Migración no reporta casos COVID, pero documentos revelan 52 contagios
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Migración no reporta casos COVID en centros de detención; documentos revelan al menos 52 contagios

México deportó a miles de personas desde el inicio de la pandemia sin hacerles PCR, el INM reconoce que solo realizó 78 pruebas.
Cuartoscuro
Por Manu Ureste y Alberto Pradilla
30 de noviembre, 2020
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En lo que va de la pandemia, el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha reportado de manera oficial cuántos casos de COVID se han registrado en sus centros de detención. Incluso, en foros públicos negó la existencia de contagios aún cuando estos ya se estaban produciendo. 

Sin embargo, documentos a los que Animal Político tuvo acceso por transparencia revelan que van al menos 52 migrantes a los que se les detectó el coronavirus al interior de estaciones migratorias y que la transmisión al interior de las estaciones migratorias comenzó en junio, cuando la institución que dirige Francisco Garduño negaba en público los casos. 

A pesar del tamaño de la pandemia en México -más de un millón de casos confirmados y más de 100 mil muertes por el virus-, el INM informó a este medio que, al corte del 26 de octubre pasado, la Secretaría de Salud apenas ha hecho 78 pruebas PCR a migrantes que están detenidos en estaciones y en centros provisionales repartido por todo el país. 

Pues bien, de esas 78 pruebas, 52 fueron positivas; casi el 70%. 

Mientras que solo 9 fueron negativas y 17 resultaron no concluyentes.

México es uno de los países del mundo con una positividad más alta, de más del 40%, cuando la OMS recomienda una tasa del 5%. Estas cifras se explican por las pocas pruebas realizadas y la política de centrarse exclusivamente en las personas con síntomas. 

Para poner en dimensión la escasez de test practicados al interior de los centros de detención: entre abril y septiembre, según la Unidad de Política Migratoria, fueron detenidos 40 mil 362 extranjeros y deportados 16 mil 365. De estos últimos, todos pasaron por un arresto y una reclusión al interior de la estación migratoria. Sin embargo, Salud solo realizó 78 pruebas, de las que la mayoría resultaron positivas. Es decir, que miles de foráneos, en su mayoría centroamericanos, fueron devueltos a sus países sin saber si eran positivos o no. 

El protocolo para determinar si había contagios al interior de las estaciones migratorias se limitaba a unos cuestionarios en los que se preguntaba al migrante por sus síntomas y sobre si había visitado recientemente China o Hong Kong. Este fue el protocolo empleado en mayo con cuatro menores de edad devueltos a Guatemala y a los cuales la prueba realizada en su país resultó positiva. 

Animal Político consultó al INM sobre la razón por la que no se reconocieron estos casos y cómo se podía garantizar que las personas deportadas no estaban contagiadas, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. 

En Veracruz la mayor parte de los casos positivos

En casi siete meses de pandemia, el INM únicamente registró 52 casos positivos a COVID-19. De estos, la mayoría se registraron en la Estación Migratoria de Acayucan, en Veracruz, con 18. Las pruebas se aplicaron entre el 15 de junio y el 21 de octubre pasado, cuando solo en ese día se confirmaron 10 casos. 

En Chiapas, en la Siglo XXI de Tapachula, la estación migratoria más grande de México, suman siete contagios confirmados, mientras que en la de Palenque, suman otros 5. 

En la estación migratoria de San Luis Potosí, suman 6 casos; en ‘Las Agujas’ de Iztapalapa, en la Ciudad de México, van 4; en la de Pachuca, Hidalgo, suman otros 4 casos; en la de Piedras Negras, Coahuila, 3 casos; y en la de Gómez Palacio, Durango, otros 2 casos.

En los centros de detención de Aguascalientes, Chihuahua, y Puebla, también se registró un caso confirmado de COVID1-19 en cada una. 

Estos datos oficiales contrastan con lo dicho públicamente por funcionarios del Instituto y por el propio INM a nivel institucional, que han reiterado la inexistencia de contagios entre la población migrante bajo su custodia y responsabilidad.

