Estas son las pruebas contra Robles por presunta delincuencia organizada
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Cuartoscuro

Dichos de cuatro excolaboradores y supuestas omisiones: las pruebas contra Robles por crimen organizado

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía apuntan a que Robles presuntamente encabezaba la organización delictiva por haber sido la titular de la Sedatu cuando ocurrieron los desvíos.
Cuartoscuro
Por Arturo Ángel y Nayeli Roldán
7 de noviembre, 2020
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Con la información ofrecida ya por Emilio Zebadúa –quien fue la mano derecha de Rosario Robles y busca ser testigo colaborador para conseguir el perdón judicial– además de las declaraciones de cuatro exfuncionarios de la Sedatu y una denuncia penal interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la exsecretaria de Estado de presuntamente encabezar un grupo de delincuencia organizada para el desvío de recursos públicos. 

En septiembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Rosario Robles, Emilio Zebadúa y dos de sus hermanos; a Ramón Sosamontes, exjefe de oficina de la Sedesol, y tres personas más ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por presunto lavado de dinero.

Leer más: Juez gira orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado y delincuencia organizada

Las investigaciones derivadas de ello realizadas por la Fiscalía apuntan a que Robles presuntamente encabezaba la organización delictiva por haber sido la titular de la Sedatu cuando ocurrieron los desvíos, lo que supuestamente permitió librar la primera orden de aprehensión en contra Rosario Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. 

En cambio, Emilio Zebadúa ha conseguido evadir algún juicio gracias a los amparos interpuestos durante un año; y apenas este 19 de octubre ofreció a la FGR ser testigo colaborador; es decir, prometió entregar pruebas para inculpar a Rosario Robles y al expresidente Enrique Peña Nieto respecto al esquema de desvío. 

Esto pese a que la UIF encontró que Zebadúa, junto con dos hermanos gastaron 205 millones de pesos, sin que el monto correspondiera con los ingresos de ninguno de los tres. Mientras que en el análisis de los movimientos bancarios de Rosario Robles, no detectó gastos que rebasaran sus ingresos. 

Sin embargo, la UIF advierte que Robles, como titular de la Sedatu, tenía la obligación de vigilar que los recursos públicos se aplicaran en lo que fueron etiquetados, según establecen los reglamentos; por tanto, su incumplimiento provocó que probablemente “el patrimonio de la Secretaría fuese desviado a través del actuar de Emilio Zebadúa González”. 

Robles tenía la calidad de “garante del cuidado del presupuesto de la dependencia que encabezó, pero en el periodo de su administración fueron ejecutados actos mediante los cuales dicho presupuesto fuera empleado para fines distintos a los presupuestados, encubriendo por tanto, el destino final de los activos”, advierte la denuncia de la UIF.

Dicha denuncia, interpuesta ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, explica que el artículo 7 del Código Penal Federal establece que en los delitos de operación de recursos con recursos de procedencia ilícita también serán atribuibles el resultado “al que omita impedirlo”. Y, por lo tanto, el resultado –en este caso el supuesto desvío de recursos–, “es consecuencia de una conducta omisiva”. 

El nexo de causa consecuencia, agrega la UIF, es que si Rosario Robles hubiese hecho “acción alguna tendente a evitar el resultado material, evidentemente que el resultado no se hubiera producido” (el desvío). 

Fuentes judiciales confirmaron a Animal Político que Zebadúa ya acercó información a la Fiscalía sobre la presunta participación de Rosario Robles en el desvío de recursos públicos, para buscar un “criterio de oportunidad”, es decir, entregar pruebas de los posibles ilícitos a cambio de un perdón legal. 

También han sumado las declaraciones de otros cuatro exfuncionarios públicos de la Sedatu. Dos de ellos enfrentaron procesos judiciales por el posible delito de “uso indebido de atribuciones y facultades”, pero la Fiscalía General de la República desistió de la acusación desde mayo de 2019. 

Se trata de Marcos Salvador Ibarra, quien como director general de coordinación de delegaciones de la Sedatu firmó cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015, y otro con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre, que suman un monto de 313 millones de pesos, presuntamente desviados. 

El segundo es José Atolino Orozco Martínez, exdirector general de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Sedesol y de Atención de Riesgos de la Sedatu, quien firmó en la Sedatu un convenio por 186 millones 113 mil 400 pesos con la Universidad Politécnica de Chiapas en 2015 para la hacer una serie de estudios, análisis y proyectos que no se cumplieron.

Los otros declarantes son Armando Saldaña, exdirector general de Ordenamiento Territorial, quien denunció penalmente que su firma en convenios con universidades fue falsificada y María del Carmen Gutiérrez Medina, quien fungió como Titular de la Unidad de Políticas, Planeación y enlace Institucional de la Sedatu.

