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18 superdelegados enfrentan denuncias por nepotismo y desvíos, uno incluso por abuso sexual

Tres de los funcionarios investigados dejaron su cargo en busca de la candidatura de Morena al gobierno de sus estados.
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8 de noviembre, 2020
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Al menos 18 Delegados de Programas para el Desarrollo, mejor conocidos como “superdelegados”, han sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, delitos que son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Tres de los funcionarios investigados dejaron su cargo en busca de la candidatura de Morena al gobierno de sus estados. Se trata de Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua; Índira Vizcaíno Silva, de Colima, y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero, quien es hermano de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

De acuerdo con información del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar a la que tuvo acceso Animal Político, las indagatorias en curso derivan de denuncias presentadas en 2019 y 2020.

Los superdelegados son los representantes del Ejecutivo federal en los estados y tienen la encomienda de verificar la cobertura y aplicación de los programas sociales del gobierno. 

Gobernadores de oposición acusaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirió a sus delegados poderes que se equiparan a las atribuciones de los propios gobernadores. A su vez, dada su exposición a nivel estatal, tales funcionarios se posicionaron como naturales candidatos a las gubernaturas de los estados donde operan. 

En octubre del año pasado, Irma Sandoval reveló que nueve delegados estaban bajo investigación por mal uso de los programas sociales que tienen a su cargo: Aldo Ruiz (Aguascalientes), Juan Carlos Loera (Chihuahua), José Antonio Aguilar Castillejos (Chiapas), Índira Vizcaíno (Colima), Mauricio Hernández Núñez (Guanajuato), Rodrigo Abdalá (Puebla), Gabino Morales (San Luis Potosí), José Jaime Montes Salas (Sinaloa) y Jorge Luis Taddei (Sonora).

La lista de funcionarios indagados se duplicó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al OIC, que depende de la SFP, investigar a otros delegados por incurrir en el delito de promoción personalizada con el uso indebido de recursos públicos.

Proselitismo con sombrero ajeno

En el expediente SER-PSC-71/2020, de diciembre de 2019, la Sala Regional Especializada del TEPJF concluyó que 14 superdelegados violaron el artículo 134 constitucional por hacer campaña a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador con el reparto de programas sociales.

Los funcionarios investigados por el OIC a instancias del TEPJF son los delegados de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval; Estado de México, Delfina Gómez; Veracruz, Manuel Huerta; Yucatán, Joaquín Díaz Mena; Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera; CDMX, María Cristina Cruz, y Coahuila, Reyes Flores Hurtado.

También Roberto Pantoja, de Michoacán; Katia Meave, de Campeche; José Antonio Aguilar Castillejos, de Chiapas; Mauricio Hernández, de Guanajuato; Rodrigo Abdalá, de Puebla; Gabino Morales, de San Luis Potosí, y Aldo Ruiz, de Aguascalientes.

La información obtenida por Animal Político indica que varios de estos superdelegados no sólo hicieron proselitismo a favor del presidente López Obrador, sino de ellos mismos. 

Un caso es el de la delegada de Colima, Índira Vizcaíno, quien renunció al cargo el 31 de octubre. La indagatoria, con el folio 2019/DE308, inició a raíz de una denuncia presentada por la diputada federal morenista Claudia Yáñez Centeno, también de Colima, quien acusó a Vizcaíno -tanto en la SFP como en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE, antes Fepade)- de hacer un uso discrecional de los recursos de programas sociales para hacer campaña.

Otro delegado que es investigado por promoción de su imagen con recursos públicos es el sinaloense José Jaime Montes Salas, a raíz de una denuncia integrada en el expediente 2020/DE555. La acusación afirma que, en medio de la pandemia, el funcionario hizo campaña con la entrega del programa de pensión para adultos mayores “68 y Más”, en compañía del Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

El superdelegado de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, acumula la mayor cantidad de indagatorias abiertas por la SFP en su contra (8 en total). El expediente 2019/DE70 se inició a partir de una denuncia que acusa al funcionario de cometer actos de proselitismo político en comunidades de Tamazunchale, donde el delegado, presuntamente, dijo que los programas sociales llegaban gracias a él y a la delegada regional Briseida García.

