Madre acusa que Fiscalía de Durango no ha indagado abuso contra sus hijas
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Cuartoscuro Archivo

Madre acusa que Fiscalía de Durango no indaga presunto abuso sexual contra sus hijas

La madre de las niñas, de 5 y 4 años, señala que las autoridades le han dificultado el proceso que inició contra su exmarido, un conocido empresario del estado.
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9 de noviembre, 2020
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Mónica ya había notado comportamientos raros en sus hijas de 5 y 4 años. Hace exactamente un año se separó del que era su marido, que la forzó a firmar un acuerdo de custodia compartida tras llevarse a las niñas, por lo que incluso fue declarado culpable ante la justicia del delito de sustracción de menores. Hasta que en abril pasado, ya en plena cuarentena por COVID-19 en la que pasaban días enteros con su papá en casa de los abuelos, la terapeuta que las veía tras el divorcio le dijo que tenían síntomas de ser víctimas de violencia sexual infantil.

Ella acudió a denunciar presunto abuso sexual “contra quien resulte responsable”, todavía incrédula de que pudiera estar ocurriendo dentro de la propia familia. Aunque estadísticas oficiales apuntan a que así ocurre en el 60% de casos.

Entérate: Denuncias por robos, abusos y extorsiones acumulan 4 meses al alza tras baja por confinamiento

Pero en los siguientes meses, las declaraciones de las niñas y un peritaje externo han apuntado a dos personas de riesgo: su papá y su abuelo. Ambos, identificados como Mauricio “N”, son empresarios conocidos en Durango, razón por la que Mónica sospecha que las autoridades han obstaculizado las investigaciones del caso.

Tras esa primera denuncia, la psicóloga adscrita al Ministerio Público le dijo que sí estaba ocurriendo algo, pero las niñas todavía no lo verbalizaban claramente por ser tan pequeñas, así que las redirigió al DIF. Pero ahí, aunque primero le dieron buenas esperanzas, según Mónica todo cambió cuando supieron quién era la familia, y decidieron hacer solo cuatro sesiones de terapia de las que se fue peor que cuando llegó.

“Salen las niñas de con ella, y lo que me dice así como en resumen es: pues es que las niñas se ven bien, lo único que extrañan es tener a sus papás juntos, ¿por qué no te reconcilias con su papá? Y digo ¡cómo! Nos da cita para la siguiente semana, las llevo otra vez a consulta con ella y en resumidas cuentas me pregunta: ¿oye y a ti de qué te serviría saber si tus hijas son víctimas de abuso sexual infantil o no?”, cuenta en entrevista con Animal Político.

Después de las cuatro sesiones, además de decirle que no lograron que las niñas comunicaran más y que quizá solo extrañaban a su papá y por eso le sugerían reconciliarse con él, le explicaron que el DIF ni siquiera hacía peritajes, así que su análisis de cualquier manera no hubiera tenido valor legal.

“Y que al llevarlas yo ahí con ella yo las estaba revictimizando y las estaba vulnerando, que nunca debí de haberlas llevado con ella. Yo le respondo que estoy siguiendo los protocolos que me indicaron, yo acudí al Centro de Justicia para la Defensa del Menor, me indicaron esto y estoy haciendo lo conducente, si ustedes creen que es vulnerar a mis hijas, que es revictimizarlas, pues no las hubiera recibido, se hubieran negado”, recuerda.

El informe del DIF fue descartado e invalidado por el Hospital Psiquiátrico de Durango, a donde las redirigieron. Lo peor, fue que al regresar a la Fiscalía, resultó que habían cambiado al Ministerio Público que llevaba el caso y la valoración que sí les habían hecho ahí, desapareció. Esa carpeta de investigación actualmente ya quedó inactiva.

Mónica cuenta que no erá la primera vez que sentía una actuación tendenciosa del DIF.

El 28 de noviembre de 2019, un día antes de que su entonces marido desapareciera de la casa con las niñas, el abuelo paterno presentó ante ese organismo una queja contra ella por omisión de cuidados y dijo que las pequeñas llevaban cuatro meses viviendo con él y su abuela. Y cuando el personal fue a verificarlo, reportó que los abuelos dijeron que las pequeñas estaban en una actividad extraescolar y por eso no las podían entrevistar en ese momento.

En el juicio de sustracción de menores contra el padre de las niñas quedó demostrado que aquello era falso y hay fotografías de cámaras de vigilancia que prueban que todavía ese día, ellas estaban con su mamá.

