Seguimiento a casos COVID en la CDMX: los aciertos y deficiencias
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Foto ilustrativa / Cuartoscuro

Llamadas, kit de ayuda: los aciertos y deficiencias del seguimiento a casos COVID en CDMX

La Ciudad de México hace 20 mil pruebas diarias para detectar en menos de media hora casos COVID. El reto ahora es el seguimiento médico y el apoyo para quienes resultan positivos.
Foto ilustrativa / Cuartoscuro
16 de diciembre, 2020
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El lunes 7 de diciembre pasado, Rodolfo, sus padres y su esposa se subieron al automóvil de la familia y fueron al Quiosco de la Salud del deportivo Carmen Serdán, en Cuautepec, en la Ciudad de México, a hacerse la prueba de COVID-19. De todos, solo la esposa de Rodolfo resultó negativa. Algo que no se explican, por el estrecho contacto con los demás. Después del resultado positivo del resto, la familia ha estado lidiando con la enfermedad sin seguimiento médico por parte de alguna institución pública. Uno de ellos rechazó la oferta de hospitalizarse y a partir de eso quedaron por su cuenta. 

Aunque la CDMX ha dicho que tiene una estrategia de rastreo de contactos, a Rodolfo y su familia no les preguntaron quiénes eran las personas que podrían estar contagiadas por haberse reunido con ellos. Si se hubiera seguido este protocolo, por ejemplo, al hermano de Rodolfo, a la esposa de éste y a su hijo, que el fin de semana anterior convivieron con los tres casos positivos de la familia, les hubieran llamado las autoridades de la CDMX, pero no ocurrió así. Ellos acudieron también a un quiosco para someterse al test de COVID por precaución. Salieron negativos. La única explicación que encuentran es que se hicieron la prueba demasiado pronto. 

A los padres de Rodolfo, que no se sentían tan mal, solo les dijeron en el quiosco que se aislaran durante 14 días. A Rodolfo, de 52 años, con diabetes y que en ese momento ya tenía problemas para respirar, le preguntaron si quería hospitalizarse de una vez. La familia lo platicó por un momento y decidieron que no. 

Lee: CDMX suma 260 camas en carpas y hospitales ante aumento de COVID

Rodolfo se fue a su casa, con una lista de hospitales a los que podía acudir si empeoraba. Sus padres, que viven en el piso de arriba, se mudaron a la casa de él para aislarse todos juntos y ayudar a cuidarlo. La esposa mostró síntomas, pero no se agravó. Los padres no tuvieron complicaciones. A Rodolfo le consiguieron asesoría médica privada y un tanque de oxígeno. La familia ha gastado alrededor de mil pesos diarios para rellenar el tanque. 

Tres días después de su visita al quiosco y del resultado positivo de tres de ellos, les llamaron, de parte del gobierno de la CDMX para corroborar su dirección y enviarles, a cada uno, el kit médico, la despensa y la tarjeta con mil pesos para comprar en el súper. No han recibido ninguna otra llamada ni seguimiento médico. Quienes estuvieron en contacto con ellos no han tenido seguimiento tampoco. Ni les llamaron para alertarlos o darles alguna orientación. 

Frank, un joven que acudió el 4 de diciembre a hacerse la prueba de COVID al quiosco que está afuera del metro Jamaica y también resultó positivo, dice que en su caso no ha recibido ningún tipo de apoyo, ni kit, ni despensa, ni tarjeta. Tampoco seguimiento médico. “Nadie se ha puesto en contacto conmigo. En el quiosco solo me dijeron que avisara en mi trabajo y que si presentaba síntomas más fuertes, llamara a Locatel. Ni siquiera me preguntaron en qué había llegado o cómo me iba a regresar, como para ver si en el camino podía contagiar a alguien. Nada de eso”. 

Estrategia de seguimiento variada

La CDMX presentó desde junio su Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos COVID-19 y sus contactos. Los ejes eran las pruebas de PCR para detectar positivos, las visitas a las casas en las colonias de atención prioritaria para dar información a la población e identificar a personas con síntomas y el rastreo de contactos.