Otra investigación en curso contra el superdelegado potosino, la 2019/DE31, está relacionada con la megafiesta que el funcionario organizó por su cumpleaños en abril del año pasado y que, según la denuncia, habría costado 2 millones de pesos. Otras tres investigaciones señalan probables despidos injustificados.

Denuncias de abuso sexual

La denuncia más grave contra el delegado de San Luis Potosí, Gabino Morales, forma parte del expediente 2019/DE79, donde se le acusa de abuso sexual y acoso laboral cuando se desempeñaba como dirigente estatal de Morena; también se le señala de agresiones sexuales en contra de mujeres que trabajan como Servidoras de la Nación.

En febrero de 2019, diputadas federales de Morena demandaron al Presidente López Obrador destituir a Morales Mendoza, quien, señalaron, ha continuado al frente del cargo público pese a que ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado “por hostigamiento, amenaza, difusión ilícita de imágenes, abuso sexual y violencia política”. Además, sostuvieron, fue inhabilitado por el órgano disciplinario del partido, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), sin consecuencias para él.

Consultado por Animal Político, Morales Mendoza se limitó a decir que “no ha tenido ninguna notificación” de las investigaciones de la SFP en su contra, aunque no se pronunció sobre el contenido de las acusaciones.

A principios de octubre se dio a conocer en medios que otro delegado, el veracruzano Manuel Huerta, también fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado por presunto abuso sexual. Este medio no pudo corroborar si en la SFP existen denuncias por estos hechos en contra del funcionario, ni si la institución ha iniciado de oficio alguna investigación al respecto.

Acusaciones de nepotismo 

Juan Carlos Loera fue hasta hace una semana el delegado federal de Chihuahua, cargo que dejó para contender por la candidatura de Morena al gobierno estatal. Esta semana retomó su curul como diputado federal.

En el expediente 2019/DE45, la SFP investiga al funcionario por presunto nepotismo, debido a que una sobrina suya, Myrna Brighite Granados de la Rosa, habría sido contratada en la delegación que él encabezó.

Este señalamiento de nepotismo alcanza hasta a la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, pues la sobrina del ahora exdelegado trabajó en 2019 como su secretaria particular con un sueldo de 45 mil pesos mensuales, aun teniendo la licenciatura trunca.

La acusación incluye a dos compadres de la subsecretaria Montiel: Luis Fernando Duarte González, delegado regional en Parral, y su esposa, Ishtar Ibarra Barraza, directora de área de Bienestar en la Ciudad de México. Reforma confirmó el año pasado que Montiel fue madrina de bautizo de una de las hijas de ese matrimonio.

La denuncia añade que Ishtar Ibarra vive en Chihuahua, aun cuando, por el cargo que tiene, debería despachar en la capital del país.

Otros parientes de De la Rosa tienen cargos en la SEP, el SAT y el IMSS, según registros públicos. El ahora diputado federal señaló en entrevista que su sobrina nunca trabajó para él directamente en la delegación estatal.

“A mí se me notificó de una entrevista que me harían funcionarios de la SFP, la cual se realizó hace ya casi un año, en la que se aclaró esto; esta persona, yo no sé si en el vínculo familiar sea efectivamente mi sobrina, los sobrinos son los hijos de los hermanos, y ella es hija de una prima, que no estuvo, nunca jamás, bajo mi coordinación, ni en la delegación ni en Chihuahua, y eso seguramente se aclaró, porque no hubo más, que yo me haya enterado, al menos hacia mí, alguna investigación, señalamiento o sanción”, sostuvo.

