Estafa Maestra: 1,267 mdp fueron desviados para apoyar a Del Mazo y a Osorio
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Fotos: Cuartoscuro

La Estafa Maestra: Más de 1,200 mdp fueron desviados a la campaña del Edomex y para promover a Osorio Chong

Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu en la gestión de Robles, declaró a la FGR que el dinero de los convenios acordados con universidades públicas era destinados para apoyar, entre otras cosas, la elección para la gubernatura del Edomex.
Fotos: Cuartoscuro
Por Arturo Ángel y Nayeli Roldán
20 de noviembre, 2020
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A través de La Estafa Maestra, la Sedatu desvió recursos millonarios dedicados a promocionar la compra de votos y la movilización electoral en los estados, sobre todo en la campaña por la gubernatura del Estado de México donde ganó Alfredo del Mazo, y a promover al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel OsorioChong, declaró Emilio Zebadúa ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Como parte de la estrategia para obtener el perdón legal, Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu y denunciado por presunto lavado de dinero, hizo una declaración ministerial en la que acusó que el dinero de los convenios entre la Sedatu y universidades públicas era sacado en efectivo para “apoyar en la elección para la gubernatura del Estado de México (…) lo que proporcionó materiales y recursos para la actividad y la movilización en la totalidad de los municipios del Estado de México”. 

Lee: Emilio Zebadúa y sus hermanos gastaron 205 mdp en casinos, propiedades y compras; hoy busca el perdón legal

“Entre finales de 2016 y mediados del 2017 me consta que en seis ocasiones diversas, en la oficina de la secretaria Robles en Reforma 99, así como en la oficina alterna en la colonia Cove, se recibió y resguardaron fuertes cantidades de dinero en efectivo que a su vez fue enviado por personal adscrito a la oficina de la Secretaría a distintos puntos del Estado de México durante el periodo electoral de campaña para gobernador en esa entidad”, dice en la declaración obtenida por Animal Político.

Los recursos públicos desviados cumplían dos fines principalmente: “campañas de promoción de la figura del presidente Enrique Peña Nieto, de la figura de la secretaria Rosario Robles y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en búsqueda de posicionarse para la candidatura presidencial de 2018; y para contar con recursos para la propaganda y movilizaciones en elecciones estatales, principalmente la del Estado de México en 2017”.

De acuerdo con la declaración de Zebadúa se desviaron 1, 267 millones de pesos provenientes de ocho convenios para las estrategias de publicidad de Peña Nieto, Osorio Chong, Rosario Robles, y para la campaña electoral del Estado de México.

Detalló que para el tema de la publicidad de Peña, Osorio y Robles el dinero provino de cuatro convenios que Sedatu firmó con el Sistema Quintanarroense de Comunicación por 702 millones y de un convenio con Televisora de Hermosillo con 320 millones.

Y para la campaña electoral y presunta compra de votos en el estado de México se desviaron recursos de tres convenios más por un monto de 245 millones de pesos, como se detalla más adelante.

Sin embargo, lo que Zebadúa no menciona es que de acuerdo al reglamento interno de la Sedatu, la responsabilidad del manejo y salida del presupuesto de la dependencia estaba a cargo de la Oficialía Mayor, es decir, el área que él encabezó.

Los apoyos para Del Mazo

En marzo de 2017, el PRI registró como su candidato a la gubernatura al Estado de México a Alfredo del Mazo, quien resultó ganador con 2 millones 40 mil votos, mientras que su más cercana competidora, Delfina Gómez, de Morena, logró 1 millón 871 mil votos.

Pero antes, fue titular del Banobras, cuando el banco hizo tres convenios con el Fondict, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México por 503 millones 616 mil pesos para hacer supuestos servicios como “control, operación y soporte de tecnologías de la información y comunicaciones”, pero la institución subcontrató empresas que resultaron ser ilegales o fantasma, como reveló la investigación La Estafa Maestra.

Durante la elección de 2017 en el Edomex, Morena denunció que en cinco municipios del Edomex se había registrado una participación promedio de 65% –mientras en el resto de la entidad apenas se superaba 50%– lo que podría ser resultado de la compra de votos y entrega de apoyos gubernamentales o urnas rellenadas y falsificación de actas en la jornada electoral, acusó entonces Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido. 