A partir del 20 de noviembre, sin embargo, la CDMX apostó por hacer más pruebas de COVID como parte de su estrategia para frenar el repunte de casos en la capital. De entonces a la fecha han subido el número de test hasta 20 mil por día. Las pruebas ya no son solo las PCR, con las que se deben esperar días para tener el diagnóstico. La capital está usando las pruebas rápidas de antígenos para poder dar los resultados en menos de media hora. 

Estas pruebas rápidas no son las mismas que las serológicas, esas que identifican si el sistema inmune ya estuvo en contacto con el virus, pero no son adecuadas para confirmar una infección en curso. Estas sí identifican si la persona está enferma en ese momento y están avaladas por la Organización Mundial de la Salud, por Cofepris y por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de México (InDRE). 

Las pruebas de antígenos se están aplicando en la capital en 229 puntos, distribuidos en 117 centros de salud, 33 quioscos en las colonias de atención prioritaria, 50 macro quioscos y 29 hospitales de la red de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa).

El 27 de noviembre, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su administración invertiría 160 millones de pesos para adquirir un millón de pruebas de antígeno, duplicar el número de aplicaciones realizadas y cortar la cadena de contagios de COVID-19.

El objetivo de hacer las pruebas, señaló la jefa de gobierno, es detectar casos positivos de la enfermedad, que las personas puedan aislarse durante 15 días, reciban un kit médico, alimentario y económico, y seguimiento médico por parte del gobierno capitalino.

Desde que se incrementó el número de test, la CDMX ha reportado más casos de COVID por día, hasta rebasar los 5 mil. El índice de positividad alcanzado es de 24%. 

Lee: CDMX rebasa el pico de hospitalizaciones de mayo con 4 mil 598 personas atendidas por COVID

A pesar del incremento de las pruebas, sin embargo, la estrategia para darle seguimiento a los casos positivos es variada. Las experiencias que narran los habitantes de la CDMX son distintas.

La segunda semana de agosto, Raquel Trior, de 23 años, se fue a hacer la prueba, entonces solo había PCR, a un quiosco en Santiago Tepetlapa, en la alcaldía de Xochimilco. Se tardaron tres días en darle el resultado. Fue positivo. Con ella viven cinco mujeres adultas y dos menores. Los demás salieron negativos. Como su hermana mayor tenía síntomas fue a atenderse con un médico privado, le dijo que era muy seguro que sí tuviera COVID. Se aislaron todos. 

“En mi caso, me pidieron que un familiar fuera al quiosco a recoger el resultado para que yo no saliera. Dos días después de que supe que era positiva, me llamaron de parte del gobierno de la CDMX para preguntarme si ya tenía mis resultados y cómo iban mis síntomas”. 

Raquel solo tuvo dolor de cabeza.  Les dijo eso. Dos días después le llamaron otra vez para volver a checar cómo estaba y corroborar su dirección. Le dijeron que iban a enviarle el kit médico, la tarjeta y la despensa. Poco rato después tocaron en su casa, dejaron las cosas en la puerta y se fueron. A la semana volvieron a llamar para verificar cómo seguía. Ella es de las que reportan que su seguimiento fue bueno.

En cambio Rubén Sandoval, de 27 años, cuenta que el seguimiento fue deficiente. Él se hizo la prueba en el quiosco de la colonia Presidentes, en la alcaldía de Álvaro Obregón, el 5 de noviembre. También fue con su familia: seis personas en total, en dos automóviles. 

Un tío con el que convive mucho se hizo un estudio de tórax, los estudios arrojaron un daño importante en los pulmones. La familia decidió someterse a la prueba de COVID por precaución. Los resultados de las pruebas PCR se tardaron cinco días.

En esos cinco días no supieron nada. Nadie los llamó. Igual se aislaron desde la prueba por precaución. De todos, solo un integrante de la familia, el papá de Rubén, salió negativo, los demás fueron positivos. Su tío vivía a parte, pero decidió mudarse con ellos para no estar solo. “Nos recluimos todos. De hecho a mi tío le llamaron después de parte del gobierno de la CDMX y como no estaba en su casa, le dijeron que entonces no podían darle la tarjeta, ni la despensa ni el kit médico. A los demás que salimos positivos y estábamos en nuestra casa sí nos llegaron”. 

