Familiares temen que pacto deje libre a capitán acusado en caso Ayotzinapa 
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Familiares de los 43 de Ayotzinapa temen que pacto deje libre al capitán Crespo

"Se exige al gobierno mexicano que lo meta en cintura y que diga dónde están los 43. Porque él lo sabe”, dijo el padre de uno de los normalistas desaparecidos sobre el militar detenido.
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16 de noviembre, 2020
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“Su responsabilidad en la desaparición es clara. Estuvo al frente de los operativos, arribando a los escenarios. Estuvo con los soldados que dieron seguimiento desde el C4, conoció en tiempo real las agresiones”. En conferencia de prensa virtual, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 mostraron su preocupación ante la posibilidad de que el capitán José Martínez Crespo, actualmente bajo investigación “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud”, pueda salir en libertad a partir del miércoles. Ese día termina el plazo constitucional para que el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, decida sobre su situación. Por el momento la acusación se limita a señalar los posibles vínculos del militar con Guerreros Unidos, pero no existe una imputación formal que lo vincule a la desaparición de los normalistas. 

“Detienen a una personas que sabe mucho de nuestros hijos. Él estuvo ahí presente, tuvo el mando y nosotros lo que le pedimos al fiscal es que lo investigue”, dijo Joaquina García, madre de Martín Getsemany Sánchez García, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. “¿Por qué está en el campo militar y no en un reclusorio?”, se preguntó la mujer.

Los familiares de los normalistas denunciaron también que la secretaría de la Defensa (Sedena) “no está cumpliendo con lo ordenado” por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y no ha entregado toda la información que se le solicitó. 

José Martínez Crespo, militar en reserva, se entregó a las autoridades el miércoles 11 y pidió una ampliación del plazo constitucional, que termina el miércoles. Según su abogado, Conrado López Hernández, permitió su captura tras acordar que sería encerrado en el recinto militar y que se garantizaría su seguridad. Además, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) congeló las cuentas de su compañera y su hijo. 

El capitán Crespo, en su primera declaración, se limitó a negar los cargos en su contra. La acusación es por vínculos con Guerreros Unidos, la organización criminal que participó en la desaparición de los 43. Aunque López Hernández, el abogado del militar, niega la credibilidad de las pruebas y asegura que se limitan al testimonio en tercera persona de un testigo protegido, alguien que dijo haber escuchado que el capitán estaba en nómina del grupo narco. 

“Ojalá el gobierno se ponga las pilas y no les pase como con policías que agarran y ciertos jueces los liberan. Mi preocupación es que lo puedan liberar. Se exige al gobierno mexicano que lo meta en cintura y que diga dónde están los 43. Porque él lo sabe”, dijo Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas desaparecidos y del que fue encontrado un pequeño resto a 800 metros del basurero de Cocula, donde decía la denominada como “verdad histórica” que fueron enterrados los estudiantes. 

Recordó Rodríguez que el capitán estuvo en el hospital Cristina y que, según testimonios de sobrevivientes, amenazó a los estudiantes que allí estaban asegurándoles que si no se identificaban no los iban a encontrar. 

“No vamos a permitir que sea liberado. Debe ser sujeto a proceso y consignado. Sedena no ha cumplido con los acuerdos de que iba a aportar y tiene que cumplir”, dijo. 

“Sabemos que está vinculado con el crimen organizado de Iguala, que estaba en la nomina de ese crimen organizado”, dijo Mario César González, padre de César Manuel González, otro de los normalistas desaparecidos.

“Nuestros 43 hijos no están expuestos a ningún trato”, dijo. Además, se quejó de la falta de información proporcionada por Sedena. “No han entregado las bitácoras ni la información del C4. No tiene que salir de la cárcel y exigimos al juez penal de distrito de Toluca que revise las pruebas”, dijo.  

Desde que ocurrieron los hechos, los padres y madres de los 43 han exigido que se investigue el papel de los militares, y en concreto el del 27 batallón de Infantería presente en Iguala. El capitán Crespo estaba al mando de una unidad de este batallón y salió a patrullar aquella noche. Las familias de las víctimas temen que el acuerdo haya sido un modo de que el uniformado apenas pise la cárcel. Su abogado defensor asegura que en estos últimos seis años ha prestado declaración ante investigadores militares y civiles e insiste en que no tiene responsabilidad en las desapariciones ni vínculos con el crimen organizado.

Para los familiares, la entrega es sospechosa. Y exigen que se mantenga en prisión para que sus abogados puedan seguir presentando las pruebas que lo vinculan con los hechos. 

En septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se habían presentado varias órdenes de aprehensión contra militares, sin especificar el número. Este es el primero de ellos que pasa unos días en prisión. No sabemos hasta cuándo se puede alargar su situación. 

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Elecciones en EU: ¿podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones?

El mandatario podría estar jugándose en las urnas algo más que su futuro político. Te explicamos por qué.
3 de noviembre, 2020
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Para Donald Trump, una derrota en las elecciones de este martes no sería solamente una humillación política. El mandatario arriesga mucho más.

Las investigaciones en torno a los escándalos que han ocurrido durante su gestión sugieren, según expertos, que el mandatario puede enfrentar una compleja situación financiera personal, además de procesos penales, si tiene que salir de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Hasta el momento, frente a la posibilidad de una investigación criminal en su contra, lo protege la inmunidad que le brinda el cargo. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados.

Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué pasa si ya no es el presidente?

La inmunidad en el cargo

“Creo que hay la posibilidad de que se le imputen cargos criminales a Trump”, dice a BBC Mundo Bennett Gershman, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Pace, quien se desempeñó por una década como fiscal en el estado de Nueva York.

“Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral”, entre otros, asegura Gershman, citando “toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera”.

Como si esto fuera poco, Trump enfrenta grandes riesgos financieros, incluyendo, según informes de los medios estadounidenses, una enorme deuda personal y dificultades con su imperio empresarial.

El diario The New York Times ha dicho que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos, en momentos en que algunas de sus inversiones personales no pasan por el mejor momento.

Y si Trump sale derrotado en los comicios, tal vez sus acreedores sean menos flexibles a la hora de exigir el pago de esas obligaciones.

La Casa Blanca ha actuado como una barrera frente a los problemas legales y financieros del mandatario, advierten sus críticos. Si esa muralla desaparece, Trump enfrentaría días difíciles.

No admite faltas

El presidente asegura haber sido víctima de numerosas conspiraciones por parte de sus enemigos para acusarlo falsamente de haber cometido crímenes antes y durante su tiempo en el poder.

Joe Biden.

Reuters
Trump ha acusado repetidamente a Biden sin presentar pruebas.

Trump niega de manera tajante haber cometido cualquier falta.

Y subraya el haber salido airoso de las investigaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en torno a los numerosos escándalos que han enmarcado su gestión, así como del juicio político que le realizó el Congreso a comienzos de este año.

Pero todos esos procesos partían de la base de la inmunidad presidencial frente a los procesos penales. El Departamento de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que un mandatario no puede ser procesado penalmente mientras ocupe el cargo.

No obstante, esas investigaciones podrían ser la base de nuevas actuaciones judiciales contra Trump, le dicen expertos a BBC Mundo.

“Ya sabemos que puede enfrentar acusaciones de fraude electoral, ya que el fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan en efecto ya nombró como co-conspirador junto a Michael Cohen“, asegura Gershman.

El experto se refiere a la investigación federal contra el exabogado personal de Trump, Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de irregularidades electorales durante la campana de 2016 relacionadas con pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels, quien alega haber tenido un affaire con el presidente.

Stormy Daniels.

Reuters
La actriz Stormy Daniels estuvo en el centro de uno de los escándalos que afectaron al presidente.

Durante la investigación contra Cohen, la fiscalía describió en su acusación oficial a un entonces candidato presidencial, al que designaron como “Individuo 1”, supuestamente relacionado con esa actividad criminal. Los medios estadounidenses asumieron universalmente que la Fiscalía se refería en ese momento a Trump.

En su momento, el hecho fue noticia nacional. El 7 de diciembre de 2018, The New York Times titulaba: “Fiscales dicen que Trump dirigió pagos ilegales durante la campaña”.

Agregaba el diario que “fiscales federales dijeron el viernes que el presidente Trump dirigió pagos ilegales para evitar un potencial escándalo sexual que amenazaba sus posibilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, poniendo el peso del Departamento de Justicia detrás de las acusaciones previamente realizadas por su exabogado”.

El informe Mueller

Gershman dice que cabe suponer que “pueda haber otros cargos por obstrucción a la justicia” a partir de los resultados del llamado informe Mueller.

En 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó su investigación sobre las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Dicho informe no encontró prueba concluyente de que la campaña del entonces candidato Trump estuviera deliberadamente colaborando con el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe documentó una serie de actuaciones controversiales del mandatario en respuesta a esa investigación.

Mueller manifestó entonces que el Congreso estadounidense debía decidir si le seguía un “impeachment” o juicio político a Trump por supuesta obstrucción de justicia, ya que el presidente tenía inmunidad frente a los canales normales de la justicia penal.

