FGR investiga a grupo élite de la Marina por desapariciones en Nuevo Laredo
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Foto: Alejandro Ponce

'Fueron los marinos': FGR investiga a grupo de élite de la Marina por desaparición de 47 personas en Nuevo Laredo

La Fiscalía General tiene 34 carpetas abiertas por los casos de la desaparición de 47 personas entre enero y junio de 2018 en Nuevo Laredo; las sospechas se centran en la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada.
Foto: Alejandro Ponce
Por Alberto Pradilla y Arturo Ángel
4 de noviembre, 2020
Comparte

Esta nota la leyeron antes nuestros suscriptores. Suscríbete a Animal Político y lee contenido antes que nadie.

Erika Arredondo, de 42 años, no puede olvidar los tres días en los que pasó preguntando si tenían a su hijo al interior del cuartel de la Secretaría de Marina (Semar) en la avenida Leona Vicario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Todo comenzó el 19 de febrero de 2018. Fue cuando recibió el aviso de que Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años, había sido embestido por un vehículo de la Armada de México mientras transitaba en un coche con otra persona.

Entérate: Recetario para la memoria, madres y hermanas cocinan para sus desaparecidos

Ella, que se encontraba en Houston, Texas, Estados Unidos, cruzó inmediatamente a México para ver qué había ocurrido. Llamó a la puerta del cuartel, buscó en hospitales y comandancias de policía, pero nada. Ni una sola pista más allá de lo que le dijeron los testigos del choque: “se lo llevaron los marinos”.

“Me pudo haber escuchado que yo estaba ahí. Porque duré días afuera de ese cuartel. Los marinos lo negaban, pero ahora dicen que sí estuvo ahí. Eso hace más grande mi coraje, más grande mi dolor, porque estuve cerquita de él y no pude sacarlo”, dice Arredondo en entrevista con Animal Político.

Desde aquella terrible semana la mujer no ha vuelto a saber nada de su hijo. Desesperada por la pasividad de las autoridades, exige saber qué hicieron con él y que se castigue a los culpables.

No es la única en esta situación.

Julio César es uno de los 47 desaparecidos entre enero y junio de 2018 en Nuevo Laredo que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a través de 34 carpetas abiertas. Para familiares como Erika Arredondo la respuesta sobre qué ocurrió con las víctimas es clara: “fueron los marinos”.

Documentos a los que tuvo acceso Animal Político revelan que las sospechas se centran en la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES) de la Armada, la unidad de élite que se encarga de los grandes operativos contra el crimen organizado en México.

Al frente de aquel operativo se encontraban dos mandos: el almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la unidad de operaciones especiales de la Semar en el momento de los hechos, y Alfredo Reyes Mondragón, capitán de fragata al frente de la Base de Operaciones de Marina en Nuevo Laredo hasta junio de ese año. El primero es conocido porque se le atribuyó estar detrás de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, líder del cartel de Sinaloa.

Un juez de Reynosa, Tamaulipas, ha encontrado indicios que vinculan a nueve de los subordinados de Ortega Siu y Reyes Mondragón con la desaparición forzosa del hijo de Erika Arredondo. Se trata de la primera de las 34 carpetas que pasa a ser judicializada.

Estas investigaciones refuerzan la tesis que durante más de dos años repitieron las familias: que los posibles responsables de aquella ola de crímenes serían los mismos marinos que fueron enviados a Nuevo Laredo para, supuestamente, luchar contra la delincuencia organizada. Que fueron los marinos los que, presuntamente, desaparecieron o ejecutaron a 47 personas en seis meses que duró su despliegue.

Se trata del mayor caso de desapariciones forzosas registrado en México desde los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los que se busca desde septiembre de 2014. En este caso los delitos no se registraron el mismo día, sino que tuvieron lugar en un lapso de tiempo de seis meses, aunque se consideran parte de los mismos hechos. En muchos de los casos hay testigos e incluso videos que señalan a los marinos como presuntos responsables. Es decir, hay sólidos indicios de la participación de funcionarios del Estado en estos crímenes.

