Universidad presuntamente lavó dinero con licitación simulada
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Con licitación simulada, Universidad de Morelos presuntamente lavó y ocultó dinero de La Estafa Maestra

Este fraude junto con la denuncia de la UIF son el sustento de la orden de aprehensión girada contra 11 personas por lavado y crimen organizado, entre ellos los socios de tres compañías de Nuevo León.
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23 de noviembre, 2020
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) presuntamente simuló, en 2014, una licitación con varias empresas para transferir más de 77 millones de pesos que había recibido de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El aparente concurso – que luego quiso ocultar en una auditoría – fue el primer paso de un mecanismo organizado para lavar dinero desviado bajo el esquema de “La Estafa Maestra”.

Así lo señala la acusación que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) presentó ante un juez federal para obtener once órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada. Tres de estas órdenes son en contra de exfuncionarios de la referida casa de estudios, entre ellos el que fuera rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, quienes hoy están prófugos.

El supuesto fraude denunciado ante el juez se ejecutó tras la firma de un convenio entre la Sedesol y la UAEMOR por servicios que según SEIDO no se ejecutaron. En la triangulación de los recursos derivados de este convenio, que es uno de los descritos en el reportaje de “La Estafa Maestra”, están implicadas tres empresas de Nuevo León en contra de cuyos administradores también se giraron órdenes de arresto.

Lee: La Estafa Maestra: Más de 1,200 mdp fueron desviados a la campaña del Edomex y para promover a Osorio Chong

De acuerdo con los investigadores, todo lo anterior ocurrió con la presunta complicidad de exfuncionarios federales de la propia Sedesol, entre ellos la que fuera titular Rosario Roles Berlanga, a quien se señala de no impedir la firma de convenios, por lo cual también ordenó su arresto. Pero la salida del dinero fue avalada realmente por el que fuera Oficial Mayor de dicha dependencia, Emilio Zebadúa, a quien no se le giró orden de arresto pues está fungiendo como testigo delator.

Los datos contenidos en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019, a los que Animal Político tuvo acceso, detallan que la trama fraudulenta se remonta al 1 de septiembre de 2014 cuando la Sedesol firmó el convenio de colaboración sin número con la UAEMOR por un monto de 77 millones 847 mil 14 pesos.

El objetivo de ese convenio era el levantamiento de información vía cuestionarios que permitiera conocer la opinión de la población de seis estados sobre la efectividad de programas sociales y la entrega de apoyos. 

En el texto del convenio firmado, la Universidad sostuvo que contaba con la “capacidad técnica, material y humana” para realizar por lo menos el 51 por ciento de los servicios por los cuales se le transferiría el dinero. Ese requisito era indispensable para que la Sedesol pudiera adjudicarle a la UAEMOR el monto del contrato sin ningún tipo de licitación, una vez que ejecutara los servicios.

Tres meses después, el 8 de diciembre el 2017, el director General de Geostadística de Padrones de Sedesol, José Antonilo Orozco Martínez, y el Director de Empresas de la UAEMOR Wistano Orozco García, firmaron un oficio en el que se avalaba que los cuestionarios contratados habían sido entregados y el servicio estaba cubierto satisfactoriamente. Ese mismo día la Sedesol transfirió los 77 millones a una cuenta de la Universidad.

Entérate: Videgaray en la mira: Zebadúa lo acusa de ordenar La Estafa Maestra para ayudar a Peña

La realidad, según confirmó la SEIDO, es que los servicios no se llevaron a cabo. Hoy los funcionarios que firmaron el referido oficio también tienen órdenes de captura y están prófugos. Pero para el momento en que la Sedesol alistaba el pago a la UAEMOR ya se había puesto en marcha la operación para lavar el dinero.

Dinero llega, dinero va

La última semana de noviembre de 2014 la UAEMOR emitió la licitación pública LP/DES/07/2014 para la contratación de un servicio que era el mismo que había convenido meses antes con Sedesol y que, en teoría, ya estaba por terminar: la realización de encuestas sobre programas sociales en seis estados.

