FGR investiga a grupo élite de la Marina por desapariciones en Nuevo Laredo
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Foto: Alejandro Ponce

'Fueron los marinos': FGR investiga a grupo de élite de la Marina por desaparición de 47 personas en Nuevo Laredo

La Fiscalía General tiene 34 carpetas abiertas por los casos de la desaparición de 47 personas entre enero y junio de 2018 en Nuevo Laredo; las sospechas se centran en la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada.
Foto: Alejandro Ponce
Por Alberto Pradilla y Arturo Ángel
4 de noviembre, 2020
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Erika Arredondo, de 42 años, no puede olvidar los tres días en los que pasó preguntando si tenían a su hijo al interior del cuartel de la Secretaría de Marina (Semar) en la avenida Leona Vicario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Todo comenzó el 19 de febrero de 2018. Fue cuando recibió el aviso de que Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años, había sido embestido por un vehículo de la Armada de México mientras transitaba en un coche con otra persona.

Entérate: Recetario para la memoria, madres y hermanas cocinan para sus desaparecidos

Ella, que se encontraba en Houston, Texas, Estados Unidos, cruzó inmediatamente a México para ver qué había ocurrido. Llamó a la puerta del cuartel, buscó en hospitales y comandancias de policía, pero nada. Ni una sola pista más allá de lo que le dijeron los testigos del choque: “se lo llevaron los marinos”.

“Me pudo haber escuchado que yo estaba ahí. Porque duré días afuera de ese cuartel. Los marinos lo negaban, pero ahora dicen que sí estuvo ahí. Eso hace más grande mi coraje, más grande mi dolor, porque estuve cerquita de él y no pude sacarlo”, dice Arredondo en entrevista con Animal Político.

Desde aquella terrible semana la mujer no ha vuelto a saber nada de su hijo. Desesperada por la pasividad de las autoridades, exige saber qué hicieron con él y que se castigue a los culpables.

No es la única en esta situación.

Julio César es uno de los 47 desaparecidos entre enero y junio de 2018 en Nuevo Laredo que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a través de 34 carpetas abiertas. Para familiares como Erika Arredondo la respuesta sobre qué ocurrió con las víctimas es clara: “fueron los marinos”.

Documentos a los que tuvo acceso Animal Político revelan que las sospechas se centran en la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES) de la Armada, la unidad de élite que se encarga de los grandes operativos contra el crimen organizado en México.

Al frente de aquel operativo se encontraban dos mandos: el almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la unidad de operaciones especiales de la Semar en el momento de los hechos, y Alfredo Reyes Mondragón, capitán de fragata al frente de la Base de Operaciones de Marina en Nuevo Laredo hasta junio de ese año. El primero es conocido porque se le atribuyó estar detrás de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, líder del cartel de Sinaloa.

Un juez de Reynosa, Tamaulipas, ha encontrado indicios que vinculan a nueve de los subordinados de Ortega Siu y Reyes Mondragón con la desaparición forzosa del hijo de Erika Arredondo. Se trata de la primera de las 34 carpetas que pasa a ser judicializada.

Estas investigaciones refuerzan la tesis que durante más de dos años repitieron las familias: que los posibles responsables de aquella ola de crímenes serían los mismos marinos que fueron enviados a Nuevo Laredo para, supuestamente, luchar contra la delincuencia organizada. Que fueron los marinos los que, presuntamente, desaparecieron o ejecutaron a 47 personas en seis meses que duró su despliegue.

Se trata del mayor caso de desapariciones forzosas registrado en México desde los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los que se busca desde septiembre de 2014. En este caso los delitos no se registraron el mismo día, sino que tuvieron lugar en un lapso de tiempo de seis meses, aunque se consideran parte de los mismos hechos. En muchos de los casos hay testigos e incluso videos que señalan a los marinos como presuntos responsables. Es decir, hay sólidos indicios de la participación de funcionarios del Estado en estos crímenes.

Según la FGR, 25 víctimas les siguen buscando, otras tres fueron encontradas con vida mientras que 19 fueron halladas muertas, la mayoría abandonadas en parajes de Nuevo Laredo, Coahuila y Nuevo León. Entre estas últimas se incluyen menores de edad como José Eugenio Hernández Romero, de 14 años y cuyo cuerpo apareció semienterrado en la carretera hacia Piedras Negras el 28 de abril o Heidi Méndez Echeverría, de 17 años y que fue encontrada muerta junto a su esposo, Jesús Roberto Ramos Martínez, el 6 de mayo de 2018.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y un Juez Federal Mexicano, en uno de los casos que ya fue judicializado, han dicho que existen suficientes pruebas para sostener lo que las familias de los muertos y desaparecidos han dicho en diferentes instancias: que sus allegados fueron secuestrados por elementos de la Semar, que se los llevaros en diversas situaciones. Algunos fueron capturados en su propia casa; otros, tras registrarse una persecución o un choque vehicular y, algunos, cuando caminaban por la calle.

