Vinculan a proceso a exfuncionarios involucrados en incendio de Guardería ABC
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Vinculan a proceso a dos exfuncionarios del IMSS involucrados en el incendio de la Guardería ABC

Se trata de Sergio “S” y Carla “R”, quienes se desempeñaban como director de Prestaciones Económicas y coordinadora nacional de Guarderías, respectivamente.
Cuartoscuro
24 de noviembre, 2020
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Dos exfuncionarios del IMSS fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en diversos delitos que propiciaron el incendio de la Guardería ABC, ocurrido en 2009, en el que murieron 49 menores de edad.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el pasado 25 de febrero, el IMSS presentó una denuncia de hechos contra Sergio “S” y Carla “R”, quienes en ese entonces se desempeñaban como director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora nacional de Guarderías, respectivamente.

Una vez realizada la investigación, la FGR determinó ejercer acción penal contra ambos personajes “por considerar que fueron omisos en cumplir con los deberes que les imponían las normas y lineamientos que regulaban el servicio de guarderías, y que de haberlos atendido probablemente se hubiera evitado el incendio de la Guardería ABC”.

El 5 de noviembre, la FGR solicitó una orden de aprehensión contra los dos exfuncionarios, misma que fue otorgada por la autorizada judicial y cumplimentada 4 días después. Tras su detención, Sergio “S” y Carla “R” fueron puestos a disposición del Juez Federal de Control de Hermosillo, Sonora.

Lee: A 11 años de la Guardería ABC: cero detenidos, cien familias sin reparación, y una ley incompleta

Tras dos audiencias en las que la FGR y la defensa de los acusados presentaron sus argumentos, el juez resolvió vincular a proceso a ambos personajes “por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y homicidio culposos, en su modalidad de comisión por omisión”.

Además les dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El 5 de junio de 2009, 49 menores de edad murieron y 43 personas más, entre menores y adultos, resultaron heridas tras un incendio registrado en la Guardería ‘ABC’, ubicada en Hermosillo, Sonora.

La guardería prestaba sus servicios de manera subrogada a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En aquel momento, la entonces Procuraduría General de la República, ejerció acción penal en contra de 22 personas, entre servidores públicos del IMSS, del gobierno de Sonora, del municipio de Hermosillo e integrantes de la Sociedad Civil denominada “Guardería ABC”.

Lee: CIDH admite caso de la Guardería ABC porque a 11 años, México no ha aclarado los motivos del incendio

El 13 de mayo de 2016, el Juez Primero de Distrito de Sonora dictó sentencia condenatoria en contra de 19 de los involucrados. Entre éstos había servidores públicos de los tres niveles de gobierno (que no tenían cargos de alto nivel), la representante legal y un miembro del consejo de administración de la guardería.

Un año mas tarde, y tras revisar varios recursos de apelación, el Tercer Tribunal Unitario en Sonora ratificó las penas de prisión en contra de todos los detenidos.

Sin embargo, los implicados no fueron detenidos ni encarcelados ya que promovieron diversos juicios de amparo alegando que la sentencia impuesta fue excesiva.

A inicios de noviembre, familiares y víctimas del incendio tomaron instalaciones de la Secretaría de Gobernación, acusando falta de atención en el caso.

Los familiares treparon las rejas de la dependencia y tomaron uno de los balcones exigiendo que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, los atendiera.

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Reforma fiscal en Colombia: tres claves para entender la histórica alza de impuestos a los más ricos y al petróleo

Esta semana se aprobó en el Congreso colombiano la reforma tributaria con la que Gustavo Petro busca mantener la estabilidad económica y cumplir sus ambiciosas promesas sociales. Te explicamos sus principales ejes.
5 de noviembre, 2022
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Al día siguiente de tomar el poder en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro presentó una de las reformas tributarias más ambiciosas de la historia del país.

Este jueves, casi tres meses después, esa reforma fue aprobada por las dos cámaras del Congreso. Aunque sufrió modificaciones impulsadas por la oposición, el grueso de la reforma quedó intacto.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo tras la votación que la ley ayudará a “erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad, al igual que los privilegios de unos pocos, y avanzar frente a la inequidad, una promesa fundamental del gobierno”.

Colombia es uno de los países que menos impuestos recauda entre las economías medias y grandes de América Latina: el Estado ingresa por esta vía un 13% del PIB, mientras el promedio es 16%.

En campaña, Petro propuso una reforma que recaudara 50 billones de pesos (unos 10 mil millones de dólares) adicionales para el Estado, pero el 8 de agosto se presentó una que buscaba recoger la mitad, un 1.8% del PIB.

Finalmente se aprobó una reforma que —de 2023 en adelante— dará 20 billones adicionales al Estado (4 mil millones de dólares), un 1.2% del PIB de más que ayudará a cerrar el enorme déficit fiscal —de 6%— que genera preocupaciones en los mercados internacionales y está detrás, entre otras cosas, de la reciente devaluación del peso colombiano.

Los críticos alegan que la reforma frenará el crecimiento económico y el consumo, y afectará a la inversión extranjera. La oposición logró que se retiraran los impuestos a las iglesias y a las pensiones altas. También consiguió matizar los tributos a los alimentos ultraprocesados.

Ocampo, no obstante, aseguró que esta es la reforma “más liberal de la historia, pero también la más consensuada“.

La próxima semana se espera que el Congreso concilie los textos surgidos de los debates en el Senado y la Cámara de Representantes, y que el presidente sancione la ley.