Según los documentos, en la licitación se inscribieron dos empresas Grupo Industrial y Servicios Yafed S.A. de C.V. y FEMEXPORT. La competencia era una simulación pues dichas empresas eran factureras y compartían el mismo domicilio fiscal. El contrato fue adjudicado a la primera de ellas.

El 8 de diciembre, el día en que supuestamente se reportaron concluidos los servicios, la Sedesol transfirió los 77 millones convenidos a la cuenta bancaria número 65504595742 abierta en Banco Santander a nombre de la UAEMOR.

Siete días después, del dinero que recibió la Universidad transfirió 73 millones 159 mil 979 pesos a la cuenta número 00072580006826636362 de Banorte a nombre de Grupo Industrial y Servicios Yafed S.A. de C.V., para la realización del servicio que a la Sedesol ya le había reportado como consumado.

Pero el dinero tampoco se quedó a Yafed sino que 24 horas después fue dispersado. De la cuenta Banorte de esa empresa se transfirieron 66 millones 169 mil 962 pesos a la cuenta número 7000/6008338 abierta en Banamex a nombre de la empresa ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V. Mientras que 6 millones de pesos más fueron transferidos a la cuenta número 058580440149300162 de BANREGIO a nombre de Inmobiliaria Feyray SA de CV.

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Estas transferencias, detalla la investigación, eran totalmente irregulares. La realizada a Yafed se sustentó en una licitación amañada por servicios que para ese momento – se supone – ya habían sido realizados, mientras que los pagos a las compañías Esger y Feryey no se justificaba con nada. 

El plan, sostiene la SEIDO, fue justificar inicialmente el ingreso del dinero en el sistema financiero para proceder con su dispersión.

Inserción en periódico confirma fraude

En 2015, un año después de la firma del referido convenio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría forense a la UAEMOR y a la Sedesol para verificar la legalidad y ejecución del mencionado convenio. La dependencia, pero sobretodo la Universidad intentó ocultar lo ocurrido.

En al menos tres ocasiones, la entonces Directora de Empresas y Servicios del referido plantel universitario, María de Jesús Diez González, respondió a preguntas expresas de la ASF que en ningún momento se había requerido subcontratar a alguna compañía para realizar los servicios convenidos con la Sedesol. Bajo esa tesitura, tampoco proporcionó información de las empresas que se investigaban.

Ante esa resistencia los auditores incrementaron el equipo de inspección y comenzaron a rastrear a fondo lo ocurrido con el cumplimiento del convenio. Se recabaron los estados bancarios de la Universidad y se analizaron las transferencias, lo que permitió identificar la ruta que había seguido el dinero y las compañías involucradas.

Pero fue gracias a una indagatoria en internet y en concreto, a un anuncio publicado en el periódico La Jornada, como se descubrió que la casa de estudios morelense había simulado mediante una licitación la contratación de los mismos servicios que se había comprometido a hacer ella misma.

Dicha convocatoria se publicó el 12 de noviembre en el referido medio y por este anuncio, el periódico emitió una factura de pago de 8 mil 880 pesos.

Con esa información más los movimientos de cuenta bancarios la ASF confirmó que de forma totalmente irregular la Universidad sí había subcontratado a otras empresas para realizar el cien por ciento de los servicios convenidos con la Sedesol, pese a que el convenio firmado no permitía tal situación.

Peor aún: los servicios no se realizaron, ni por la Universidad ni por las empresas subcontratadas, de acuerdo con la SEIDO. Ello pese a que en su momento se firmó un documento que daba por concluidos satisfactoriamente los servicios consistentes en la aplicación de 6 millones 700 mil encuestas.

El dictamen técnico que la ASF elaboró sobre este convenio y que fue incluido en la carpeta de investigación, revela que para justificar la realización de estos servicios la Sedesol proporcionó 16 cajas con papeles y 7 discos compactos. Un expediente en apariencia voluminoso.

Sin embargo, al revisar esa documentación los auditores encontraron mayormente paja como, por ejemplo, una relación de beneficiarios de programas sociales, lista que no era objeto del contrato. En uno de los discos se encontraron las encuestas practicadas pero los auditores identificaron que había algunas que se repetían hasta en más de 400 veces.

