Familiares temen que pacto deje libre a capitán acusado en caso Ayotzinapa 
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Familiares de los 43 de Ayotzinapa temen que pacto deje libre al capitán Crespo

"Se exige al gobierno mexicano que lo meta en cintura y que diga dónde están los 43. Porque él lo sabe”, dijo el padre de uno de los normalistas desaparecidos sobre el militar detenido.
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16 de noviembre, 2020
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“Su responsabilidad en la desaparición es clara. Estuvo al frente de los operativos, arribando a los escenarios. Estuvo con los soldados que dieron seguimiento desde el C4, conoció en tiempo real las agresiones”. En conferencia de prensa virtual, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 mostraron su preocupación ante la posibilidad de que el capitán José Martínez Crespo, actualmente bajo investigación “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud”, pueda salir en libertad a partir del miércoles. Ese día termina el plazo constitucional para que el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, decida sobre su situación. Por el momento la acusación se limita a señalar los posibles vínculos del militar con Guerreros Unidos, pero no existe una imputación formal que lo vincule a la desaparición de los normalistas. 

“Detienen a una personas que sabe mucho de nuestros hijos. Él estuvo ahí presente, tuvo el mando y nosotros lo que le pedimos al fiscal es que lo investigue”, dijo Joaquina García, madre de Martín Getsemany Sánchez García, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. “¿Por qué está en el campo militar y no en un reclusorio?”, se preguntó la mujer.

Los familiares de los normalistas denunciaron también que la secretaría de la Defensa (Sedena) “no está cumpliendo con lo ordenado” por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y no ha entregado toda la información que se le solicitó. 

José Martínez Crespo, militar en reserva, se entregó a las autoridades el miércoles 11 y pidió una ampliación del plazo constitucional, que termina el miércoles. Según su abogado, Conrado López Hernández, permitió su captura tras acordar que sería encerrado en el recinto militar y que se garantizaría su seguridad. Además, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) congeló las cuentas de su compañera y su hijo. 

El capitán Crespo, en su primera declaración, se limitó a negar los cargos en su contra. La acusación es por vínculos con Guerreros Unidos, la organización criminal que participó en la desaparición de los 43. Aunque López Hernández, el abogado del militar, niega la credibilidad de las pruebas y asegura que se limitan al testimonio en tercera persona de un testigo protegido, alguien que dijo haber escuchado que el capitán estaba en nómina del grupo narco. 

“Ojalá el gobierno se ponga las pilas y no les pase como con policías que agarran y ciertos jueces los liberan. Mi preocupación es que lo puedan liberar. Se exige al gobierno mexicano que lo meta en cintura y que diga dónde están los 43. Porque él lo sabe”, dijo Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas desaparecidos y del que fue encontrado un pequeño resto a 800 metros del basurero de Cocula, donde decía la denominada como “verdad histórica” que fueron enterrados los estudiantes. 

Recordó Rodríguez que el capitán estuvo en el hospital Cristina y que, según testimonios de sobrevivientes, amenazó a los estudiantes que allí estaban asegurándoles que si no se identificaban no los iban a encontrar. 

“No vamos a permitir que sea liberado. Debe ser sujeto a proceso y consignado. Sedena no ha cumplido con los acuerdos de que iba a aportar y tiene que cumplir”, dijo. 

“Sabemos que está vinculado con el crimen organizado de Iguala, que estaba en la nomina de ese crimen organizado”, dijo Mario César González, padre de César Manuel González, otro de los normalistas desaparecidos.

“Nuestros 43 hijos no están expuestos a ningún trato”, dijo. Además, se quejó de la falta de información proporcionada por Sedena. “No han entregado las bitácoras ni la información del C4. No tiene que salir de la cárcel y exigimos al juez penal de distrito de Toluca que revise las pruebas”, dijo.  

Desde que ocurrieron los hechos, los padres y madres de los 43 han exigido que se investigue el papel de los militares, y en concreto el del 27 batallón de Infantería presente en Iguala. El capitán Crespo estaba al mando de una unidad de este batallón y salió a patrullar aquella noche. Las familias de las víctimas temen que el acuerdo haya sido un modo de que el uniformado apenas pise la cárcel. Su abogado defensor asegura que en estos últimos seis años ha prestado declaración ante investigadores militares y civiles e insiste en que no tiene responsabilidad en las desapariciones ni vínculos con el crimen organizado.

Para los familiares, la entrega es sospechosa. Y exigen que se mantenga en prisión para que sus abogados puedan seguir presentando las pruebas que lo vinculan con los hechos. 

En septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se habían presentado varias órdenes de aprehensión contra militares, sin especificar el número. Este es el primero de ellos que pasa unos días en prisión. No sabemos hasta cuándo se puede alargar su situación. 

