En primer año de AMLO: gasto irregular de 8 mil mdp en obras de reconstrucción
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En primer año de AMLO: opacidad y omisiones en gasto de 8 mil mdp para reconstrucción tras sismos

Informes de ASF reportan un cúmulo de irregularidades en el programa para reparar escuelas, casas, hospitales y monumentos dañados por los sismos.
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2 de noviembre, 2020
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Entrega de dinero sin calendarios ni controles, nula supervisión de obras y beneficiarios, subejercicios o sobreejercicios sin explicación lógica, informes incompletos o contradictorios, sistemas de seguimiento que nunca se pusieron en marcha, cifras que no cuadran…

Son algunos ejemplos del cúmulo de irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la ejecución en 2019 del Programa Nacional de Reconstrucción tras los sismos de 2017 y 2018, y para el cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contó con un presupuesto que ascendió a los 8 mil millones de pesos.

Entérate: Programa de Reconstrucción solo avanzó 20% y en daños menores, advierte Coneval

El dinero estaba destinado para la reparación integral de viviendas, escuelas, hospitales y hasta monumentos históricos dañados o destruidos por los sismos, sin embargo, la pésima ejecución del programa denunciada por los auditores impidió, siquiera, conocer de forma confiable en que medida se ha avanzado y si ha habido un beneficio o no para los afectados.

En la base de las fallas está la nueva administración de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), ya que es la instancia a la que correspondía la correcta coordinación y seguimiento de los distintos entes y dependencias responsables de ejecutar los recursos del programa. De hecho, solo por esa coordinación la SEDATU ejerció un presupuesto de mas de 370 millones, pero su desempeño fue negativo, según la ASF.

“El desempeño de la SEDATU presentó deficiencias estratégicas y operativas como instancia coordinadora, lo que implicó que no acreditará la evidencia que posibilitara tener la certeza de la atención de los 37 mil 218 bienes identificados como afectados, ni de su avance físico y financiero y, por tanto, garantizar que la aplicación de los recursos económicos asignados al programa de reconstrucción se administraran cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y economía”, concluyeron los auditores.

La ASF evaluó a través de siete auditorías de desempeño las distintas vertientes que cubre el Programa Nacional de Reconstrucción. La conclusión unánime en todas es que el trabajo fue opaco, descontrolado y en términos generales deficiente. A continuación, Animal Político presenta el resumen de los resultados en las tres principales áreas de cobertura:

Vivienda: cobertura corta y dudosa

En 2019 se destinaron 5 mil 240 millones de pesos para la atención de las viviendas afectadas por los sismos. La ejecución estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). El objetivo era apoyar en la reconstrucción o reparación de 180 mil 545 viviendas en más de una decena de entidades, situación que estuvo lejos de cumplirse.

De entrada, los auditores detectaron que no hay evidencia documental que permita realmente identificar con precisión el universo completo de las viviendas a atender, ni un plan general para llevarlo a cabo. Al final, se reportó solo identificación y entrega de 36 mil 495 subsidios, casi la quinta parte del universo objetivos.

Pero ni la atención y seguimiento de lo que sí se entregó se realizó de manera adecuada pues la carencia de controles y procedimientos rigurosos ocurrió desde el momento mismo de entregar el dinero, de lo que no hay constancia. A partir de ahí se puso en riesgo la cobertura completa del programa.

“Aunque la CONAVI informó que se ministraron los recursos no se acreditó su entrega ni la documentación que lo sustente, tampoco comprobó contar con una calendarización para la ejecución de los subsidios que sirviera como una base para el control en la ejecución de los recursos del programa para el mejor cumplimiento de sus objetivos, sin que justificara las causas de esas deficiencias”, indica el informe de los auditores.

Aunado a ello se identificaron discrepancias entre distintos registros internos entregados por la entidad responsable de la ejecución, algunos de ellos basados mas en estimaciones que en un seguimiento real en terreno, así como carencias de una metodología adecuada y un diseño del programa solido. Desde el punto de vista de los auditores, eso le resta confiabilidad a los datos aportados.

“Al carecer de la evidencia documental no acreditó en qué medida esas personas afectadas tuvieron acceso a viviendas habitables, seguras estructuralmente y adecuadas, conforme a los objetivos del programa, lo cual representó un riesgo de que el programa no repercutiera en la atención de los afectados por esos desastres naturales”, concluyó la ASF.

Escuelas: más gasto y… ¡menos cobertura!

