La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) presuntamente simuló, en 2014, una licitación con varias empresas para transferir más de 77 millones de pesos que había recibido de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El aparente concurso – que luego quiso ocultar en una auditoría – fue el primer paso de un mecanismo organizado para lavar dinero desviado bajo el esquema de “La Estafa Maestra”.
Así lo señala la acusación que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) presentó ante un juez federal para obtener once órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada. Tres de estas órdenes son en contra de exfuncionarios de la referida casa de estudios, entre ellos el que fuera rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, quienes hoy están prófugos.
El supuesto fraude denunciado ante el juez se ejecutó tras la firma de un convenio entre la Sedesol y la UAEMOR por servicios que según SEIDO no se ejecutaron. En la triangulación de los recursos derivados de este convenio, que es uno de los descritos en el reportaje de “La Estafa Maestra”, están implicadas tres empresas de Nuevo León en contra de cuyos administradores también se giraron órdenes de arresto.
De acuerdo con los investigadores, todo lo anterior ocurrió con la presunta complicidad de exfuncionarios federales de la propia Sedesol, entre ellos la que fuera titular Rosario Roles Berlanga, a quien se señala de no impedir la firma de convenios, por lo cual también ordenó su arresto. Pero la salida del dinero fue avalada realmente por el que fuera Oficial Mayor de dicha dependencia, Emilio Zebadúa, a quien no se le giró orden de arresto pues está fungiendo como testigo delator.
Los datos contenidos en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019, a los que Animal Político tuvo acceso, detallan que la trama fraudulenta se remonta al 1 de septiembre de 2014 cuando la Sedesol firmó el convenio de colaboración sin número con la UAEMOR por un monto de 77 millones 847 mil 14 pesos.
El objetivo de ese convenio era el levantamiento de información vía cuestionarios que permitiera conocer la opinión de la población de seis estados sobre la efectividad de programas sociales y la entrega de apoyos.
En el texto del convenio firmado, la Universidad sostuvo que contaba con la “capacidad técnica, material y humana” para realizar por lo menos el 51 por ciento de los servicios por los cuales se le transferiría el dinero. Ese requisito era indispensable para que la Sedesol pudiera adjudicarle a la UAEMOR el monto del contrato sin ningún tipo de licitación, una vez que ejecutara los servicios.
Tres meses después, el 8 de diciembre el 2017, el director General de Geostadística de Padrones de Sedesol, José Antonilo Orozco Martínez, y el Director de Empresas de la UAEMOR Wistano Orozco García, firmaron un oficio en el que se avalaba que los cuestionarios contratados habían sido entregados y el servicio estaba cubierto satisfactoriamente. Ese mismo día la Sedesol transfirió los 77 millones a una cuenta de la Universidad.
La realidad, según confirmó la SEIDO, es que los servicios no se llevaron a cabo. Hoy los funcionarios que firmaron el referido oficio también tienen órdenes de captura y están prófugos. Pero para el momento en que la Sedesol alistaba el pago a la UAEMOR ya se había puesto en marcha la operación para lavar el dinero.
Dinero llega, dinero va
La última semana de noviembre de 2014 la UAEMOR emitió la licitación pública LP/DES/07/2014 para la contratación de un servicio que era el mismo que había convenido meses antes con Sedesol y que, en teoría, ya estaba por terminar: la realización de encuestas sobre programas sociales en seis estados.
Según los documentos, en la licitación se inscribieron dos empresas Grupo Industrial y Servicios Yafed S.A. de C.V. y FEMEXPORT. La competencia era una simulación pues dichas empresas eran factureras y compartían el mismo domicilio fiscal. El contrato fue adjudicado a la primera de ellas.
El 8 de diciembre, el día en que supuestamente se reportaron concluidos los servicios, la Sedesol transfirió los 77 millones convenidos a la cuenta bancaria número 65504595742 abierta en Banco Santander a nombre de la UAEMOR.
Siete días después, del dinero que recibió la Universidad transfirió 73 millones 159 mil 979 pesos a la cuenta número 00072580006826636362 de Banorte a nombre de Grupo Industrial y Servicios Yafed S.A. de C.V., para la realización del servicio que a la Sedesol ya le había reportado como consumado.
Pero el dinero tampoco se quedó a Yafed sino que 24 horas después fue dispersado. De la cuenta Banorte de esa empresa se transfirieron 66 millones 169 mil 962 pesos a la cuenta número 7000/6008338 abierta en Banamex a nombre de la empresa ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V. Mientras que 6 millones de pesos más fueron transferidos a la cuenta número 058580440149300162 de BANREGIO a nombre de Inmobiliaria Feyray SA de CV.
Estas transferencias, detalla la investigación, eran totalmente irregulares. La realizada a Yafed se sustentó en una licitación amañada por servicios que para ese momento – se supone – ya habían sido realizados, mientras que los pagos a las compañías Esger y Feryey no se justificaba con nada.
El plan, sostiene la SEIDO, fue justificar inicialmente el ingreso del dinero en el sistema financiero para proceder con su dispersión.