Una denuncia semejante de nepotismo concierne al superdelegado de Aguascalientes, Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez. Como parte del expediente DGDI/DE84, se señala que dos primos del funcionario, Mariana Acela Picazo Sánchez y Miguel Ángel Sánchez Ramos, fueron contratados bajo el mando de Ruiz Sánchez.

La acusación expone que ambos familiares ingresaron al servicio público a la entonces Coordinación Nacional de Prospera, que inicialmente dependió de la delegación a cargo de Ruiz Sánchez y posteriormente migró a la SEP. 

El delegado reconoció el parentesco familiar, pero aseguró que él no fue responsable de la contratación de sus primos. Además, dijo que nunca trabajaron directamente para él.

“Yo no he contratado familiares directos en la delegación de Bienestar, eso es una denuncia que nos llegó el año pasado, se respondió que estas personas que se señalan no están trabajando conmigo directamente, no están en Bienestar. Yo no soy el responsable de las contrataciones, para eso hay un responsable, en lo que a mí me toca, en mi responsabilidad, yo no he permitido ni promocionado familiares”, sostuvo.

Otras dos indagatorias contra Aldo Ruiz están relacionadas con presuntos despidos injustificados, y una más con la promoción personalizada denunciada por el TEPJF.

La hasta hace poco delegada de Colima, Índira Vizcaíno, también fue denunciada por presunto nepotismo, en el expediente con folio 2020/DE27. 

La denuncia señala que la hermana de la ahora exdelegada, Juaenedi Vizcaíno Silva, ingresó a trabajar a la Secretaría de Bienestar al mismo tiempo que su pariente con el cargo de asesora de la titular de la dependencia, en ese entonces María Luisa Albores.

Posteriormente, a partir de este año, Juaenedi Vizcaíno fue ascendida a Directora de Vinculación con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), que está bajo la coordinación de la Secretaría del Bienestar.

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El gas usado para "desinfectar" a mexicanos en EU que sirvió como ejemplo a la Alemania nazi

Durante décadas, trabajadores mexicanos que cruzaban a Estados Unidos fueron inspeccionados y fumigados con pesticidas para prevenir enfermedades infecciosas. Décadas después, cientos describieron la experiencia como humillante y vergonzosa.
4 de septiembre, 2021
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En 1956, los braceros eran fumigados con DDT como parte del proceso de entrada a Estados Unidos.

CORTESÍA, MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE EE.UU

Muchos no sabían qué les estaban rociando, pero era tan extendido su uso que le apodaron “el polvo”.

La fotografía que abre esta nota es especialmente destacada por historiadores en Estados Unidos y algunos describen la escena capturada como “un momento atroz”.

En ella un funcionario enmascarado fumiga la cara de un joven mexicano desnudo con el pesticida DDT en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas, mientras que otros esperan en fila detrás mientras sujetan sus pertenencias.

La tomó el neoyorquino Leonard Nadel en 1956 mientras documentaba el programa Bracero, bajo el que al menos 4 millones de mexicanos migraron temporalmente a Estados Unidos para trabajar entre 1942 y 1964.

El esquema fue inicialmente establecido para compensar la ausencia de trabajadores estadounidenses debido al reclutamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Un trabajador se registra en el programa Bracero.

Getty Images
Millones de mexicanos campesinos y obreros participaron en el programa Bracero en Estados Unidos.

El DDT se empleó hasta mediados de los 60 en los inmigrantes para prevenir la propagación de malaria y tifus y su uso fue posteriormente prohibido en EE.UU. en 1972.

Hoy en día está clasificado por el gobierno de ese país y autoridades internacionales como un “probable carcinógeno humano”.

Pero este no fue el único pesticida empleado para “desinfectar” a inmigrantes mexicanos en la frontera entre México y EE.UU. por décadas.

Años antes de la implementación del programa Bracero, otro insecticida fue utilizado en centros de recepción de visitantes y pasaría a servir como ejemplo a funcionarios del nazismo en Alemania.

