Héctor Rolando Barrientos Dardón, guatemalteco de 42 años y solicitante de asilo en México, murió asfixiado al interior de la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, el 31 de marzo. El hombre había huido con su esposa, un hijastro y una cuñada porque estaba siendo perseguido en su país natal. Su petición estaba en trámite en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y, sin embargo, el Instituto Nacional de Migración lo mantenía encerrado en la estación migratoria en la que perdió la vida. El fallecimiento se produjo durante un incendio provocado por otros extranjeros, disconformes con la situación de hacinamiento que les ponía en riesgo de contraer COVID-19.
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Siete meses después de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que señala a siete funcionarios del INM por la “vulneración del derecho a la vida” de Barrientos Dardón, ya que no tomaron las medidas necesarias para protegerlo.
Según la CNDH, los funcionarios violaron el derecho a un trato digno e integridad personal por no garantizar seguridad durante el siniestro, a la protección a la salud por no dar atención médica y psicológica, y a la vida, por no proteger a la víctima. Además, se vulneraron los derechos de 20 menores no acompañados que se encontraban encerrados en la estación migratoria sin ser canalizados al DIF.
La recomendación 69/2020, fechada a 30 de noviembre, está dirigida al comisionado del INM, Francisco Garduño, a quien le insta a colaborar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para resarcir a 60 de los migrantes que se encontraban al interior del centro de detención aquella noche y colaborar con una investigación administrativa que determine la responsabilidad de los funcionarios.
Animal Político quiso conocer la versión del INM, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
El incendio y el fallecimiento de Barrientos Darpón fue investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, quien imputó a cuatro ciudadanos de nacionalidad hondureña. Tres de ellos ya han sido condenados a 13 años de cárcel en procedimiento abreviado por “homicidio agravado por incendio” y otro está pendiente de su audiencia ya que decidió seguir adelante con su juicio oral.
“Los principales responsables son las instituciones, no los migrantes que estaban encerrados”, consideró Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asylum Access y representante de la familia de la víctima en la denuncia penal que interpusieron ante la FGE.
En este sentido, la CDNH admite que fueron los migrantes quienes prendieron fuego a los colchones y provocaron el humo que causó la muerte de Barrientos Darpón. Sin embargo, no pasa por alto del contexto de hacinamiento, temor al contagio y falta de información al interior del centro de detención que terminaron por explotar en el motín del 31 de marzo. De hecho, menos de un mes después, la estación fue clausurada temporalmente después de que la CNDH dijese que no contaba con las condiciones mínimas para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad a su interior.
Riesgo de contagio
La CNDH no se limita a señalar la responsabilidad de los funcionarios en no prestar auxilio a la víctima del siniestro. Señala una serie de deficiencias estructurales al interior del centro de detención que están en el origen de la protesta que terminó con la muerte del guatemalteco. Desde el hacinamiento de los extranjeros sin medidas de higiene contra el coronavirus hasta la falta de alternativas a la detención, la institución de defensa de los Derechos Humanos censura tanto el trato recibido por la víctima mortal, como el que sufrieron las 156 personas que se encontraban al interior de la estación migratoria, entre ellas menores de edad.
El siniestro tuvo lugar en la noche del 31 de marzo cuando se registró un motín al interior de la estación migratoria. En aquel momento, debido a la pandemia de COVID-19, los países centroamericanos habían cerrado sus fronteras, por lo que México no tenía posibilidad de deportarlos. Además, el INM no solo tenía que gestionar las personas a las que detenían sus funcionarios, sino también los devueltos desde Estados Unidos a través del título 42. En las primeras semanas de pandemia, hasta que la institución decidió vaciar las estaciones migratorias, se registraron protestas en varios centros de detención, la más grave la de Tenosique.
Reconoce la CNDH que antes de iniciarse la protesta los migrantes se encontraban privados de su libertad (el INM utiliza el eufemismo “alojados”, aunque no pueden salir libremente) y que su situación de vulnerabilidad “era evidente”, ya que no había opción de guardar la distancia de seguridad para evitar la COVID-19.
El día de los hechos había encerradas 156 personas en todo el recinto y 62 en el área de hombres, lo que supone que no tenían acceso a “un espacio digno”. A su cargo, tres funcionarios del INM, que debían estar al pendiente de toda la estación. Para la CNDH, la falta de espacio y el peligro de contagio de COVID-19, la ausencia de atención médica a personas con padecimientos previos y la falta de atención psicológica a personas en una situación de fuerte estrés son condicionantes que explican el motín.
Después de un tiempo encerrados, temerosos de poder contagiarse y sin recibir respuestas por parte de las autoridades, un grupo de migrantes inició la protesta. Para ello quemaron varios colchones, provocando un humo tóxico que terminaría por matar a Barrientos Darpón.
“Los elementos del INM se reían”
El relato de los migrantes y los funcionarios es completamente distinto en este punto. Los oficiales aseguran que abrieron las puertas y trataron de auxiliar a los extranjeros, que en medio del pánico dificultaron la evacuación. Los internos, sin excepción, afirman que las puertas estaban cerradas y que tuvieron que romperlas para poner salir y tomar aire.
Las pruebas halladas por la CNDH dan la razón a los migrantes, ya que en su inspección del 1 de abril, horas después del siniestro, vieron al menos una puerta derribada y con el candado roto, lo que concuerda con la versión de los extranjeros.
“Todos corrimos hacia las puertas pero el guardia del INM no abrió las puertas, yo fui a buscar a mis familiares al área de mujeres, los elementos del INM no hacían nada, solo se reían, un grupo logró entrar a la estación y sacaron a Barrientos Darpón, pero ya estaba fallecido”, dice uno de los testimonios.
Las irregularidades no terminan aquí. La estación migratoria carecía de extintores que podían haber sido vitales para extinguir el fuego. Además, la quema de los colchones fue filmada por las cámaras de seguridad y los funcionarios tuvieron media hora desde que empezaron a apilarlos hasta que comenzó a salir el humo. En este tiempo, según recoge la CNDH, no hicieron nada.
Reconoce la CNHD que el incendio fue provocado por cuatro personas, de origen hondureño, actualmente inculpadas de homicidio. Sin embargo, cree que lo ocurrido “podía haberse evitado”.
Más allá de los hechos, la CNDH también responsabiliza al INM de vulnerar los derechos de los extranjeros que se encontraban encerrados. Por un lado, considera que se podía haber entregado tarjetas de residencia por motivos humanitarios, algo que se hizo dos semanas después de la tragedia. Por otra, recuerda que había solicitantes de asilo ante la Comar a los que se podía haber permitido seguir su proceso en libertad. De hecho, Animal Político pudo saber en el momento de los hechos que a Barrientos Darpón apenas le quedaban dos días encerrado cuando fue víctima del humo.
La gestión del INM en relación a la COVID-19 ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y la CNDH. Recientemente, Animal Político desveló la falta de control en las estaciones migratorias: desde el inicio de la pandemia, más de 40 mil personas fueron detenidas y encerradas, pero únicamente se realizaron 78 pruebas, de las que 52 resultadon positivas.
