Comisión de Amnistía al fin se reúne; tiene más de mil pendientes
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Cuartoscuro

La Comisión de Amnistía se reúne después de seis meses y ya tiene más de mil solicitudes pendientes

Más de 3 mil presos fueron preliberados a causa de la COVID-19, pero todavía no se ha registrado ninguna excarcelación a través de la Ley de Amnistía.
Cuartoscuro
21 de diciembre, 2020
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La Comisión de Amnistía, el organismo encargado de revisar las solicitudes de los presos que solicitan el perdón y la excarcelación, tendrá hoy su primera sesión en seis meses, según fuentes oficiales. Sobre la mesa hay pendientes un total de 1 mil 062 peticiones presentadas desde que el 20 de abril fue aprobado el mecanismo de forma exprés por el Senado. El dictamen de la norma estuvo congelado desde 2019 pero se recuperó en los inicios de la pandemia con idea de que la amnistía permitiese reducir la presión en las cárceles, convertidas en foco de contagio de la COVID-19. A día de hoy, sin embargo, no se ha producido excarcelación alguna por esta vía. 

Al mismo tiempo, durante este período se registraron 3 mil 140 preliberaciones y libertades por compurga de pena en cárceles estatales a causa del coronavirus, según las mismas fuentes. El mecanismo aplicado no fue la amnistía sino la “Guía para llevar a cabo preliberaciones en el marco del COVID-19” elaborada por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la secretaría de Gobernación, que fue desarrollada en marzo, cuando la pandemia apenas daba sus primeros golpes en México. 

La diferencia es obvia: mientras que los parámetros que determina la guía buscan sacar de prisión a personas especialmente vulnerables para evitar que enfermen, la Ley de Amnistía va más allá. Se trata de un proyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que personas condenadas por delitos leves (o con acusaciones como aborto) y que cumplan una serie de requisitos puedan recuperar la libertad. 

Lee: A siete meses de la Ley de Amnistía: hay 762 peticiones presentadas, pero ninguna concedida

Hasta octubre, la secretaría técnica de la Segob había elaborado 75 dictámenes de las 768 solicitudes que habían llegado hasta aquel momento. La mayoría de las peticiones venían de personas condenadas por narcomenudeo y solo una de las solicitudes fue presentada por una mujer perseguida por aborto. Estos casos y los que se hayan redactado entre noviembre y diciembre serán los que se tengan que debatir hoy. Hay que recordar que la ley prevé un plazo máximo de cuatro meses desde que se presenta la solicitud hasta que se toma una determinación sobre cada expediente. 

Dificultades con los jueces

No ha sido fácil el proceso. Por un lado, la administración estuvo más lenta de lo esperado en aprobar las normas, sesionar y hacer públicos los requisitos que debían cumplir los presos para pedir su perdón. Además, la pandemia por COVID-19, que limitó la actividad institucional, y el decreto de austeridad del ejecutivo federal, que cortó recursos financieros, alargaron los tiempos. Finalmente, la secretaría técnica se encontró con dificultades a la hora de valorar las peticiones de amnistía, según fuentes conocedoras del proceso. En primer lugar, muchas de las peticiones venían incompletas, por lo que exigían recabar información en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En segundo, hubo problemas por parte de los propios jueces, que no respondían a las peticiones de información, lo que impedía integrar el expediente. Según pudo saber Animal Político, esta falta de colaboración por parte de la judicatura motivó una queja dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar. Por último, está la variedad de las solicitudes, ya que también llegaban escritos reclamando la amnistía para personas con delitos graves como homicidio, casos que no aplican para la excarcelación. 

En los expedientes en los que la comisión dé su visto bueno, la liberación no es inmediata. Todavía tienen que pasar ante un juez federal que es quien determina si el reo obtiene definitivamente su libertad o no. Este trámite puede encontrarse con el obstáculo de la pandemia, ya que el CJF determinó la reducción de actividades para evitar los contagios. De este modo, todavía es una incógnita saber si para fin de año habrá la primera persona amnistiada por parte del gobierno.

La Comisión de Amnistía está presidida por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Su papel es el de evaluar los dictámenes que llegan desde la secretaría técnica y dar el visto bueno definitivo o rechazar las peticiones de amnistía. Aunque se suponía que la arquitectura legal iba a estar en marcha rápidamente desde que el Senado aprobó la Ley de Amnistía, llegamos a final de año sin liberaciones.  