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El gas usado para "desinfectar" a mexicanos en EU que sirvió como ejemplo a la Alemania nazi

Durante décadas, trabajadores mexicanos que cruzaban a Estados Unidos fueron inspeccionados y fumigados con pesticidas para prevenir enfermedades infecciosas. Décadas después, cientos describieron la experiencia como humillante y vergonzosa.
4 de septiembre, 2021
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En 1956, los braceros eran fumigados con DDT como parte del proceso de entrada a Estados Unidos.

CORTESÍA, MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE EE.UU

Muchos no sabían qué les estaban rociando, pero era tan extendido su uso que le apodaron “el polvo”.

La fotografía que abre esta nota es especialmente destacada por historiadores en Estados Unidos y algunos describen la escena capturada como “un momento atroz”.

En ella un funcionario enmascarado fumiga la cara de un joven mexicano desnudo con el pesticida DDT en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas, mientras que otros esperan en fila detrás mientras sujetan sus pertenencias.

La tomó el neoyorquino Leonard Nadel en 1956 mientras documentaba el programa Bracero, bajo el que al menos 4 millones de mexicanos migraron temporalmente a Estados Unidos para trabajar entre 1942 y 1964.

El esquema fue inicialmente establecido para compensar la ausencia de trabajadores estadounidenses debido al reclutamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Un trabajador se registra en el programa Bracero.

Getty Images
Millones de mexicanos campesinos y obreros participaron en el programa Bracero en Estados Unidos.

El DDT se empleó hasta mediados de los 60 en los inmigrantes para prevenir la propagación de malaria y tifus y su uso fue posteriormente prohibido en EE.UU. en 1972.

Hoy en día está clasificado por el gobierno de ese país y autoridades internacionales como un “probable carcinógeno humano”.

Pero este no fue el único pesticida empleado para “desinfectar” a inmigrantes mexicanos en la frontera entre México y EE.UU. por décadas.

Años antes de la implementación del programa Bracero, otro insecticida fue utilizado en centros de recepción de visitantes y pasaría a servir como ejemplo a funcionarios del nazismo en Alemania.

Zyklon B

David Dorado Romo, historiador y cronista de El Paso y Ciudad Juárez, dio con un artículo en una revista científica alemana de 1937 que lo dejó atónito.

El escrito incluía dos fotografías de “cámaras de despiojado” en El Paso, Texas.

Su autor, el químico alemán Gerhard Peters, destacaba las imágenes para ilustrar “la efectividad del Zyklon B (un pesticida a base de cianuro) como un agente para matar plagas indeseables”, escribe Romo en su libro Ringside Seat to a Revolution (“Asiento en primera fila a una revolución”).

“Peters se convirtió en el director de operaciones de Degesch, una de las dos firmas que adquirió la patente del Zyklon B en 1940 para producirlo masivamente”, describe.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el gas en dosis concentradas para matar a millones de judíos.

Un funcionario fronterizo estadounidense les habla a un grupo de refugiados mexicanos en el Puente Internacional de El Paso, en Texas. Año 1916.

Getty Images
Las inspecciones y requerimientos en la frontera entre EE.UU. y México en El Paso se endurecieron a partir de 1916.

Aunque en El Paso no se utilizó para el mismo fin, ya se estaba empleando desde 1929 por funcionarios fronterizos para fumigar la ropa y los zapatos de inmigrantes mexicanos en el Puente Internacional Santa Fe, que conecta esa ciudad con Ciudad Juárez.

Las inspecciones habían iniciado formalmente en 1917, amplía el historiador, cuando las autoridades estadounidenses empezaron a imponer restricciones sobre los cruces fronterizos en sectores como El Paso.

El alcalde de la ciudad en esa época, Tom Lea, se refería a los mexicanos como “sucios piojosos indigentes” que “sin duda, van a traer y propagar el tifus”.

Pero entre 1915 y 1917, menos de 10 residentes de El Paso habían muerto del tifus epidémico, recogió Romo en su libro.

Aún así, los mexicanos considerados de “segunda clase” eran sometidos a exhaustivos chequeos que incluían duchas con agua caliente y revisiones de los migrantes desnudos. A los que le encontraban piojos, “les rapaban la cabeza y les afeitaban todo el cuerpo”, señala Romo a BBC Mundo.

Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Tan solo en 1917, al menos 120.000 personas fueron examinadas en el centro de El Paso.

Romo y otros historiadores hablan de un contexto en el que las ideas eugenésicas cobraban fuerza y se manifestaban a través de nociones discriminatorias y racistas.

“No hay que comparar peras con manzanas, pero el Holocausto no fue un hecho aislado y la frontera entre EE.UU. y México sirvió como un centro de experimentación importante de esas ideas”, advierte Romo.

“¿Sabe qué es la vergüenza?”

Cuando inicia el programa Bracero en 1942 ya estaba extendido el uso de diferentes químicos como el kerosén en centros de inspección fronterizos.

