Desaparece un Guardia Nacional en Chihuahua; familia acusa omisiones
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Favia Lucero/YoCiudadano

Agente de la Guardia Nacional desaparece en Chihuahua; su familia se enfrenta a la apatía oficial

La familia del agente de la Guardia Nacional lleva más de siete meses sin respuesta de la corporación y de la Fiscalía de Chihuahua que investiga la desaparición.
Favia Lucero/YoCiudadano
Por Miguel Silerio/YoCiudadano
27 de noviembre, 2020
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Alejandro García Rosas habló por teléfono con su esposa por última vez el pasado 13 de abril. Un día antes abordó un camión de pasajeros en San Pedro de las Colonias, Coahuila, con rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua, para retomar sus actividades de resguardo de la frontera norte como parte de la Guardia Nacional. Desde ese día no se sabe nada de él.

Su esposa, Ana, relata que hasta el momento ni las autoridades estatales de Chihuahua ni la Guardia Nacional le han dado respuestas sobre el paradero de su esposo, quien antes de pertenecer a la corporación creada en el presente sexenio fue soldado y cabo del ejército.

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La mujer lleva más de siete meses esperando el resultado de una prueba genética que podría determinar que el cuerpo sin vida de Alejandro habría sido encontrado en una fosa clandestina.

La Fiscalía de Chihuahua dio con la fosa ubicada en la colonia Rancho Anapra, cerca de la frontera, por el testimonio de un menor de edad que habría participado en la inhumación del cuerpo.

El 14 de mayo Ana se presentó en Ciudad Juárez ante la oficina de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Zona Norte para una entrevista que permitiera comparar las características físicas de Alejandro con las del cuerpo localizado por la Fiscalía. El estudio falló en determinar su identidad.

El estado de descomposición del cadáver impidió la identificación de coincidencias en cuanto a cicatrices, lunares o manchas en la piel y piezas dentales. Por otra parte, el comparativo de los rasgos que la Fiscalía determinó “positivos” incluían un error de la agente encargada: el cuerpo corresponde al de un hombre de entre 25 y 30 años, mientras que Alejandro habría cumplido 37 en abril.

Al día siguiente Ana acudió con sus dos hijos para aportar muestras de ADN que permitieran a la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y Extraviadas cotejar el perfil genético del cadáver. Durante su estadía no se le permitió ver el cuerpo ni la ropa que este llevaba.

La toma de las muestras genéticas por parte de la Fiscalía chihuahuense marcó el inicio de un periodo de silencio y contradicciones que se extiende hasta el día de hoy. Ana no ha recibido adelantos del caso, los agentes encargados no contestan sus llamadas y de la Guardia Nacional no ha recibido más que una respuesta cargada de indiferencia: que Alejandro no ha acudido a su trabajo, y por lo tanto es un desertor.

“Realmente el apoyo de la Guardia Nacional nunca se tuvo. Pedí el apoyo de ellos y hubo mucha negligencia, porque incluso se murmuraba que mi esposo se había autosecuestrado”, recuerda Ana.

En los días siguientes al reporte de desaparición, un capitán de la Guardia Nacional visitó a Ana en su casa. Le pidió que hablara con Alejandro, que le dijera que se presentara a trabajar, que diera la cara. Le aseguró que “no le harían nada”.

La Guardia Nacional le dijo a Ana que rastrearon el teléfono de Alejandro. Se encontraba en Torreón, Coahuila, y, según el capitán, habría sostenido comunicación con otra persona durante la noche anterior.

“Pero yo sabía que eso no era cierto, yo le mandé mensajes y nunca me contestó”, asegura Ana. Poco después la Guardia Nacional corrigió la sospecha: el teléfono que habían rastreado no era el de Alejandro. Se equivocaron al marcar por un dígito.

En el caso de la Fiscalía de Chihuahua, la información que le ha brindado a Ana —cuando lo ha hecho— ha sido contradictoria e inconclusa. El agente encargado de la investigación le ha dicho que el caso está prácticamente cerrado y que la carpeta de investigación pasará al departamento de Homicidios una vez que se tenga el resultado de la prueba genética, aunque ha tardado más de medio año.

Además, no fue hasta que Ana tuvo la carpeta de investigación en sus manos que se enteró del lugar exacto en el que posiblemente habrían encontrado el cuerpo de su esposo.

“El policía que llevaba el caso de mi esposo me dijo que habían encontrado el cuerpo en una colonia en el centro, después volví a marcar y me dijeron que lo habían encontrado en otro lado. Con el expediente ya pude ver en dónde lo encontraron”, dice.