Inserción en periódico confirma fraude
En 2015, un año después de la firma del referido convenio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría forense a la UAEMOR y a la Sedesol para verificar la legalidad y ejecución del mencionado convenio. La dependencia, pero sobretodo la Universidad intentó ocultar lo ocurrido.
En al menos tres ocasiones, la entonces Directora de Empresas y Servicios del referido plantel universitario, María de Jesús Diez González, respondió a preguntas expresas de la ASF que en ningún momento se había requerido subcontratar a alguna compañía para realizar los servicios convenidos con la Sedesol. Bajo esa tesitura, tampoco proporcionó información de las empresas que se investigaban.
Ante esa resistencia los auditores incrementaron el equipo de inspección y comenzaron a rastrear a fondo lo ocurrido con el cumplimiento del convenio. Se recabaron los estados bancarios de la Universidad y se analizaron las transferencias, lo que permitió identificar la ruta que había seguido el dinero y las compañías involucradas.
Pero fue gracias a una indagatoria en internet y en concreto, a un anuncio publicado en el periódico La Jornada, como se descubrió que la casa de estudios morelense había simulado mediante una licitación la contratación de los mismos servicios que se había comprometido a hacer ella misma.
Dicha convocatoria se publicó el 12 de noviembre en el referido medio y por este anuncio, el periódico emitió una factura de pago de 8 mil 880 pesos.
Con esa información más los movimientos de cuenta bancarios la ASF confirmó que de forma totalmente irregular la Universidad sí había subcontratado a otras empresas para realizar el cien por ciento de los servicios convenidos con la Sedesol, pese a que el convenio firmado no permitía tal situación.
Peor aún: los servicios no se realizaron, ni por la Universidad ni por las empresas subcontratadas, de acuerdo con la SEIDO. Ello pese a que en su momento se firmó un documento que daba por concluidos satisfactoriamente los servicios consistentes en la aplicación de 6 millones 700 mil encuestas.
El dictamen técnico que la ASF elaboró sobre este convenio y que fue incluido en la carpeta de investigación, revela que para justificar la realización de estos servicios la Sedesol proporcionó 16 cajas con papeles y 7 discos compactos. Un expediente en apariencia voluminoso.
Sin embargo, al revisar esa documentación los auditores encontraron mayormente paja como, por ejemplo, una relación de beneficiarios de programas sociales, lista que no era objeto del contrato. En uno de los discos se encontraron las encuestas practicadas pero los auditores identificaron que había algunas que se repetían hasta en más de 400 veces.
Encuestas en forma solo se identificaron 1 millón 48 mil de ellas, que corresponden al 15 por ciento de las que se deberían haber practicado. Pero en opinión de la auditoría forense no hay sustento creíble que ampare la veracidad de esas encuestas, sobre todo ante las otras irregularidades detectadas.
Por ese motivo la ASF concluyó que, en dicho convenio al igual que en otros similares a los del esquema de “La Estafa Maestra”, se registró un potencial fraude al erario, por lo que en su momento presentó la denuncia penal correspondiente.
Empresa clave y los otros implicados
En este entramado de lavado de recursos provenientes de “La Estafa Maestra”, la SEIDO identificó a tres empresas presuntamente factureras al menos en la fase inicial: Yafed, ESGER y Feyray, todas ellas constituidas en el estado de Nuevo León. En contra de los administradores de dichas compañías se giraron órdenes de aprehensión. Se trata de Gianni Oved Hernández Torres, Esteban Cervantes Rodríguez y Luis Antonio Valencia Zapata.
De ese grupo de compañías el rol de ESGER es clave. Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron que esta empresa, pese a no haber firmado contrato o convenio alguno con Sedesol, terminó recibiendo casi 700 millones de pesos.
¿Cómo llegó todo ese dinero a ESGER? Por la misma ruta que en el convenio tomado por la SEIDO para documentar este esquema de lavado de dinero. Es decir: ESGER recibió transferencias de 11 empresas que a su vez fueron subcontratadas irregularmente por las universidades de Morelos y estados de México, previa firma de convenios con el gobierno. En ocasiones el dinero fue transferido entre dos o tres empresas antes de llegar con ESGER.
¿Y qué pasó con todo el dinero desviado? De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República una parte se quedó en las universidades como forma de “moches” a cambio de prestarse al fraude, pero se presume que la mayor parte se usó para fines políticos o para el enriquecimiento de los implicados.
La carpeta de investigación de la SEIDO incluye como prueba una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera en la que se identificó que el exoficial Mayor de Sedesol, Emilio Zebadúa, realizó junto con sus hermanos gastos por más de 200 millones de pesos injustificables para sus ingresos. Se presume que se trata de una parte de los recursos desviados del erario.
Pero en el caso de Zebadúa la SEIDO decidió no proceder dado que el exfuncionario ha aceptado colaborar con las investigaciones para buscar un criterio de oportunidad que le permita ser perdonado de los cargos. En su primera denuncia señaló que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, consintió el desvío sistemático de recursos de “La Estafa Maestra”, y que el dinero se habría usado con fines políticos y electorales por parte del presidente Enrique Peña Nieto y de su partido, el PRI.