Según la FGR, 25 víctimas les siguen buscando, otras tres fueron encontradas con vida mientras que 19 fueron halladas muertas, la mayoría abandonadas en parajes de Nuevo Laredo, Coahuila y Nuevo León. Entre estas últimas se incluyen menores de edad como José Eugenio Hernández Romero, de 14 años y cuyo cuerpo apareció semienterrado en la carretera hacia Piedras Negras el 28 de abril o Heidi Méndez Echeverría, de 17 años y que fue encontrada muerta junto a su esposo, Jesús Roberto Ramos Martínez, el 6 de mayo de 2018.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y un Juez Federal Mexicano, en uno de los casos que ya fue judicializado, han dicho que existen suficientes pruebas para sostener lo que las familias de los muertos y desaparecidos han dicho en diferentes instancias: que sus allegados fueron secuestrados por elementos de la Semar, que se los llevaros en diversas situaciones. Algunos fueron capturados en su propia casa; otros, tras registrarse una persecución o un choque vehicular y, algunos, cuando caminaban por la calle.

La FGR explicó a Animal Político que baraja dos líneas de investigación iniciales por los 22 asesinatos extrajudiciales y las 25 desapariciones forzadas, que se encuentran en 34 carpetas de investigación: la primera, que los marinos secuestraron, desaparecieron y posiblemente asesinaron a estas personas; la segunda, que fueron criminales disfrazados como marinos los que secuestraron, desaparecieron y posiblemente asesinaron a estas personas.

El único caso llevado a un Juez Federal confirma ahora que los implicados son elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, lo que apuntala la versión de las víctimas, que sostienen que se trata de una estrategia sistemática por parte de las fuerzas federales.

La Semar declinó ofrecer información sobre este caso pendiente de resolución judicial. Sin embargo, a pregunta de Animal Político insistió en que “colabora y brinda toda la información solicitada por esas autoridades, para el desarrollo de todos los casos en que personal naval se ve sujeto a investigación”.

El marino al que se atribuye la recaptura del Chapo

Testimonios y documentos oficiales recabados por Animal Político apuntan a dos figuras clave en los operativos donde se presume que este cuerpo élite de la Marina desapareció y asesinó a estas 47 personas. El almirante Marco Antonio Ortega Siu y Alfredo Reyes Mondragón, quien estuvo al frente de la Base de Operaciones de Marina en Nuevo Laredo hasta junio de ese año, cuando la Semar ordenó acuartelar a 257 elementos en Ciudad de México. Este retorno de los oficiales, según reconoció la propia Semar en aquel momento, se produjo obligado por las denuncias públicas que ya los señalaba como responsables de la ola de desapariciones.

Ambos personajes son señalados en la recomendación 36VG/2020 de la CNDH como las cabezas de estos operativos junto a elementos de la Semar y responsables políticos y policíacos del estado de Tamaulipas y del municipio de Nuevo Laredo. Este documento fue publicado en julio y en él se hace responsable a la Marina de 27 desapariciones forzosas. De ellas, 12 de las víctimas fueron encontradas sin vida. En la recomendación, la institución que lidera Rosario Piedra Ibarra se comprometió a acudir a los tribunales para denunciar tanto a los marinos como a autoridades de Tamaulipas y elementos de la FGR. Tres meses después de hacer público el documento esta denuncia no se ha llevado a cabo, según una respuesta de acceso a la información solicitada por Animal Político.

Los documentos y testimonios revelan que estos dos oficiales son dos de los principales responsables de los hechos. El primero, por ser el jefe de la unidad que presuntamente cometió las desapariciones y que ya tiene a nueve integrantes imputados. Al segundo se le vincula directamente como perpetrador, ya que diversos testigos lo ubican en el lugar en el que algunas víctimas fueron vistas por última vez.