Todos tuvieron cuadros leves, menos el tío. “A él, como ya iba con el antecedente de la placa de tórax y más síntomas, desde que le tomaron la muestra en el quiosco, el doctor de ahí le dijo que si se sentía más mal, les llamara, le dio los teléfonos y todo, y que le mandaban una ambulancia o le decían a qué hospital ir”. 

Pero el tío tampoco quiso llamar al centro de salud ni acudir a un hospital. Cuando se sintió más mal, lo llevaron a un médico privado que les aconsejó conseguir un tanque de oxigeno y eso justo hicieron. Además de las llamadas para corroborar la dirección donde se enviarían los kits de ayuda, no tuvieron otro tipo de seguimiento. 

María de Sanctis, de 24 años, dice que ella si no recibió nada de nada. Ni kit médico, ni despensa, ni tarjeta, ni llamadas de seguimiento. Se hizo la prueba de PCR en el quiosco del Parque San Antonio, en Mixcoac, el 18 de noviembre. Se quedó en la rayita, a dos días de poner acceder a una prueba rápida y lo resintió en el tiempo que tardó el resultado: siete días. 

“Se tardaron mucho y yo me sentía muy mal. Tengo antecedente de asma y me pegó mucho la enfermedad. Fui mejor con un médico privado y él me estuvo atendiendo. Fue hasta siete días después de la prueba que recibí una llamada: María, me dijo, soy el doctor tal, no recuerdo el nombre, solo llamo para informarte que tu resultado es positivo”. 

La joven asegura que solo le dijeron que se aislara 14 días y nada más. No recibió más llamadas, ni para otorgarle los apoyos ni para darle seguimiento médico. 

Qué podría hacerse mejor

Animal Político solicitó una entrevista al gobierno de la Ciudad de México para saber cómo se está haciendo el seguimiento a los casos positivos de COVID. Primero se le solicitó a la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip). La agencia respondió que quien debía dar la entrevista era la Secretaría de Salud de la CDMX. Se hizo la solicitud a esta instancia. Respondieron que quien debía dar la entrevista era Locatel y Locatel respondió que quien debía darla era Adip. 

Ante la falta de respuesta oficial, este portal buscó al epidemiólogo y especialista en Salud Pública, Malaquías López, quien además es integrante de la Comisión COVID de la UNAM, para preguntarle sobre los aspectos que podrían robustecerse en la estrategia de asesoría y seguimiento a casos positivos en la CDMX.

El especialista señala que, por ejemplo, cuando las personas no quieren a ir a un hospital, y puesto que no se les puede obligar, sería oportuno ofrecerles atención médica en su casa, aunque reconoce que en el país no ha existido nunca un sistema de salud capaz de responder a esa demanda. 

Lo que quizá sería más factible, explica, son las llamadas de seguimiento médico, que tendrían que hacerse casi diario. “Y si la persona es diabética, por ejemplo, desde el momento de la prueba y ahora con el resultado casi inmediato, verificar si tiene un control adecuado de la enfermedad y darle indicaciones muy precisas sobre cómo debe controlarla”. 

La información adecuada a una persona que resulta positiva es básica, advierte. Se les debe de decir qué síntomas son de alarma, qué problemas pueden tener, y hay que hacer una lista con recomendaciones muy claras. 

“No hay que dejar a la gente sola, con el resultado positivo. Debemos entender que la gente con la angustia del soy positivo empieza a buscar opciones y caen en lo del cloro. Esas mentiras hay que cortarlas con información precisa y cercana”. 

Si hay cosas que de momento no es viable hacer, dice Malaquias López, como llevar a todas las personas que llegan a los quioscos en metro hasta su casa, lo que sí se puede hacer es darles un cubrebocas adecuado, decirles cómo deben usarlo y darles una botellita de gel para que se lo vayan poniendo todo el camino. Esas cosas son posibles y de mucha ayuda, dice. 

Con información de Itxaro Arteta.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

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El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

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Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

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Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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