La FGR explicó a Animal Político que baraja dos líneas de investigación iniciales por los 22 asesinatos extrajudiciales y las 25 desapariciones forzadas, que se encuentran en 34 carpetas de investigación: la primera, que los marinos secuestraron, desaparecieron y posiblemente asesinaron a estas personas; la segunda, que fueron criminales disfrazados como marinos los que secuestraron, desaparecieron y posiblemente asesinaron a estas personas.

El único caso llevado a un Juez Federal confirma ahora que los implicados son elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, lo que apuntala la versión de las víctimas, que sostienen que se trata de una estrategia sistemática por parte de las fuerzas federales.

La Semar declinó ofrecer información sobre este caso pendiente de resolución judicial. Sin embargo, a pregunta de Animal Político insistió en que “colabora y brinda toda la información solicitada por esas autoridades, para el desarrollo de todos los casos en que personal naval se ve sujeto a investigación”.

El marino al que se atribuye la recaptura del Chapo

Testimonios y documentos oficiales recabados por Animal Político apuntan a dos figuras clave en los operativos donde se presume que este cuerpo élite de la Marina desapareció y asesinó a estas 47 personas. El almirante Marco Antonio Ortega Siu y Alfredo Reyes Mondragón, quien estuvo al frente de la Base de Operaciones de Marina en Nuevo Laredo hasta junio de ese año, cuando la Semar ordenó acuartelar a 257 elementos en Ciudad de México. Este retorno de los oficiales, según reconoció la propia Semar en aquel momento, se produjo obligado por las denuncias públicas que ya los señalaba como responsables de la ola de desapariciones.

Ambos personajes son señalados en la recomendación 36VG/2020 de la CNDH como las cabezas de estos operativos junto a elementos de la Semar y responsables políticos y policíacos del estado de Tamaulipas y del municipio de Nuevo Laredo. Este documento fue publicado en julio y en él se hace responsable a la Marina de 27 desapariciones forzosas. De ellas, 12 de las víctimas fueron encontradas sin vida. En la recomendación, la institución que lidera Rosario Piedra Ibarra se comprometió a acudir a los tribunales para denunciar tanto a los marinos como a autoridades de Tamaulipas y elementos de la FGR. Tres meses después de hacer público el documento esta denuncia no se ha llevado a cabo, según una respuesta de acceso a la información solicitada por Animal Político.

Los documentos y testimonios revelan que estos dos oficiales son dos de los principales responsables de los hechos. El primero, por ser el jefe de la unidad que presuntamente cometió las desapariciones y que ya tiene a nueve integrantes imputados. Al segundo se le vincula directamente como perpetrador, ya que diversos testigos lo ubican en el lugar en el que algunas víctimas fueron vistas por última vez.

El almirante Marco Antonio Ortega Siu es un mando muy relevante en la Semar, pues es comandante del Cuartel General del Centro y jefe de la unidad de Fuerzas Especiales en el momento en el que se perpetraron los hechos. A Siu se le atribuyen los operativos de recaptura contra Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, jefe del cartel de Sinaloa y actualmente condenado en EUA a cadena perpetua, así como  otras operaciones relevantes de captura de capos y operadores de cárteles de la droga importantes.

Su relevancia fue tal que apareció en la terna de posibles sucesores que el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz le entregó al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para encabezar a la Semar en su gobierno.

La nueva administración, sin embargo, no lo tomó en cuenta y en el camino pasó al retiro. En Puebla el gobernador Miguel Barbosa lo había anunciado como su secretario de Seguridad Pública en junio de 2019, pero las indagatorias de la CNDH y de otras organizaciones civiles –incluso de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para México– acerca de las desapariciones forzadas en Tamaulipas frenaron su llegada.

Barbosa se vio obligado a rectificar y anunciar el nombramiento de otro marino, el Vicealmirante Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez. El argumento de Barbosa fue que la Semar requería aún de los servicios del almirante Ortega Siu. La institución, sin embargo, no quiso dar detalles a Animal Político sobre cuál es el destino actual del almirante.