El almirante Marco Antonio Ortega Siu es un mando muy relevante en la Semar, pues es comandante del Cuartel General del Centro y jefe de la unidad de Fuerzas Especiales en el momento en el que se perpetraron los hechos. A Siu se le atribuyen los operativos de recaptura contra Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, jefe del cartel de Sinaloa y actualmente condenado en EUA a cadena perpetua, así como  otras operaciones relevantes de captura de capos y operadores de cárteles de la droga importantes.

Su relevancia fue tal que apareció en la terna de posibles sucesores que el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz le entregó al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para encabezar a la Semar en su gobierno.

La nueva administración, sin embargo, no lo tomó en cuenta y en el camino pasó al retiro. En Puebla el gobernador Miguel Barbosa lo había anunciado como su secretario de Seguridad Pública en junio de 2019, pero las indagatorias de la CNDH y de otras organizaciones civiles –incluso de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para México– acerca de las desapariciones forzadas en Tamaulipas frenaron su llegada.

Barbosa se vio obligado a rectificar y anunciar el nombramiento de otro marino, el Vicealmirante Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez. El argumento de Barbosa fue que la Semar requería aún de los servicios del almirante Ortega Siu. La institución, sin embargo, no quiso dar detalles a Animal Político sobre cuál es el destino actual del almirante.

En el caso de Reyes Mondragón el rol de este marino es más operativo y se le ubica directamente en los lugares en los que se perpetraron varias desapariciones. Por ejemplo, según documentó la CNDH en su recomendación 36VG/2020, él estaba al frente de un patrullaje que tuvo lugar entre la noche del 17 de febrero de 2018 y la madrugada del 18, tras el cual desaparecieron dos personas: Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loaiza, de 17 años.

De acuerdo con los testimonios recabados por la CNDH, las dos víctimas transitaban en un vehículo en la colonia Infonavit Fundadores de Nuevo Laredo pasada la medianoche cuando fueron perseguidos y terminaron chocando contra otro coche. Cuando estaban malheridos los marinos los capturaron y no se ha vuelto a saber nada de ellos.

“La comisión tiene por cierto que Alférez Hernández y Ballesteros Loaiza fueron detenidos en forma arbitraria por la Semar, posterior al accidente vehicular antes descrito. Asimismo, a partir de un testigo, es posible presumir una persecución por parte de personal naval al Vehículo 1 (en el que transitaban las víctimas) que colisionó contra el Vehículo 2, dado que habrían sido alcanzados por personal naval, sustraídos del interior del Vehículo 1 y detenidos en forma arbitraria para ser llevados a bordo de sus camionetas con rumbo desconocido”, dice la recomendación.

En estos hechos, Reyes Mondragón está identificado como uno de los marinos que participan en el patrullaje (junto con otro oficial y al menos 14 elementos más). También se le señala por ofrecer versiones contradictorias acerca de qué ocurrió aquella noche, incluso entregando documentación en la que deliberadamente se omite el accidente.

Este no es el único caso en el que este comandante aparece vinculado a las desapariciones. Según el relato de los hechos de la CNDH, también estaba al frente de un patrullaje que tuvo lugar entre el 26 y el 27 de marzo, que coincide con el momento en el que Daniel Trejo, de 41 años, y Gabriel Gaspar Vázquez, de 33 son capturados en un domicilio de Nuevo Laredo.

Jessica Molina, esposa de Trejo, se encontraba en la vivienda en el momento en el que los marinos irrumpieron en su interior. Ella, que estaba convaleciente de una operación, fue testigo de cómo uniformados entraron en la casa y golpearon durante al menos media hora a su esposo y a un amigo de este que llegó de Oaxaca buscando empleo. Le preguntaban que dónde guardaba las armas y por un apodo que jamás había escuchado. Luego se lo llevaron y no ha vuelto a saber nada de él.

“Solo espero que se detengan a los culpables, al menos a los mandos. Yo podría identificar al mando que nos interrogó para poderlo señalar abiertamente. Aunque se haya cubierto el rostro, lo repito y se lo digo en la cara, yo lo puedo reconocer, su voz la tengo taladrada en mi mente”, dijo, en entrevista con Animal Político.