En la atención de escuelas afectadas por los sismos los auditores encontraron algunas de las deficiencias más graves. La responsable operativa fue la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). El objetivo era apoyar en la reparación de 736 planteles dañados ejerciendo un presupuesto de 800 millones de pesos.

Lo que los auditores encontraron fue diametralmente distinto. El INIFED terminó gastando un presupuesto 50 por ciento mayor al programado llegando a los 1 mil 230 millones de pesos pero que solo se tradujeron en la entrega de subsidios para 296 plateles afectados, menos de la mitad de los beneficiarios que debían cubrirse.

Detrás de todo esto hay un cúmulo de distintas fallas y omisiones. Por ejemplo, los subsidios fueron registrados de forma tan deficiente que en el 30 por ciento de ellos resultó imposible determinar la ubicación del plantel educativo que supuestamente fue beneficiado según los registros.

Al igual que en el caso de las viviendas existe una sistemática falta de calendarización para la entrega de los subsidios, y hay un pobre seguimiento mensual del avance en la ejecución de los proyectos. Las inconsistencias fueron constantes a lo largo de todo 2019 al punto en que hoy resulta complejo generar al menos un esquema confiable de verificación en el terreno de los trabajos reportados.

“En opinión de la ASF, el ejercicio de los recursos y la operación, en 2019, del Programa Nacional de Reconstrucción para la entrega de subsidios con el propósito de atender la infraestructura física educativa afectada por los sismos de 2017 y 2018 se realizó de manera deficiente, desarticulada y con el mínimo control y seguimiento de sus actividades”, concluye el informe de resultados de los auditores.

Hospitales: dos años y muy poco

La meta en 2019 se centró en atender 109 centros de salud en el país afectados de manera considerable por los sismos ocurridos dos años antes, para lo cual se presupuestaron 800 millones de pesos del programa que se asignaron a la Secretaría de Salud Federal.

Lo que los auditores encontraron, otra vez, fue una ejecución del programa que se quedó corta y que además es dudosa.

El informe de resultados arroja que, del universo de centros de salud a atender, solo se entregaron los subsidios correspondientes a 81 hospitales y clínicas, es decir al 77 por ciento del total de los que se habían programado atender, quedando fuera la quinta parte de ellos. Pero, además, tampoco hay evidencia documental suficiente para sostener que los que sí fueron atendidos realmente recibieron los apoyos completos.

“Durante la revisión, se detectaron deficiencias en los procesos de programación, ejecución y seguimiento, lo que no otorgó certeza respecto del avance en la rehabilitación de la infraestructura en salud afectada, ni del restablecimiento de los servicios médicos a la población afectada, lo que ocasionó que, a dos años de los sismos ocurridos en el país, los derechos de la población que sería apoyada continúan restringidos”, señalaron los auditores.

La asignación del dinero presenta graves inconsistencias, Salud firmó convenios para la distribución de 397 millones de pesos en los centros afectados, pero luego reportó la transferencia de 467 millones, sin que haya explicación del porque de la diferencia entre lo convenido y lo ministrado. Y en cualquier caso se trata de un subejercicio del presupuesto total programado.

Todo lo anterior sumado a omisiones administrativas como la habitual falta de seguimiento y verificación adecuada llevan a concluir, según la ASF, un funcionamiento “desarticulado del programa”, y en general un ejercicio “deficiente, inercial y con el mínimo control y seguimiento de sus actividades”.

Monumentos: en 12 años terminan

Los sismos de 2017 y 2018 ocasionaron afectaciones de distinta gravedad a 2 mil 430 monumentos históricos y sitios arqueológicos en once estados. En 2019 se presupuestaron, como parte del Programa Nacional de Reconstrucción, un total de 800 millones de pesos para atender un mínimo de 1 mil 137 monumentos del universo de los afectados. La operación quedó a cargo de la Secretaría de Cultura.

Como fue el común denominador en otros casos, los auditores encontraron una ejecución con múltiples inconsistencias. Por ejemplo, Cultura recibió 669 solicitudes formales para acceder a los subsidios, de las cuales solo 54 se presentaron con los lineamientos completos establecidos en la convocatoria. Pese a ello la dependencia reportó la entrega de recursos para el apoyo de 206 bienes.

La entrega del dinero se hizo sin definir parámetros sobre montos mínimos o máximos, es decir, de forma totalmente discrecional. No hubo seguimientos adecuados, ni controles, ni verificaciones. Los auditores solo recibieron soporte documental de 175 de los bienes apoyados.

Aun con todo el desorden y los controles mínimos la cobertura se quedó muy lejos de los programado. La ASF subraya que los 206 bienes apoyados representan una “cobertura marginal” respecto al universo de 1 mil 137 que debieron haberse atendido y restaurado.

