CNDH señala al INM por la muerte de un migrante durante un motín
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CNDH señala a funcionarios del INM por la muerte de un migrante durante un motín en Tenosique

La CNDH señaló la responsabilidad de funcionarios del INM, por no auxiliar a la víctima que murió en el motín, y también señala condiciones de hacinamiento en el centro de detención de Tenosique.
Cuartoscuro
1 de diciembre, 2020
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Héctor Rolando Barrientos Dardón, guatemalteco de 42 años y solicitante de asilo en México, murió asfixiado al interior de la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, el 31 de marzo. El hombre había huido con su esposa, un hijastro y una cuñada porque estaba siendo perseguido en su país natal. Su petición estaba en trámite en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y, sin embargo, el Instituto Nacional de Migración lo mantenía encerrado en la estación migratoria en la que perdió la vida. El fallecimiento se produjo durante un incendio provocado por otros extranjeros, disconformes con la situación de hacinamiento que les ponía en riesgo de contraer COVID-19.

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Siete meses después de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que señala a siete funcionarios del INM por la “vulneración del derecho a la vida” de Barrientos Dardón, ya que no tomaron las medidas necesarias para protegerlo. 

Según la CNDH, los funcionarios violaron el derecho a un trato digno e integridad personal por no garantizar seguridad durante el siniestro, a la protección a la salud por no dar atención médica y psicológica, y a la vida, por no proteger a la víctima. Además, se vulneraron los derechos de 20 menores no acompañados que se encontraban encerrados en la estación migratoria sin ser canalizados al DIF. 

La recomendación 69/2020, fechada a 30 de noviembre, está dirigida al comisionado del INM, Francisco Garduño, a quien le insta a colaborar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para resarcir a 60 de los migrantes que se encontraban al interior del centro de detención aquella noche y colaborar con una investigación administrativa que determine la responsabilidad de los funcionarios.

Animal Político quiso conocer la versión del INM, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. 

El incendio y el fallecimiento de Barrientos Darpón fue investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, quien imputó a cuatro ciudadanos de nacionalidad hondureña. Tres de ellos ya han sido condenados a 13 años de cárcel en procedimiento abreviado por “homicidio agravado por incendio” y otro está pendiente de su audiencia ya que decidió seguir adelante con su juicio oral. 

“Los principales responsables son las instituciones, no los migrantes que estaban encerrados”, consideró Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asylum Access y representante de la familia de la víctima en la denuncia penal que interpusieron ante la FGE. 

En este sentido, la CDNH admite que fueron los migrantes quienes prendieron fuego a los colchones y provocaron el humo que causó la muerte de Barrientos Darpón. Sin embargo, no pasa por alto del contexto de hacinamiento, temor al contagio y falta de información al interior del centro de detención que terminaron por explotar en el motín del 31 de marzo. De hecho, menos de un mes después, la estación fue clausurada temporalmente después de que la CNDH dijese que no contaba con las condiciones mínimas para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad a su interior. 

Riesgo de contagio 

La CNDH no se limita a señalar la responsabilidad de los funcionarios en no prestar auxilio a la víctima del siniestro. Señala una serie de deficiencias estructurales al interior del centro de detención que están en el origen de la protesta que terminó con la muerte del guatemalteco. Desde el hacinamiento de los extranjeros sin medidas de higiene contra el coronavirus hasta la falta de alternativas a la detención, la institución de defensa de los Derechos Humanos censura tanto el trato recibido por la víctima mortal, como el que sufrieron las 156 personas que se encontraban al interior de la estación migratoria, entre ellas menores de edad. 

El siniestro tuvo lugar en la noche del 31 de marzo cuando se registró un motín al interior de la estación migratoria. En aquel momento, debido a la pandemia de COVID-19, los países centroamericanos habían cerrado sus fronteras, por lo que México no tenía posibilidad de deportarlos. Además, el INM no solo tenía que gestionar las personas a las que detenían sus funcionarios, sino también los devueltos desde Estados Unidos a través del título 42. En las primeras semanas de pandemia, hasta que la institución decidió vaciar las estaciones migratorias, se registraron protestas en varios centros de detención, la más grave la de Tenosique. 

Reconoce la CNDH que antes de iniciarse la protesta los migrantes se encontraban privados de su libertad (el INM utiliza el eufemismo “alojados”, aunque no pueden salir libremente) y que su situación de vulnerabilidad “era evidente”, ya que no había opción de guardar la distancia de seguridad para evitar la COVID-19. 

El día de los hechos había encerradas 156 personas en todo el recinto y 62 en el área de hombres, lo que supone que no tenían acceso a “un espacio digno”. A su cargo, tres funcionarios del INM, que debían estar al pendiente de toda la estación. Para la CNDH, la falta de espacio y el peligro de contagio de COVID-19, la ausencia de atención médica a personas con padecimientos previos y la falta de atención psicológica a personas en una situación de fuerte estrés son condicionantes que explican el motín. 