En su momento, Molina presentó como prueba un video en el que se ve a marinos uniformados desplegarse frente a su casa y llevarse a su esposo. Ante estas pruebas,  la CNDH llegó a afirmar que “de las evidencias descritas se deduce la participación en los hechos de Reyes Mondragón, “un oficial…” y 13 elementos de la Semar”.

A pesar de su responsabilidad en el despliegue que se extendió entre diciembre de 2017 y junio de 2018, no hay constancia de que Ortega Siu o Reyes Mondragón hayan sido citados a declarar por la FGR. Al día de hoy, el oficial de mayor rango señalado por autoridades judiciales es Salvador Gerónimo Ramírez, quien fue interrogado por el Ministerio Público como testigo en la desaparición de Julio César Viramontes Arredondo y a quien el juez ya ha imputado. Este marino también aparece entre los oficiales a los que la CNDH señala como autores de desaparición forzosa.

Siete meses de operativo en Nuevo Laredo

Las presuntas desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales tuvieron lugar en un lapso concreto de tiempo en el que hubo un despliegue especial de la Armada en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y que comenzó el 11 de diciembre de 2017. En las tres bases con las que contaba la Semar en Nuevo Laredo fueron desplegados 257 efectivos, según datos proporcionados a la CNDH.

Animal Político preguntó a la Marina cuál era el propósito de aquel despliegue y esta respondió que “todos los despliegues operativos que la institución realiza son en coordinación con los tres órdenes de gobierno, sobre todo cuando son en calidad de Apoyo a la Seguridad Pública”.

En su recomendación, la CNDH identifica como “Orden de operaciones 1” y que se establece “para localizar, fijar, capturar a miembros de la delincuencia organizada (…) y coadyuvar con las autoridades de los tres niveles de gobierno en el restablecimiento del Estado de Derecho”, según dijo la Semar a la CNDH.  De acuerdo al oficio 458/2019, el propósito era “proporcionar apoyo en materia de seguridad al gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el despliegue de personal militar con la finalidad de auxiliar a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública”.

Se da la circunstancia de que este despliegue tuvo lugar cinco meses después de un encuentro celebrado a finales de julio en la Ciudad de México en el que participaron el almirante Ortega Siu, el entonces secretario de la Semar, almirante Vidal Francisco Soberón, y el actual jefe de gobierno del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Según informó en su momento el gobierno del estado, esta reunión era para fortalecer la presencia de la Armada en la Playa de Matamoros, Tamaulipas.

Desde el 11 de diciembre, 257 marinos fueron desplegados en Nuevo Laredo y no se retiraron hasta junio 2018, cuando fueron acuartelados ante la presión existente por las acusaciones sobre los desmanes presuntamente cometidos por sus unidades.

El destacamento estaba compuesto por 3 Capitanes, 24 Oficiales y 230 Clases y Marinería que estuvieron desplegados en tres bases. Con la retirada, dos de las bases pasaron a la Secretaría de la Defensa (Sedena) mientras que otra resultó completamente destruida tras un incendio provocado.

Según dijo la institución, todos sus integrantes fueron investigados por las desapariciones forzadas, aunque dos años después no se ha hecho público resultado alguno.

Los pocos avances que se han registrado fueron provocados por las familias, que durante todo este tiempo recabaron pruebas y tocaron la puerta de distintas instituciones para pedir apoyo.

En mayo de 2018 la oficina de la ONU para los Derechos Humanos habló de “fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad”. Organizaciones como Amnistía Internacional también mostraron su preocupación y dieron validez al testimonio de las familias de las víctimas. El 5 de diciembre de 2018, los afectados pudieron tomar la palabra dentro del 170 Período de sesiones de la CIDH. Allí recibieron el apoyo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien afirmó que actuarían contra los responsables, fuesen estos particulares o parte del Estado.