Por ejemplo, el pasado 6 de agosto, el INM subrayó por medio de un comunicado oficial que no tenía registro “de algún caso de contagio de COVID-19 entre la población migrante alojada en estaciones migratorias, o estancias provisionales”. 

Sin embargo, según la respuesta del propio INM a través de transparencia, para ese 6 de agosto ya tenía confirmados al menos 5 casos en sus diferentes centros de detención. Es decir, sí tenía registro de casos cuando informó públicamente de lo contrario.

Incluso, días después de ese 6 de agosto, el INM registró otros 7 casos confirmados, aunque en sus comunicados posteriores no publicó este dato. Como tampoco lo ha hecho para ninguno de los 52 casos que lleva registrados en total, a pesar de que organizaciones civiles defensoras de migrantes, como Sin Fronteras o el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), le han pedido en múltiples foros que transparente la información sobre cuántas pruebas PCR ha realizado a la población migrante detenida. 

Otro ejemplo. El pasado 12 de mayo, Carlos Bojórquez, subcomisionado del INM, también dijo en una reunión virtual con diputados que en las estaciones migratorias no existía “ni un solo caso” de infecciones por Covid.

Aunque en este caso hay un matiz: para esa fecha aún no se había realizado ni una sola prueba PCR en las estaciones migratorias. Y sin pruebas, en efecto, lo lógico es que no hubiera “ni un solo caso” de infecciones, como presumió el funcionario federal. 

De hecho, la primera prueba PCR en las estaciones y centros de detención del INM no se hizo hasta el 20 de junio pasado, cinco meses después del arranque de la pandemia y cuando ya sumaban en México más de 175 mil casos confirmados y 20 mil 781 muertes a causa del virus. 

Falta de transparencia

Desde el momento en el que comenzó la pandemia, las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes alertaron que los centros de detención eran espacios donde el riesgo de contagio era elevado. Desde el 20 de marzo Estados Unidos cerró la frontera y comenzó a aplicar el Título 42, que permite expulsar a los migrantes que tratan de cruzar irregularmente la frontera sin darles opción a pedir asilo. 

De este modo, cientos de centroamericanos fueron devueltos a México, que tenía que gestionar los extranjeros a los que el INM detenía más los que le entregaba Washington.

La falta de medidas sanitarias al interior de las estaciones migratorias provocó protestas en lugares como Piedras Negras, Coahuila; Villahermosa y Tenosique, Tabasco. En abril, un solicitante de asilo procedente de Guatemala murió al interior del centro de detención de Tenosique tras un motín al interior en el que se quemaron colchones. 

A partir de este momento se inicia una política de vaciado de las estaciones migratorias. En marzo había en los 65 centros de detención para migrantes 3 mil 759 personas encerradas. Para finales de abril, este número se redujo a 106, según informó el INM. Sin embargo, a partir de junio las cifras volvieron a incrementarse. 

La falta de transparencia del INM durante todo este período ha sido denunciada por organizaciones civiles y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió diversas recomendaciones alertando sobre la falta de medidas de higiene al interior de los centros de detención. 

Esta institución detectó el primer caso de fallecimiento en septiembre: se trató de un salvadoreño que murió en un hospital de la Ciudad de México tras pasar varios días al interior de la estación migratoria de Iztapalapa. 

Durante todo este tiempo, el INM aseguró cumplir las normas de higiene para prevenir los contagios. Sin embargo, organizaciones sociales denunciaron que la institución incumple el mandato judicial para seguir las recomendaciones internacionales y ocupar alternativas a la detención. 

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Quién vigila la radiación del 5G (y cuáles son sus verdaderos riesgos)

Esta nueva tecnología regresa el eterno debate sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas. Estos, sin embargo, son descartados por todas las agencias internacionales.
27 de octubre, 2020
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Seúl

Getty Images
Corea del Sur ya tiene una red 5G en todo el país.

Decenas de antenas, dispositivos bluetooth y cientos de teléfonos móviles nos rodean e irradian cada día. Por no hablar de la telefonía 5G que, al parecer, acabará con la vida en la Tierra. ¡Tanta radiación no puede ser buena!