Denuncia por violación y medidas de protección

Después de que el informe de psicología del DIF fue descartado y el del Ministerio Público se perdió, los abogados de Mónica sugirieron hacer un peritaje con expertos de fuera del estado, para evitar cualquier posible conflicto de interés. Ese fue el que determinó que las sospechas de abuso recaían en el papá y el abuelo de las niñas.

La mamá recibió el resultado justo cuando estaban pasando las vacaciones de verano en casa de la familia paterna. Cuando regresaron con ella notó signos físicos extraños, así que las llevó directamente a la Fiscalía para una valoración médica. Por las medidas sanitarias ante la pandemia, le dijeron que no tenían médicos y tenía que ir a otro lado, al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, y esperar hasta el día siguiente.

El resultado fue duro: una de las niñas tenía signos de penetración y se ordenó hacerle exámenes de sangre para descartar enfermedades de transmisión sexual.

Con ese dictamen, se interpuso una nueva denuncia el 11 de agosto, esta vez por violación sexual y directamente contra Mauricio “N”, el papá, como probable responsable.

Pero nuevamente hubo irregularidades, cuenta Mónica. Al tomarle la declaración a la niña, el Ministerio Público se negó a hacer una grabación de lo que dijera, como estipula el protocolo de protección infantil, por lo que su madre insistió en estar presente y ella sí grabó. Al revisar la transcripción, había omitido partes en las que la niña decía que su papá la tocaba. Reclamó y primero el MP le contestó que no había dicho eso, pero como había otra persona de Derechos Humanos, le dio la razón en que sí había sido lo que declaró la niña. Aun así, la intimidó con que escribiría todo, incluyendo una mención que le dijo que la perjudicaría a ella, pero Mónica respondió que pusiera absolutamente todo y dentro de contexto.

Además de la denuncia penal, solicitó al juzgado familiar que le diera la custodia provisional para no volver a dejar que sus hijas se fueran con el papá, y pidió medidas cautelares. Se las concedieron, pero Mauricio ya ni siquiera fue a buscarlas cuando le hubiera correspondido.

“Para mí fue muy doloroso, porque yo esperaba, la verdad, que él se presentara y que me la hiciera de emoción, o sea, yo todavía en mi inocencia yo quería que no fuera cierto, ¡que al menos no fuera él! Que se presentara y me dijera: bueno, alguien le está haciendo algo a mis hijas pero no soy yo, te pasaste, vamos a dar con el responsable. Pero cuando no se presenta, para mí es como si me hubiera gritado: sí soy yo”, lamenta.

A donde sí fue él ese día fue al juzgado de lo familiar que llevó su proceso de divorcio para pedir la patria potestad de las niñas y medidas de protección en contra de la madre, acusándola de sufrir trastorno límite de la personalidad y de que podría ser ella quien agreda a las menores con tal de culparlo a él.

Su petición fue rechazada, pero Mónica asegura que siguen las muestras de favorecerlo. En primer lugar, porque aún con la prueba médica de lo sufrido por su hija, no se ha judicializado la carpeta de investigación en casi tres meses. Además, hasta apenas la semana pasada, a ella no le habían permitido el acceso a dicha carpeta ni remitido copias al juzgado familiar para que la tome en cuenta en la revisión de la custodia de las menores, para lo cual tenían una audiencia el pasado 28 de octubre que tuvo que posponerse por esa omisión.

Días antes de eso, según Mónica, el papá de sus hijas violó la orden de restricción, estuvo merodeando por su casa en un vehículo y se arrancó para huir en cuanto ella lo vio, y al ir a reportarlo, primero no le querían tomar la queja por no tener pruebas visuales, hasta que les dijo que el policía asignado a su seguridad fue quien le indicó que lo hiciera.

Esta semana vencen los 90 días de vigencia de las medidas de protección que tienen la mujer y las dos niñas, así que no sabe qué va a pasar si no se judicializa la investigación por violación sexual.

Animal Político pidió a la Fiscalía una postura sobre el caso, pero contestó que como es un tema muy sensible y está en curso la investigación, no se daría información al respecto.

Mientras tanto, lo único que consuela a Mónica es ver a sus hijas volver a la normalidad, sin insomnios ni malos humores, sin morderse las uñas o llorar, y que ya ni siquiera lo extrañan o preguntan por él.