Después de un tiempo encerrados, temerosos de poder contagiarse y sin recibir respuestas por parte de las autoridades, un grupo de migrantes inició la protesta. Para ello quemaron varios colchones, provocando un humo tóxico que terminaría por matar a Barrientos Darpón.

Lee más: CNDH y el INM se acusan de mentir sobre COVID en estaciones migratorias, pero ninguna muestra pruebas

“Los elementos del INM se reían”

El relato de los migrantes y los funcionarios es completamente distinto en este punto. Los oficiales aseguran que abrieron las puertas y trataron de auxiliar a los extranjeros, que en medio del pánico dificultaron la evacuación. Los internos, sin excepción, afirman que las puertas estaban cerradas y que tuvieron que romperlas para poner salir y tomar aire.

Las pruebas halladas por la CNDH dan la razón a los migrantes, ya que en su inspección del 1 de abril, horas después del siniestro, vieron al menos una puerta derribada y con el candado roto, lo que concuerda con la versión de los extranjeros. 

“Todos corrimos hacia las puertas pero el guardia del INM no abrió las puertas, yo fui a buscar a mis familiares al área de mujeres, los elementos del INM no hacían nada, solo se reían, un grupo logró entrar a la estación y sacaron a Barrientos Darpón, pero ya estaba fallecido”, dice uno de los testimonios. 

Las irregularidades no terminan aquí. La estación migratoria carecía de extintores que podían haber sido vitales para extinguir el fuego. Además, la quema de los colchones fue filmada por las cámaras de seguridad y los funcionarios tuvieron media hora desde que empezaron a apilarlos hasta que comenzó a salir el humo. En este tiempo, según recoge la CNDH, no hicieron nada. 

Reconoce la CNHD que el incendio fue provocado por cuatro personas, de origen hondureño, actualmente inculpadas de homicidio. Sin embargo, cree que lo ocurrido “podía haberse evitado”. 

Más allá de los hechos, la CNDH también responsabiliza al INM de vulnerar los derechos de los extranjeros que se encontraban encerrados. Por un lado, considera que se podía haber entregado tarjetas de residencia por motivos humanitarios, algo que se hizo dos semanas después de la tragedia. Por otra, recuerda que había solicitantes de asilo ante la Comar a los que se podía haber permitido seguir su proceso en libertad. De hecho, Animal Político pudo saber en el momento de los hechos que a Barrientos Darpón apenas le quedaban dos días encerrado cuando fue víctima del humo. 

La gestión del INM en relación a la COVID-19 ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y la CNDH. Recientemente, Animal Político desveló la falta de control en las estaciones migratorias: desde el inicio de la pandemia, más de 40 mil personas fueron detenidas y encerradas, pero únicamente se realizaron 78 pruebas, de las que 52 resultadon positivas.

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"Fue un capricho de Pinochet": la historia de los 15 mil libros de García Márquez que quemó el gobierno de Chile

En noviembre de 1986, el gobierno militar de Chile ordenó la incautación del libro 'La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile', del premio Nobel de Literatura, cuando un embarque se dirigía a Santiago.
5 de junio, 2022
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El 28 de octubre de 1986, después de varios días de viaje, el ‘Peban’, un vapor de bandera panameña, atracó finalmente en el puerto chileno de Valparaíso. Mientras se preparaba para diligenciar los papeles de aduana, la tripulación recibió la noticia de que se procedería con la incautación de una parte del cargamento.

El capitán, que estaba seguro de que todo lo que llevaba en su barco estaba en regla, preguntó cuál era la mercancía que iban a retener.

La respuesta oficial fue la que menos esperaba: “Los libros”, específicamente, 15 mil ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile, escrito por el ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que habían sido enviados desde el puerto de Buenaventura, en Colombia.

Y que debían llegar a manos de Arturo Navarro, el representante de la editorial Oveja Negra que publicaba los libros del Nobel en aquellos años en Chile.

El libro narraba las peripecias que había que tenido que sortear el cineasta chileno Miguel Littín, quien vivía en el exilio desde el golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder en 1973.

Littín había vuelto a Chile durante dos semanas en 1985 para filmar en la clandestinidad un documental sobre lo que estaba pasando en el país 12 años después de la irrupción militar.

Arturo Navarro

BBC
Arturo Navarro era el representante de la editorial Oveja Negra en Chile.

Luego estrenaría el documental Acta Central de Chile en el Festival de Cine de Venecia del 86.

Pero el libro de García Márquez iba más allá: contaba sobre todo detalles que no aparecían en la cinta, como por ejemplo el encuentro de Littín, quien se había hecho pasar por un empresario uruguayo, con el propio Pinochet en los pasillos del Palacio de La Moneda, donde el presidente de facto no lo reconoció.