Aunque el gobierno de EE.UU. alabó a los mexicanos que se enlistaban como “soldados de la producción” y de la tierra en ese tiempo, con los años surgieron cientos de testimonios de trabajadores que señalaron sus experiencias como vergonzosas y humillantes.

La historiadora Mireya Loza recuerda en conversación con BBC Mundo que la imagen del trabajador rociado con DDT en la cara era la que más afectaba a los antiguos participantes del programa con los que habló.

“Muchos decían que sentían los efectos del DDT en los ojos, que tenían reacciones alérgicas en la piel y entendieron que no era un tratamiento humano”, dice la profesora de la Universidad de Georgetown.

Un grupo de trabajadores del programa Bracero alzan los brazos y están alineados contra la pared mientras son inspeccionados en una habitación del Centro de Procesamiento en Monterrey, México.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores eran inspeccionados a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, en un centro de procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

La académica inició su investigación entrevistando a decenas de braceros para un proyecto llamado Bracero History Archive (Archivo Histórico de los Braceros), impulsado por el Museo Nacional de Historia estadounidense Smithsonian.

“Muchos de estos trabajadores dijeron haber sentido algo feo porque era la primera vez que eran desnudados públicamente y frente a varias personas. Para ellos era un shock tremendo estar ahí y que los doctores les hicieran abrir las pompis, la boca; todo revisaban”, describe.

Los trabajadores eran generalmente inspeccionados en sedes administradas por Estados Unidos dentro de México y en ciudades fronterizas como Hidalgo, en Texas.

Además de las fumigaciones, los vacunaban contra la viruela, les hacían exámenes de sangre y de rayos X y les revisaban las manos en busca de callos que demostraran que tenían experiencia en el campo.

Un bracero es vacunado mientras otros esperan en la fila en el Centro de Procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores también eran vacunados contra la viruela.
Un funcionario de gobierno revisa las manos de un aspirante al programa Bracero.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Era común que las manos de los trabajadores fueran revisadas en busca de callos como prueba de que ya trabajaban la tierra.

José Silva, un campesino oriundo de Michoacán que empezó a trabajar desde los 6 años, describió en 2005 con cierto enfado la experiencia que vivió mientras fue bracero durante una entrevista disponible en el Archivo Bracero:

“Por una parte sí fue un buen programa (…) No tuve problema, me ayudé económicamente. Lo que no me gustaba era que nos fumigaron. Sentí vergüenza. ¿Sabe qué es la vergüenza? Todos formados así, sin ropa, y salíamos así caminando y allá en la puerta estaba el hombre con el fumigador. Muy mal. No éramos animales, éramos cristianos, ¿por qué nos fumigaban?“.

Víctor Martínez Alemán, originario de Tlaquiltenango, en Morelos, se enlistó en el programa en 1956 y trabajó en California:

“Nos pasaron, encuerados, delante de todas las muchachas, ya no más nos tapábamos acá pero encuerados para pasar donde nos iban a fumigar, bien fumigados así y todo… A nosotros nos daba vergüenza porque teníamos que pasar como con 20 mujeres (…) Eran todas secretarias. Y con manos atrás, nada de taparse, nada… Nos quería hasta pegar (…) Nunca había yo pasado esas penas pero como yo lo que quería era llegar a Estados Unidos para hacer algo…”.

“Injusticias y abusos”

A través del Archivo Bracero, el gobierno de EE.UU., mediante el Museo Nacional de Historia y diferentes instituciones académicas, reconocen que los trabajadores fueron sometidos a una serie de “injusticias y abusos”.

“Muchos se enfrentaron a alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus salarios”, indica el sitio web.

Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Pese a estas investigaciones, ningún presidente o autoridad de alto cargo a nivel nacional en EE.UU. ha ofrecido disculpas públicas ni reparaciones por los efectos negativos que desencadenó el programa, indica la historiadora Mireya Loza.

Tampoco existe una investigación exhaustiva sobre el impacto de pesticidas, incluido el DDT, en la salud de millones de braceros que fueron fumigados.

Aunque el programa culminó hace casi seis décadas, aún queda una generación que vive para contarlo.

Carlos Marentes, activista por los derechos de los campesinos en El Paso, recogió también cientos de testimonios y denuncias de abusos laborales, y las fumigaciones sobresalían entre los recuerdos más amargos de los trabajadores.

“Naturalmente existía un miedo de que trajeran enfermedades contagiosas, pero eso conllevó a una estigmatización“, dice a BBC Mundo.

Para Marentes, el programa Bracero fue un ejemplo claro de “la contradicción en la política de inmigración” de Estados Unidos.

“Por una parte sabemos que los necesitamos (a los inmigrantes), para que hagan todo lo que no podemos o no queremos hacer, pero por otra parte nos han metido en la cabeza que hay que tenerles miedo”, sentencia.



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