Lo que no declaró Zebadúa: él negoció con rectores La Estafa Maestra
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Lo que no declaró Emilio Zebadúa ante la FGR: él negoció con rectores La Estafa Maestra

De acuerdo con testimonios obtenidos e investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, Zebadúa inició la negociación y sus subalternos servían de enlace en la operación y autorizaban la salida de recursos.
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Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
24 de noviembre, 2020
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Para obtener el perdón legal, el exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu, Emilio Zebadúa declaró ante la FGR el modus operandi de La Estafa Maestra deslindándose de cualquier responsabilidad y, en cambio, acusó a cercanos de Rosario Robles como los artífices del mecanismo. Sin embargo, implicados en la trama confirman que él y su equipo fueron los negociadores y ejecutores del desvío en ambas dependencias.

De acuerdo con testimonios obtenidos por Animal Político e investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, exfuncionarios de universidades y organismos públicos que hicieron convenios con las dependencias aseguran que Zebadúa inició la negociación y sus subalternos servían de enlace en la operación y autorizaban la salida de recursos.

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El esquema consistió en que dependencias de gobierno firmaban convenios con universidades públicas para hacer supuestos servicios, pero estas subcontrataban a empresas fantasma o ilegales, como reveló el reportaje periodístico La Estafa Maestra. Según Zebadúa, él “nunca” participó, pero los testimonios lo desmienten.

Zebadúa, el encargado de los recursos 

Quienes conocen a Emilio Zebadúa González lo describen como un hombre arrogante, listo y muy culto. Solo consultaba la prensa internacional y acostumbraba a leer The New York Times con los pies sobre el escritorio de su oficina.

Comenzó a despachar en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, desde 2006 cuando se integró al equipo cercano de Elba Esther Gordillo, la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigiendo la Fundación para la Cultura del Maestro SNTE, cuya sede estaba en esa colonia.

Tiempo después instaló su propia oficina en Tennyson 125, y la mantuvo aún como funcionario público. Los visitantes cuentan que debían pasar por los arcos detectores de metales puestos en la entrada y dejar los teléfonos celulares, relojes, y hasta las plumas, en el lobby.

Las reuniones se realizaban generalmente en la sala de juntas, cuya entrada era flanqueada por un jaguar gigante tallado en madera, técnica típica de Chiapas, de donde es originaria la familia Zebadúa; al interior, una ostentosa mesa de madera oscura para 12 personas y en las paredes una extensa biblioteca y obras de arte finas. “La oficina era la ostentación por la ostentación”, dice una de las fuentes entrevistadas y que conoció el lugar.

En esa oficina, poco después de iniciar el sexenio de Enrique Peña Nieto, ocurrieron las primeras reuniones con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, quien ahora enfrenta una orden de aprehensión por su presunta participación en delincuencia organizada y lavado de dinero.

Esas reuniones eran encabezadas por Rosario Robles, entonces titular de Sedesol, y su oficial mayor, Emilio Zebadúa, afirman fuentes consultadas por este medio que pidieron anonimato por temor a represalias. Aunque al principio hubo reticencia por parte del rector, ambos funcionarios (Rosario y Emilio) insistían en que “no pasaría nada”.

Para muestra, el mismo Zebadúa firmaría el primer convenio de colaboración, como efectivamente ocurrió el 6 de mayo de 2013, según consta en el documento obtenido por este medio.

También influyó la intermediación de Enrique Fitch, a cargo de la dirección de Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, entonces apoderado legal de esta universidad que había firmado convenios incluso desde 2012 con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), bajo el mismo esquema de contratación de supuestos servicios.

“Ellos vinieron, literal, a hacer campaña. Nos decían: ‘miren qué bien nos va con estos convenios con Sedesol. Tenemos dinero y una situación financiera sólida”, explica un exfuncionario de la Universidad de Morelos, que subraya que, en realidad, Fitch y Del Pozzo “fueron los primeros vendedores del modelo de La Estafa Maestra” entre funcionarios de otras universidades.

No va a pasar nada”

 Exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Morelos narran varios encuentros con Emilio Zebadúa, en los que se da detalle de cómo eran las presiones a las universidades para que accediesen a participar en el esquema de La Estafa Maestra.

