Médicos reclutados por Insabi ante COVID denuncian que no les renovaron contratos
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Foto: Cuartoscuro Archivo

Médicos reclutados por Insabi para enfrentar COVID denuncian que ya no les renovaron contratos

Aseguran que los han dejado sin trabajo, pese a la promesa del presidente de que habría plazas para el personal de salud que ha estado atendiendo a los pacientes con COVID-19.
Foto: Cuartoscuro Archivo
9 de noviembre, 2020
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En mayo, en el pico de la pandemia, Daniel Isaac Canché Ojeda, enfermero contratado por Insabi para estar en el área COVID en la Clínica del ISSSTE de Cancún, Quintana Roo, entraba a su turno a las 2 de tarde y salía a la 12 o 1 de la madrugada. Eran hasta 13 horas de trabajo intenso, que le dejarán al menos secuelas psicológicas. Después de enfrentar eso, ahora no quieren renovarle su contrato. 

En la misma situación hay al menos otras 15 personas en tres estados de la República. 

Entérate: #PrimeraLínea, así trabaja personal médico en salas llenas de pacientes con COVID

A todos, aseguran, los han dejado sin trabajo, sin una explicación; pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se dejaría sin empleo al personal contratado por Insabi para atender la emergencia. 

En el área donde estaba Daniel, la de terapia intensiva, sólo había dos enfermeros por turno para atender a seis pacientes críticos. “Llegaban hasta tres al mismo tiempo, que necesitaban intubación. Acabábamos con uno e íbamos con el otro. Era mucho estrés, mucho cansancio. El traje de protección te lastima, te sofoca. Un día mi compañera, la enfermera que estaba conmigo en el turno, se desmayó”. 

Daniel Canché, de 24 años, dice que ni él ni su compañera se imaginaron que iban a estar en algo muy similar a una zona de guerra, “con tantos muertos. Hubo un día que entre los dos turnos murieron cinco pacientes”. Ahora que la situación está más controlada, el enfermero denuncia que ya no le refrendaron el contrato. 

“Después de todo lo que trabajamos, después de que nos arriesgamos, cuando mucho personal de base de los hospitales no quiso entrar a área COVID, después de las secuelas que tendremos porque yo he quedado con miedo: veo a un paciente y siento que se va a a morir, alguien de mi familia se enferma y me da terror. Me siento como un niño desvalido de siete años. Después de eso me han dejado sin contrato y a mi compañera también”. 

En abril, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, detalló que se había contratado a más de 50 mil profesionales para atender la emergencia sanitaria en los hospitales. Pero que el faltante era de hasta 240 mil. 

Daniel Canché entró a trabajar como personal Insabi para atender la emergencia de COVID el 15 de abril. Su contrato y el de sus compañeros de turno, dos enfermeros más y un camillero terminó el 31 de octubre. Pensaron que se los renovarían, pero no. 

La única opción que le dieron a Daniel fue seguir cubriendo las suplencias en las que se ha empleado desde hace tres años en la clínica del ISSSTE, pero en donde gana apenas 300 pesos por cubrir un turno frente a los casi 10 mil a la quincena que le estaban pagando por atender a los enfermos de coronavirus. Explicación de por qué no le renovaban el contrato Insabi no le dieron ninguna. 

Daniel asegura que ni él ni sus compañeros cometieron negligencias, no tuvieron inasistencias ni roces laborales con nadie. Nunca les levantaron un oficio. Lo mismo afirma Ricardo Novelo, también enfermero de 26 años, que hasta el mes pasado trabajó en la primera línea del Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez”. 

Ricardo admite que tuvo algunos roces con el personal fijo del hospital. “Exigían un compañerismo que no era para ser más productivos o hacer mejor el trabajo. Si alguien se atrasaba, tenías que quedarte hasta que acabara el último, solo porque trabajaban mal, cosas así”, cuenta. 

El contrato de Ricardo se acabó el 30 de octubre y ya no le quisieron dar otro, como tampoco se lo dieron a cinco más de sus compañeros. 

“Soy el único de los que empezaron a trabajar,  de unas 50 o 60 personas, el 15 de abril al que no le renovaron el contrato. No me dieron ninguna explicación”. 