Zyklon B

David Dorado Romo, historiador y cronista de El Paso y Ciudad Juárez, dio con un artículo en una revista científica alemana de 1937 que lo dejó atónito.

El escrito incluía dos fotografías de “cámaras de despiojado” en El Paso, Texas.

Su autor, el químico alemán Gerhard Peters, destacaba las imágenes para ilustrar “la efectividad del Zyklon B (un pesticida a base de cianuro) como un agente para matar plagas indeseables”, escribe Romo en su libro Ringside Seat to a Revolution (“Asiento en primera fila a una revolución”).

“Peters se convirtió en el director de operaciones de Degesch, una de las dos firmas que adquirió la patente del Zyklon B en 1940 para producirlo masivamente”, describe.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el gas en dosis concentradas para matar a millones de judíos.

Un funcionario fronterizo estadounidense les habla a un grupo de refugiados mexicanos en el Puente Internacional de El Paso, en Texas. Año 1916.

Getty Images
Las inspecciones y requerimientos en la frontera entre EE.UU. y México en El Paso se endurecieron a partir de 1916.

Aunque en El Paso no se utilizó para el mismo fin, ya se estaba empleando desde 1929 por funcionarios fronterizos para fumigar la ropa y los zapatos de inmigrantes mexicanos en el Puente Internacional Santa Fe, que conecta esa ciudad con Ciudad Juárez.

Las inspecciones habían iniciado formalmente en 1917, amplía el historiador, cuando las autoridades estadounidenses empezaron a imponer restricciones sobre los cruces fronterizos en sectores como El Paso.

El alcalde de la ciudad en esa época, Tom Lea, se refería a los mexicanos como “sucios piojosos indigentes” que “sin duda, van a traer y propagar el tifus”.

Pero entre 1915 y 1917, menos de 10 residentes de El Paso habían muerto del tifus epidémico, recogió Romo en su libro.

Aún así, los mexicanos considerados de “segunda clase” eran sometidos a exhaustivos chequeos que incluían duchas con agua caliente y revisiones de los migrantes desnudos. A los que le encontraban piojos, “les rapaban la cabeza y les afeitaban todo el cuerpo”, señala Romo a BBC Mundo.

Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Tan solo en 1917, al menos 120.000 personas fueron examinadas en el centro de El Paso.

Romo y otros historiadores hablan de un contexto en el que las ideas eugenésicas cobraban fuerza y se manifestaban a través de nociones discriminatorias y racistas.

“No hay que comparar peras con manzanas, pero el Holocausto no fue un hecho aislado y la frontera entre EE.UU. y México sirvió como un centro de experimentación importante de esas ideas”, advierte Romo.

“¿Sabe qué es la vergüenza?”

Cuando inicia el programa Bracero en 1942 ya estaba extendido el uso de diferentes químicos como el kerosén en centros de inspección fronterizos.

Aunque el gobierno de EE.UU. alabó a los mexicanos que se enlistaban como “soldados de la producción” y de la tierra en ese tiempo, con los años surgieron cientos de testimonios de trabajadores que señalaron sus experiencias como vergonzosas y humillantes.

La historiadora Mireya Loza recuerda en conversación con BBC Mundo que la imagen del trabajador rociado con DDT en la cara era la que más afectaba a los antiguos participantes del programa con los que habló.

“Muchos decían que sentían los efectos del DDT en los ojos, que tenían reacciones alérgicas en la piel y entendieron que no era un tratamiento humano”, dice la profesora de la Universidad de Georgetown.

Un grupo de trabajadores del programa Bracero alzan los brazos y están alineados contra la pared mientras son inspeccionados en una habitación del Centro de Procesamiento en Monterrey, México.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores eran inspeccionados a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, en un centro de procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

La académica inició su investigación entrevistando a decenas de braceros para un proyecto llamado Bracero History Archive (Archivo Histórico de los Braceros), impulsado por el Museo Nacional de Historia estadounidense Smithsonian.