“Zebadúa nos repetía constantemente: ‘podemos ayudarlos con su problema financiero. Ayúdennos y nosotros los ayudaremos ”.

 Una de esas reuniones tuvo lugar en marzo de 2015, en un restaurante cercano a la sede de Sedesol, en el Paseo de la Reforma, donde “los meseros le hablaban por su nombre” a Emilio Zebadúa.

Dos meses antes, en enero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había emitido un primer informe sobre irregularidades en el gasto de la UAEMOR en la cuenta pública de 2013, cuando firmaron el convenio con Sedesol.

 Zebadúa iba acompañado ese día de dos abogadas. “Nos dijo: ‘Esto se va a complicar, pero ustedes no van a hacer nada’. Y para tranquilizarnos nos decía: ‘Esto es un tema de medios, no de fondo. Así que tranquilos, no va a pasar nada’”.

No fue hasta finales de octubre de 2015, ya con Zebadúa como oficial mayor en la Sedatu de Rosario Robles, cuando los exfuncionarios aseguran que lo vieron “muy preocupado” por las denuncias penales que la Auditoría interpuso por desvíos en Sedesol en la cuenta pública de 2013.

En esa reunión, también en el restaurante que solía frecuentar, Zebadúa les propuso “una defensa conjunta” ante los medios de comunicación. Pero esta no se llegó a concretar. Por el contrario, Zebadúa decidió cortar de manera tajante las relaciones.

El rompimiento se produjo porque el exrector Alejandro Vera entró ese año en la carrera política para contender como gobernador de Morelos, manteniendo un pleito público con el mandatario morelense de ese entonces, Graco Ramírez.

“Vera se volvió un riesgo. Se hizo demasiado escandaloso, demasiado visible, por eso nos dijeron que ya no nos querían volver a ver”.

 El último contacto de los exfuncionarios universitarios con Zebadúa fue en diciembre de 2015. Desde entonces, dicen los entrevistados, ya no les tomó ni una llamada. “Hubo un rompimiento absoluto”.

Fue entonces cuando la UAEMOR dejó de recibir convenios, y la Sedatu puso los ojos en otras universidades más pequeñas, como la Francisco I Madero, de Hidalgo, el Tecnológico de Comalcalco, en Tabasco, o en medios de comunicación estatales, como el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social de Quintana Roo, donde continuaron los desvíos a empresas fantasma.

“Cuando exprimieron a las universidades autónomas se fueron con estas universidades más pequeñas. Con ellas era más fácil, por ejemplo, fabricar los entregables porque tenían menos controles. Eso les facilitó mucho la transa”, dice uno de los funcionarios entrevistados.

Presión financiera

Los funcionarios de Morelos entrevistados por Animal Político reconocen que “había una presión financiera tremenda para aceptar los convenios. Hasta el punto que decíamos: o se resuelve ya la falta de dinero, o el barco se nos hunde”.

La Universidad de Morelos terminó haciendo convenios por mil 201 millones de pesos entre 2013 y 2014 para supuestos servicios que no hizo, pues envió el dinero a empresas fantasma. Solo por la intermediación, la institución se quedó con un supuesto moche de 61 millones de pesos.

Otro exfuncionario de un organismo de comunicación pública, también bajo anonimato, coincide en el argumento de la presión financiera. “Era eso o dejar de pagar salarios”, dijo al justificar su participación en la trama a cambio de obtener recursos que no encontraban por la vía legal.

Por eso es que, afirma, la elección de las universidades y organismos públicos de comunicación pasaba no solo por el contacto personal entre funcionarios, sino por sus registros financieros.

Desde ahí entraba en operación la Secretaría de Hacienda, pues tenía información sobre el estado de las finanzas de las instituciones y además recibía las peticiones de ampliaciones presupuestales cuando los números estaban en rojo. Las entidades con mayor apuro financiero eran el terreno fértil para la estafa.

Sobre todo porque éste mecanismo no fue exclusivo de la Sedesol y la Sedatu, sino que involucró a otra decena de dependencias de gobierno como la SEP, la SCT, Pemex o Banobras con instituciones de presupuestos menores como la Universidad Mexiquense del Bicentenario, la Universidad Politécnica de Chiapas o Radio y Televisión de Hidalgo y Televisión de Hermosillo.