Estos son los tres grandes ejes de la reforma tributaria con la que Petro busca cumplir sus ambiciosas promesas electorales.

Jose Antonio Ocampo (izquierda) y Gustavo Bolívar (derecha).

EPA
La votación en el Congreso duró tres días esta semana. Sus protagonistas fueron Jose Antonio Ocampo (izquierda) y Gustavo Bolívar (derecha).

1. Impuestos a los hidrocarburos y a los financieros

Petro tiene como prioridad la protección del medio ambiente y cree que su país debe iniciar el camino hacia la energía renovable.

Por eso la principal fuente de este recaudo adicional vendrá de las empresas que producen petróleo y carbón en Colombia.

Y eso genera un resultado quizá paradójico: el Estado será más dependiente de la explotación de recursos naturales a la vez que se puede desincentivar la inversión y exploración de hidrocarburos.

Las empresas petroleras, en todo caso, tendrán dos nuevas obligaciones: sus rentas serán gravadas entre 35% y 60%, dependiendo del precio internacional del crudo, y las regalías que pagan a las regiones donde explotan recursos ya no serán deducidas de sus impuestos.

En el caso de los productores de carbón ocurre igual, con la diferencia de que el impuesto a la renta será de entre 35% y 45%.

Las mineras tampoco verán las regalías deducidas de sus obligaciones de renta.

Además, los impuestos a las empresas financieras, así como los de las hidroeléctricas, aumentarán entre 3% y 5%, con lo que pagarán un total de entre 35% y 40% de su renta.

Ecopetrol

Reuters
La mitad de los ingresos de Colombia viene del petróleo. Un mayor impuesto a los hidrocarburos tiene enormes consecuencias.

2. Impuestos a los más ricos

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Una de las razones de la victoria de Petro fue que, como senador y como candidato, se mostró como un defensor de la justicia social. Muchos de sus votantes fueron los habitantes de las regiones más pobres del país.

Por eso, el otro grueso de su reforma tributaria se basa en aumentar los impuestos a los más ricos, que en Colombia, en comparación al resto de América Latina, pagan pocos impuestos.

Quienes ganen más de 10 millones de pesos (2 mil dólares) pagarán más.

Las ganancias ocasionales derivadas de ventas o herencias pasarán de pagar del 10% al 15%.

Y quienes tengan patrimonios de más de 2 mil 700 millones de pesos (unos 540 mil dólares) pagarán un equivalente de 0.5%; para los que poseen más de 1 millón y 2 millones de dólares, el porcentaje aumenta a 1% y 1.5%, respectivamente.

El impuesto a los dividendos empresariales también aumentará: quedará en entre 15% y 20%.

El senador Gustavo Bolívar, uno de los principales impulsores de la reforma por parte del oficialista Pacto Histórico, declaró que la ley “no alcanza para sacar a todos los colombianos de la pobreza, pero sí para que vivan dignamente“.

Algunos de los recursos estatales creados por esta reforma estarán destinados, por ley, a planes de asistencia a los más pobres.

Comercio en Colombia

Reuters
La inflación rampante afecta sobre todo a los más pobres en un país ya de por sí desigual.

3. Impuestos a la comida chatarra

Como en muchas partes del mundo, en Colombia la obesidad y la diabetes son una epidemia. Cifras oficiales dicen que la mitad de la población sufre alguna de estas dos condiciones. Al año mueren cerca de 20 mil colombianos por estas razones.

Durante años, los partidos progresistas habían intentado impulsar leyes que combatieran estas problemáticas, a través de impuestos a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas. Pero el poder de las empresas productoras probó ser más grande que en otros países como Chile, donde este tipo de medidas están en vigor desde hace años.

La reforma tributaria de Petro quiso gravar una gran cantidad de alimentos, muchos de ellos tradicionales en la mesa de los colombianos. Por eso, si bien no son la fuente principal de recaudo, la medida generó una enorme polémica.

Al final, quedaron fuera de la reforma el pan, el bocadillo, la leche, la miel y el salchichón. Y aquellos productos que van para programas asistenciales quedaron exentos.

Sin embargo, aumentarán los impuestos de la carne de hamburguesa, el chocolate, los cereales, las salsas, la pastelería y algunas bebidas con gran contiendo de azúcar.

Jose Antonio Ocampo

Reuters
Ocampo, un reputado profesor de economía en Estados Unidos, es considerado el muro de contención de Petro ante los mercados internacionales.

Gracias a una eficiente campaña mediática de la oposición, la medida entrará en vigor a mediados de 2023 y será progresiva, lo que les dará tiempo a las empresas productoras para adaptarse.

Asimismo, como parte de la iniciativa para defender el medio ambiente, la reforma aumenta el impuesto a los productos de plástico de uso único y el impuesto al uso de carbono.

La situación de la economía colombiana es crítica. Una devaluación del 25% del peso este año es reflejo de la gran vulnerabilidad macroeconómica. El Estado, además, tiene enormes compromisos de deuda externa en los próximos años. El recaudo de la reforma tributaria irá, también, a honrar dichos pagos.

Petro debe mantener la estabilidad económica al tiempo que cumple sus ambiciosas promesas sociales. Parecen objetivos contradictorios que, sin embargo, con esta nueva reforma tributaria, parecen más alcanzables.

Lee: Elecciones en Colombia: Gustavo Petro se impone a Rodolfo Hernández y será el primer presidente de izquierda del país


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