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Quién vigila la radiación del 5G (y cuáles son sus verdaderos riesgos)

Esta nueva tecnología regresa el eterno debate sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas. Estos, sin embargo, son descartados por todas las agencias internacionales.
27 de octubre, 2020
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Seúl

Getty Images
Corea del Sur ya tiene una red 5G en todo el país.

Decenas de antenas, dispositivos bluetooth y cientos de teléfonos móviles nos rodean e irradian cada día. Por no hablar de la telefonía 5G que, al parecer, acabará con la vida en la Tierra. ¡Tanta radiación no puede ser buena!

¿Quién controla los niveles de exposición y los posibles efectos sobre la salud?

Percepción del riesgo

Los campos electromagnéticos están presentes en la naturaleza desde antes de la aparición del ser humano. La luz solar, los rayos cósmicos, las tormentas y la radiación natural terrestre son fuentes de exposición a estos campos.

A mediados de los años 90, se comenzaron a desplegar las redes de antenas de telefonía móvil. Aunque se hacían con estándares técnicos internacionales, que ya tenían en cuenta la protección de la población, no se ofreció la suficiente información al respecto.

A pesar de una reacción rápida por parte de organismos, operadoras y expertos, la percepción de riesgo se instaló entre los ciudadanos. También caló en instituciones, administraciones locales y asociaciones.

Así, se produjo una situación paradigmática. Por un lado, el rechazo a las antenas era un fenómeno global. Por el otro, crecía la demanda universal del servicio.

Ilustracion 5G

Getty Images
La red 5G es mucho más que la mejora de la red 4G.

La OMS parece tenerlo claro

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea fueron conscientes a principios de los 2000 de esa carencia y de la necesidad de dar respuesta a una inquietud y percepción social del riesgo asociado a la telefonía móvil.

Aunque esta percepción e inquietud estaban sobredimensionadas.

A pesar de los esfuerzos realizados para informar y tranquilizar a la población, la OMS reconoció en 2006 que “algunas personas consideran probable que la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia entrañe riesgos y que éstos puedan ser incluso graves”.

En la revisión de 2014, la OMS aseguraba que “hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud”.

En otro documento publicado a comienzos de este 2020 sobre el 5G, insiste en que en las últimas décadas no hay estudios científicos que demuestren una relación causal que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

“El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y el cuerpo humano”.

Ese posible efecto, a los niveles habituales de exposición, es insignificante. Por eso es importante que los niveles se mantengan por debajo de los límites establecidos por agencias internacionales independientes.

Mujer con una tablet.

Getty Images
La OMS ha dicho que no hay estudios científicos que demuestren una relación causal del 5G que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

Quién y cómo se establecen los límites de exposición

En 1992 se estableció en Alemania la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Esta organización científica, independiente y sin ánimo de lucro, revisa periódicamente y de forma sistemática las evidencias científicas para determinar los niveles a los cuales se producen efectos biológicos.

No solo de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, sino también de otras radiaciones electromagnéticas como la luz visible, los infrarrojos y los ultravioletas que, por encima de ciertos niveles, también pueden resultar muy peligrosos.

Por eso se fijan niveles de seguridad y, por eso mismo, no debemos preocuparnos de la radiación que emite el mando a distancia de nuestra tele. Tampoco del router wifi de nuestra casa o de nuestro teléfono inalámbrico.

El proceso de revisión es abierto y su publicación se realiza en una revista científica tras un proceso de revisión por pares.

Así, una vez se establecen los niveles a los cuales se observan efectos para cada frecuencia, se aplica un factor de precaución o seguridad de 50.

Estos valores son aceptados por la mayor parte de los países occidentales desde hace décadas y se adoptan en las correspondientes legislaciones.

Además, existen otras agencias u organismos que realizan una revisión similar. Por ejemplo el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la Food and Drug Administration de Estados Unidos.

Estos tres organismos, en los últimos meses y coincidiendo con el despliegue de la 5G, han revisado y publicado sus guías de límites seguros de exposición humana.

La mano negra de la industria

Que la industria está detrás de todas estas regulaciones e instituciones es un argumento reiterado por los movimientos antiantenas -ahora anti-5G- que parecen acoger toda clase de creencias conspiranoicas con respecto, también, a las mascarillas, las vacunas y la COVID-19.