“El paquete”

La Auditoría Superior de la Federación recabó información de exrectores como parte de las investigaciones adicionales a las revisiones de auditoría. Uno de los testimonios advierte que en 2016 acudió a sus oficinas Claudia Gabriela Morones Sánchez junto con Anner Pérez, “quienes manifestaron ser servidores públicos de la Sedatu y me entregaron los convenios para que yo los firmara”.

Ambas regresaron en diversas ocasiones para “llevar los entregables ya elaborados, por lo cual únicamente solicitaban que elaborara los oficios correspondientes para formalizar la supuesta entrega de los servicios ejecutados a la Sedatu. En razón de lo anterior, los entregables jamás fueron entregados por las empresas contratadas, ya que el vínculo de estas fue con la Sedatu”, se asienta en una de las actas administrativas circunstanciadas de auditoría obtenidas por este medio.

En el reportaje “Operación Entregables”, realizado por Aristegui Noticias, se reveló la participación de Morones en la elaboración de los “entregables”, es decir, los documentos comprobatorios de los servicios que eran fabricados en la oficina ubicada en Bahía de Magdalena 125, en la Anzures.

Morones era una funcionaria cercana a Emilio Zebadúa pues en Sedesol ocupó dirección general de Recursos Materiales, un área de la Oficialía Mayor, y solo estuvo formalmente nueve meses en el Registro Agrario Nacional de la Sedatu, aunque continúo laborando por periodos como prestadora de servicios bajo el concepto de “asesoría en el pago de proveedores”.

Un exfuncionario que pidió anonimato advierte que además de Morones también acudía a sus instalaciones otro supuesto empresario y portavoz de la Sedatu, Alejandro Hinojosa, y ambos indicaban a qué empresas transferir los recursos y supervisaban la dispersión.

Luego de convencerlo de participar en la triangulación de recursos, Morones le indicaba que le entregaría una serie de documentación a la que ella llamaba “el paquete” y que consistía en “el convenio general, los convenios específicos, órdenes de trabajo, cotizaciones de los servicios con empresas, contratos con las empresas, oficios y actas de entrega, actas de cierre de servicios”, explica la fuente.

Se trata de todos los documentos que genera una contratación conforme lo mandata la Ley de Adquisiciones, pero en este caso todo era simulado. Después de esto, el titular de la institución debía firmar y sellar todos los documentos de acuerdo a las fechas que Morones establecía. Una vez concluido esto, la institución emitía la factura por el cobro de los servicios a la Sedatu.

La ruta de los recursos

De acuerdo con el reglamento interior de la Sedesol y la Sedatu, el Oficial Mayor tiene la responsabilidad de administrar los recursos de cada dependencia, por ello, el ejercicio de presupuesto y solicitudes de ampliación deben ser registrados en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), que requiere de un usuario y clave, mismas que estaban en resguardo de dicha área.

El subalterno inmediato de Emilio Zebadúa en la Sedatu, Francisco Báez, director general de Programación y Presupuestación, ejecutaba el pago a proveedores, en este caso las universidades públicas.

El procedimiento comenzaba con el registro del compromiso presupuestal (el pago a proveedores) en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) con los datos del contrato, el proveedor, partida de gasto, programa presupuestario.

La Tesorería de la Sedatu, encabezada por Martha Lidia Montoya, recibía el folio del compromiso presupuestal y autorizaba el trámite en el SICOP, que luego era registrado en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFF).

Después debía tramitar una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), es decir, el documento comprobatorio para registrar toda  erogación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con ello, la Tesorería de la Federación revisaba, autorizaba y liberaba los recursos para pagar al proveedor y genera una CLC autorizada, y así hacer efectivo el pago a proveedores. 

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'Ni vivir así… ni morir así': la controvertida práctica de la eutanasia psiquiátrica y los países donde se lleva a cabo

España acaba de sumarse a la lista de países donde es legal la eutanasia de personas con trastornos mentales y la iniciativa ha provocado un feroz debate en la comunidad médica.
10 de diciembre, 2021
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En enero de 2018 Aurelia Brouwers, una joven neerlandesa de 29 años, escribió en Facebook “Me estoy preparando para mi viaje. Gracias por todo. A partir de ahora no estaré disponible”.