Nada de esto ha ocurrido.

Más de dos años después de la última de las desapariciones siguen sin ser encontradas 22 personas y nadie ha respondido por los crímenes. El señalamiento a la unidad de élite marca un punto de inflexión pero abre muchos interrogantes: quién era el mando último, si se trató de una reacción sobre el terreno o un operativo premeditado, hasta dónde llega la cadena de mando dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto o cuál es el papel que juegan los marinos señalados en la actual administración.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

6 preguntas para entender cómo Trump y los republicanos rebeldes quieren revertir en el Congreso la victoria de Biden

Te presentamos algunas claves sobre esta decisiva jornada y por qué es casi imposible que las objeciones de algunos republicanos salgan adelante.
6 de enero, 2021
Comparte

Dos meses después de las elecciones, el proceso para confirmar la victoria de Joe Biden en las presidenciales de Estados Unidos llega a su momento culminante.

O al menos eso dicen la tradición y la historia, pero si algo nos ha demostrado este ciclo electoral es que nada está escrito sobre piedra.

El evento, que suele ser una mera ceremonia, ha generado gran expectación este año, no solo por la negativa del presidente Donald Trump a aceptar su derrota, sino por la determinación de algunos legisladores republicanos a bloquear el proceso.

Sin embargo, sus posibilidades son prácticamente nulas, ya que los demócratas controlan la Cámara de Representantes.

Donald Trump en un mitin en Georgia el 4 de enero de 2021

EPA
“No se van a llevar esta Casa Blanca. Vamos a luchar hasta el final”, dijo un desafiante Trump durante un acto de campaña en Georgia el pasado lunes.

En BBC Mundo te presentamos algunas claves sobre esta decisiva jornada y por qué es casi imposible que las objeciones de algunos republicanos salgan adelante.

1. ¿Qué pasa este miércoles 6 de enero?

De acuerdo con la ley electoral de Estados Unidos, los estados tienen que enviar los resultados del voto del Colegio Electoral al Congreso para que sean contados y certificados.

El proceso suele ser una formalidad: la ley dictamina que el Congreso tiene que tratar los resultados ya certificados por los estados como “concluyentes”.

Mapa electoral de Estados Unidos

Getty Images
El Colegio Electoral se reúne cada cuatro años, unas semanas después del día de las elecciones, para emitir su voto.

Todos los estados certificaron los resultados antes de la fecha límite, el 8 de diciembre, y el Colegio Electoral confirmó la victoria de Joe Biden el 14 de ese mes.

Hay que recordar que el Colegio Electoral está formado por 538 electores cuya función es elegir al presidente y vicepresidente según el voto popular en sus respectivos estados.

Un candidato necesita ganar una mayoría de los votos electorales -270 o más- para llegar a la presidencia.

Biden derrotó a Trump por 306-232. Al Congreso le corrresponde ahora certificar el resultado del Colegio Electoral.

Mujer de espaldas votando

Getty Images
El proceso electoral de Estados Unidos tiene una serie de etapas que se desarrollan entre principios de noviembre y finales de enero.

El vicepresidente Mike Pence presidirá la sesión y será quien declare el ganador.

¿Eso es todo? Este año, no.

2. ¿Se puede detener la certificación en este punto?

La ley de Recuento Electoral les permite a los legisladores objetar los resultados electorales de uno o varios estados.

Para que una objeción sea escuchada, debatida y votada tiene que contar al menos con el respaldo de un miembro de la Cámara y un miembro del Senado.

En ese caso, las dos cámaras se separan y tienen dos horas para debatir el tema antes de votar si aceptan o no la objeción. Y así sucesivamente con cada una de las objeciones.

Para que los votos electorales de un estado sean rechazados, la objeción tiene que ser aprobada por una mayoría en ambas cámaras, algo prácticamente imposible teniendo en cuenta que los demócratas controlan la de Representantes.