En el caso de Reyes Mondragón el rol de este marino es más operativo y se le ubica directamente en los lugares en los que se perpetraron varias desapariciones. Por ejemplo, según documentó la CNDH en su recomendación 36VG/2020, él estaba al frente de un patrullaje que tuvo lugar entre la noche del 17 de febrero de 2018 y la madrugada del 18, tras el cual desaparecieron dos personas: Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loaiza, de 17 años.

De acuerdo con los testimonios recabados por la CNDH, las dos víctimas transitaban en un vehículo en la colonia Infonavit Fundadores de Nuevo Laredo pasada la medianoche cuando fueron perseguidos y terminaron chocando contra otro coche. Cuando estaban malheridos los marinos los capturaron y no se ha vuelto a saber nada de ellos.

“La comisión tiene por cierto que Alférez Hernández y Ballesteros Loaiza fueron detenidos en forma arbitraria por la Semar, posterior al accidente vehicular antes descrito. Asimismo, a partir de un testigo, es posible presumir una persecución por parte de personal naval al Vehículo 1 (en el que transitaban las víctimas) que colisionó contra el Vehículo 2, dado que habrían sido alcanzados por personal naval, sustraídos del interior del Vehículo 1 y detenidos en forma arbitraria para ser llevados a bordo de sus camionetas con rumbo desconocido”, dice la recomendación.

En estos hechos, Reyes Mondragón está identificado como uno de los marinos que participan en el patrullaje (junto con otro oficial y al menos 14 elementos más). También se le señala por ofrecer versiones contradictorias acerca de qué ocurrió aquella noche, incluso entregando documentación en la que deliberadamente se omite el accidente.

Este no es el único caso en el que este comandante aparece vinculado a las desapariciones. Según el relato de los hechos de la CNDH, también estaba al frente de un patrullaje que tuvo lugar entre el 26 y el 27 de marzo, que coincide con el momento en el que Daniel Trejo, de 41 años, y Gabriel Gaspar Vázquez, de 33 son capturados en un domicilio de Nuevo Laredo.

Jessica Molina, esposa de Trejo, se encontraba en la vivienda en el momento en el que los marinos irrumpieron en su interior. Ella, que estaba convaleciente de una operación, fue testigo de cómo uniformados entraron en la casa y golpearon durante al menos media hora a su esposo y a un amigo de este que llegó de Oaxaca buscando empleo. Le preguntaban que dónde guardaba las armas y por un apodo que jamás había escuchado. Luego se lo llevaron y no ha vuelto a saber nada de él.

“Solo espero que se detengan a los culpables, al menos a los mandos. Yo podría identificar al mando que nos interrogó para poderlo señalar abiertamente. Aunque se haya cubierto el rostro, lo repito y se lo digo en la cara, yo lo puedo reconocer, su voz la tengo taladrada en mi mente”, dijo, en entrevista con Animal Político.

En su momento, Molina presentó como prueba un video en el que se ve a marinos uniformados desplegarse frente a su casa y llevarse a su esposo. Ante estas pruebas,  la CNDH llegó a afirmar que “de las evidencias descritas se deduce la participación en los hechos de Reyes Mondragón, “un oficial…” y 13 elementos de la Semar”.

A pesar de su responsabilidad en el despliegue que se extendió entre diciembre de 2017 y junio de 2018, no hay constancia de que Ortega Siu o Reyes Mondragón hayan sido citados a declarar por la FGR. Al día de hoy, el oficial de mayor rango señalado por autoridades judiciales es Salvador Gerónimo Ramírez, quien fue interrogado por el Ministerio Público como testigo en la desaparición de Julio César Viramontes Arredondo y a quien el juez ya ha imputado. Este marino también aparece entre los oficiales a los que la CNDH señala como autores de desaparición forzosa.

Siete meses de operativo en Nuevo Laredo

Las presuntas desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales tuvieron lugar en un lapso concreto de tiempo en el que hubo un despliegue especial de la Armada en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y que comenzó el 11 de diciembre de 2017. En las tres bases con las que contaba la Semar en Nuevo Laredo fueron desplegados 257 efectivos, según datos proporcionados a la CNDH.

Animal Político preguntó a la Marina cuál era el propósito de aquel despliegue y esta respondió que “todos los despliegues operativos que la institución realiza son en coordinación con los tres órdenes de gobierno, sobre todo cuando son en calidad de Apoyo a la Seguridad Pública”.