Entérate: Una hora más sin la amnistía prometida

Recientemente, en su conferencia de balance del último año, el subsecretario Alejandro Encinas hizo mención a más de 3 mil solicitudes y 28 liberaciones. El dato no hacía referencia a posibles amnistiados sino a personas que recuperaron la libertad por el mecanismo de las mesas de justicia de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia. En este caso se trata de expedientes que los afectados denuncian que fueron irregularmente ejecutados o que no se cumplieron todas las garantías constitucionales, por lo que reclaman que jamás debieron pisar la prisión. 

A pesar de las más de 3 mil liberaciones por COVID-19, México cierra el año con más presos que el año pasado. Según reveló Animal Político, al cierre de octubre pasado la cifra de personas en prisión en México ascendía a 214 mil 776, un crecimiento de casi el 7% respecto a las 200 mil 936 que había en diciembre de 2019. En números absolutos, son 13 mil 840 internos más en 10 meses.

Con la sesión de hoy se abre el camino para la excarcelación de aquellas personas que hayan solicitado la amnistía y que cumplan con los requisitos marcados en la ley. 

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Venezuela le quita 6 ceros a su moneda y el bolívar soberano se convierte en bolívar digital

Con esta nueva reconversión, ya son 14 los ceros que se han quitado al bolívar en 14 años.
1 de octubre, 2021
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Bolívares venezolanos

Getty Images

A partir de este viernes, el bolívar soberano pasa a llamarse bolívar digital, con seis ceros menos.

De esta manera, el gobierno de Venezuela pone en marcha su decisión de apostar nuevamente en una reconversión monetaria para contrarrestar el proceso de hiperinflación que vive el país.

Solamente en lo que va año, el bolívar se ha depreciado más de un 70% y este viernes se necesitaban más de 4 millones 500 mil bolívares soberanos para comprar un dólar, según la plataforma venezolana Dolar Today.

El nuevo nombre “bolívar digital” se basa, según un comunicado del Banco Central de Venezuela (BCV), “en la profundización y desarrollo de la economía digital” en Venezuela.

La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, anunció el jueves que todo el sistema bancario nacional ya se encontraba preparado para quitarle seis ceros a la moneda.

Pero la medida ha sido criticada desde la oposición, que la considera como una muestra del “fracaso” de la política económica del gobierno de Nicolás Maduro.

“Podría perderse en seis meses”

El exdiputado opositor José Guerra aseguró hace dos semanas que la nueva reconversión monetaria se podría perder “en meses” si no se pone en marcha un programa contra la hiperinflación.

“Si esa actualización del cono monetario no va relacionada con un programa económico para acabar con la hiperinflación y hacer crecer la economía, esa reconversión monetaria se va a perder en meses, tal vez en un año”, explicó en un video difundido por la oposición.

“Las causas de la hiperinflación siguen estando ahí y el cono monetario pierde otra vez sus atributos para facilitar y hacer factible la transacción”, añadió.

En los últimos 14 años, Venezuela le ha quitado 14 ceros a su moneda.

En 2007 se eliminaron tres y nació el bolívar fuerte. Once años después se eliminaron cinco ceros y surgió el bolívar soberano.

Ninguno de estos procesos de reconversión logró parar la hiperinflación, que ha pasado a ser la más alta del mundo.

Una economía altamente dolarizada

No obstante, esta nueva reconversión se da en un contexto diferente. En la actualidad, la economía venezolana está altamente dolarizada.

La moneda preferida hacer pagos en efectivo es el dólar estadounidense, y en caso de utilizar bolívares, la mayoría prefiere utilizar tarjetas o transferencias electrónicas.

Ya a comienzos del año, escribía el excorresponsal en Venezuela de BBC Mundo Guillermo D. Olmo, se estimaba “que más de un 55% de las transacciones en el país se realizan en dólares”.

El cambio en la moneda ha sido descrito por las autoridades económicas como “un hito histórico necesario en un momento en que el país comienza el camino de la recuperación económica”.

El BCV añadió que la introducción del bolívar digital no afectará el valor de la moneda y que “el tipo de cambio de referencia seguirá siendo el que determine el sistema de mercado cambiario venezolano”.


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