FGR oculta la ‘nueva verdad’ del caso Ayotzinapa, clasifica la averiguación
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FGR oculta la ‘nueva verdad’ del caso Ayotzinapa, clasifica la averiguación

Fueron reservados los datos y hallazgos con que FGR y el actual gobierno aseguran que se "ha caído la verdad histórica" del caso; se están dando pasos hacia atrás en la transparencia, advirtió el presidente del INAI.
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4 de noviembre, 2020
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La Fiscalía General de la República (FGR) clasificó como información reservada y confidencial los avances que en el actual sexenio se han integrado a la averiguación previa abierta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pese a que dicha investigación ya había sido desclasificada desde el 2015 por orden del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información (INAI).

Los nuevos tomos del expediente que se han reservado contienen los datos, diligencias y hallazgos con los que la FGR y el gobierno federal han sustentado – al menos en el discurso– que se “ha caído la verdad histórica” del caso, y que hay nuevas líneas de investigación en curso.

Entérate: ‘Son seis años y nada’: estos son los pendientes de la investigación sobre Ayotzinapa

Entre octubre de 2015 y noviembre de 2018 la entonces PGR transparentó, siguiendo los criterios del INAI, mas de 600 tomos en versiones públicas de la averiguación que fueron publicados en cuatro entregas, en un micrositio diseñado para ello. Pero a partir diciembre de 2018 la institución dejó de hacerlo.

Debido a ello Animal Político solicitó vía transparencia a la FGR copia en versión pública de los últimos tomos de dicha averiguación, y de otras carpetas relacionadas. La respuesta oficial fechada el 23 de octubre – luego de diversos retrasos debido a la pandemia – es que los nuevos tomos del expediente ya habían sido clasificados como información reservada y confidencial. Ello pese a reconocer que se trataba del mismo expediente y el mismo caso desclasificado anteriormente.

“A partir del último tomo que se encuentra en versión pública, en el portal de la institución se consideran (los tomos solicitados desde esa fecha) información reservada y confidencial, de conformidad con el artículo 110, fracciones VII y XII, y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia (…) puesto que dar a conocer la información solicitada obstruye la prevención o persecución de los delitos”, dijo la Fiscalía en su respuesta.

Esta decisión de la FGR, de acuerdo con el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, es un retroceso importante en materia de transparencia proactiva, pero no es un hecho aislado. Se suma a otras decisiones como la negativa a elaborar una versión pública de la averiguación de Odebrecht, pese a que el Instituto lo ha ordenado en reiteradas ocasiones

“No me extraña que den marcha atrás a una magnifica buena práctica que se había generado de transparencia proactiva (de publicar los tomos del caso Ayotzinapa) y que de haber continuado hubiera sido notable (…) No tienen una vocación por desgracia que se pueda presumir de transparencia, conforme lo ha predicado el nuevo gobierno”, dijo el comisionado.

Acuña Llamas adelantó que el pleno del Instituto analizará los recursos que se promuevan en contra de la nueva respuesta de la FGR en el caso Ayotzinapa y resolverá, muy seguramente, que se tienen que abrir los nuevos tomos de la averiguación previa bajo la misma lógica de hace unos años.

¿Por qué es un caso clasificado, según FGR?

En el oficio que la FGR entregó como respuesta y que no está firmado por ningún funcionario (solo se señala como membrete Unidad de Transparencia), la institución reconoció que existe una averiguación previa en curso bajo el número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre. Es decir, por la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Añadió que hay un sitio de internet donde se puede consultar la versión pública del caso. La ultima actualización, hasta el tomo 631 del expediente, data del 28 de noviembre de 2018.

Pero a partir de esa fecha no se ha publicado mas información, ya que la Fiscalía sostiene que los nuevos tomos fueron clasificados como reservados y confidenciales, de manera permanente.