Robert Mueller.

EPA
Hay expertos que creen que Trump podría afrontar cargos derivados de la investigación que llevó a cabo el fiscal especial Robert Mueller.

En esa ocasión, el Congreso se abstuvo de abrirle un juicio político a Trump, aunque sí lo hizo meses después por un caso distinto, esta vez ante versiones que decían que el presidente había intentado manipular al gobierno de Ucrania para que investigara supuestas irregularidades cometidas por Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata Joe Biden.

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó formalmente a Trump, pero en febrero siguiente, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Trump fue apenas el tercer mandatario estadounidense en la historia en enfrentar un “impeachment”.

Cargos locales y federales

Como presidente, Trump podría en principio autoperdonarse por cualquier violación a las leyes federales que hubiese cometido, aunque no hay antecedentes en la historia del país de una situación semejante.

En cambio, sí ha ocurrido que un mandatario que enfrenta la posibilidad de cargos criminales salga del cargo y sea perdonado por su sucesor.

Ese fue el caso en 1974 cuando Richard Nixon renunció después del escándalo de corrupción de Watergate, y su entonces vicepresidente y sucesor en el cargo, Gerald Ford, le extendió un perdón judicial total.

Richard Nixon.

BBC
Nixon es hasta ahora el único presidente en la historia de EE.UU. que ha recibido un perdón total.

“Hay muy poca probabilidad de que Trump enfrente cargos federales, pues es de esperar que se autoperdone”, le dice a BBC Mundo Norman Ornstein, experto del American Enterprise Institute, un centro de investigación política de línea conservadora.

En un escenario de derrota electoral, si Trump no se atreve a autoamnistiarse, dice Ornstein, el mandatario tendría algún incentivo para renunciar al cargo antes del final de su periodo, que se cumple el 20 de enero de 2021.

En ese escenario hipotético extremo, el actual vicepresidente Mike Pence quedaría a cargo para completar los días finales del periodo presidencial y podría perdonar a Trump por anticipado de cualquier crimen a nivel federal que hubiese podido cometer.

Pero las potenciales dificultades legales de Trump no terminan ahí, asegura Ornstein.

Los medios estadounidenses han estado ventilando la posibilidad de que, aparte de cargos federales, Trump también enfrente cargos criminales a nivel local, le recuerda a BBC Mundo el exfiscal Gershman.

Carteles frente a la Casa Blanca.

Reuters
Detractores del presidente han colgado carteles que piden su arresto frente a la Casa Blanca.

El 1 de noviembre, la publicación The New Yorker se unía a muchos otros medios estadounidenses discutiendo un escenario en el que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha estado investigando los negocios privados del presidente, podría eventualmente acusarlo de irregularidades relacionadas con su pasado como magnate inmobiliario.

En eso concurre Ornstein, quien le dice a BBC Mundo: “Hay investigaciones agresivas en curso por el Fiscal General del Estado de Nueva York, y el Fiscal del Distrito de la Ciudad de Nueva York sobre irregularidades de impuestos y de otra índole potencialmente cometidas antes de que Trump fuese presidente”.

A diferencia de los cargos federales, los de nivel local no son susceptibles de perdón presidencial.

Una decisión política

Los expertos insisten en que no hay seguridad de que las autoridades decidan emprender estas acciones en contra de Trump, incluso si creyesen que existe evidencia para justificarlo.

Ya en 1974 el gobierno de la época decidió que enjuiciar a Nixon solo extendería la agonía del escándalo de Watergate, y, alegando conveniencia nacional, prefirió perdonarlo.

Al respecto, Joe Biden dijo el pasado 6 de agosto en una entrevista que, en caso de ser elegido presidente, ni se opondría ni impulsaría un proceso penal contra Trump, dejando esa decisión enteramente a los fiscales del Departamento de Justicia.

Si esos fiscales federales, o los del estado de Nueva York, finalmente deciden adelantar un proceso contra Trump, no será una situación que se resuelva rápidamente.

Por cuenta de los litigios previos, un juicio fácilmente podría tomar meses o incluso años en comenzar, le dice Gershman a BBC Mundo

Si fuera encontrado culpable por cargos como los que se han discutido, Trump podría enfrentar una pena “de años, no de meses” en prisión, advierte el académico.

“La ley aplica para todos”, recuerda Gershman.

Ornstein, por su parte, sospecha que los fiscales de Nueva York seguirán adelante con sus investigaciones contra Trump.

“No creo que terminen sus esfuerzos contra Trump cuando deje su cargo. Trump es vulnerable, y lo sabe”, le dice Ornstein a BBC Mundo.

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BBC

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