Peor aun es que de los 206 proyectos apoyados solo se concluyeron los trabajos al cierre de la auditoría en 101 casos. A ese ritmo, indican los auditores, se necesitarían por lo menos doce años más para concluir la restauración del patrimonio cultural e histórico afectado por los sismos de 2017 y 2018.

Aunque no forma parte del programa, la ASF también reviso la gestión que hizo e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la atención de 134 monumentos afectados por los sismos, intervenciones que constaron 117.5 millones de pesos de recursos que en este caso provinieron del FONDEN.

El resultado, para mal, fue el mismo: ausencia de documentos que amparen la entrega adecuada del dinero y de mecanismos para un correcto seguimiento de los trabajos que deberían de haberse llevado a cabo, lo que en suma impide acreditar que realmente haya avances en la restauración de patrimonio cultural aun cuando el dinero se gasta en gran cantidad.

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'Ni vivir así… ni morir así': la controvertida práctica de la eutanasia psiquiátrica y los países donde se lleva a cabo

España acaba de sumarse a la lista de países donde es legal la eutanasia de personas con trastornos mentales y la iniciativa ha provocado un feroz debate en la comunidad médica.
10 de diciembre, 2021
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En enero de 2018 Aurelia Brouwers, una joven neerlandesa de 29 años, escribió en Facebook “Me estoy preparando para mi viaje. Gracias por todo. A partir de ahora no estaré disponible”.

Cuatro horas después, Brouwers se recostó en su cama y, rodeada de amigos, bebió un compuesto tóxico, recetado por su médico, para morir.

La muerte de Aurelia, en la ciudad de Deventer, Países Bajos, ocurrió un mes después de que el Estado le otorgara el derecho a morir bajo la ley de eutanasia y suicidio asistido, que permite la terminación de la vida cuando hay “sufrimiento insoportable e intratable”.

Pero Aurelia no sufría una enfermedad terminal.

A la joven neerlandesa se le permitió poner fin a su vida debido al “sufrimiento psicológico insoportable” de sus trastornos mentales, incluidos, ansiedad, depresión y psicosis.

La eutanasia está permitida en siete países y el procedimiento se practica principalmente en personas con enfermedades terminales como cáncer, donde el paciente tiene meses o semanas de vida.

Pero en cuatro de éstos países -Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y recientemente España- se permite el procedimiento para personas con enfermedades mentales, como depresión, ansiedad o trastornos de la personalidad.

(Canadá votó en marzo para permitir la eutanasia para enfermedades mentales a partir de marzo de 2023).

Igual que ocurrió en 2018 con la muerte de Aurelia, el asunto de la “eutanasia psiquiátrica” ha provocado un feroz debate en la comunidad médica de España y Canadá.

Y ha enfrentado a quienes afirman que una enfermedad mental puede causar tanto sufrimiento e incapacidad como una enfermedad física, y quienes apuntan que hay tratamientos para curar estos trastornos y no se debe ayudar a morir a estas personas.

“Yo creo que se tienen que hacer los esfuerzos públicos para que las personas no deseen morir, pero que algunas personas quieran morirse es algo hasta cierto punto inevitable”, le dice a BBC Mundo David Rodríguez-Arias, profesor de bioética de la Universidad de Granada e investigador principal del proyecto INEDyTO sobre bioética y final de la vida.

“Hay circunstancias que son tan dramáticas y tan duras y tan irreversibles e irremediables que es inevitable que siga habiendo algunas personas que pidan ese tipo de ayuda“.

“Es una constatación triste, pero inevitable”, agrega.

inyección

Getty Images
Holanda fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia en 2002.

Para muchos psiquiatras, sin embargo, la eutanasia es “fundamentalmente incompatible” con el papel de un médico para sanar al enfermo.

“Abrir la puerta a la eutanasia facilita la devaluación del valor de la vida, a la cual si que tenemos derecho como seres humanos”, le dice a BBC Mundo el doctor Manuel Bousoño García, profesor de psiquiatría de la Universidad de Oviedo.

“Debe lucharse por preservarla libre de sufrimiento y no por eliminarla”.

El reto de los criterios

En los cuatro países donde se permite la eutanasia psiquiátrica, las personas que solicitan el procedimiento deben cumplir con una serie de condiciones.

El problema es la dificultad para interpretar muchos de los criterios que se establecen en la ley de eutanasia.

Y distinguir a los pacientes elegibles para el procedimiento es un enorme reto para los profesionales de salud mental.