Encuestas en forma solo se identificaron 1 millón 48 mil de ellas, que corresponden al 15 por ciento de las que se deberían haber practicado. Pero en opinión de la auditoría forense no hay sustento creíble que ampare la veracidad de esas encuestas, sobre todo ante las otras irregularidades detectadas.

Por ese motivo la ASF concluyó que, en dicho convenio al igual que en otros similares a los del esquema de “La Estafa Maestra”, se registró un potencial fraude al erario, por lo que en su momento presentó la denuncia penal correspondiente. 

Empresa clave y los otros implicados

En este entramado de lavado de recursos provenientes de “La Estafa Maestra”, la SEIDO identificó a tres empresas presuntamente factureras al menos en la fase inicial: Yafed, ESGER y Feyray, todas ellas constituidas en el estado de Nuevo León. En contra de los administradores de dichas compañías se giraron órdenes de aprehensión. Se trata de Gianni Oved Hernández Torres, Esteban Cervantes Rodríguez y Luis Antonio Valencia Zapata.

De ese grupo de compañías el rol de ESGER es clave. Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron que esta empresa, pese a no haber firmado contrato o convenio alguno con Sedesol, terminó recibiendo casi 700 millones de pesos

¿Cómo llegó todo ese dinero a ESGER? Por la misma ruta que en el convenio tomado por la SEIDO para documentar este esquema de lavado de dinero. Es decir: ESGER recibió transferencias de 11 empresas que a su vez fueron subcontratadas irregularmente por las universidades de Morelos y estados de México, previa firma de convenios con el gobierno. En ocasiones el dinero fue transferido entre dos o tres empresas antes de llegar con ESGER.

¿Y qué pasó con todo el dinero desviado? De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República una parte se quedó en las universidades como forma de “moches” a cambio de prestarse al fraude, pero se presume que la mayor parte se usó para fines políticos o para el enriquecimiento de los implicados.

La carpeta de investigación de la SEIDO incluye como prueba una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera en la que se identificó que el exoficial Mayor de Sedesol, Emilio Zebadúa, realizó junto con sus hermanos gastos por más de 200 millones de pesos injustificables para sus ingresos. Se presume que se trata de una parte de los recursos desviados del erario.

Pero en el caso de Zebadúa la SEIDO decidió no proceder dado que el exfuncionario ha aceptado colaborar con las investigaciones para buscar un criterio de oportunidad que le permita ser perdonado de los cargos. En su primera denuncia señaló que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, consintió el desvío sistemático de recursos de “La Estafa Maestra”, y que el dinero se habría usado con fines políticos y electorales por parte del presidente Enrique Peña Nieto y de su partido, el PRI.

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Rusia y Ucrania: ¿Funcionan las sanciones económicas? Lo que dice la historia sobre el éxito de estas medidas

El uso de diferentes sanciones para castigar a un gobierno u obligarlo a cumplir ciertos objetivos se ha registrado desde la antigua Grecia y se ha adoptado durante siglos.
21 de marzo, 2022
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Las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros países en respuesta a la invasión de Ucrania siguen una larga historia de uso de sanciones para forzar cambios en el comportamiento de ciertas naciones.

Pero un análisis de medidas del tipo adoptadas en el pasado muestra que no siempre se logra el objetivo.

Además, en determinados casos, se corre el riesgo de que se produzcan consecuencias no deseadas e incluso que el resultado sea contrario al deseado, fortaleciendo al gobierno al que pretenden debilitar y generando un impacto negativo en los derechos humanos, la democracia y otros aspectos.

“Si miras la historia moderna, verás que casi cada vez que un país violó tratados internacionales, o invadió a otro país, o secuestró a ciudadanos de otro país (entre otros ejemplos), se impusieron sanciones”, le dice a BBC News Brasil el economista Paolo Pasquariello, profesor de finanzas de la Universidad de Míchigan, EE.UU.

“Pero la trayectoria (de los resultados) no es muy buena. En las últimas décadas, por citar solo algunos ejemplos, se han impuesto sanciones contra Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Pero, en mi opinión, no han producido el resultado deseado”, observa Pasquariello.