“Muchos de estos trabajadores dijeron haber sentido algo feo porque era la primera vez que eran desnudados públicamente y frente a varias personas. Para ellos era un shock tremendo estar ahí y que los doctores les hicieran abrir las pompis, la boca; todo revisaban”, describe.

Los trabajadores eran generalmente inspeccionados en sedes administradas por Estados Unidos dentro de México y en ciudades fronterizas como Hidalgo, en Texas.

Además de las fumigaciones, los vacunaban contra la viruela, les hacían exámenes de sangre y de rayos X y les revisaban las manos en busca de callos que demostraran que tenían experiencia en el campo.

Un bracero es vacunado mientras otros esperan en la fila en el Centro de Procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores también eran vacunados contra la viruela.
Un funcionario de gobierno revisa las manos de un aspirante al programa Bracero.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Era común que las manos de los trabajadores fueran revisadas en busca de callos como prueba de que ya trabajaban la tierra.

José Silva, un campesino oriundo de Michoacán que empezó a trabajar desde los 6 años, describió en 2005 con cierto enfado la experiencia que vivió mientras fue bracero durante una entrevista disponible en el Archivo Bracero:

“Por una parte sí fue un buen programa (…) No tuve problema, me ayudé económicamente. Lo que no me gustaba era que nos fumigaron. Sentí vergüenza. ¿Sabe qué es la vergüenza? Todos formados así, sin ropa, y salíamos así caminando y allá en la puerta estaba el hombre con el fumigador. Muy mal. No éramos animales, éramos cristianos, ¿por qué nos fumigaban?“.

Víctor Martínez Alemán, originario de Tlaquiltenango, en Morelos, se enlistó en el programa en 1956 y trabajó en California:

“Nos pasaron, encuerados, delante de todas las muchachas, ya no más nos tapábamos acá pero encuerados para pasar donde nos iban a fumigar, bien fumigados así y todo… A nosotros nos daba vergüenza porque teníamos que pasar como con 20 mujeres (…) Eran todas secretarias. Y con manos atrás, nada de taparse, nada… Nos quería hasta pegar (…) Nunca había yo pasado esas penas pero como yo lo que quería era llegar a Estados Unidos para hacer algo…”.

“Injusticias y abusos”

A través del Archivo Bracero, el gobierno de EE.UU., mediante el Museo Nacional de Historia y diferentes instituciones académicas, reconocen que los trabajadores fueron sometidos a una serie de “injusticias y abusos”.

“Muchos se enfrentaron a alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus salarios”, indica el sitio web.

Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Pese a estas investigaciones, ningún presidente o autoridad de alto cargo a nivel nacional en EE.UU. ha ofrecido disculpas públicas ni reparaciones por los efectos negativos que desencadenó el programa, indica la historiadora Mireya Loza.

Tampoco existe una investigación exhaustiva sobre el impacto de pesticidas, incluido el DDT, en la salud de millones de braceros que fueron fumigados.

Aunque el programa culminó hace casi seis décadas, aún queda una generación que vive para contarlo.

Carlos Marentes, activista por los derechos de los campesinos en El Paso, recogió también cientos de testimonios y denuncias de abusos laborales, y las fumigaciones sobresalían entre los recuerdos más amargos de los trabajadores.

“Naturalmente existía un miedo de que trajeran enfermedades contagiosas, pero eso conllevó a una estigmatización“, dice a BBC Mundo.

Para Marentes, el programa Bracero fue un ejemplo claro de “la contradicción en la política de inmigración” de Estados Unidos.

“Por una parte sabemos que los necesitamos (a los inmigrantes), para que hagan todo lo que no podemos o no queremos hacer, pero por otra parte nos han metido en la cabeza que hay que tenerles miedo”, sentencia.



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