Lee: La Estafa Maestra: Emilio Zebadúa y subalternos operaron presuntos desvíos a bancos de 8 países

Incluso en marzo de 2017, apenas en el registro de candidatos, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) ya sumaba 462 averiguaciones previas sobre presuntos ilícitos como compra de votos y condicionamiento de programas sociales en el Estado de México, Veracruz y Coahuila, donde habrían elecciones ese año. 

Animal Político buscó al equipo del gobernador Del Mazo para obtener alguna respuesta ante el señalamiento, pero prefirieron no emitir postura. 

De acuerdo con la declaración ministerial de Zebadúa, realizada el pasado 19 de octubre, el dinero desviado financiaba actividades de carácter “extra-institucional” como brigadas de propaganda política, campañas de comunicación social extraordinarias y apoyo a sectores sociales, todo encaminado a cumplir “metas electorales”. 

La operación en el Estado de México provenían de varios convenios realizados por la Sedatu con varias universidades públicas, como el de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, por 185 millones de pesos. Signado supuestamente por Armando Saldaña, exdirector general de Ordenamiento Territorial en la Sedatu, pero éste denunció penalmente en 2017 la falsificación de su firma ante la PGR y ante el Órgano Interno de Control. 

Otro con el Instituto Superior de Comalcalco por 40 millones de pesos, y con la Universidad Politécnica de Quintana Roo por 20 millones de pesos firmados por José Antolino Orozoco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, fue testigo colaborador de la FGR, pero tiene ya una orden de aprehensión por el presunto delito de delincuencia organizada. 

Sin embargo, lo que Zebadúa no menciona es que de acuerdo al reglamento interno de la Sedatu, la responsabilidad del manejo y salida del presupuesto de la dependencia estaba a cargo de la Oficialía Mayor, es decir, el área que él encabezó.  

De hecho, en la acusación involucró a Luis Videgaray, justamente porque en su cargo como Secretario de Hacienda podía administrar los recursos. Por eso es que él ordenó la ejecución de La Estafa Maestra y autorizaba partidas extraordinarias de recursos públicos hacia las dependencias que participarían en el esquema de desvío.

Esta declaración ministerial de Zebadúa forma parte de la petición para ser testigo colaborador en la investigación por La Estafa Maestra, luego de ser denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero, al detectar que él y dos de sus hermanos gastaron 205 millones de pesos junto sin que correspondiera a sus ingresos. 

A continuación la declaración de Emilio Zebadúa a la FGR.

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Enmienda 25 o 'impeachment': ¿puede Trump ser destituido tras el violento asalto al Capitolio?

Demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente. Hay dos vías para hacerlo.
7 de enero, 2021
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Apenas faltan 13 días para que Donald Trump abandone oficialmente la Casa Blanca y arranque la legislatura del demócrata Joe Biden, cuya victoria electoral fue ratificada por el Congreso de Estados Unidos este jueves.

Pero tras el violento asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, prolongado durante horas y que dejó cuatro muertos, los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente.

Escribieron una carta al vicepresidente Mike Pence en la que le urgían a actuar y sacar a Trump de la presidencia, alegando que había cometido un acto de insurrección y “buscaba socavar” la democracia.

Para destituir al presidente de Estados Unidos hay dos mecanismos: el llamado juicio político –impeachment– o la enmienda número 25 de la Constitución, aseguran expertos.

Sin embargo, ambas vías pueden resultar difíciles e improbables de aplicar dado el poco margen de tiempo que le queda a Trump al mando.

“Creo que la mejor salida es que Trump renuncie, que los de su propio partido lo presionen para que renuncie. Él no lo hará, pero debería”, aseguró el politólogo de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, entrevistado por BBC Mundo.

El vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Getty Images
Tras los episodios violentos y el desalojo de los seguidores de Trump, el Congreso ratificó este jueves la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Tras los violentos acontecimientos del miércoles, Trump ha asegurado que la transición de poder se ejecutará de forma “ordenada”, pero que está en desacuerdo con el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, las que califica como fraudulentas a pesar de que el Departamento de Justicia estadounidense lo haya descartado.

