El exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu Emilio Zebadúa, investigado por lavado de dinero y otros delitos relacionados con la “Estafa Maestra”, y quien ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar como testigo para no ser detenido, pelea al mismo tiempo en tribunales que no le decomisen sus cuentas bancarias ni propiedades.
Zebadúa y su hermana Lourdes, denunciada tras detectársele gastos millonarios en casinos con dinero posiblemente proveniente del erario, cuentan con una suspensión provisional para que sus bienes no sean tocados. Es una suspensión a la que no han renunciado y que lograron gracias a que sabían desde hace varios meses que los indagaban por lavado.
El recurso fue concedido por el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Tapachula, Chiapas, el mismo que durante un año frenó cualquier acción legal en contra del exoficial Mayor, y cuyo secretario de acuerdos ya fue suspendido por favorecer de manera irregular con un amparo al empresario Alonso Ancira, indagado también por lavado.
Registros judiciales revisados por Animal Político muestran que el 31 de mayo los abogados de Zebadúa presentaron la demanda de amparo en el referido juzgado en contra de un posible aseguramiento de sus bienes y otras acciones, como resultado de la integración de una carpeta de investigación abierta en la SEIDO.
Se trata de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 por la cual se giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por lavado de dinero y crimen organizado, pero no en contra de Zebadúa, quien ofreció a la FGR colaborar en busca da un criterio de oportunidad.
Lo que los datos confirman es que Zebadúa y sus familiares conocían con total precisión de la apertura de esa carpeta – e incluso del número del expediente – por lo menos desde hace cinco meses, y así lo plasmaron en su demanda.
El mismo 31 de mayo el juzgado admitió la demanda y la radicó bajo el expediente 229/2020, y un día después concedió a los Zebadúa la suspensión provisional que sigue vigente hasta ahora. La audiencia para definir si se les concede o no la suspensión definitiva se ha diferido desde entonces en 18 ocasiones, debido a retrasos en los envíos de los requerimientos de información a las autoridades.
Y es que como los mismos registros judiciales revelan, el juzgado ha optado por utilizar el correo tradicional e incluso telegramas para solicitar información a la FGR en Ciudad de México, pero en varias ocasiones las direcciones proporcionadas no han sido las correctas.
Lo que los datos también muestran es que los Zebadúa no han promovido ninguna promoción o recurso alguno para desistirse de esta demanda, pese a que el exoficial Mayor ha ofrecido cooperar al menos desde mediados de octubre con la FGR, y a que ya habría confesado que, en efecto, participó en el desvío de recursos por supuestas órdenes de Robles y el expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, para obtener el criterio de oportunidad la confesión no es suficiente, pues el implicado (en este caso Zebadúa) debe reparar el daño, lo que significa devolver recursos y propiedades que se hubieran obtenido como resultado del fraude perpetrado.
No obstante, en el pasado ya se han concedido criterios de oportunidad sin cumplir con ese requisito como ocurrió en el caso del extesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá, quien al igual que Zebadúa estaba denunciado en múltiples casos como el principal operador de desvíos de 55 mil millones de pesos en Veracruz. La PGR le otorgó el perdón sin pedirle un peso a cambio.
La multidiferida audiencia para definir si Zebadúa y su hermana obtienen una suspensión definitiva se ha programado para este 12 de noviembre.
Los “acaudalados” hermanos
La denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dio pie a la indagatoria de la SEIDO en contra de la cual se ampararon los hermanos Zebadúa, identificó que estos movieron millonarias cantidades de recursos en cuentas y tarjetas personales que no tienen justificación legal, y que presumiblemente son resultado de operaciones de lavado de dinero.
Animal Político reveló que, de acuerdo con el seguimiento de la UIF, Emilio, Lourdes y otro de sus hermanos de nombre José Ramón movieron mas de 205 millones de pesos en sus cuentas, y adquirieron una propiedad valuada en tres millones de pesos en el Estado de México.