¿Quién controla los niveles de exposición y los posibles efectos sobre la salud?

Percepción del riesgo

Los campos electromagnéticos están presentes en la naturaleza desde antes de la aparición del ser humano. La luz solar, los rayos cósmicos, las tormentas y la radiación natural terrestre son fuentes de exposición a estos campos.

A mediados de los años 90, se comenzaron a desplegar las redes de antenas de telefonía móvil. Aunque se hacían con estándares técnicos internacionales, que ya tenían en cuenta la protección de la población, no se ofreció la suficiente información al respecto.

A pesar de una reacción rápida por parte de organismos, operadoras y expertos, la percepción de riesgo se instaló entre los ciudadanos. También caló en instituciones, administraciones locales y asociaciones.

Así, se produjo una situación paradigmática. Por un lado, el rechazo a las antenas era un fenómeno global. Por el otro, crecía la demanda universal del servicio.

Ilustracion 5G

Getty Images
La red 5G es mucho más que la mejora de la red 4G.

La OMS parece tenerlo claro

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea fueron conscientes a principios de los 2000 de esa carencia y de la necesidad de dar respuesta a una inquietud y percepción social del riesgo asociado a la telefonía móvil.

Aunque esta percepción e inquietud estaban sobredimensionadas.

A pesar de los esfuerzos realizados para informar y tranquilizar a la población, la OMS reconoció en 2006 que “algunas personas consideran probable que la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia entrañe riesgos y que éstos puedan ser incluso graves”.

En la revisión de 2014, la OMS aseguraba que “hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud”.

En otro documento publicado a comienzos de este 2020 sobre el 5G, insiste en que en las últimas décadas no hay estudios científicos que demuestren una relación causal que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

“El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y el cuerpo humano”.

Ese posible efecto, a los niveles habituales de exposición, es insignificante. Por eso es importante que los niveles se mantengan por debajo de los límites establecidos por agencias internacionales independientes.

Mujer con una tablet.

Getty Images
La OMS ha dicho que no hay estudios científicos que demuestren una relación causal del 5G que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

Quién y cómo se establecen los límites de exposición

En 1992 se estableció en Alemania la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Esta organización científica, independiente y sin ánimo de lucro, revisa periódicamente y de forma sistemática las evidencias científicas para determinar los niveles a los cuales se producen efectos biológicos.

No solo de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, sino también de otras radiaciones electromagnéticas como la luz visible, los infrarrojos y los ultravioletas que, por encima de ciertos niveles, también pueden resultar muy peligrosos.

Por eso se fijan niveles de seguridad y, por eso mismo, no debemos preocuparnos de la radiación que emite el mando a distancia de nuestra tele. Tampoco del router wifi de nuestra casa o de nuestro teléfono inalámbrico.

El proceso de revisión es abierto y su publicación se realiza en una revista científica tras un proceso de revisión por pares.

Así, una vez se establecen los niveles a los cuales se observan efectos para cada frecuencia, se aplica un factor de precaución o seguridad de 50.

Estos valores son aceptados por la mayor parte de los países occidentales desde hace décadas y se adoptan en las correspondientes legislaciones.

Además, existen otras agencias u organismos que realizan una revisión similar. Por ejemplo el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la Food and Drug Administration de Estados Unidos.

Estos tres organismos, en los últimos meses y coincidiendo con el despliegue de la 5G, han revisado y publicado sus guías de límites seguros de exposición humana.

La mano negra de la industria

Que la industria está detrás de todas estas regulaciones e instituciones es un argumento reiterado por los movimientos antiantenas -ahora anti-5G- que parecen acoger toda clase de creencias conspiranoicas con respecto, también, a las mascarillas, las vacunas y la COVID-19.

En realidad han sido la industria y los profesionales del sector los más interesados en garantizar que las radiaciones emitidas por las antenas fueran seguras y que los niveles de potencia estuviesen dentro de los límites permitidos.

Transmisión de eventos deportivos en dos pantallas.

