Segalmex excedió gasto para Precios de Garantía y no aclaró destino de 3 mmdp
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Foto: Segalmex

Segalmex rebasó presupuesto aprobado para Precios de Garantía y no acreditó el destino de 3 mmdp

La Auditoría Superior de la Federación señaló en su informe sobre este programa que no solo no se acreditó el destino de ese total de recursos, sino que no hay información confiable sobre los subsidios, el padrón de beneficiarios y los precios.
Foto: Segalmex
4 de noviembre, 2020
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En 2019, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), operadora de Precios de Garantía para Productos Alimentarios Básicos (PGPAB), no acreditó el destino de 3,027 millones de pesos.

Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre este programa, que forma parte de la evaluación a la cuenta pública 2019, y en el que se informa además que Segalmex ejerció 1,148 millones de pesos en gastos de operación (actividades administrativas), lo que significó 14.2% del presupuesto ejercido, cuando el límite máximo para ese tipo de gastos es de 5%.

Entérate: Fraudes en subsidios al campo: ASF presentó 20 denuncias penales por desvío de 790 millones con EPN

Esto, dice el informe de la ASF, “sin que la Secretaría de Agricultura (Sader), como coordinadora del sector, y Segalmex como operador del programa, tomaran las medidas pertinentes para racionalizar el gasto”.

En la auditoría también se revela que PGPAB recibió más recursos de los aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2019). A este programa se le autorizaron 2 mil 100 millones de pesos más, por lo que pasó de un monto de 6 mil millones avalados por el legislativo a disponer de 8 mil 100 millones de pesos, de los que ante la ASF no ha podido acreditar el destino de 3 mil 27 millones de pesos.

Los precios de garantía están diseñados para elevar el precio a los productores por encima del precio de equilibrio de mercado, además de mantener los precios a los consumidores en o por debajo de este nivel. El gobierno paga la diferencia.

El antecedente de este programa en México data de 1953, cuando se establecieron los primeros precios de garantía al frijol, el maíz y el trigo. A partir de 1960 se incorporaron el arroz, los granos forrajeros (el sorgo y la soya), la semilla de algodón y el ajonjolí.

Para 1970 se introdujeron productos como el girasol y la cebada, y el listado incluía 12 diferentes productos. El organismo responsable de operar la política de precios de garantía fue la Conasupo, que se transformó en organismo público descentralizado del Gobierno Federal, y su objetivo prioritario fue la autosuficiencia alimentaria mediante la regulación de los precios del mercado.

Pero con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), desaparecieron los precios de garantía y comenzó una transición hacia un sistema de precios de referencia, lo que aceleró la desaparición de Conasupo y el inicio de esquemas de apoyo a la comercialización.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se indica que las políticas pasadas favorecieron la implantación de las agroindustrias y los megaproyectos abandonaron a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, lo que ha provocado que México importe casi la mitad de sus insumos.

Con la llegada de la nueva administración federal, Segalmex agrupó a Liconsa y Diconsa y es responsable de fijar las directrices que rigen sus actividades.

Los precios de garantía volvieron apenas en 2019, con el objetivo de beneficiar a 2 millones de pequeños productores, a los que se apoyará por medio de un precio subsidiado a sus productos agrícolas: maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche.

En el caso del maíz, el frijol y la leche, el productor vende sus productos a Segalmex, quien los almacena y los vende a precios de mercado, absorbiendo la diferencia entre el monto pagado a precios de garantía y los precios comercializados de estos productos.

En el caso del arroz y el trigo panificable, el productor vende su producto a un molino o bodega de la industria privada y recibe una factura. Los molinos o bodegas registran las compras en el Sistema Segalmex y adjuntan las facturas. Segalmex recibe la información e inicia el proceso de apoyo al productor.

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral al programa, en su primer año de operación, la ASF evaluó: su diseño; los mecanismos de operación para otorgar los subsidios; el ejercicio de los recursos y los mecanismos de evaluación.

En su primer año, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, documentó la ASF, otorgó 45,300 subsidios; de ese total, 24,583 (54.3%) fueron para productores de trigo panificable; 16,377 (36.2%), para productores de frijol; 3,699 (8.2%), para productores de maíz, y 641 (1.4%), para productores de arroz.

De los 8 mil 100 millones de pesos que ejerció, acreditó con sus bases de datos la entrega de 3 mil 923 millones de pesos en subsidios para la compra de los granos y mil 148 millones de pesos en gastos de operación, sin que acreditara el destino de 3 mil 027. 5 millones de pesos.

