Un funcionario público fue vinculado a proceso por presuntamente haber difundido material fotográfico de un delito.
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó a través de un comunicado que aportó los datos de prueba con los que un juzgador calificó como legal la detención, por lo que se formuló la imputación contra el funcionario.
El imputado llevará su proceso en libertad, aunque se le impuso la suspensión provisional del cargo y el acudir a firmar periódicamente a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.
No podrá acercarse a las víctimas indirectas y tampoco podrá salir de la Ciudad de México ni de la Zona Conurbada.
En febrero pasado, la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa de reforma al congreso capitalino para castigar con hasta 8 años de cárcel a los funcionarios públicos que filtren, difundan, reproduzcan o publiquen fotografías de cadáveres, así como documentos, indicios, evidencias u otros objetos relacionados con el procedimiento penal de algún caso.
La iniciativa fue presentada luego de que autoridades de la Ciudad de México filtraran fotografías del feminicidio de Ingrid Escamilla, mismas que fueron publicadas por medios impresos, lo que revictimizó a la joven y su familia.