En su recomendación, la CNDH identifica como “Orden de operaciones 1” y que se establece “para localizar, fijar, capturar a miembros de la delincuencia organizada (…) y coadyuvar con las autoridades de los tres niveles de gobierno en el restablecimiento del Estado de Derecho”, según dijo la Semar a la CNDH.  De acuerdo al oficio 458/2019, el propósito era “proporcionar apoyo en materia de seguridad al gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el despliegue de personal militar con la finalidad de auxiliar a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública”.

Se da la circunstancia de que este despliegue tuvo lugar cinco meses después de un encuentro celebrado a finales de julio en la Ciudad de México en el que participaron el almirante Ortega Siu, el entonces secretario de la Semar, almirante Vidal Francisco Soberón, y el actual jefe de gobierno del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Según informó en su momento el gobierno del estado, esta reunión era para fortalecer la presencia de la Armada en la Playa de Matamoros, Tamaulipas.

Desde el 11 de diciembre, 257 marinos fueron desplegados en Nuevo Laredo y no se retiraron hasta junio 2018, cuando fueron acuartelados ante la presión existente por las acusaciones sobre los desmanes presuntamente cometidos por sus unidades.

El destacamento estaba compuesto por 3 Capitanes, 24 Oficiales y 230 Clases y Marinería que estuvieron desplegados en tres bases. Con la retirada, dos de las bases pasaron a la Secretaría de la Defensa (Sedena) mientras que otra resultó completamente destruida tras un incendio provocado.

Según dijo la institución, todos sus integrantes fueron investigados por las desapariciones forzadas, aunque dos años después no se ha hecho público resultado alguno.

Los pocos avances que se han registrado fueron provocados por las familias, que durante todo este tiempo recabaron pruebas y tocaron la puerta de distintas instituciones para pedir apoyo.

En mayo de 2018 la oficina de la ONU para los Derechos Humanos habló de “fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad”. Organizaciones como Amnistía Internacional también mostraron su preocupación y dieron validez al testimonio de las familias de las víctimas. El 5 de diciembre de 2018, los afectados pudieron tomar la palabra dentro del 170 Período de sesiones de la CIDH. Allí recibieron el apoyo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien afirmó que actuarían contra los responsables, fuesen estos particulares o parte del Estado.

Nada de esto ha ocurrido.

Más de dos años después de la última de las desapariciones siguen sin ser encontradas 22 personas y nadie ha respondido por los crímenes. El señalamiento a la unidad de élite marca un punto de inflexión pero abre muchos interrogantes: quién era el mando último, si se trató de una reacción sobre el terreno o un operativo premeditado, hasta dónde llega la cadena de mando dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto o cuál es el papel que juegan los marinos señalados en la actual administración.

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Las teorías conspirativas que surgieron en torno al ataque del 11-S de 2001

Dos décadas después de los ataques las teorías conspirativas continúan propagándose y ganando adeptos.
10 de septiembre, 2021
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Las primeras teorías conspirativas del 11 de septiembre aparecieron en internet pocas horas después de los ataques en 2001, y desde entonces, con el auge de las redes sociales han crecido en alcance y escala.

Los extensos informes de la Comisión del 11 de Septiembre, de las agencias gubernamentales de Estados Unidos y los grupos de expertos, han refutado la existencia de cualquier conspiración oculta.

Pero grupos de activistas en Estados Unidos y en otros lugares, el movimiento de la Verdad del 11 de Septiembre, dicen que se han ocultado los hechos.

Algunos de los principales miembros del movimiento también han acogido las conspiraciones sobre covid-19 y las vacunas.

Y ciertos políticos de alto nivel, celebridades y figuras de los medios también han cuestionado la versión oficial.

“Gobierno mundial”

El surgimiento de nuevos movimientos de conspiración en internet, como QAnon, cuyos seguidores, entre otros puntos de vista conspirativos, creen que un “Estado profundo” estadounidense responsable de los ataques ha mantenido estas teorías de conspiración en circulación y las ha llevado a una audiencia mucho más amplia.

Y los videos en internet de una serie de películas conocidas como “Loose Change” han reforzado muchas de las falsedades que circulan.

Algunos afirman que el gobierno de EE.UU. organizó los ataques o los conocía de antemano y los permitió.

Y estas falsedades se entrelazan con la creencia de los movimientos en internet más recientes de que las élites globales planean restringir las libertades civiles en respuesta a los ataques y facilitar el establecimiento de un gobierno mundial autoritario.

ataques del 11/09

Getty Images

Una afirmación ampliamente compartida en internet, “El combustible para aviones no puede derretir vigas de acero”, sugiere que las Torres Gemelas del World Trade Center fueron demolidas por explosivos.