La ASF identificó que el programa Precios de Garantía presentó deficiencias en la integración y registro de información contable y financiera, por lo que no siguió las mejores prácticas para el control del uso de los recursos públicos y tampoco facilitó el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto en general.

De acuerdo con el informe de la ASF, en 2019, Segalmex fue líquida y solvente; sin embargo como financió a sus proveedores, contó con activos ociosos que denotaron ineficiencias en el manejo de sus recursos y los recursos generados en su operación fueron deficitarios, en un horizonte de vencimiento inferior a un año estaría impedida para cubrir sus obligaciones.

El informe de la ASF también reveló que el programa careció de un padrón estructurado y sistematizado de beneficiarios.

Solo construyó el padrón de productores de maíz y frijol, en el que se identificaron 57,365 productores de maíz y 5,866 de frijol, pero esto no fue una herramienta útil porque no cumplió con los elementos mínimos establecidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración del padrón.

Las deficiencias en esto no permiten garantizar que los apoyos del programa se destinaron a los pequeños y medianos productores.

Además, los indicadores fueron útiles para medir el incremento del ingreso de los beneficiarios, y no se dispuso de una metodología para determinar los precios de garantía, ni de políticas y procedimientos para regular los principales procesos.

Tampoco se acreditó la elaboración de un plan de negocios; no se diseñó la integración de una área responsable facultada para sancionar las conductas e imponer medidas disciplinarias a los servidores públicos que incurrieran en faltas y careció de mecanismos para garantizar que los integrantes del Consejo de Administración no presentaran conflicto de interés en el desempeño de sus funciones.

No contó con mecanismos para evitar actos de corrupción, ni procedimientos de sanción para los funcionarios públicos que incurrieran en dichos actos.

Y no operó con políticas formalizadas y aprobadas en su manual de operación para la adquisición, acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de maíz, frijol y leche: careció de un programa de adquisiciones por producto; no dispuso de un programa de acopio calendarizado de los destinos y cantidades de granos; no acreditó los informes y resultados de las tomas físicas de inventarios; no contó con mecanismos para el control de estos, ni de las mermas por producto, y no informó sobre el destino del maíz y la leche que se acopiaron.

La ASF emitió diversas recomendaciones sobre los procesos y vacíos de Precios de Garantía, así como 10 solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control en Segalmex, para identificar las causas por las que no tomó las medidas pertinentes para racionalizar el gasto destinado a actividades administrativas; no acreditó contar con información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna para justificar el destino total de 3 mil 027.5 millones de pesos y no dispuso de información para explicar las inconsistencias identificadas en los Estados Financieros 2019, entre otros aspectos.

Las acciones que se presentan en los informes de la ASF se encuentran sujetas a un proceso de seguimiento de 30 días hábiles, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su caso proporcionen las entidades fiscalizadas, podrán confirmarse, solventarse o modificarse.

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Brasil: camioneros bloquean carreteras en 26 estados del país para protestar por derrota de Bolsonaro

Las manifestaciones no tienen un liderazgo claro ni el apoyo de todos los camioneros, algunos de los cuales respaldan a Lula y están en contra de las protestas.
1 de noviembre, 2022
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Poco después de que este domingo se confirmara la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil frente a Jair Bolsonaro, grupos de camioneros bolsonaristas y otros simpatizantes del actual mandatario comenzaron a cerrar carreteras.

Hasta la noche de este lunes, se habían registrado 342 protestas -con bloqueos parciales o totales- en los 26 estados del país, reportó la Policía Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués).

Los estados con más bloqueos son Santa Catarina (48), Rio Grande do Sul (43) y Mato Grosso do Sul (42).

Las autoridades han comenzado a tomar acciones, luego de que las protestas de los transportistas interrumpieran el tránsito durante más de 12 horas en algunas zonas del país.

Reestableciendo la normalidad

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, ordenó el lunes a la policía que comenzara a levantar los bloqueos de las carreteras y demás vías públicas.

Vista área de uno de los bloqueos

Reuters
Uno de los bloqueos registrados en las últimas horas en el estado de Mato Grosso, uno de los grandes productores de granos del país.

La instrucción la giró el funcionario en respuesta a una demanda presentada por la Confederación Nacional de Transportes (CNT), en la cual advirtió que la Constitución ciertamente reconoce el derecho a la protesta, pero advirtió que el mismo no puede ejercerse “de forma abusiva y amenazando la protección de los derechos y libertades de los demás”.

De Moraes dejó en claro que si a partir de la medianoche de este martes los camioneros no cumplían sus instrucciones entonces serán multados con 100.000 reales por hora (US$ 19.305).