Al Gore y George Bush

Reuters
En enero de 2001, el entonces vicepresidente Al Gore (izqda.) fue el encargado de certificar la victoria de George Bush, que le derrotó en las elecciones.

Hay que destacar que los desafíos a los resultados, sobre todo en la Cámara, son algo común y hay numerosos precedentes: el más reciente ocurrió en las elecciones de 2016, cuando varios congresistas demócratas presentaron sus objeciones a la victoria de Trump.

Curiosamente, en esa ocasión fue el entonces vicepresidente Joe Biden quien les dijo a sus compañeros de filas que no obstaculizaran la certificación.

3. ¿Cuáles son los desafíos concretos?

Se sabe que más de 100 republicanos de la Cámara de Representantes van a presentar objeciones.

Son en su mayoría miembros del llamado caucus de la Libertad liderados por Mo Brooks, un congresista por Alabama que es uno de los mayores aliados de Trump en la Cámara.

La gran pregunta era si conseguirían el apoyo de algún senador para al menos forzar el debate.

El primero que apareció fue Josh Hawley, senador republicano por Misuri que objetará la certificación de los votos “por dudas sobre la integridad de la elección”, a pesar de que no hay evidencia de fraude.

Josh Hawley

Reuters
Josh Hawley fue el primer senador republicano en decir que objetará los resultados electorales.

Y 13 senadores liderados por Ted Cruz han pedido que la certificación se retrase 10 días para dar tiempo a hacer una auditoría sobre las acusaciones de fraude.

En concreto, los objetores cuestionan los resultados de estos seis estados péndulo: Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Nevada, aunque finalmente puede que solo impugnen los de Arizona, Georgia y Pensilvania.

Alegan que hubo deficiencias en la aplicación de las leyes electorales en esos estados, pero todas las demandas presentadas ante tribunales estatales y federales han sido desestimadas.

Además, investigaciones del Departamento de Justicia y el FBI no han hallado rastros de fraude y los diversos recuentos de votos realizados en algunos estados han confirmado los resultados iniciales.

Ted Cruz

Reuters
El senador por Texas Ted Cruz se ha convertido en uno de los principales aliados de Trump en su intento de disputar el resultado electoral.

Varios republicanos han expresado su oposición al bloqueo, entre ellos el líder del Senado, Mitch McConnell, y su número 2, John Thune, así como otros destacados senadores, lo que hace pensar que las objeciones no saldrán adelante.

Es por esto que analistas e incluso algunos legisladores republicanos, como el senador Ben Sasse, leen estas iniciativas como una estrategia de sus impulsores para ganarse el respaldo del electorado fiel a Trump.

Hawley y Cruz se ven como potenciales candidatos para las elecciones de 2024 y sus respectivas tácticas se pueden interpretar como una carrera por demostrar quién es más leal al presidente saliente.

4. ¿Qué papel juega Mike Pence?

Esta pelea ha suscitado también preguntas sobre el papel que jugará el vicepresidente Mike Pence, a quien le corresponde oficiar la sesión conjunta del Congreso.

Mike Pence

Getty Images/Pool
El vicepresidente Mike Pence presidió la ceremonia de juramentación de los nuevos senadores en la antigua cámara del Senado en Capitol Hill el domingo 3 de enero.

El foco sobre Pence lo ha puesto sobre todo el propio Trump, que este martes tuiteó: “El vicepresidente tiene el poder de rechazar electores elegidos de forma fraudulenta”.

Con sus palabras, el presidente daba credibilidad a una teoría errónea que sugiere que Pence puede dar la vuelta a los resultados de las elecciones durante el recuento de los votos.

Sin embargo, el papel de Pence este miércoles es meramente administrativo.

Los creadores de este proceso eran muy conscientes de que el vicepresidente tendría un gran interés personal en designar un ganador, por eso su función es más simbólica que activa.

Pence debe abrir los sobres de cada estado y decir en voz alta cuántos electores recibe cada candidato.

