Seis razones para no aprobar una reforma a la Ley sobre salud mental
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Seis razones para no aprobar una reforma a la Ley General de Salud sobre salud mental

Los diputados podrían votar un dictamen que avalaría, en la Ley General de Salud, el internamiento involuntario de personas con discapacidad psicosocial y con adicciones.
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Por Katia D’Artigues / Yo También
5 de noviembre, 2020
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Después de que en julio se consiguió que la senadora del PT Geovanna Bañuelos retirara de la discusión en el Pleno del Senado una iniciativa de una Ley de Salud Mental, ahora tenemos la sorpresa de que mañana, en la Comisión de Salud de la Cámara de diputados, se discutirá un nuevo predictamen que se prevé podría aprobarse inmediatamente para pasar al Pleno, aun cuando contiene varios de los errores por los que la legisladora retiró su iniciativa

Hasta donde sabemos, la iniciativa que discutirán mañana en la comisión de Salud fue propuesta por la misma presidenta, Miroslava Sánchez Galván, con el apoyo de la vicecoordinadora Tatiana Clouthier y el aval del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell. 

Pero el predictamen, que se discutirá mañana y que pueden leer aquí, tiene varios problemas de fondo. 

Aquí hay seis razones por las que este dictamen debería ponerse en pausa hasta repensarlo, enriquecerlo, y hacer una consulta:

  1. Fusiona adicciones con salud mental, que, aun cuando pueden tener vasos en común, son cosas diferentes. Según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) el trastorno mental hace que una persona se considere una persona con discapacidad psicosocial. 
  2. Si se trata de una ley que afecte directamente a personas con discapacidad necesariamente debe consultarse con personas con discapacidad y sus organizaciones, como marca la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Esto no se ha hecho. La Suprema Corte de Justicia acumula normas completas y parte de leyes que han sido declaradas inconstitucionales con base en la falta de esta obligación. Una consulta pública, previa, informada y en formatos accesibles, entre otras características que no se ha realizado.
  3. El supuesto para internamiento de una persona diagnosticada con una adicción sin su consentimiento informado (Artículo 74 bis, Fracción III) es tan amplio que peligra la decisión de la misma persona, al sólo decir que puede ser ejercido por un representante. El ser diagnosticada una persona con una adicción puede traer como consecuencia la imposición de tratamientos y hospitalizaciones involuntarias, lo cual es común en el actual sistema de atención a la salud mental mexicano respecto de personas que son etiquetadas con trastornos mentales.

    La iniciativa extiende un modelo de sustitución de la voluntad (contrario al Artículo 12 de la CDPD) mediante el cual es el representante el que decide y prevé una excepción extraordinariamente amplia en los llamados “casos urgentes” o bien, cuando se comprueba que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades del paciente. Es decir, bastará que un médico o un panel de médicos aprecien que una persona tiene una adicción, y que se trata de un caso urgente (sin que se especifique exactamente qué significa eso), o bien cuando se comprueba que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades de la persona, para que se pueda proceder a su internamiento involuntario y al consecuente tratamiento.

  4. El dictamen usa un lenguaje desactualizado para referirse a las personas que tienen un uso problemático de sustancias. La incorporación de adicciones al capítulo de salud mental fomenta estigma y discriminación hacia estas personas. El predictamen refuerza la idea de que el tema de salud mental es sólo para determinados colectivos: personas con “trastornos de salud mental” o “personas adictas”.  La propuesta no se hace con la idea de que cualquier persona puede tener una dificultad psicosocial y que el derecho a la salud mental es de todas las personas.
  5. La propuesta prevé una definición de adicción que conduce a resultados arbitrarios. ¿Quiénes son los agentes que determinarán que una persona tiene una adicción? Sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias de ser etiquetado como una persona adicta?, dada la débil regulación del derecho al consentimiento informado que existe en el propio capítulo de salud mental en la actual Ley General de Salud.
  6. Contraviene recomendaciones internacionales: esta norma ya se aplica a personas etiquetadas con una condición de “trastorno mental”, pero la propuesta que se pretende aprobar extiende las mismas consecuencias para personas etiquetadas como adictas. No es consistente con el derecho al consentimiento informado prevista en el derecho internacional de los derechos humanos, como lo ha declarado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2017) en su última revisión a México.

 

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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