Cuestionado sobre la tardanza en la entrega del resultado de la prueba genética, el Fiscal de la Zona Norte de Chihuahua, Jorge Arnaldo Nava López, dice que esto es señal de que no se han encontrado coincidencias y se comprometió a revisar el caso para próximamente aportar avances sobre las tareas de búsqueda.

“Estos son procedimientos muy técnicos. Si hubiera algún hit positivo en este procedimiento de genética forense, de manera inmediata se notificará a los familiares. Si no se les ha notificado al momento es porque no hemos tenido coincidencias positivas”, asegura.

Al respecto, la Guardia Nacional reconoce la desaparición de Alejandro García Rosas y asegura haber orientado a su familia para interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Chihuahua, además de que colabora con las autoridades en las tareas de búsqueda.

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***

Es un lunes de abril y Javier fuma afuera de la casa de su abuela. Pasó todo el día anterior en casa de su novia, viendo películas. Por un camino de terracería se acerca “Junior”, su primo, quien le pregunta si quiere ganarse una “feria” por un trabajo sencillo. Tan sencillo como hacer un hoyo en la tierra.

Junior le dice a Javier que debe ir atrás de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, que está ubicada en el páramo de tierra y yerbas que es Anapra, donde ya hay alguien esperándolo.

Javier le pide una pala a su vecino y se dirige al lugar indicado. Casi medio kilómetro más allá de la Universidad, en un descampado, lo espera un hombre viejo, alto, con botas de obrero.

“¿Tú eres la personas que iban a mandar?”, le pregunta. Javier responde que sí. Comienzan a excavar detrás de un mezquite. Hacen un hoyo de metro y medio de profundidad.

Javier aún no lo sabe, pero ese mezquite será el punto de referencia cuando regrese unas semanas después, en busca de ese mismo lugar, acompañado por agentes de la Fiscalía de Chihuahua.

Cuando terminan el trabajo deben esperar allí. Esa es la instrucción: esperar hasta que reciban una llamada. El viejo no habla mucho. Pasan seis horas casi en silencio cuando suena un teléfono. Un vehículo café se aproxima por el desierto.

Del vehículo desciende una cara conocida. Es “El Camello”, que abre la cajuela y baja el cuerpo de un hombre: un pantalón negro, una camisa de vestir azul marino con rayas negras, un trapo en la cabeza amarrado al cuello con un cable eléctrico. Esa es la descripción precisa que queda inscrita en la memoria de Javier.

“¿Qué estás viendo, wey? ¡Vete de aquí!”, espeta El Camello. Javier tarda 20 minutos en caminar a la casa de su abuela, tomar agua y volver a la de su novia. No habla con nadie sobre lo que acaba de hacer. No habla con nadie por ahora, pero lo hará dentro de dos semanas, frente a un agente investigador.

Al día siguiente, Javier encuentra a El Camello en casa de su abuela, en Rancho Anapra. Se trata de una colonia periférica de Juárez, ubicada en el norponiente del municipio. A pocos metros se levanta una valla metálica de cinco metros que delimita la frontera entre México y Estados Unidos. Al otro lado se alcanza a ver la ciudad de Sunland Park, en Nuevo México.

Javier le pregunta a El Camello por qué mataron al hombre que sacó de la cajuela. La respuesta revela la naturaleza brutal de la frontera:

“Que andaba queriendo pasar gente indocumentada. Que el militar quería empezar a pasar gente sin pagar, que por eso lo mataron.”

Entérate: Opacidad, simulación y dudosa eficacia: la Guardia Nacional a un año de su creación

***

 “Indudablemente, la verdad se aleja con el tiempo”, sostiene Carla Palacios Flores, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), una organización que en Ciudad Juárez brinda acompañamiento a sobrevivientes y familiares de víctimas de tortura y desaparición forzada.

“El que las autoridades estén todavía sin dar respuesta a la familia se traduce en una posible pérdida de evidencias. Estamos hablando de que, después de tantos meses, es posible que los perpetradores del homicidio hayan huido de la ciudad y que la recolección de evidencia no sea sencilla”, dice Palacios, quien desde junio acompaña legalmente a la familia de Alejandro García Rosas.

Para la abogada, la hipótesis de la participación de Alejandro en el cruce ilegal de migrantes es un elemento que lo criminaliza y que podría explicar el cese de las diligencias para localizarlo, en el marco de un proceso que, para la familia, ha sido “sumamente revictimizante“.

Además, dice, las actividades propias del trabajo de Alejandro podrían haberlo puesto en una situación de vulnerabilidad, pues los elementos de la Guardia Nacional están designados a la protección de la franja fronteriza desde su llegada a esta ciudad, en junio del año pasado.

