Esta semana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un documento completo sobre discapacidad: “Somos Todos. Inclusión de las Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe”.
Es un reporte interesante que, a poco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad este 3 de diciembre próximo, refresca los conceptos más actuales y los prejuicios aún también actuales en torno a la discapacidad.
“¿Quiénes son las personas con discapacidad (pcd)? Durante mucho tiempo, la respuesta obvia ha sido apuntar a personas ciegas o sordas, en silla de ruedas o un niño con síndrome de Down. Son ‘ellos’. Es algo dentro de sus cuerpos. Pero, ¿y si esto está mal? ¿Qué pasa si esa forma de entender las discapacidades hace que la inclusión de este colectivo social sea mucho más difícil?”, comienza el documento de más de 50 páginas del BID.
También dedica un amplio espacio a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que hace más de una década presentó una “cura” a los conceptos del pasado: trazar un camino para que una sociedad excluyente pueda hacer valer los derechos humanos de todos sus ciudadanos en toda su diversidad.
“¿Qué fue tan disruptivo y liberador en esta nueva definición? Separó las discapacidades de la persona y las situó en la relación que existe entre la deficiencia de la persona y las barreras presentes en su entorno. Por ejemplo, estar en silla de ruedas no es, en sí, una discapacidad. Se necesita de una escalera sin rampa o ascensor para entender esa situación como la discapacidad”, agrega el reporte.
La situación en nuestra región
Uno de cada 8 adultos en el mundo vive con alguna discapacidad, es decir más de 1,000 millones de personas.
En América Latina y el Caribe, la proporción es similar y se calcula que representan alrededor del 13% de la población total. Y si bien los censos y la manera en la que se relevan los datos varían de país a país (un tema que también sugieren que se homologue), pone como ejemplos a nuestro país y Costa Rica:
En el primero destaca que la discapacidad física es la más común, seguida de la visual, auditiva, psicosocial e intelectual. En el segundo la discapacidad física también es la más común, seguida de la visual, auditiva, intelectual y psicosocial.
Según el mismo informe, en toda la región la tasa de prevalencia de discapacidad es de 4 a 6 veces superior en personas entre los 60 y los 69 años de edad, comparada con quienes están en sus veintes. Y sin dudas, como ya ocurrió en otras regiones como Europa, el envejecimiento de la población aumentará aún más estos números, ya que se prevé que 1 de cada 5 personas tendrá más de 65 años para 2050.
Pero hay un dato no menor en el tema de las variables en el rango de edades: las muy bajas tasas de prevalencia en niños menores de 18 años también pueden reflejar bajos reportes debido a la voluntad de los padres de no estigmatizar a los niños o el desconocimiento de las dificultades dada su edad.
Hay varios datos extras brutalmente reveladores:
En nuestra región más mujeres que hombres viven con una discapacidad. Una mayor expectativa de vida para las mujeres significa que la población en los grupos de edad avanzada es mayoritariamente femenina, lo que tiene un efecto sobre la prevalencia de la discapacidad entre las mujeres en las estadísticas generales.
Los pueblos indígenas tienen una mayor prevalencia de discapacidad, al igual que las personas de grupos de bajos ingresos. Es un círculo vicioso, donde las personas pobres tienen mayor riesgo de discapacidad y las pcd tienen más probabilidades de ser pobres. Para las personas con discapacidad, las vías para escapar de la pobreza se reducen. Además, como las pcd enfrentan altos costos de tratamiento y asistencia personal, el impacto de los gastos catastróficos de salud en los ingresos familiares es aún mayor.
Entre los jóvenes de 24 a 35 años en América Latina y el Caribe, la tasa de empleo para hombres con discapacidad es 24 puntos porcentuales más baja que para los hombres sin discapacidad, y para las mujeres, es 12 puntos porcentuales menos. Incluso para las personas con discapacidades que tienen empleo, sus salarios son mucho más bajos, lo que refleja diferentes posibles fuentes de exclusión.
Solo 3% tiene acceso a servicios de rehabilitación; en Perú y Haití, menos del 10% de las personas con deficiencia auditiva tienen acceso a tecnologías de asistencia. Y en el caso de la población con discapacidades psicosociales que ha recibido rehabilitación, por citar solo dos ejemplos, es inferior al 25% tanto en Colombia como en México.
En Colombia las mujeres con discapacidad reportan haber sido amenazadas o abandonadas por su esposo o pareja a una tasa 4.5 veces mayor que las mujeres sin discapacidad, y son agredidas físicamente a una tasa de más de 10 puntos porcentuales más.
Un informe de 2015 de Disability Rights International reveló que más del 40% de las mujeres que habían sido tratadas en cuatro instituciones psiquiátricas en la CDMX habían sufrido abusos sexuales, y que 4 de cada 10 fueron obligadas a esterilizarse.
Un ejemplo replicable
En el documento del BID dedican un espacio especial a una iniciativa que ellos mismos apoyaron financieramente, que bien podría escalarse a otros países: el Proyecto Ciudad Mujer (CM) en República Dominicana.
Es un ejemplo de accesibilidad e inclusión integradas vía el diseño universal, donde la infraestructura física no solo está diseñada para ser accesible para personas con discapacidades físicas y sensoriales, sino que los protocolos de capacitación para los controles médicos, la inserción laboral, la violencia contra las mujeres y otros módulos han sido diseñados para que incluyan a mujeres y niños con discapacidades. Los videos con subtítulos también se pueden considerar un tipo de diseño universal a diferencia de las adaptaciones tales como el subtitulado en tiempo real o la interpretación simultánea con lenguaje de señas. En videos con amplia distribución es mucho más rentable incluir los subtítulos que ajustarlos repetidamente.
Adicionalmente, estos subtítulos son útiles para audiencias más amplias. Al implementar de forma adecuada las adaptaciones razonables y el diseño universal, las deficiencias se vuelven meramente anecdóticas.
Incluir a las personas con discapacidad no solo es una cuestión de derechos sino de crecimiento económico: un estudio del propio BID que examina Costa Rica, Chile y México estima que incluirlas al mercado laboral aumentaría el PIB entre un 2% y un 3%.
El reporte incluye un análisis de la gradual transición de escuelas especiales a educación accesible, un pendiente desde el Río Bravo hasta Ushuaia.
Este texto se publicó originalmente en Yo También