Los estudios estiman que solo alrededor de un tercio de las sanciones suelen tener éxito y lograr sus objetivos. Uno de los análisis recientes más completos sobre el tema fue realizado por investigadores de la Universidad de Drexel, con sede en la ciudad de Filadelfia, y confirma esta estimación.

Los investigadores crearon una base de datos con información sobre 1.101 casos de sanciones aplicadas por países, grupos de países u organizaciones intergubernamentales desde 1950, muchas de las cuales siguen vigentes.

Las sanciones se clasificaron según el tipo (comercial, financiera, asistencia militar, armas, viajes y otros tipos) y el propósito (forzar cambios de política, desestabilizar régimenes, prevenir o terminar guerras, proteger los derechos humanos, restaurar la democracia, combatir el terrorismo, resolver conflictos territoriales, entre otros).

El siguiente paso fue analizar el grado de éxito, medido según declaraciones oficiales de los gobiernos o “confirmaciones indirectas en anuncios de prensa internacional”, y teniendo en cuenta que estas declaraciones “pueden ser subjetivas o sesgadas”.

Cuando se incluyen las sanciones aún vigentes, se estima que alrededor del 30% tienen éxito al menos parcialmente.

“Con el tiempo, más y más sanciones fueron calificadas como parcialmente o completamente exitosas, lo que sugiere que las sanciones se han vuelto más efectivas para lograr sus objetivos”, dice el estudio.

Ejemplos históricos

El uso de diferentes sanciones para castigar a un gobierno u obligarlo a cumplir ciertos objetivos se ha registrado al menos desde la antigua Grecia y fue adoptado durante siglos.

A partir de la década de 1950, el período que abarca la base de datos de la Universidad de Drexel, el número de sanciones “aumentó continuamente, y este aumento se ha acelerado desde 2018″, según el análisis.

“Vemos esta tendencia como evidencia de la creciente popularidad de las sanciones como herramienta de la diplomacia coercitiva”, dicen los investigadores.

En promedio, más del 35% de todas las sanciones entre 1950 y 2019 fueron impuestas por EE.UU, el país que más utilizó este tipo de sanciones. El análisis también revela un “aumento significativo y continuo de las sanciones de la UE y la ONU desde principios de la década de 1990”.

Rusia

Getty Images
Cuba enfrenta un embargo económico impuesto por EE.UU.

Hay varios ejemplos de países sujetos a estas sanciones en el período analizado. Sudáfrica fue objeto de sanciones internacionales en la era del apartheid, el régimen de segregación racial que estuvo vigente desde finales de la década de 1940 hasta la década de 1990.

Cuba es objeto de un embargo económico impuesto por EE.UU desde hace 60 años. Irak fue objeto de sanciones tras la invasión de Kuwait en 1990. Corea del Norte e Irán fueron sancionados por sus programas nucleares.

La propia Rusia ya había sido castigada en 2014 cuando invadió Crimea, y muchas de las sanciones impuestas al país en ese momento siguen vigentes.

Sufrimiento de la población

Las sanciones económicas y financieras son las más utilizadas, según la base de datos de la Universidad de Drexel.

Algunas de las medidas están diseñadas para ser lo más específicas posible, castigando solo a ciertas personas. Pero muchos otros, a pesar de ser una alternativa a la acción militar, también causan gran daño y sufrimiento a la población civil, incluidos los ciudadanos que se oponen al gobierno.

Rusia

PA Media
El multimillonario ruso Roman Abramovich, conocido por ser dueño del equipo inglés Chelsea, también fue objeto de sanciones.

Sin embargo, incluso con el impacto a veces devastador, las sanciones no logran su objetivo en alrededor de dos tercios de los casos.

“Por lo general, las sanciones terminan afectando a la mayoría de las personas que viven en estos países”, dice Pasquariello, de la Universidad de Michigan.

“Creo que, aunque esto no se dice explícitamente, el objetivo es realmente dañar a la población del país (objetivo)”.

Según el economista, el propósito es hacer entender a todo el país que sus gobernantes están haciendo algo que las naciones que imponen sanciones consideran incorrecto.

Las sanciones actuales contra Rusia se consideran únicas en el alcance y la velocidad con la que se adoptaron, solo días después de la invasión de Ucrania el 24 de febrero.