Es una infamia y una venganza política: Robles

Rosario Robles calificó como una “infamia” la orden de aprehensión girada en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, y aseguró que se trata de una “venganza política”, resultado de rencillas del pasado y de su negativa a delatar con testimonios a modo a compañeros suyos a cambio de obtener algún beneficio.

La reacción de la exfuncionaria fue comunicada a este medio por su abogado Epigmenio Mendieta, quien se presentó antes del mediodía en el penal femenil de Santa Martha Acatitla para avisarle a Robles de la emisión de la referida orden de arresto.

De acuerdo con el litigante, Robles lamentó la emisión de dicha orden y consideró que la intención que tiene le Fiscalía y el actual gobierno federal es mantenerla “a como de lugar en prisión”. Ello como una presunta medida de presión mientras no acceda a delatar a otros políticos. 

En síntesis, acusó que se trata de una “presa política”, y lamentó que excolaboradores suyos como Emilio Zebadúa se presten a “traiciones” y a declarar hechos que son falsos.

Los gastos de Robles y Zebadúa 

La investigación sobre los movimientos financieros de Rosario Robles a cargo de la UIF, revelan que la funcionaria declaró ante el SAT ingresos por 19 millones de pesos ganados como funcionaria entre 2013 y 2018. Además de depósitos bancarios que incluye uno por 50 mil pesos de una hermana; de la aseguradora Metlife México S. A. de C. V. y la nómina de Sedesol que suman 3 millones 519 mil pesos en 2015 y 2018. 

Como “actividades inusuales”, según la UIF, están dos cosas: los consumos por 4.5 millones de pesos a través de su tarjeta de crédito American Express y en algunos casos aparece como beneficiaria su hija Mariana Moguel Robles ocurridos de 2016 a 2019; y los donativos otorgados por la Sedatu, dependencia de la que era representante” a tres fundaciones por un monto total de 15 millones 831 mil pesos entre 2015 y 2016. 

También se refieren los 45 viajes al extranjero realizados por Robles entre 2004 y 2019, aunque la UIF no refiere que estos no correspondan a sus ingresos o los detalles de gastos al respecto. 

Sin embargo, la UIF sí encontró movimientos financieros sospechosos de su subordinado, Emilio Zebadúa y sus hermanos, José Ramón Zebadúa y Lourdes Zebadúa, quienes gastaron 205 millones de pesos de 2014 a 2019, y en ninguno de los casos correspondió con sus ingresos.

José Ramón Zebadúa, quien es apoderado legal de Emilio Zebadúa, transfirió al extranjero 57 millones de pesos; pagó 45 millones de pesos en su tarjeta American Express y adquirió un inmueble en el Estado de México por 3 millones de pesos. 

En tanto, Lourdes Zebadúa gastó 58 millones de pesos en casinos, industria que según la UIF funciona para el blanqueo de capitales presumiblemente de origen ilícito, y 26 millones de pesos en tarjetas de crédito. 

Con esta evidencia, la denuncia penal interpuesta por la UIF incluye también a los hermanos Zebadúa por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. 

La estrategia jurídica 

Respecto a la estrategia jurídica que tomarán, el abogado Mendieta indicó que lo primero será esperar a que su clienta sea notificada formalmente de la orden de arresto en su contra. A partir de ese momento podrán tener acceso a la carpeta de investigación iniciada y conocer los datos de prueba.

Adelantó que cuando se lleve a cabo la audiencia inicial para que la FGR presente la imputación (que muy posiblemente se realice en un formato de videoconferencia) solicitarán un plazo de 144 horas para presentar datos y tratar de que su clienta no sea vinculada a proceso.

“Lo que sí puedo asegurarte desde ahora es que a Robles la imputan por ser la jefa de quien realmente tiene gastos inexplicables que es Zebadúa. Porque a Rosario llevan años investigándola y no le han encontrado ni propiedades ni un peso de origen inexplicable, porque no los hay” dijo el litigante a Animal Político.

El defensor finalmente dijo que promoverán una demanda de amparo con la finalidad de que Robles no sea trasladada a un penal de alta seguridad, como comúnmente sucede con los imputados en casos de crimen organizado.

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Reuters

El inédito rol del ejército y la marina en el gobierno de AMLO (más allá de la seguridad pública)

El Ejército y la Marina han tomado el mando de grandes proyectos que en el pasado eran manejados en la esfera civil en México.
Reuters
1 de diciembre, 2020
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Al asumir uno de los gobiernos con más respaldo popular de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se topó con una realidad que chocó con sus ideales de campaña: no es fácil hacer que las fuerzas armadas vuelvan a sus cuarteles.

