa época”.

Como varios reportes de la época indican, no hubo seguimiento sanitario de las víctimas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si las personas expuestas sufrieron más trastornos o cáncer, que es una de las consecuencias por la exposición de radiación.

El “cementerio” radiactivo

Encontrar un lugar en el cual colocar el material radiactivo fue el siguiente problema a resolver: tenía que estar en un sitio apartado de la población, poca lluvia, sin contacto con fuentes de agua y con el menor riesgo de contaminación al medioambiente.

“Llevaron de un lado para otro durante casi un año en camiones el material radiactivo para ver dónde lo enterraban. Fue un desorden total“, recuerda Espinosa.

El tiradero de desechos radiactivos

CNSNS
En un espacio desértico conocido como “La Pedrera” fue excavado el “cementerio” de desechos.

Luego de múltiples intentos fallidos por asegurar un terreno, por la oposición de pobladores y autoridades locales, el gobierno mexicano efectuó una excavación en un paraje desértico del sur de Ciudad Juárez llamado “La Pedrera”.

Ahí fueron llevados tanto las varillas y otros materiales fabricados con hierro contaminado, como la camioneta de Sotelo Aldarín. Todo fue sepultado entre concreto para neutralizar su efecto nocivo.

Sin embargo, reportajes de la prensa local y nacional han mostrado que aquel “cementerio” de desechos radiactivos que debería estar protegido ha quedado en el abandono.

La CNSNS dijo a BBC Mundo que “se calcula que actualmente la concentración de actividad presenta niveles prácticamente inocuos, cercanos a los niveles de dispensa”.

“Por lo anterior, se puede afirmar que la existencia del sitio de disposición La Piedrera no representa riesgo radiológico alguno para la población ni para el ambiente”, añade.

El tiradero de desechos radiactivos

CNSNS
La camioneta manejada por Sotelo Aldarín fue enterrada en el tiradero construido.

Y es que medios locales han denunciado que el lugar carece de vigilancia y que incluso ha habido incursiones de personas que buscan objetos para comercializar.

Para el físico Guillermo Espinosa, es cierto que la vida media ya superada ayudó a que no fuera un riesgo en la actualidad: “pero sí creo que fue muy mal manejado”, considera.

La radiactividad es como el fuego: si lo manejas bien, cocinas unos excelentes bifes. Si no la manejas bien, hay quemaduras”, continúa.

“La lección que se debe aprender es que cualquier fuente de radiación debe estar controlada, certificada y siempre debe haber un responsable. Cosa que ahí no ocurrió”.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=BWQNETpjPMM

https://www.youtube.com/watch?v=6kQ0oCfV43I&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=ZRaWxiFPjYI

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.