Cuatro horas después, Brouwers se recostó en su cama y, rodeada de amigos, bebió un compuesto tóxico, recetado por su médico, para morir.

La muerte de Aurelia, en la ciudad de Deventer, Países Bajos, ocurrió un mes después de que el Estado le otorgara el derecho a morir bajo la ley de eutanasia y suicidio asistido, que permite la terminación de la vida cuando hay “sufrimiento insoportable e intratable”.

Pero Aurelia no sufría una enfermedad terminal.

A la joven neerlandesa se le permitió poner fin a su vida debido al “sufrimiento psicológico insoportable” de sus trastornos mentales, incluidos, ansiedad, depresión y psicosis.

La eutanasia está permitida en siete países y el procedimiento se practica principalmente en personas con enfermedades terminales como cáncer, donde el paciente tiene meses o semanas de vida.

Pero en cuatro de éstos países -Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y recientemente España- se permite el procedimiento para personas con enfermedades mentales, como depresión, ansiedad o trastornos de la personalidad.

(Canadá votó en marzo para permitir la eutanasia para enfermedades mentales a partir de marzo de 2023).

Igual que ocurrió en 2018 con la muerte de Aurelia, el asunto de la “eutanasia psiquiátrica” ha provocado un feroz debate en la comunidad médica de España y Canadá.

Y ha enfrentado a quienes afirman que una enfermedad mental puede causar tanto sufrimiento e incapacidad como una enfermedad física, y quienes apuntan que hay tratamientos para curar estos trastornos y no se debe ayudar a morir a estas personas.

“Yo creo que se tienen que hacer los esfuerzos públicos para que las personas no deseen morir, pero que algunas personas quieran morirse es algo hasta cierto punto inevitable”, le dice a BBC Mundo David Rodríguez-Arias, profesor de bioética de la Universidad de Granada e investigador principal del proyecto INEDyTO sobre bioética y final de la vida.

“Hay circunstancias que son tan dramáticas y tan duras y tan irreversibles e irremediables que es inevitable que siga habiendo algunas personas que pidan ese tipo de ayuda“.

“Es una constatación triste, pero inevitable”, agrega.

inyección

Getty Images
Holanda fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia en 2002.

Para muchos psiquiatras, sin embargo, la eutanasia es “fundamentalmente incompatible” con el papel de un médico para sanar al enfermo.

“Abrir la puerta a la eutanasia facilita la devaluación del valor de la vida, a la cual si que tenemos derecho como seres humanos”, le dice a BBC Mundo el doctor Manuel Bousoño García, profesor de psiquiatría de la Universidad de Oviedo.

“Debe lucharse por preservarla libre de sufrimiento y no por eliminarla”.

El reto de los criterios

En los cuatro países donde se permite la eutanasia psiquiátrica, las personas que solicitan el procedimiento deben cumplir con una serie de condiciones.

El problema es la dificultad para interpretar muchos de los criterios que se establecen en la ley de eutanasia.

Y distinguir a los pacientes elegibles para el procedimiento es un enorme reto para los profesionales de salud mental.

Por ejemplo, ¿tiene un paciente con un trastorno mental la capacidad para tomar la decisión de poner fin a su vida?

El psiquiatra Manuel Bousoño cree que una de las características de las enfermedades psiquiátricas es la disminución de esta capacidad y, por lo tanto, se debe proteger a estos pacientes.

“Muchas enfermedades psiquiátricas presentan una tendencia al suicidio que podría inclinarles a buscar una salida en la eutanasia, aunque su enfermedad fuese tratable o incluso curable con los medios adecuados”, afirma Bousoño.

“Y hay que proteger a las personas con enfermedad mental del riesgo a que les somete su enfermedad”, agrega.

Pero David Rodríguez-Arias cree que asumir que una persona con un trastorno mental es necesariamente incapaz de tomar decisiones con respecto a su salud es “un prejuicio común”.