Además, se diferencian en que apuntan a una potencia nuclear y a un país que, pese a no ser considerado un gigante económico, tiene un papel geopolítico crucial.

“Las sanciones generalmente se imponen a pequeños actores regionales”, enfatiza Pasquariello, y señala que estos países no son tan importantes para la economía global.

“El caso de Rusia es diferente. Tiene una magnitud y alcance que nunca he visto en otras sanciones en mis 50 años de vida”.

Entre las sanciones ya adoptadas se encuentran las sanciones a los bancos y miembros del gobierno ruso y élite económica, incluida la congelación de activos, restricciones de viaje y la exclusión de los principales bancos rusos del sistema financiero y el sistema de comunicación utilizado para transacciones internacionales.

Otras medidas incluyen restringir las importaciones de petróleo, gas y carbón de Rusia, prohibir la exportación de varios productos al mercado ruso, incluidos los artículos de lujo, gravar la importación de productos rusos y restringir las aeronaves rusas en el espacio aéreo de varios países.

Rusia

Getty Images
McDonald’s fue una de las multinacionales que suspendió actividades en Rusia tras las sanciones.

Grandes empresas del sector privado, como Coca-Cola, McDonald’s, Starbucks y otras, han suspendido sus operaciones en Rusia.

Estas y otras sanciones no solo están sacudiendo y aislando la economía y el sistema financiero de Rusia y sus élites, sino que también afectan a la población en general. El rublo, la moneda rusa, se ha desplomado y la economía se está derrumbando.

“Estas son sanciones económicas devastadoras, que realmente están perjudicando a los ciudadanos rusos”, dice Pasquariello.

“Estamos hablando de 145 millones de personas, muchas de las cuales no pueden sacar dinero de los bancos”.

Los impactos de la crisis económica rusa deberían afectar al resto del mundo, con su alza global en los precios del petróleo y un impacto en la inflación.

¿Éxito o fracaso?

Pero a pesar de este impacto, Rusia continúa con su ofensiva militar y no se sabe si las sanciones ayudarán a Ucrania.

Rusia prohibió la exportación de algunos productos como represalia, impuso sanciones a miembros del gobierno estadounidense y amenazó con nacionalizar los activos de las empresas que se retiraran del país.

También hay temores de que la crisis provoque una profundización de las relaciones con China.

Pasquariello señala que siempre es muy difícil predecir si ciertas sanciones lograrán sus objetivos.

El éxito o el fracaso depende de una combinación de diferentes circunstancias y factores, entre ellos, el grado de integración económica del país objetivo con el resto del mundo.

“Algunos podrían argumentar que ciertas sanciones impuestas contra Irán fueron efectivas para frenar el progreso del desarrollo de armas nucleares y llevar al país a la mesa de negociaciones”, señala, citando un ejemplo en el que los castigos pueden haber tenido éxito.

Las sanciones contra Irán se levantaron después de un acuerdo nuclear negociado durante la administración de Obama en 2015. Su sucesor, Donald Trump, abandonó el acuerdo y reanudó las medidas punitivas.

A principios de este año, el sucesor de Trump, el actual presidente Joe Biden, anunció que aliviaría las sanciones en medio de nuevas negociaciones sobre un acuerdo.

Pasquariello compara a Irán con Corea del Norte, donde la presión internacional ha fallado.

“Corea del Norte ha sido un país aislado del resto del mundo durante décadas y en el que las sanciones no han logrado impedir el desarrollo de armas nucleares”, asegura.

En el caso de Rusia, Pasquariello enfatiza que no se puede analizar un solo factor de forma aislada. Según el economista, el posible impacto de las sanciones debe ser considerado en conjunto con otros aspectos.

“En combinación con el hecho de que Ucrania está aguantando mejor de lo previsto, y que los rusos han sobreestimado claramente su propia fuerza militar”, subraya.

“Creo que todo esto crea una situación muy precaria para (el presidente Vladimir) Putin y las personas que lo rodean”.

Según Pasquariello, queda por ver cuál será la reacción rusa ante esta situación.

“¿Redoblará (su posición)? ¿O vendrá a la mesa de negociación?”, se pregunta.


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