Él además de enfermería estudió música, así que antes estaba trabajando en una orquesta, mientras terminaba de estudiar su especialidad en cuidados intensivos. 

Ahora también se ha quedado con los estudios a medias, por el trabajo en el Hospital General dejó la especialidad. “Lo que me ofrecen es hacer suplencias, con las que ganaría unos 1,600 a la quincena. Si hubiera hecho algo mal, no me ofrecerían ni eso, ¿no?”. 

Ricardo dice que no aceptará las suplencias, porque con ese sueldo no le alcanza para cubrir los gastos de él, su esposa y su hija. Daniel, Ricardo y sus compañeros han buscado respuestas y apoyo en las autoridades de salud de sus estados y en el Insabi a nivel federal, pero unos y otros se echan la bolita y al final les acaban diciendo que todo cae en el ámbito de decisión de los hospitales. 

Animal Político solicitó una entrevista para saber por qué a estos integrantes del personal de salud no les renovaron el contrato, pero hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Salud e Insabi. 

En Chiapas también hay casos de este tipo, al menos el de cuatro médicos cubanos que también aseguran que después de haber estado en los peores momentos de la emergencia atendiendo en un hospital a los enfermos COVID ahora los dejan sin contrato. 

“Yo llegué a México el 12 de enero de 2020 y estaba trabajando en la jurisdicción sanitaria 7 de Tapachula, Chiapas. Cuando inició la contingencia dijeron que quién quería trabajar atendiendo pacientes COVID y yo y cuatro compañeros cubanos más dimos el paso al frente. Tuvimos una reunión con el secretario de Salud de Chiapas y nos hicieron muchas promesas, entre ellas que nos darían la plaza Insabi”, dice Yoan Herminio Santibañez. 

A la semana ya estaban en sala covid, en el Hospital General de Reforma. Durante tres meses estuvieron ahí, intubando y atendiendo a los pacientes graves. Después los mandaron a la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 en el municipio de Villaflores. Cuando el número de pacientes bajó, los enviaron a hacer brigadeo casa por casa, para identificar casos positivos. 

“Después de todo eso y de las promesas ahora preguntamos por la renovación del contrato, que terminó el 30 de octubre, y nadie sabe. A los de la jurisdicción sanitaria les cuestioné con quién podemos hablar para buscar una solución y nadie sabe”, cuenta Yoan. 

Tampoco a ellos les dieron una explicación. De los cinco médicos solo le renovaron el contrato al único que no sólo es médico general, sino que tiene una especialidad, la de intensivista. 

“Lo que creo es que como ya les hicimos la chamba y piensan que ya no nos necesitan, ya nos desechan. Eso no es justo. Yo tengo a mi hija y mi esposa no tiene trabajo. Así que nos quedamos sin ingresos”. 

En Morelia, Michoacán, Agustín Vargas, enfermero, dice que a él le pasó lo mismo en el Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos. Insabi lo contrató para atender a pacientes COVID-19 y ahora, después de que se terminó su segundo contrato por tres meses, el 27 de octubre pasado, ya no le dieron uno nuevo. 

Èl admite que sí tiene un oficio levantado, pero asegura que es porque pidió cambio de horario, después de cumplir turnos de 24×48. “Ya estaba cansado. Además en el contrato que firmamos no decía que cubriríamos roles así. Y pedir ese cambio y expresar mi descontento se consideró grilla, por eso me levantaron un oficio pese a que no cometí ninguna falta en el desempleo de mi labor con los pacientes”. 

Agustín cree que por eso es que ya no le dieron un contrato nuevo, como tampoco se lo dieron a otras 3 enfermeras contratadas por Insabi para la contingencia en el mismo hospital infantil de Morelia. 

Este lunes parte del grupo de personal de salud de Cancún a los que ya no les renovaron el contrato acudirán a Palacio Nacional e intentarán entregarle una carta al presidente para que sepa de su situación. Todos dicen que esperan una respuesta de él que públicamente ha prometido que quienes enfrentaron la pandemia de COVID no se quedarán sin empleo.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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