En el caso específico de Lourdes Zebadúa, los trabajos de inteligencia identificaron que tan solo entre 2017 y 2019 gastó 58 millones de pesos en casinos, y pagó 26 millones de pesos con sus tarjetas de crédito. Emilio, por su parte, gastó tan solo con una tarjeta American Express cerca de 15 millones de pesos.
Desde el punto de vista de la UIF no hay actividades legales o comerciales que amparen la legalidad de esos movimientos y, en cambio, sí existen indicios de que desde la Oficialía Mayor de Sedesol y Sedatu Emilio Zebadúa transfirió recursos públicos de las cuentas oficiales (de las que era apoderado) a cuentas particulares.
Por ello la UIF sospecha que la aparente “riqueza” de los hermanos y sus acaudalados gastos son en realidad operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Madruguetes en polémico juzgado
Con el amparo promovido en contra de la carpeta de investigación de SEIDO, ya son dos las ocasiones en las cuales Emilio Zebadúa promueve recursos judiciales antes de que se emitan órdenes de aprehensión, o se presenten imputaciones en su contra. Los recursos han sido otorgados por un juzgado que ahora se encuentra bajo investigación interna del Poder Judicial.
En 2019, la FGR intentó que Zebadúa compareciera junto con Rosario Robles ante un juez para ser imputado de dos delitos de corrupción relacionados con el desvío de cinco mil millones de pesos. El citatorio se emitió para principios de agosto, sin embargo, el exfuncionario federal promovió desde el 19 de julio de ese año un amparo que le permitió obtener una suspensión provisional.
Unas semanas más tarde, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Tapachula le otorgó la suspensión definitiva, lo que le permitió a Zebadúa frenar durante mas de un año cualquier proceso penal en su contra por delitos de corrupción.
A esto se suma el caso ahora descrito, en el que el exoficial Mayor comenzó desde mayo con la presentación del amparo en contra de la carpeta de investigación de SEIDO, mucho antes de que esta estuviera en condiciones de ser judicializada.
Coincidentemente, los amparos de Zebadúa han sido presentados en el mismo juzgado Tercero de Distrito de Tapachula, el cual se encuentra bajo investigación interna del Consejo de la Judicatura Federal por haber favorecido de forma incorrecta al exdirector de Altos Hornos, Alonso Ancira.
En agosto pasado, el secretario de acuerdos de dicho juzgado fue suspendido seis meses luego de que el CJF determinó que fue incorrecto el amparo que se le concedió a Ancira, que eliminaba la orden de aprehensión en su contra por el mismo caso de lavado de dinero por el cual el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue procesado.
Autoridades federales consultadas por este medio señalaron que en el caso específico de Zebadúa no se advierte alguna irregularidad obvia en la actuación del juzgado, aunque lo que es claro es que ha logrado tener acceso de manera anticipada a las investigaciones ministeriales iniciadas en su contra.
Emilio Lozoya también
Zebadúa no es el único que ha buscado frenar el decomiso de sus propiedades, al mismo tiempo que negocia un posible acuerdo con la FGR.
El exdirector de Pemex promovió y de hecho ganó recientemente una demanda de amparo para que su residencia en la colonia Lomas de Bezares, en Ciudad de México, no sea asegurada.
La FGR intentaba hacerse de esta propiedad, la cual, según sus investigaciones, fue adquirida con presuntos sobornos pagados por la empresa Altos Hornos, dirigida justamente por Alonso Ancira.
En septiembre pasado el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México revocó el aseguramiento que había conseguido la FGR, e instruyó que el tema vuelva a analizarse. Esto ocurrió un mes después de que Lozoya fuera procesado pero puesto en libertad condicional, como parte de una negociación con los fiscales en la que busca el criterio de oportunidad, a cambio de denunciar casos de corrupción de altos exfuncionarios en sexenios anteriores.