Bajo su mandato, que cumple dos años este 1 de diciembre, el país ha seguido acumulando números record de homicidios por la violencia de las bandas criminales. Y en las últimas dos décadas las policías civiles no han podido ser depuradas.

Así que su plan de sacar de las calles a las fuerzas armadas en los primeros seis meses de gobierno, como prometía en campaña, no se pudo materializar.

De hecho, el presidente ha puesto en marcha un plan totalmente opuesto.

AMLO, como se conoce al político de 67 años, ha echado mano de los militares en funciones inéditas en México, como las construcciones de un aeropuerto internacional, un sistema ferroviario y cientos de sucursales bancarias estatales.

Por otro lado, la Marina ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, ahora también hace las funciones administrativas.

Nuevos roles en los que las fuerzas militares tienen un rol activo que contrasta notablemente con la discreta presencia que mantuvieron durante casi todo el siglo XX, cuando se limitaban a brindar apoyo social en casos de emergencia.

Maquinaria de construcción militar

Getty Images
El Ejército está al mando de obras civiles prioritarias, como el nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

“El rol político del ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada”, señala a BBC Mundo el analista de seguridad Edgardo Buscaglia.

“Hoy de alguna manera el ejército mexicano se está latinoamericanizando en muchos sentidos: está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, indica el también investigador de la Universidad de Columbia (EE.UU.).

La presencia activa de las fuerzas armadas en tareas por fuera de la seguridad pública se ha vuelto un tema de debate en los últimos meses en México, con análisis en la prensa y en foros que no han pasado desapercibidos por los jefes militares.

“El instituto armando jamás ha buscado, ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria. Es evidente que no buscamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”, se defendió el propio jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Atrás ha quedado la pública desconfianza que tenía AMLO por las actividades militares en el país que incluso lo llevaron a demandar investigaciones judiciales contra las fuerzas armadas.

“Como candidato, no ha habido uno que haya estado más alejado de las fuerzas armadas que López Obrador”, explica a BBC Mundo el analista del sector militar mexicano Juan Ibarrola.

Por el contrario, ya en el gobierno AMLO está depositando toda su confianza en ellos.

López Obrador y Luis Sandoval

Reuters
AMLO delegó la elección de su jefe de la Defensa casi hasta que asumió el gobierno en 2018.

“Tenía que ser así. La relación siempre existe entre un presidente y sus fuerzas armadas. No puede estar sin esa fortaleza”, apunta Ibarrola.

Ejército constructor, Marina administradora

Al llegar al gobierno con una mayoría absoluta en el Congreso, López Obrador promovió nuevas leyes para legalizar los patrullajes militares en las calles.

Desapareció la Policía Federal y formó laGuardia Nacional, una nueva corporación con disciplina castrense que el Congreso aprobó para tener un mando civil, pero que de facto está dirigida por militares.

Eso contrasta con lo que decía en 2011, cuando era candidato presidencial y se ponía como meta desmovilizar a las fuerzas armadas en seis meses: “Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles”, decía.

“El Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al Ejército”, afirmaba.

militares méxico

BBC
La Guardia Nacional se integra por policías militares y navales.

En contaste, desde que asumió el gobierno, dos de sus proyectos insignia han recaído en la ingeniería militar.

Uno es la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (nombrado en honor a un general). El otro es una tramo del Tren Maya, una ambiciosa red ferroviaria de pasajeros en el sureste del país.

La Sedena también tiene en su encargo la construcción 1.600 sucursales del Banco del Bienestar del gobierno, así como 266 cuarteles de la Guardia Nacional.

Por su parte, a la Secretaría de Marina le ordenaron tomar el control administrativo de los puertos mercantes, lo cual motivó la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez.

Militares

AFP
El Ejército construirá la nueva terminal aérea de México, una tarea inédita para los militares en el país.

“Nunca la Secretaría de Comunicaciones fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil”, dijo el entonces funcionario del gabinete de AMLO.

El creciente rol militar

El investigador Edgardo Buscaglia sostiene que los nuevos roles militares en el gobierno mexicano son producto de una “compensación” a las fuerzas armadas, por su desgaste social en las tareas de seguridad.

“El rol del ejército ahora es mucho más activo e improvisado. El ejército exige mejorar su imagen ante la población civil, exige un presupuesto más grande, y exige irse de las tareas de seguridad civil. Pero como no hay ninguna otra institución funcional en México, se tiene que ocupar de la seguridad. Y como forma de compensar eso que no quiere hacer, el presidente le da proyectos aquí y allá”, añade.