“No se puede directamente asumir que una persona con un trastorno de salud mental tenga incapacidad para tomar decisiones”, explica.

“Ante una persona con una depresión se debe demostrar -no presumir- que es incapaz de tomar la decisión acerca de su propia muerte”.

protesta en España

Getty Images

Otro de los grandes retos que enfrentan los psiquiatras es cómo distinguir que una enfermedad mental es incurable, por un lado, y por el otro, crónica e imposibilitante, que son también condiciones que establecen las leyes de eutanasia.

El psiquiatra Manuel Bousoño asegura que “en muy pocas ocasiones podría decirse que (una enfermedad mental) es intratable”.

“Afortunadamente hay tratamientos que son muy eficaces para disminuir el nivel de sufrimiento”.

Y agrega que “a lo largo de más de 40 años de ejercicio profesional no he encontrado ningún caso con sufrimiento intratable“.

Pero el profesor Rodríguez-Arias cree que la cuestión de si las enfermedades mentales pueden curarse o no es un asunto bastante difícil de resolver.

“Los estándares de tratamiento y los propios diagnósticos en el ámbito de salud mental están muy cuestionados”.

“Incluso los propios especialistas dentro de la salud mental no comparten entre sí los criterios de diagnóstico ni de tratamiento”, señala el experto en bioética.

Y con respecto a las otras condiciones que contempla la ley, la de que una enfermedad mental sea crónica e imposibilitante, es quizás más fácil de demostrar con personas que llevan años o gran parte de su vida con una enfermedad que les da un sufrimiento intolerable y sin encontrar un tratamiento adecuado para aliviar ese sufrimiento.

“Entonces yo creo que los enfermos en salud mental, incluidos los que tienen depresión, pueden ser candidatos, en teoría, a este tipo de ayuda a morir, siempre y cuando efectivamente sean competentes para tomar esa decisión y siempre y cuando convenzan a los médicos que su padecimiento es crónico e imposibilitante“, le dice a BBC Mundo el profesor David Rodríguez-Arias.

Suicidio: ¿evitarlo o facilitarlo?

Quienes apoyan la eutanasia apuntan a la autonomía y la autodeterminación para poner fin al sufrimiento intolerable de una enfermedad.

Quienes se oponen aseguran que la sociedad debe esforzarse más para ayudar a los enfermos mentales y que el papel de los psiquiatras es evitar los suicidios y no ofrecerlos como tratamiento.

“La posibilidad de acceder al suicidio asistido (Eutanasia), va en contra de lo que la psiquiatría promueve como ciencia, que es la curación o alivio de las enfermedades mentales y de sus consecuencias”, le dice a BBC Mundo el doctor Manuel Bousoño.

“La lucha por mejorar debe ser hacia una mejor y más completa asistencia, aunque eso suponga unos costes mayores que una eutanasia que solo sirva para eliminar a los miembros más débiles de una sociedad”, agrega.

protesta en España

Getty Images

Pero ¿qué ocurre cuando el sufrimiento de un paciente es verdaderamente irremediable?

“Creo que la tarea de los psiquiatras es saber cuándo tenemos que prevenir suicidios y cuando tenemos que apoyarlos“, le dice a BBC Mundo la doctora Asunción Álvarez del Río profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El problema es que por definición, muchos psiquiatras consideran que si alguien quiere suicidarse o quitarse la vida eso es una expresión de perturbación, un síntoma de la enfermedad, y eso está equivocado”.

“En muchos casos puede ser la expresión de una depresión profunda o de algo que se puede tratar. Pero no siempre”.

La experta cree que hay un problema con la formación psiquiátrica que establece que si alguien considera terminar su vida es porque está perturbado.

“Eso es un error”, dice. “Hay gente que tiene muy claro que quiere terminar con su vida porque su vida no se va a mejorar y quieren usar su libertar para dejar de vivir“, agrega la también autora de “La Eutanasia” (1998) y “Práctica y ética de la eutanasia” (2005).

Lo que es un hecho es que muchos pacientes psiquiátricos, incluso en los países más desarrollados, no encuentran un tratamiento adecuado para su enfermedad (o no lo buscan) y terminan suicidándose.

