En 2019, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), operadora de Precios de Garantía para Productos Alimentarios Básicos (PGPAB), no acreditó el destino de 3,027 millones de pesos.
Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre este programa, que forma parte de la evaluación a la cuenta pública 2019, y en el que se informa además que Segalmex ejerció 1,148 millones de pesos en gastos de operación (actividades administrativas), lo que significó 14.2% del presupuesto ejercido, cuando el límite máximo para ese tipo de gastos es de 5%.
Esto, dice el informe de la ASF, “sin que la Secretaría de Agricultura (Sader), como coordinadora del sector, y Segalmex como operador del programa, tomaran las medidas pertinentes para racionalizar el gasto”.
En la auditoría también se revela que PGPAB recibió más recursos de los aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2019). A este programa se le autorizaron 2 mil 100 millones de pesos más, por lo que pasó de un monto de 6 mil millones avalados por el legislativo a disponer de 8 mil 100 millones de pesos, de los que ante la ASF no ha podido acreditar el destino de 3 mil 27 millones de pesos.
Los precios de garantía están diseñados para elevar el precio a los productores por encima del precio de equilibrio de mercado, además de mantener los precios a los consumidores en o por debajo de este nivel. El gobierno paga la diferencia.
El antecedente de este programa en México data de 1953, cuando se establecieron los primeros precios de garantía al frijol, el maíz y el trigo. A partir de 1960 se incorporaron el arroz, los granos forrajeros (el sorgo y la soya), la semilla de algodón y el ajonjolí.
Para 1970 se introdujeron productos como el girasol y la cebada, y el listado incluía 12 diferentes productos. El organismo responsable de operar la política de precios de garantía fue la Conasupo, que se transformó en organismo público descentralizado del Gobierno Federal, y su objetivo prioritario fue la autosuficiencia alimentaria mediante la regulación de los precios del mercado.
Pero con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), desaparecieron los precios de garantía y comenzó una transición hacia un sistema de precios de referencia, lo que aceleró la desaparición de Conasupo y el inicio de esquemas de apoyo a la comercialización.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se indica que las políticas pasadas favorecieron la implantación de las agroindustrias y los megaproyectos abandonaron a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, lo que ha provocado que México importe casi la mitad de sus insumos.
Con la llegada de la nueva administración federal, Segalmex agrupó a Liconsa y Diconsa y es responsable de fijar las directrices que rigen sus actividades.
Los precios de garantía volvieron apenas en 2019, con el objetivo de beneficiar a 2 millones de pequeños productores, a los que se apoyará por medio de un precio subsidiado a sus productos agrícolas: maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche.
En el caso del maíz, el frijol y la leche, el productor vende sus productos a Segalmex, quien los almacena y los vende a precios de mercado, absorbiendo la diferencia entre el monto pagado a precios de garantía y los precios comercializados de estos productos.
En el caso del arroz y el trigo panificable, el productor vende su producto a un molino o bodega de la industria privada y recibe una factura. Los molinos o bodegas registran las compras en el Sistema Segalmex y adjuntan las facturas. Segalmex recibe la información e inicia el proceso de apoyo al productor.
Con el propósito de fiscalizar, de manera integral al programa, en su primer año de operación, la ASF evaluó: su diseño; los mecanismos de operación para otorgar los subsidios; el ejercicio de los recursos y los mecanismos de evaluación.
En su primer año, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, documentó la ASF, otorgó 45,300 subsidios; de ese total, 24,583 (54.3%) fueron para productores de trigo panificable; 16,377 (36.2%), para productores de frijol; 3,699 (8.2%), para productores de maíz, y 641 (1.4%), para productores de arroz.
De los 8 mil 100 millones de pesos que ejerció, acreditó con sus bases de datos la entrega de 3 mil 923 millones de pesos en subsidios para la compra de los granos y mil 148 millones de pesos en gastos de operación, sin que acreditara el destino de 3 mil 027. 5 millones de pesos.
La ASF identificó que el programa Precios de Garantía presentó deficiencias en la integración y registro de información contable y financiera, por lo que no siguió las mejores prácticas para el control del uso de los recursos públicos y tampoco facilitó el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto en general.
De acuerdo con el informe de la ASF, en 2019, Segalmex fue líquida y solvente; sin embargo como financió a sus proveedores, contó con activos ociosos que denotaron ineficiencias en el manejo de sus recursos y los recursos generados en su operación fueron deficitarios, en un horizonte de vencimiento inferior a un año estaría impedida para cubrir sus obligaciones.
El informe de la ASF también reveló que el programa careció de un padrón estructurado y sistematizado de beneficiarios.
Solo construyó el padrón de productores de maíz y frijol, en el que se identificaron 57,365 productores de maíz y 5,866 de frijol, pero esto no fue una herramienta útil porque no cumplió con los elementos mínimos establecidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración del padrón.
Las deficiencias en esto no permiten garantizar que los apoyos del programa se destinaron a los pequeños y medianos productores.
Además, los indicadores fueron útiles para medir el incremento del ingreso de los beneficiarios, y no se dispuso de una metodología para determinar los precios de garantía, ni de políticas y procedimientos para regular los principales procesos.
Tampoco se acreditó la elaboración de un plan de negocios; no se diseñó la integración de una área responsable facultada para sancionar las conductas e imponer medidas disciplinarias a los servidores públicos que incurrieran en faltas y careció de mecanismos para garantizar que los integrantes del Consejo de Administración no presentaran conflicto de interés en el desempeño de sus funciones.
No contó con mecanismos para evitar actos de corrupción, ni procedimientos de sanción para los funcionarios públicos que incurrieran en dichos actos.
Y no operó con políticas formalizadas y aprobadas en su manual de operación para la adquisición, acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de maíz, frijol y leche: careció de un programa de adquisiciones por producto; no dispuso de un programa de acopio calendarizado de los destinos y cantidades de granos; no acreditó los informes y resultados de las tomas físicas de inventarios; no contó con mecanismos para el control de estos, ni de las mermas por producto, y no informó sobre el destino del maíz y la leche que se acopiaron.
La ASF emitió diversas recomendaciones sobre los procesos y vacíos de Precios de Garantía, así como 10 solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control en Segalmex, para identificar las causas por las que no tomó las medidas pertinentes para racionalizar el gasto destinado a actividades administrativas; no acreditó contar con información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna para justificar el destino total de 3 mil 027.5 millones de pesos y no dispuso de información para explicar las inconsistencias identificadas en los Estados Financieros 2019, entre otros aspectos.
Las acciones que se presentan en los informes de la ASF se encuentran sujetas a un proceso de seguimiento de 30 días hábiles, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su caso proporcionen las entidades fiscalizadas, podrán confirmarse, solventarse o modificarse.