Pero, ¿en qué consisten las dos vías principales por las que Trump puede ser destituido antes del 20 de enero?

Enmienda 25

Dicha enmienda recogida por la Constitución permite la transferencia de poder desde la presidencia a la vicepresidencia ya sea de forma temporal o permanente.

Convierte al vicepresidente en presidente si este se muestra incapaz de continuar con sus responsabilidades, por ejemplo, si sufre una enfermedad física o mental.

Asaltantes del Congreso.

Getty Images
El asalto al Capitolio y la intervención de las fuerzas de seguridad han dejado al menos cuatro muertos.

La sección número 4 de dicha permite al vicepresidente y la mayoría del gabinete declarar al mandatario incapaz de desarrollar su deber en el cargo.

Para ello necesitarían firmar y remitir una carta a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado y declarar al presidente como no apto para gobernar o incapaz de desempeñar sus poderes y deberes.

De ser así, el vicepresidente Mike Pence asumiría automáticamente el poder hasta el próximo 20 de enero, cuando empezaría el mandato de Biden.

El presidente tiene la oportunidad de ofrecer una respuesta por escrito, y si impugna el hallazgo, entonces le corresponde al Congreso decidir. Cualquier voto en el Senado y la Cámara de Representantes que ordene la destitución del presidente requiere una mayoría de dos tercios.

Mientras se resuelve el caso, el vicepresidente actuaría como presidente.

Recientemente, cuando Trump fue diagnosticado con COVID-19 el pasado octubre, también hubo discusiones sobre invocar la enmienda 25 ante las preocupaciones de que pudiera estar demasiado enfermo para gobernar el país.

La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy, con el objetivo de resolver las disputas de sucesión presidencial en caso de incapacidad.

Funeral de John F. Kennedy.

Getty Images
La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy.

Por este motivo, varios presidentes han usado esta enmienda, específicamente la sección 3, porque les permite transferir temporalmente el poder a la vicepresidencia.

En 2002 y 2007, el presidente George W. Bush puso a su vicepresidente a cargo al ser sedado durante colonoscopias rutinarias.

El presidente Ronald Reagan hizo lo mismo en 1985, mientras estuvo ingresado en el hospital por una cirugía por cáncer.

Hasta la fecha, ningún presidente ha sido destituido del cargo usando la enmienda 25.

Juicio político o ‘impeachment’

El juicio político, también conocido como impeachment, tiene lugar en el Congreso de EU con el objetivo de llevar a cabo una posible destitución del presidente.

La Constitución estadounidense establece que el presidente “debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves”.

Es un proceso político, más que penal.

Seguidores de Trump alrededor del Capitolio.

Getty Images
Seguidores de Trump se congregaron e irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos este miércoles, reclamando fraude en las pasadas elecciones presidenciales.

Este proceso tiene lugar en dos etapas.

Tendría que ser iniciado por la Cámara de Representantes y solo necesita una mayoría simple para ser activado.

Luego, el juicio se celebra en el Senado, donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente, y este hito nunca se ha alcanzado en la historia de Estados Unidos.

“Es un proceso bastante largo, a menos que lo hagamos al estilo peruano, de vacar al presidente de la noche a la mañana. Es poco probable que eso pase”, explicó Levitsky a BBC Mundo.

Donald Trump ya ha sido cometido a un proceso de impeachment una vez, y ningún presidente lo fue dos veces durante su mandato.

En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó dos artículos de impeachment tras acusar a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Los demócratas acusaron a Trump de retener US$391 millones en ayuda a Ucrania para presionar y forzar que el país europeo investigara al actual presidente electo, Joe Biden, y a su hijo.

En febrero de 2020, el Senado, de mayoría republicana, votó a favor de absolver a Donald Trump en el juicio político por dicho escándalo.

Si el presidente Trump fuera destituido a través de un juicio político, el vicepresidente Pence se haría cargo de la Oficina Oval.


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