En realidad han sido la industria y los profesionales del sector los más interesados en garantizar que las radiaciones emitidas por las antenas fueran seguras y que los niveles de potencia estuviesen dentro de los límites permitidos.

Transmisión de eventos deportivos en dos pantallas.

Getty Images
Con la conexión 5G se podrán conectar muchos dispositivos al mismo tiempo.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), como entidad de derecho público al servicio de la sociedad, fue la primera organización que ya en 2001 elaboró un informe sobre las radiofrecuencias de telefonía móvil.

Con ello se pretendía informar a la ciudadanía y mitigar la inquietud que ya surgía ante el desconocimiento de esta tecnología y la normativa que la regula.

La labor de difusión se centró en ayuntamientos y asociaciones ciudadanas, aunque se ha seguido trabajando durante todos estos años con todo tipo de administraciones e instituciones.

En 2006, se creó el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), comité independiente compuesto por profesionales de gran prestigio -en campos como la medicina, física, química, biología, ingeniería de telecomunicación y derecho-, que, desde entonces, ha elaborado cinco informes trienales de referencia.

En ellos recogen las evidencias científicas existentes sobre el impacto de los campos electromagnéticos en la salud.

Además, ha publicado numerosos documentos sobre tecnologías concretas -el último sobre 5G-, con el ánimo de informar verazmente a la sociedad, manteniendo siempre el conocimiento científico riguroso como referencia.

Sus informes han tratado siempre de arrojar luz y evitar cualquier tergiversación que de forma interesada se intentara hacer sobre el efecto de estas tecnologías sobre la salud.

Incluidas comparaciones sin fundamento con sustancias, como el tabaco o el alcohol, que la ciencia sí ha demostrado como perniciosas incluso en pequeñas cantidades.

5G

Getty Images
Los verdaderos riesgos de estas tecnologías son los asociados a la dependencia, problemas musculares, malas posturas y al condicionamiento de nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Los verdaderos riesgos para la salud

Decir que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son inocuos es falso si no se acompaña de la frase “a los niveles habituales de exposición”.

Dichos niveles están decenas o centenas de miles de veces por debajo de los de seguridad marcados por ICNIRP.

Es lo que han demostrado numerosos estudios y revisiones sistemáticas de exposición personal en condiciones reales.

Pero hay efectos constatados derivados del uso de dispositivos y que no son consecuencia de las radiaciones que emiten.

Así, se ha demostrado que su uso puede provocar dependencia, problemas musculares, malas posturas y que condicionan nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Dichos efectos, sin embargo, no son denunciados por los movimientos en contra de estas tecnologías.

Ilustración 5G

Getty Images
Hay una proliferación de un cierto “negocio del miedo” vinculado a las nuevas tecnologías.

Negar la evidencia, ¿con qué fin?

Quizá piense que existe cierta controversia científica en este tema.

Habrá oído que “numerosos científicos alertan de los efectos” en cuestionables llamamientos internacionales, algún pseudoinforme como el Bioinitiative o declaración política ajena a la Unión Europea, como la declaración 1815 del Consejo de Europa.

Todos tienen en común su falta de rigor, el establecimiento de límites de forma arbitraria o la extrapolación inadecuada de estudios en animales o de laboratorio sin tener en cuenta las condiciones reales.

En 30 años, no se ha publicado una revisión sistemática o metaanálisis -los estudios con mayor fortaleza en ciencia- que demuestre sus alarmantes augurios y peligros para la salud (efectos sobre el sueño, la concentración, fisiológicos, hipersensibilidad o, incluso, cáncer).

En cambio, sí es constatable la relación de sus promotores con la proliferación de un cierto “negocio del miedo” a partir de datos tergiversados, erróneos y en ningún caso avalados por la evidencia científica.

Y ese negocio que se basa en esos datos afecta tanto a ámbitos como el médico-sanitario, con diagnósticos o prescripciones no fundamentados en el conocimiento médico; el legal, con denuncias insostenibles basadas en opiniones de supuestos expertos, medios de información carentes de credibilidad (webs pseudocientíficas) o, incluso, empresas que ofrecen aparatos y dispositivos de protección completamente innecesarios.

Todo un negocio basado en el miedo y el desconocimiento que sigue alimentando esa falsa percepción de que vivimos radiados al límite.

*Alberto Nájera López es doctor en radiología y medicina física y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y Juan Carlos López es ingeniero de telecomunicaciones y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


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