“Yo me enteré de la incautación de los libros dos semanas después porque estaba fuera del país”, recuerda Arturo Navarro, tomándose un café bajo la nave central del Museo Nacional de la Memoria en el corazón de Santiago.

Navarro había regresado de un viaje por EU para visitar a su familia cuando se encontró con un mensaje de alerta en el contestador automático de su casa. Era de su agente aduanero y le describía una situación crítica: “Arturo, me dicen que los libros fueron quemados”.

"Esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describen cómo le habían metido los dedos en la boca"", Source: , Source description: , Image:

Para Navarro, el cargamento era fundamental: era el principal producto que esperaba exponer durante la feria del libro de Santiago, que se iba a celebrar pocas semanas después del incidente.

Él, que había sido empleado de la Editorial Nacional Quimantú (ampliamente perseguida por el régimen) y había visto a los militares ejercer la destrucción de libros en primera fila, también sabía que el régimen de Pinochet había flexibilizado sus políticas de censura.

En ese contexto, creyó que la incautación debía ser más un malentendido que un acto de represión y decidió viajar a Valparaíso para resolver el problema personalmente.

“El libro ya había sido publicado en capítulos en Chile por una revista (Análisis) meses antes”, señala Navarro. “Sin embargo, lo que me preocupaba es que, de acuerdo a la prensa, la incautación de los libros se debía al mal estado de los contenedores, que me parecía una disculpa inusual”.

Los ejemplares habían quedado bajo el control de la jefatura de Zona en Estado de Emergencia, a cargo de militares.

Cuando Navarro se acercó al edificio castrense donde podría intentar rescatar los libros, percibió de inmediato la tensión que se sentía dentro del gobierno por esos días: un mes y medio antes, el 7 de septiembre, militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían estado muy cerca de acabar con la vida de Augusto Pinochet, en un feroz atentado cuando este regresaba a Santiago desde su residencia en el Cajón del Maipó, a unos 50 kilómetros de la capital.

El asalto había dejado cinco escoltas muertos y varios heridos.

“En el edificio logré hablar con un militar de rango medio al que le pedí que al menos me permitiera devolver los libros a Lima”, señala. “Pero después de hacer un par de llamadas, finalmente me dijo: ‘Navarro, no se preocupe, que los libros ya los quemamos'”.

La versión en los medios se mantenía: contenedores en mal estado, lo que podría explicar la incautación, pero nunca la incineración.

Para Navarro, era claro que la orden había venido de arriba y, aunque no tuviera pruebas, no se iba a quedar quieto hasta que la gente supiera que el régimen de Pinochet había mandado a quemar 15 mil volúmenes de nada menos que un premio Nobel.

“Yo sigo sosteniendo que esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describe cómo le habían metido los dedos en la boca”, afirma Navarro.

La noticia lo dejó abatido y sin ejemplares para la feria.

Entonces, convocó a ruedas de prensa para dar a conocer lo que había pasado, hizo la denuncia pertinente ante la Cámara Chilena del Libro y, aunque dentro del país no hubo mucho eco, en el mundo sí publicaron la noticia.

Navarro guarda recortes de prensa de medios de Grecia, Holanda y EU que hablan de los ejemplares calcinados.

Pero quedaba por saber qué era realmente lo que había pasado. “Yo de verdad no creía nada de lo que me habían dicho. Ni siquiera que los habían quemado”.

Uno de sus colegas le recomendó que el mejor camino para obtener una respuesta del régimen era la vía diplomática, por lo que decidió acudir a la embajada de Colombia, país de donde originalmente habían salido los libros.

“Ahí conocí a Libardo Buitrago, el cónsul colombiano, quien se ofreció a ayudarme”.

Poco después, gracias a la presión de un país extranjero, le llegó al cónsul un papel muy revelador, una carta fechada del 9 de enero de 1987, firmada por el vicealmirante John Howard Balaresque, en la que no solo se confirma la incineración de los libros sino también las razones: a los ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile se les impuso “una medida de censura previa” por considerar que el contenido “transgredía abiertamente las disposiciones constitucionales”.

“Ese papel es el único documento oficial que existe en el que el régimen de Pinochet acepta que quemó libros y que lo hizo por censura. Algo imposible de obtener en esos tiempos”, relata Navarro.

“Y ahora está acá, en el Museo de la Memoria”.

El documento, con firma oficial, le sirvió a la editorial Oveja Negra para poder cobrar el seguro por la pérdida, pero además implantó en la cabeza de Navarro una certeza que no lo abandonó nunca: la cultura sería clave en el fin del régimen.

“Esta represión a los libros, a la cultura, se daría vuelta y terminaría siendo uno de los principales motivos por los que Pinochet saldría del poder. Porque fueron los cantantes, los artistas, los escritores quienes serían fundamentales en la campaña de votar ‘No’ en el plebiscito de 1988 que acabaría con la dictadura”, concluye.


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