Por ejemplo, ¿tiene un paciente con un trastorno mental la capacidad para tomar la decisión de poner fin a su vida?

El psiquiatra Manuel Bousoño cree que una de las características de las enfermedades psiquiátricas es la disminución de esta capacidad y, por lo tanto, se debe proteger a estos pacientes.

“Muchas enfermedades psiquiátricas presentan una tendencia al suicidio que podría inclinarles a buscar una salida en la eutanasia, aunque su enfermedad fuese tratable o incluso curable con los medios adecuados”, afirma Bousoño.

“Y hay que proteger a las personas con enfermedad mental del riesgo a que les somete su enfermedad”, agrega.

Pero David Rodríguez-Arias cree que asumir que una persona con un trastorno mental es necesariamente incapaz de tomar decisiones con respecto a su salud es “un prejuicio común”.

“No se puede directamente asumir que una persona con un trastorno de salud mental tenga incapacidad para tomar decisiones”, explica.

“Ante una persona con una depresión se debe demostrar -no presumir- que es incapaz de tomar la decisión acerca de su propia muerte”.

protesta en España

Getty Images

Otro de los grandes retos que enfrentan los psiquiatras es cómo distinguir que una enfermedad mental es incurable, por un lado, y por el otro, crónica e imposibilitante, que son también condiciones que establecen las leyes de eutanasia.

El psiquiatra Manuel Bousoño asegura que “en muy pocas ocasiones podría decirse que (una enfermedad mental) es intratable”.

“Afortunadamente hay tratamientos que son muy eficaces para disminuir el nivel de sufrimiento”.

Y agrega que “a lo largo de más de 40 años de ejercicio profesional no he encontrado ningún caso con sufrimiento intratable“.

Pero el profesor Rodríguez-Arias cree que la cuestión de si las enfermedades mentales pueden curarse o no es un asunto bastante difícil de resolver.

“Los estándares de tratamiento y los propios diagnósticos en el ámbito de salud mental están muy cuestionados”.

“Incluso los propios especialistas dentro de la salud mental no comparten entre sí los criterios de diagnóstico ni de tratamiento”, señala el experto en bioética.

Y con respecto a las otras condiciones que contempla la ley, la de que una enfermedad mental sea crónica e imposibilitante, es quizás más fácil de demostrar con personas que llevan años o gran parte de su vida con una enfermedad que les da un sufrimiento intolerable y sin encontrar un tratamiento adecuado para aliviar ese sufrimiento.

“Entonces yo creo que los enfermos en salud mental, incluidos los que tienen depresión, pueden ser candidatos, en teoría, a este tipo de ayuda a morir, siempre y cuando efectivamente sean competentes para tomar esa decisión y siempre y cuando convenzan a los médicos que su padecimiento es crónico e imposibilitante“, le dice a BBC Mundo el profesor David Rodríguez-Arias.

Suicidio: ¿evitarlo o facilitarlo?

Quienes apoyan la eutanasia apuntan a la autonomía y la autodeterminación para poner fin al sufrimiento intolerable de una enfermedad.

Quienes se oponen aseguran que la sociedad debe esforzarse más para ayudar a los enfermos mentales y que el papel de los psiquiatras es evitar los suicidios y no ofrecerlos como tratamiento.

“La posibilidad de acceder al suicidio asistido (Eutanasia), va en contra de lo que la psiquiatría promueve como ciencia, que es la curación o alivio de las enfermedades mentales y de sus consecuencias”, le dice a BBC Mundo el doctor Manuel Bousoño.

“La lucha por mejorar debe ser hacia una mejor y más completa asistencia, aunque eso suponga unos costes mayores que una eutanasia que solo sirva para eliminar a los miembros más débiles de una sociedad”, agrega.

protesta en España

Getty Images

Pero ¿qué ocurre cuando el sufrimiento de un paciente es verdaderamente irremediable?

“Creo que la tarea de los psiquiatras es saber cuándo tenemos que prevenir suicidios y cuando tenemos que apoyarlos“, le dice a BBC Mundo la doctora Asunción Álvarez del Río profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El problema es que por definición, muchos psiquiatras consideran que si alguien quiere suicidarse o quitarse la vida eso es una expresión de perturbación, un síntoma de la enfermedad, y eso está equivocado”.

“En muchos casos puede ser la expresión de una depresión profunda o de algo que se puede tratar. Pero no siempre”.

La experta cree que hay un problema con la formación psiquiátrica que establece que si alguien considera terminar su vida es porque está perturbado.