Getty Images
Con la conexión 5G se podrán conectar muchos dispositivos al mismo tiempo.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), como entidad de derecho público al servicio de la sociedad, fue la primera organización que ya en 2001 elaboró un informe sobre las radiofrecuencias de telefonía móvil.

Con ello se pretendía informar a la ciudadanía y mitigar la inquietud que ya surgía ante el desconocimiento de esta tecnología y la normativa que la regula.

La labor de difusión se centró en ayuntamientos y asociaciones ciudadanas, aunque se ha seguido trabajando durante todos estos años con todo tipo de administraciones e instituciones.

En 2006, se creó el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), comité independiente compuesto por profesionales de gran prestigio -en campos como la medicina, física, química, biología, ingeniería de telecomunicación y derecho-, que, desde entonces, ha elaborado cinco informes trienales de referencia.

En ellos recogen las evidencias científicas existentes sobre el impacto de los campos electromagnéticos en la salud.

Además, ha publicado numerosos documentos sobre tecnologías concretas -el último sobre 5G-, con el ánimo de informar verazmente a la sociedad, manteniendo siempre el conocimiento científico riguroso como referencia.

Sus informes han tratado siempre de arrojar luz y evitar cualquier tergiversación que de forma interesada se intentara hacer sobre el efecto de estas tecnologías sobre la salud.

Incluidas comparaciones sin fundamento con sustancias, como el tabaco o el alcohol, que la ciencia sí ha demostrado como perniciosas incluso en pequeñas cantidades.

5G

Getty Images
Los verdaderos riesgos de estas tecnologías son los asociados a la dependencia, problemas musculares, malas posturas y al condicionamiento de nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Los verdaderos riesgos para la salud

Decir que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son inocuos es falso si no se acompaña de la frase “a los niveles habituales de exposición”.

Dichos niveles están decenas o centenas de miles de veces por debajo de los de seguridad marcados por ICNIRP.

Es lo que han demostrado numerosos estudios y revisiones sistemáticas de exposición personal en condiciones reales.

Pero hay efectos constatados derivados del uso de dispositivos y que no son consecuencia de las radiaciones que emiten.

Así, se ha demostrado que su uso puede provocar dependencia, problemas musculares, malas posturas y que condicionan nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Dichos efectos, sin embargo, no son denunciados por los movimientos en contra de estas tecnologías.

Ilustración 5G

Getty Images
Hay una proliferación de un cierto “negocio del miedo” vinculado a las nuevas tecnologías.

Negar la evidencia, ¿con qué fin?

Quizá piense que existe cierta controversia científica en este tema.

Habrá oído que “numerosos científicos alertan de los efectos” en cuestionables llamamientos internacionales, algún pseudoinforme como el Bioinitiative o declaración política ajena a la Unión Europea, como la declaración 1815 del Consejo de Europa.

Todos tienen en común su falta de rigor, el establecimiento de límites de forma arbitraria o la extrapolación inadecuada de estudios en animales o de laboratorio sin tener en cuenta las condiciones reales.

En 30 años, no se ha publicado una revisión sistemática o metaanálisis -los estudios con mayor fortaleza en ciencia- que demuestre sus alarmantes augurios y peligros para la salud (efectos sobre el sueño, la concentración, fisiológicos, hipersensibilidad o, incluso, cáncer).

En cambio, sí es constatable la relación de sus promotores con la proliferación de un cierto “negocio del miedo” a partir de datos tergiversados, erróneos y en ningún caso avalados por la evidencia científica.

Y ese negocio que se basa en esos datos afecta tanto a ámbitos como el médico-sanitario, con diagnósticos o prescripciones no fundamentados en el conocimiento médico; el legal, con denuncias insostenibles basadas en opiniones de supuestos expertos, medios de información carentes de credibilidad (webs pseudocientíficas) o, incluso, empresas que ofrecen aparatos y dispositivos de protección completamente innecesarios.

Todo un negocio basado en el miedo y el desconocimiento que sigue alimentando esa falsa percepción de que vivimos radiados al límite.

*Alberto Nájera López es doctor en radiología y medicina física y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y Juan Carlos López es ingeniero de telecomunicaciones y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


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