Palacios opina que el trabajo de las autoridades estatales y federales en torno a la desaparición de Alejandro ha sido negligente y omiso. Han puesto a la víctima y a su familia, dice, en una situación que vulnera sus derechos humanos.

En la experiencia del CDHPN, pruebas genéticas similares a la que se realizó al cadáver encontrado en el desierto tardan aproximadamente dos meses. En una ocasión, relata la abogada, se logró obtener el resultado en una semana “gracias a la presión que hizo la organización”.

El cabo Alejandro García Rosas nació en Ayutla de los Libres, Guerrero, en 1983. Ingresó a las fuerzas armadas a los 21 años, en noviembre de 2004. Estudió hasta la secundaria y antes de ser soldado fue campesino.

Inicialmente formó parte del 50 Batallón de Infantería, en Chilpancingo, pero luego fue trasladado al 31, ubicado en San Pedro de las Colonias, donde vivía con su familia desde hace tres años.

Su hoja de identificación militar lo describe como un joven delgado, moreno, de corta estatura. Actividad artística que practica: guitarra. Actividad deportiva que practica: futbol.

Su expediente laboral indica que en 2009 fue reconocido junto a los miembros de su Batallón por su “lealtad institucional, esmero y celo en el cumplimiento de sus obligaciones, destacando las operaciones contra el narcotráfico”. En 2015 se le otorgó una condecoración de perseverancia.

Hasta hoy, sus 16 años de servicio en las Fuerzas Armadas no han sido suficientes para que autoridades estatales y federales den con su paradero o, siquiera, lo busquen.

Su familia ha pedido celeridad en la identificación de un cadáver que podría ser el suyo. En cambio, se ha dejado pasar el tiempo con la consecuente pérdida de evidencias para la investigación de los que podrían ser dos delitos: una desaparición y un homicidio.

Mientras las autoridades callan, la justicia no llega para el cabo comisionado a vigilar la frontera, ni para la familia que lo espera en un municipio distante. Tampoco para el hombre desconocido que fue sepultado al pie de un mezquite, en la inmensidad terrosa del desierto de Chihuahua.

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Cómo China está silenciando las protestas de "la hoja en blanco"

Palabras como "A4", "Shanghái" o "Urumqi" están siendo censuradas en las redes sociales y buscadores chinos por las autoridades del país, que están empezando a culpar a extranjeros occidentales de las protestas.
29 de noviembre, 2022
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La máquina de censura de China está haciendo todo lo posible para evitar que sus ciudadanos tengan acceso a las imágenes de las protestas que han estallado en varias ciudades del país.

Las manifestaciones se extendieron el fin de semana por las cuatro esquinas del país en respuesta a las estrictas medidas anticovid que llevan vigentes desde el inicio de la pandemia, hace ya casi tres años.

Desde entonces, la lista de palabras censuradas en internet que hacen referencia a las protestas es cada vez mayor, y las autoridades están intentando desviar la atención hacia otros temas en plataformas nacionales y extranjeras.

Las protestas, que no tienen precedentes en las últimas décadas, comenzaron después de que 10 personas murieran la semana pasada en un incendio en la ciudad de Urumqi. Muchos creen que los residentes no pudieron escapar del fuego debido a las restricciones por el covid, algo que las autoridades han negado.

Miles de personas salieron durante el fin de semana a las calles en Pekín, Shanghái y otras ciudades, muchos de ellos protestando con un papel en blanco como símbolo de todo aquello que no se les permite decir en un país donde la censura es férrea y las críticas al Partido Comunista o a su presidente, Xi Jinping, se suelen pagar con la cárcel.

Algunos se atrevieron a pedir a viva voz la renuncia de Xi, algo prácticamente inédito en China. Muchos de los que participaron en las protestas fueron arrestados.

Aunque la situación se calmó el lunes, algunos manifestantes aseguran que han sido contactados por la policía para saber si participaron en las “concentraciones ilegales”. El despliegue policial en las calles del país se ha reforzado, pero en las redes sociales algunos siguen convocando nuevas concentraciones.

Como suele ser el caso con las protestas en China, incluso con las más pequeñas, los medios chinos no las han mencionado. Las informaciones sobre el brote de covid que ha sufrido el país en los últimos días también se han silenciado, y los medios han elegido centrarse en historias optimistas como los últimos logros de China en el espacio.

Las imágenes de las protestas, que han sido publicadas en redes sociales como Twitter y ampliamente difundidas internacionalmente, están siendo ignoradas por los medios de comunicación estatales.