Militares supervisando una obra de construcción

Getty Images
La Sedena realiza la operación de ingeniería y contratación de personal del aeropuerto “Felipe Ángeles”.

BBC Mundo solicitó a la Presidencia de México una entrevista, pero no hubo respuesta oportuna.

Sin embargo el tema ha resonado en los mandos militares, con el propio jefe de la Defensa señalando públicamente el porqué de las tareas militares en proyectos civiles del gobierno de AMLO.

“Apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. Nuestra lealtad institucional es a toda prueba”, dijo el general Sandoval el pasado 20 de noviembre al asegurar que el Ejército no “ningún poder”.

“Nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México. Pero sobre todo por convicción. Con esa subordinación al poder civil, cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios para el desarrollo del país, sin que eso signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser“, justificó.

General Sandoval

Gobierno de México
Sandoval aseguró que las nuevas tareas del Ejército no implican una desatención de otras labores, como la seguridad.

Citó la ley para las fuerzas armadas, la cual tiene como cuarta misión para los militares “Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”.

A su vez, el almirante Rafael Ojeda dijo que en el pasado ha habido almirantes al frente de puertos mercantiles como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los principales del Pacífico, que han aumentado la recaudación.

“Simple y sencillamente por dos razones: una, porque el personal es honesto, hace las cosas bien. Y la otra, porque al ser un militar que tiene un apoyo para la seguridad integral del puerto, lógico es que se evita que existan malos manejos”, afirmó en julio pasado.

Marinos mexicanos en el puerto de Veracruz

Getty Images
La Marina ahora no solo vigila los puertos, también hace la administración civil.

Según el analista Juan Ibarrola, la ingeniería de construcción no ha sido ajena a los militares, solo poco conocida. La edificación de hospitales, escuelas, carreteras y puentes han sido parte de sus tareas, advierte.

“Los soldados no están haciendo la función de albañiles. El desarrollo del proyecto está en manos de ingenieros militares. Son los ingenieros y arquitectos responsables de la obra, pero todo el personal de mano de obra es personal civil”, explica.

Ya que la Sedena no busca tener una utilidad económica, dice Ibarrola, eso reduce costos y tiempos.

Como la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles” prometido para 2021: “es una orden, se entrega en tiempo en que se compromete a hacerlo”.

¿Hay riesgos en la militarización de tareas civiles?

Al considerar que en México está en marcha una “latinoamericanización” de sus fuerzas armadas, Edgardo Buscaglia señala que las fuerzas armadas están transitando hacia el estilo influyente en el gobierno civil que había en países de Sudamérica en la segunda mitad del siglo XX.

“El ejército ha quedado parado como un actor político de demanda ante autoridades civiles de igual a igual. Es una situación muy grave (…) está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, dice.

Personal militar en camiones de construcción

Getty Images
En las fotos promocionales de las obras, los militares aparecen en la primera línea de construcción, pese a que no es su función principal.

A medida que hay un desgaste a un ejército por las tareas de seguridad pública, los presidentes y las autoridades civiles tienen que compensarlos y “dar cotos de caza empresariales”, considera.

“El ejército termina de gozando de mayores presupuestos y este tipo de rol la experiencia internacional te dice que conlleva más casos de corrupción. Como en Egipto y Venezuela hoy, o como en el pasado hubo en otros países de Latinoamérica”, añade.

El riesgo es mayor en los puertos, donde se realiza el manejo administrativo de mercancías. Pero AMLO ha dicho que el objetivo es el contrario, “combatir la corrupción”.

“No es un asunto solo de capacidad, de profesionalismo. Es un asunto fundamentalmente de honestidad. Ni modo de que sea tan complicado saber la importancia que tiene el comercio exterior y cómo recaudar los impuestos”, dijo en julio pasado.

Un barco mercante en Lázaro Cárdenas

Getty Images
La exposición a proyectos no tan cercanos a su razón de ser, como la administración portuaria, puede generar corrupción, según Buscaglia.

El analista Juan Ibarrola también reconoce que las fuerzas armadas se exponen a casos de corrupción al ocuparse de proyectos civiles, como en la construcción de obras. Pero considera que los militares lo piensan dos veces antes de caer en esas situaciones.

“Los militares se atienen a dos leyes: a la ley de justicia militar y a la ley civil. Un militar que comete un delito lo juzgan doble”, apunta.

“No es que sean incorruptibles. Son seres humanos y en algunos casos ha habido corrupción. Sin embargo el riesgo se reduce significativamente por ser juzgado dos leyes. Pierden todo”.


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