Para justificar dicha clasificación, la FGR retomó la argumentación que tradicionalmente presenta al justificar que una averiguación es información reservada. Insistió en que se trata de casos en curso que no pueden transparentarse, pues ponen en riesgo la presunción de inocencia de los posibles implicados, el debido proceso y el éxito de la indagatoria.

Como parte de la respuesta y porque así lo ordena la ley, la FGR incluyó un análisis de riesgo “real, demostrable e identificable” que le llevó a concluir que el perjuicio que puede causar abrir el expediente supera en proporción al derecho de la sociedad de conocer el contenido de la investigación. Es decir, la Fiscalía antepone el éxito de la indagatoria al cumplimiento del derecho de acceder a la información pública.

“La información y documentos, que se encuentran contenidos en el expediente de averiguación previa está bajo resguardo de los servidores públicos, quienes deben evitar a toda costa poner en riesgo la seguridad de las víctimas, así como la suya, y la investigación”, indica la Fiscalía.

¿Por qué debe permanecer desclasificado, según INAI?

En febrero de 2015, al resolver un recurso de revisión, el pleno del INAI determinó de manera unánime que la averiguación previa del caso Ayotzinapa debía transparentarse a través de la elaboración de versiones públicas.

Fue la primera vez que dicho Instituto retiró la clasificación de información reservada que por regla general impera en las averiguaciones y carpetas de investigación.

En su resolución el INAI desestimó los argumentos de la entonces PGR, similares a los que presenta ahora, para mantener totalmente cerrado el expediente. Los consejeros concluyeron que sobre esa reserva imperaba el derecho de la sociedad a conocer un caso calificado como de violaciones graves a derechos humanos.

“Fue una decisión histórica porque fue la primera vez que resolvimos en favor bajo el esquema del interés público, y bajo el esquema de tratarse de violaciones graves a derechos humanos. Hacer valer la disposición legal que nos da la potestad de presumir violaciones graves a derechos humanos para abrir una averiguación previa. Es una de las decisiones más valientes y más poderosas que tomó el INAI en un momento”, dijo en entrevista Acuña Llamas.

La resolución adoptada por el INAI en aquel momento, explica el comisionado, solo implicaba transparentar la indagatoria hasta su avance de febrero de 2015. No obstante, y previendo que las solicitudes serían constantes, se determinó publicar proactivamente versiones públicas de los tomos conforme se fueran integrando. Esto fue en las gestiones de  los procuradores Areli Gómez y Raúl Cervantes.

El que se haya dejado de transparentar los nuevos tomos de la averiguación en el actual sexenio y que ahora se informe que fueron clasificados como reservados no es un hecho ilegal por sí mismo, pero sí una decisión que seguramente será revocada por el pleno del INAI.

Ramírez Acuña aclaró que aun cuando la determinación del 2015 de INAI no tenía los efectos de ordenar que la averiguación previa se continuara transparentando de forma permanente, más allá de que por años sí se hizo prácticamente, la realidad es que se trata del mismo caso y los mismos argumentos que llevarán al Instituto a ordenar que los nuevos tomos también tienen sean desclasificados.

Opacidad y oídos sordos

La clasificación del caso Ayotzinapa se suma a una serie de decisiones que la actual administración de la FGR ha tomado en un mismo sentido: reservar información o no darla a conocer, aun cuando existan resoluciones del INAI e incluso sentencias judiciales que así lo ordenan.

El caso más llamativo es el de la carpeta de investigación por los sobornos que Odebrecht habría pagado en México, y donde la actual FGR al igual que lo hiciera la vieja PGR ha recurrido hasta a juicios de amparo para no acatar la orden del instituto de elaborar versiones públicas del caso.

“Son amparos que incluso han perdido y aun así siguen sin transparentar el caso. No existe una vocación realmente por cumplir con estas determinaciones”, añadió Acuña.