En países como Bélgica o Países Bajos, ha habido testimonios de padres cuyos hijos se suicidan de forma violenta después de que se les negó la eutanasia. ¿Qué se les dice a esos padres? ¿Habría sido mejor facilitar su muerte?

“Que un hijo quiera solicitar una eutanasia tiene que ser durísimo, pero también es muy duro que se suicide”, afirma el profesor de bioética David Rodríguez-Arias.

“La ley permitirá sólo aquellas muertes que estén muy bien argumentadas, justificadas y revisadas por varias personas especializadas”.

“Yo creo que la ley no permitiría que las personas jóvenes acaben suicidándose cuando todavía tienen alternativas de conseguir una vida con calidad”, agrega el experto.

En efecto, los médicos tienen el enorme desafío de saber cuándo respetar la libertad de una persona de poner fin a su vida, asegurándose de que tiene la capacidad de tomar la decisión y de que no hay forma de mejorar su sufrimiento y condición.

“Es una responsabilidad entre el médico responsable de ese paciente y ese médico tiene que consultar con otros médicos que también tendrán que valorar al paciente”, explica la doctora Asunción Álvarez del Río.

“Ha habido casos interesantes en donde pacientes psiquiátricos hablan del alivio que sienten cuando se les autoriza la eutanasia y como eso les ha permitido seguir viviendo, porque saben que cuando decidan morir, ya cuentan con esa ayuda”.

“Y también es un hecho que a los pacientes que les niegan la eutanasia encuentran otra forma más violenta de suicidarse”, agrega la experta.

Un equipo de eutanasia para médicos en Bélgica.

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Un equipo de eutanasia para médicos en Bélgica.

Abrir el debate

El número de personas a quienes se les permite morir por sufrimiento psiquiátrico es pequeño: representa entre el 1% y el 3% del total de casos de eutanasia y suicidio asistido en los países donde los procedimientos son legales.

Por ejemplo en Países Bajos, de los 6.938 procedimientos de eutanasia que se llevaron a cabo en 2020, 60 pacientes se sometieron a la muerte asistida por trastornos mentales.

Aún así, todavía hay muchos temores alrededor del mundo para abrir el debate de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido.

Por ejemplo, en Reino Unido, donde la eutanasia es ilegal, un sondeo llevado a cabo por YouGov en agosto encontró que 75% de los británicos apoyan la muerte médicamente asistida para enfermos terminales y, sin embargo, los legisladores continúan rechazando las propuestas para cambiar la ley.

Como señala el profesor de bioética, David Rodríguez-Arias, todavía sigue habiendo muchos tabúes en las sociedades para hablar de la muerte.

“Siempre está la idea de que renunciar a la vida es una especie de fracaso y quizás también genera la sensación de culpa por parte de las demás personas, de la sociedad y de las políticas públicas”, señala.

“Entonces esa sensación de fracaso y de culpa pueden explicar en parte este tabú y este silenciamiento de la muerte”.

“Pero esta tendencia contrasta con toda una tradición cultural, filosófica, literaria… desde Séneca, pasando por Hume y otros filósofos que hablan del suicidio como una forma honrosa de vivir y de culminar una vida con sentido”.

“Y las sociedades están cada vez más comprendiendo que las biotecnologías aplicadas al mantenimiento de la vida a veces solo consiguen prolongar la vida sin al mismo tiempo conservar su calidad”, agrega el experto.

Y la doctora Álvarez del Río también cree que debe abrirse el debate y aceptar las posiciones contradictorias.

“Es un tema en el que siempre van a aparecer posiciones difíciles de conciliar. Pero no se trata de que la gente esté de acuerdo, sino se trata de respetar las diferentes posiciones. Eso es lo que hay que considerar”, señala.

Pero el doctor Manuel Bousoño cree que España “estaba mejor sin esta ley”.

“Mi opinión es que con la legislación sobre la eutanasia, se abre una puerta difícil de cerrar, que va a producir más sufrimiento que el que pretende corregir”.

“Hubiese sido mucho mejor una Ley de Cuidados Paliativos, que en nuestro país aun están insuficientemente dotados”, indica el experto.


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