Una lista creciente de palabras prohibidas

Para evitar que la gente hable sobre las últimas protestas contra el covid, las palabras “Shanghái” y “Urumqi”, ciudades donde los residentes se han manifestado, han sido agregadas a una lista de términos de búsqueda censurados por plataformas como Weibo, la más popular de China.

Si antes la búsqueda de estos términos mostraba decenas de millones de resultados en la plataforma, ahora solo aparecen unos pocos cientos.

Manifestantes en Pekín.

EPA
La censura se extiende desde las calles hasta internet.

En un intento por eludir la censura, muchos ciudadanos han comenzado a usar términos como “papel blanco” y “A4”, en referencia a los folios blancos que se han convertido en símbolo de las protestas. Pero ahora incluso estos términos están siendo censurados en Weibo.

Lejos de desanimarse, los usuarios más creativos de las redes sociales están encontrando nuevas formas de mostrar su solidaridad con los manifestantes. Ahora, por ejemplo, hablan sobre el papel “A3”, o hacen mención a algunas de las tendencias que en otros momentos han tenido éxito en las redes y que mencionan la palabra papel, como el “reto de la cintura A4” (en el que algunas mujeres comparaban su cintura a una hoja de papel A4).

Muchos usuarios chinos han recurrido a plataformas de redes sociales extranjeras, como Twitter y Facebook, para sacar a la luz mensajes e imágenes sobre las manifestaciones, a pesar de que están bloqueados en la China continental y solo se puede acceder a ellos con un software conocido como VPN.

En el extranjero, algunos ciudadanos chinos también han organizado protestas frente a las embajadas de su país, encendiendo velas y sosteniendo hojas de papel en blanco.

Estas son imágenes que el Partido Comunista preferiría que no se vieran, especialmente por los ciudadanos chinos que viven en el extranjero.

Manifestantes con un cartel en Tokio.

AFP
Algunos manifestantes han optado por mostrar símbolos de las protestas, como el cartel de la calle Urumqi, en Shanghái, a las puertas d elas embajadas chinas en el extranjero.

Una de las consecuencias que se han observado desde el inicio de las protestas es el intento a gran escala de inundar plataformas como Twitter con contenido pornográfico y de apuestas utilizando las etiquetas #Urumqi y #Shanghai, para intentar evitar así que la gente busque imágenes de las protestas.

China ya lo ha hecho antes. Durante las protestas de Hong Kong de 2019, Twitter, Facebook y YouTube aseguraron ser testigos de un esfuerzo coordinado por parte del gobierno de difundir desinformación en sus canales, lo que provocó la eliminación de cientos de cuentas y publicaciones.

Culpar a los extranjeros

Aunque los medios estatales por ahora parecen tener la intención de ignorar las protestas, empiezan a verse indicios que intentan culpar a los extranjeros de los disturbios, algo que podría generalizarse en caso de que las manifestaciones se intensificaran.

De hecho, en las redes sociales algunos ya están acusando a extranjeros occidentales de alimentar las protestas.

Los medios estatales han criticado repetidamente a Occidente por sus reglas más laxas sobre el covid-19, y han alertado contra los países que adoptan lo que llaman “retórica estadounidense”.

Sin embargo, la imágenes del Mundial en Qatar, donde se puede ver al resto del mundo celebrando sin restricciones, han alimentado la ira de muchos chinos esta semana. En respuesta, la cobertura de la cadena estatal CCTV está evitando mostrar a los espectadores que disfrutan de los partidos sin mascarilla.

China también ha relajado ciertas medidas contra la covid 19 desde principios de mes. Se ha reducido la duración de las cuarentenas y se ha facilitado la entrada al país a personas que vienen por períodos cortos de tiempo.

Como consecuencia, esto podría facilitar el culpar a los extranjeros de la propagación del virus. Los casos se han disparado a niveles récord en las últimas semanas, con más de 40.000 registrados este lunes.

Pero, sin un horizonte claro sobre el fin de la política de cero covid de China, es de esperar que se produzcan nuevas protestas.

Los confinamientos han aumentado en el último mes, ya que cualquier persona que dé positivo y sus contactos cercanos deben ponerse en una estricta cuarentena, algo que no ha cambiado desde las primeras etapas de la pandemia. La frustración entre la gente no hace sino aumentar.

No sería la primera vez que China culpa a Occidente por la disidencia en casa. En las manifestaciones de Hong Kong de 2019, las últimas grandes protestas que han tenido lugar en China, se culpó a “extremistas violentos” influidos por “lacayos occidentales”.


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