“Eso es un error”, dice. “Hay gente que tiene muy claro que quiere terminar con su vida porque su vida no se va a mejorar y quieren usar su libertar para dejar de vivir“, agrega la también autora de “La Eutanasia” (1998) y “Práctica y ética de la eutanasia” (2005).

Lo que es un hecho es que muchos pacientes psiquiátricos, incluso en los países más desarrollados, no encuentran un tratamiento adecuado para su enfermedad (o no lo buscan) y terminan suicidándose.

En países como Bélgica o Países Bajos, ha habido testimonios de padres cuyos hijos se suicidan de forma violenta después de que se les negó la eutanasia. ¿Qué se les dice a esos padres? ¿Habría sido mejor facilitar su muerte?

“Que un hijo quiera solicitar una eutanasia tiene que ser durísimo, pero también es muy duro que se suicide”, afirma el profesor de bioética David Rodríguez-Arias.

“La ley permitirá sólo aquellas muertes que estén muy bien argumentadas, justificadas y revisadas por varias personas especializadas”.

“Yo creo que la ley no permitiría que las personas jóvenes acaben suicidándose cuando todavía tienen alternativas de conseguir una vida con calidad”, agrega el experto.

En efecto, los médicos tienen el enorme desafío de saber cuándo respetar la libertad de una persona de poner fin a su vida, asegurándose de que tiene la capacidad de tomar la decisión y de que no hay forma de mejorar su sufrimiento y condición.

“Es una responsabilidad entre el médico responsable de ese paciente y ese médico tiene que consultar con otros médicos que también tendrán que valorar al paciente”, explica la doctora Asunción Álvarez del Río.

“Ha habido casos interesantes en donde pacientes psiquiátricos hablan del alivio que sienten cuando se les autoriza la eutanasia y como eso les ha permitido seguir viviendo, porque saben que cuando decidan morir, ya cuentan con esa ayuda”.

“Y también es un hecho que a los pacientes que les niegan la eutanasia encuentran otra forma más violenta de suicidarse”, agrega la experta.

Un equipo de eutanasia para médicos en Bélgica.

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Un equipo de eutanasia para médicos en Bélgica.

Abrir el debate

El número de personas a quienes se les permite morir por sufrimiento psiquiátrico es pequeño: representa entre el 1% y el 3% del total de casos de eutanasia y suicidio asistido en los países donde los procedimientos son legales.

Por ejemplo en Países Bajos, de los 6.938 procedimientos de eutanasia que se llevaron a cabo en 2020, 60 pacientes se sometieron a la muerte asistida por trastornos mentales.

Aún así, todavía hay muchos temores alrededor del mundo para abrir el debate de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido.

Por ejemplo, en Reino Unido, donde la eutanasia es ilegal, un sondeo llevado a cabo por YouGov en agosto encontró que 75% de los británicos apoyan la muerte médicamente asistida para enfermos terminales y, sin embargo, los legisladores continúan rechazando las propuestas para cambiar la ley.

Como señala el profesor de bioética, David Rodríguez-Arias, todavía sigue habiendo muchos tabúes en las sociedades para hablar de la muerte.

“Siempre está la idea de que renunciar a la vida es una especie de fracaso y quizás también genera la sensación de culpa por parte de las demás personas, de la sociedad y de las políticas públicas”, señala.

“Entonces esa sensación de fracaso y de culpa pueden explicar en parte este tabú y este silenciamiento de la muerte”.

“Pero esta tendencia contrasta con toda una tradición cultural, filosófica, literaria… desde Séneca, pasando por Hume y otros filósofos que hablan del suicidio como una forma honrosa de vivir y de culminar una vida con sentido”.

“Y las sociedades están cada vez más comprendiendo que las biotecnologías aplicadas al mantenimiento de la vida a veces solo consiguen prolongar la vida sin al mismo tiempo conservar su calidad”, agrega el experto.

Y la doctora Álvarez del Río también cree que debe abrirse el debate y aceptar las posiciones contradictorias.

“Es un tema en el que siempre van a aparecer posiciones difíciles de conciliar. Pero no se trata de que la gente esté de acuerdo, sino se trata de respetar las diferentes posiciones. Eso es lo que hay que considerar”, señala.

Pero el doctor Manuel Bousoño cree que España “estaba mejor sin esta ley”.

“Mi opinión es que con la legislación sobre la eutanasia, se abre una puerta difícil de cerrar, que va a producir más sufrimiento que el que pretende corregir”.

“Hubiese sido mucho mejor una Ley de Cuidados Paliativos, que en nuestro país aun están insuficientemente dotados”, indica el experto.


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