Nancy Pelosi

Reuters
Con la Cámara de Representantes en manos de los demócratas es muy improbable que alguna objeción salga adelante.

Los intentos para que Pence tenga una función más decisiva no vienen solo de Trump.

El congresista republicano por Texas Louis Gohmert presentó una demanda en un tribunal federal para ignorar la ley de Recuento Electoral y hacer que Pence tuviera la capacidad legal de elegir el conjunto de electores que quisiera.

Un juez federal de Texas, designado por Trump, desestimó la demanda de inmediato.

En cualquier caso, Pence queda en una incómoda posición después de haberse distinguido durante los últimos cuatro años por su inexorable fidelidad a Trump.

Mike Pence y Donald Trump

Reuters
Trump dijo el lunes ante sus incondicionales seguidores que si Pence “no cumple” ya no le caerá tan bien.

Su modo de actuar este miércoles puede determinar su relación futura con el hombre al que ha servido lealmente, incluso en momentos que le podían perjudicar políticamente.

5. ¿Qué dicen los demócratas?

El Partido Demócrata se ha mantenido alejado de la polémica y se ha dedicado a insistir en que Joe Biden y Kamala Harris asumirán el poder el 20 de enero.

La senadora demócrata por Minesota Amy Klobuchar será la encargada de liderar la respuesta a las objeciones republicanas este miércoles, una labor para la que dijo sentirse respaldada por un grupo bipartidario al que calificó de “combatientes contra el golpe”.

Joe Biden en un mitin en Georgia el 4 de enero de 2021

EPA
Joe Biden también ganó el voto popular por más de siete millones de papeletas de diferencia.

“El Congreso certificará los resultados de la elección como hace cada cuatro años”, señaló por su parte la portavoz de Biden, Jen Psaki.

6. Qué pasa después, ¿hay alguna posibilidad de revertir la victoria de Biden?

En principio, la certificación del Congreso es el último paso en el camino hacia la Casa Blanca, donde Biden se instalará el 20 de enero.

No se puede anticipar cuál será la reacción y estrategia de Trump y sus aliados pasados los sucesos de este 6 de enero.

Como señala el periodista de la BBC Anthony Zurcher, especializado en política estadounidense, es posible que Trump nunca deje de cuestionar la validez de las elecciones presidenciales de 2020, pero el recuento de los votos en el Congreso es el último obstáculo entre Biden y su investidura.

“Es un obstáculo que, con la ayuda de los demócratas y de algunos republicanos, Biden sorteará sin problema”, sostiene Zurcher.

“Es también la última ocasión para que los partidarios del presidente en el Congreso demuestren lealtad a su hombre mientras sigue en el cargo. En ese sentido, los eventos del día (y la noche y quizá la mañana siguiente) pueden arrojar luz sobre la extensión del apoyo que todavía tiene el presidente”, añade.

Vista nocturna del Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos

EPA
Queda por ver el impacto que este largo y litigado proceso electoral tendrá en la democracia estadounidense.

En cuanto a las secuelas que este largo proceso de litigios y acusaciones de fraude puede tener en el sistema democrático del país, la profesora de Derecho en la Escuela de Leyes Loyola (Los Ángeles) Jessica Levinson ve varias señales de alarma.

“Me faltan las palabras para describir lo subversivo que es esto para nuestro sistema de gobierno“, le dice Levinson a BBC Mundo.

“Me horroriza la idea de que la gente que supuestamente nos tiene que representar esté cayendo en falsedades, teorías de la conspiración, etc, aparentemente porque creen que es políticamente popular.

“No me preocupa tanto que Biden no vaya a ser confirmado, sino lo que nos pase a largo plazo. Al menos 40 millones de votantes se creen mentiras, falsedades, teorías de la conspiración. Tenemos que confrontar el problema de que las personas vivimos en universos informativos paralelos“, opina.

“Tenemos que dar un paso atrás y recuperar la democracia”.

raya separatoria

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=qH_FSdsBEf0&t=4s

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.