Pero el juez no solo tomó medidas contra los manifestantes, sino también contra la policía. Así tras asegurar que hubo “omisión e inercia” por parte de la PRF el presidente del TSE amenazó con imponerle también una multa de 100.000 reales al director del organismo, Silvinei Vasques, y con destituirlo en caso de que no cumpla su orden.

“La posición del presidente determinará el rumbo de las protestas”

Janderson Maçanero, un camionero de Itajaí (Santa Catarina) que participa en las protestas, dice que en su ciudad apenas 20% de los manifestantes son camioneros y que el resto son ciudadanos de diferentes profesiones.

Protesta de seguidores de Bolsonaro.

Reuters
Neumáticos quemados son utilizados para bloquear las rutas.

Lo que está planteado, la no aceptación del nuevo presidente, es distinto del objetivo de otras protestas en las que participó el camionero, como en 2014, cuando se hizo un paro para reclamar una baja en los precios de los combustibles, y en 2019, cuando exigían la contratación directa de los camioneros sin intermediarios.

También asegura que las protestas no tienen un liderazgo directo ni un reclamo específico.

Algunos, por ejemplo, defienden un golpe de Estado militar -que dice que no es su caso-, pero todos tienen en común el rechazo a Lula y la no aceptación de la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones.

“Es la posición del presidente la que va a determinar el rumbo de las protestas. Estamos esperando que hable. O Bolsonaro va a la guerra, o desaparece de la escena política, porque entonces es no el líder que pensábamos”, expone.

Dice que “ir a la guerra”, para él, es no aceptar el resultado, pero no describe exactamente cómo podría desarrollarse esto, ya que él mismo aclara que no apoya un golpe militar. Dice que espera que el presidente anuncie la solución.

Janderson Maçanero, camionero de Itajaí (Santa Catarina).

Archivo personal
Janderson Maçanero, camionero de Itajaí (Santa Catarina).

Agrega que la aceptación de los resultados por parte de Bolsonaro sería una decepción para él y muchos de sus colegas.

Sobre cuánto podría durar el paro, explica que “el tiempo es relativo” para los camioneros: “Aquí estamos en casa. Nuestro camión tiene un lugar para comer, un lugar para dormir… Esta es nuestra rutina diaria”.

“Creo que no habrá dificultad en negociar con el gobierno de Lula”

Wanderlei Dedeco, un camionero de Curitiba (Paraná), que actúa como “asesor” de los líderes de los camioneros, según su propia descripción, está en contra de las huelgas y dice que hasta el comienzo del día no creía que las protestas durarían mucho tiempo, pero ya comenzó a ver el escenario con “otros ojos”.

“Las manifestaciones están creciendo rápidamente y no hay una intervención inmediata de la PRF como ha habido en otras ocasiones. Además, la demora de Bolsonaro en pronunciarse puede contribuir a la propagación de las protestas“, apunta.

Wanderlei Dedeco, camionero de Curitiba, Paraná

Archivo personal
Wanderlei Dedeco, camionero de Curitiba, Paraná

“Las protestas están siendo hechas por camioneros enojados, que no aceptan perder, y por empresarios que creen que perderán algo con el gobierno de Lula. Pero la democracia estuvo presente ayer, así es cómo funciona el juego”, dice.

A pesar de las protestas, hay representantes de los camioneros que creen que existe la posibilidad de diálogo con el gobierno de Lula.

Dedeco fue uno de los líderes de la huelga de camioneros de 2018 y, a diferencia de los camioneros activos en estas protestas, apoyó a Lula en la segunda vuelta de las elecciones.

Protesta de seguidores de Bolsonaro.

Diego Vara/Reuters
A pesar de las protestas, hay representantes de los camioneros que creen que el gremio tiene posibilidades de dialogar con el gobierno de Lula.

Yo una vez fui crítico del PT y de Lula, creía en el Lava Jato. Pero si el Supremo Tribunal Federal no lo condenó, ¿quién soy yo para hacer eso? Yo voté por Lula y ahora quiero verlo gobernar. Puedes estar seguro de que lo voy a criticar, a diferencia de los bolsonaristas que estaban ‘deificando’ a Bolsonaro y aceptaban todo lo malo que hacía”, afirma.

En su opinión, los camioneros tienden a beneficiarse de la elección de Lula: “Con el gobierno de Bolsonaro no había condiciones para sentarse a negociar. El gobierno de Lula siempre ha sido más democrático, abierto a escuchar lo que estaba bien y lo que no. Creo que no tendremos dificultad en negociar con el gobierno de Lula”, opina.


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