El titular del INAI recordó que en enero de 2019 tuvo una primera y única reunión con el fiscal Alejandro Gertz Manero en donde se le explicó que tenía que cumplirse con la determinación de abrir el caso Odebrecht, algo con lo que el fiscal no estuvo de acuerdo aludiendo riesgos al debido proceso. Desde ahí y a casi dos años el fiscal no ha vuelto a dialogar con los comisionados.

Esta no es la primera vez que hay que ir a contracorriente, recuerda Acuña. En su momento fue el propio procurador Jesús Murillo Karam el que se negó a transparentar la averiguación del caso Ayotzinapa, incluso desatendiendo la instrucción del pleno del Instituto. Ahora, de forma similar, Gertz Manero ha optado por una visión conservadora que deja poco espacio a la apertura de los expedientes.

En ese contexto, el comisionado del INAI consideró clave que los ciudadanos, los medios y las organizaciones continúen presionando para exigir que el terreno ganado en los últimos años en materia de transparencia no se pierda, aun cuando sean las propias autoridades las que litiguen en contra del interés público.

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El poderoso cardenal y las otras 9 personas que enfrentan un insólito juicio en el Vaticano por malversación

Angelo Becciu, antiguo asesor del Papa, es una de 10 personas que comparecen ante un tribunal acusado de delitos financieros.
27 de julio, 2021
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El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros.

Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia este 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

El influyente cardenal de 73 años, que niega las acusaciones, fue forzado a dimitir el pasado septiembre, pero mantiene su título.

Las acusaciones están relacionadas a la compra multimillonaria de una propiedad en Londres con fondos de la Iglesia.

Becciu era un cercano asesor del papa Francisco que anteriormente había ocupado un cargo clave en el Secretariado de Estado del Vaticano, que administra las donaciones de la Iglesia.

El cardenal deberá responder preguntas sobre una controvertida inversión en un edificio de lujo en Londres que conllevó pérdidas durante su tiempo a cargo del Secretariado: desde entonces, la transacción ha estado bajo una investigación financiera.

El pago de US$200 millones por un edificio de apartamentos en la elegante avenida Sloane de Londres se hizo con dinero de la Iglesia a través de fondos y compañías en paraísos fiscales, una transacción que el cardenal había defendido en el pasado.

En un comunicado emitido a principios de mes por personas allegadas, el cardenal expresó que era “la víctima de una conspiración” y manifestó su “absoluta inocencia”, informó la agencia AFP.


¿Mayor escrutinio de la Santa Sede?

Análisis de John McManus, experto en temas religiosos de la BBC

Llegar al fondo de la problemática relación entre el Vaticano y sus finanzas se ha convertido en tema central del Vaticano bajo el papa Francisco.

En paralelo con su deseo de convertir a la Iglesia en un santuario donde todos, no importa cuán imperfectos, puedan encontrar un lugar, está su labor para lograr que el Vaticano sea un destino especialmente hostil para aquellos que busquen usarlo para enriquecerse.

Los supuestos crímenes enumerados ahora todavía tienen que ser probados en el tribunal.

Pero el simple hecho de que el Papa estuviera dispuesto al proceso y el juicio de un cardenal que no sólo era un alto miembro de la jerarquía en el Vaticano, sino también un amigo de Francisco, es una señal de su clara intención de que cuando se trata de delitos financieros, está preparado para tomar medidas sin precedentes para limpiar la reputación de la Iglesia.

El riesgo para el Papa, y para la iglesia, es que este juicio abrirá la posible mala gestión de las finanzas de la Santa Sede a un mayor escrutinio público.


Edificio en la avenida Sloane, Londres

Getty Images
El edificio en el que el cardenal Becciu invirtió el dinero del Vaticano queda en la elegante avenida Sloane, de Londres.

Dos antiguos directores de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano están entre los diez imputados.

Enfrentan cargos de malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Una mujer italiana que trabajó para el cardenal Becciu fue acusada de malversación el año pasado.

Se espera que el juicio dure dos meses. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de prisión o multas.


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