Pero según un informe oficial, los aviones estrellados dañaron considerablemente las columnas de soporte de ambas torres y se desprendieron los materiales resistentes al fuego.

Además, los incendios alcanzaron los 1.000° C en algunas áreas, lo que provocó que las vigas de acero se deformaran y el eventual colapso de los edificios.

Incendios incontrolados

El colapso del 7 World Trade Center, un rascacielos de 47 pisos en las cercanías de las Torres Gemelas, ha atraído muchas teorías de conspiración, algunas de las cuales fueron tendencia en las principales redes sociales en el aniversario del 11 de septiembre del año pasado.

Este edificio, que contiene oficinas de la CIA, el Departamento de Defensa y la Oficina de Manejo de Emergencias, se derrumbó horas después de las Torres Gemelas sin ser alcanzado por un avión ni atacado directamente.

Pero en 2008, una investigación de tres años realizada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología concluyó que se había derrumbado debido a incendios intensos y descontrolados, que duraron casi siete horas, iniciados por los escombros de la caída de la cercana Torre Norte.

El 7 World Trade Center fue la primera torre de este tipo que colapsó debido a un incendio.

Pero en 2017, la torre Plasco en la capital iraní, Teherán, se convirtió en la segunda.

Volverse viral

El hecho de que el colapso del 7 World Trade Center fue anunciado en un informe en vivo por la corresponsal de BBC News, Jane Stanley, mientras el edificio todavía estaba visible detrás de ella, ha sido citado por teóricos de la conspiración como evidencia de que las principales organizaciones de medios de comunicación fueron parte del complot que llevó a los hechos.

reporte de la BBC

BBC
La BBC informó erróneamente sobre el derrumbe del 7 World Trade Center.

La agencia de noticias Reuters había informado erróneamente del colapso del edificio, un reporte que también fue recogido por CNN, justo antes de la transmisión en vivo.

Reuters luego emitió una corrección, pero los cortes del informe continúan haciéndose virales en los días previos a los aniversarios del 11 de septiembre.

Jet corporativo

Algunas teorías de conspiración en internet sugieren que se dispararon misiles estadounidenses contra el Pentágono, como parte de un complot del gobierno, y que el agujero que quedó en el edificio era demasiado pequeño para haber sido causado por un avión de pasajeros.

Pero un miembro de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles le dijo a la revista Popular Mechanics que el tamaño y la forma del agujero se debieron a que un ala del Boeing 757 golpeó el suelo y la otra se cortó al impactar con el edificio.

Mientras tanto, el vuelo 93 de United Airlines se estrelló cerca de Shanksville, Pensilvania, luego de que los pasajeros intentaron quitarle a los secuestradores el control del avión.

Las teorías en internet afirman que fue derribado por un avión corporativo blanco que volaba hacia un aeropuerto cercano.

Pero los funcionarios de aviación habían pedido al avión que inspeccionara el área, lo que hizo, informando de evidencia de un gran agujero en el suelo del que salía humo.

Las teorías conspirativas sugieren que un misil cayó sobre el Pentágono.

Getty Images
Las teorías conspirativas sugieren que un misil cayó sobre el Pentágono.

El vicepresidente Dick Cheney reveló más tarde en su autobiografía que, tras el ataque a las Torres Gemelas, había ordenado el derribo de cualquier avión comercial que se creyera que había sido secuestrado.

Pero en el caos y la confusión que siguió al ataque, su orden no pasó a los pilotos de combate, según el informe de la Comisión del 11 de Septiembre.

“Élites judías”

Otra teoría afirma falsamente que ningún judío murió en los ataques porque 4.000 empleados judíos en el World Trade Center habían recibido un aviso previo para que no se presentaran a trabajar.

Los creyentes en ella concluyen que el gobierno israelí montó los ataques para incitar a Estados Unidos a atacar a sus enemigos regionales o se responsabiliza a poderosas élites judías que controlan los acontecimientos mundiales desde las sombras.

Pero de las 2.071 víctimas que trabajaban en el World Trade Center el 11 de septiembre, se confirmó que 119 eran judíos y se cree que al menos otros 72 también lo eran.

Eso constituiría el 9,2% de las víctimas, según una investigación del documental “Conspiracy Files” de la BBC, una cifra similar al 9,7% de la población que en ese momento viajaba al trabajo en Nueva York que se creía que era judía.

Y algunos estiman que hasta 400 judíos podrían haber muerto ese día.

Teorías similares rodean a otros Estados, incluidos Irak e Irán, pero nunca se ha encontrado evidencia de su participación directa.


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