Sin avances denuncia contra maestro de ballet por violencia sexual
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Fiscalía en CDMX revictimiza a estudiantes que denuncian a profesor de ballet por violencia sexual

En dos meses la investigación no ha avanzado, la Fiscalía no ha notificado al profesor de que está imputado por tres delitos.
Especial
23 de diciembre, 2020
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Emilia empezó a bailar ballet a los 3 años. El baile llegó a ser todo para ella, más en la adolescencia, cuando no tenía muchos amigos y su deseo de mejorar su imagen de bailarina la llevó incluso a tener un desorden alimenticio. Justo ahí fue cuando conoció Alfredo, el profesor de danza al que hoy tiene demandado por presunto abuso sexual infantil.

Emilia, que no se llama Emilia, es una de las tres víctimas que en octubre pasado iniciaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) contra el mismo profesor; las otras son por acoso sexual y por corrupción de menores, es decir, porque el profesor presuntamente llegó a tener sexo con una niña. Hubo una cuarta víctima que acudió por violencia psicológica, pero no le tomaron la denuncia.

En dos meses, reclaman, la investigación no ha avanzado. El maestro ni siquiera ha sido notificado de que está imputado por tres delitos, según aseguró a Animal Político tras ser contactado para conocer su versión. También dijo que es inocente de lo que se le acusa.

“Yo no tengo conocimiento,  nunca me ha llegado ni un papel. Absolutamente nada. No tengo ningún conocimiento de nada, no sé quién me está denunciando ni quiénes son, pero sí decir tranquilamente que soy inocente. No sé de qué se me está culpando y quiénes son las que me están denunciando. Entonces sinceramente no tengo ni idea de quién, ni por qué, o de qué,” afirma.

Lee: Violencia sexual: no estás sola y no es tu culpa

La forma en que la Fiscalía ha llevado el caso, que incluso negó copias de su carpeta de investigación a una de las víctimas, ya motivó a que presenten una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con folio D6850/20, por revictimizar y desincentivar a las denunciantes.

En total, cuatro mujeres se presentaron ante la Fiscalía —tres de las cuales hablaron con Animal Político para este reportaje—, aunque a una no le abrieron carpeta de investigación. Una más no denunció pero les contó que dejó de ir a clases porque el profesor trató de besarla, y otra las acaba de contactar a raíz de la denuncia pública que organizaron en redes sociales para contarles que también sufrió acoso.

Fiscalía de la CDMX las revictimiza y desincentiva, se quejan

Como el contacto entre ellas lo hicieron en marzo, justo cuando empezó en México la emergencia por la pandemia de COVID-19 y muchos servicios cerraron, hasta octubre fueron ante la Fiscalía de Delitos Sexuales a presentar sus denuncias. Emilia y Ana fueron juntas el día 10, llegaron como a la 1 de la tarde y salieron alrededor de la medianoche, en una experiencia que ha sido de las peores de su vida. Su carpeta de investigación es la FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/01027/10-2020.

Emilia cuenta que todo el tiempo le cuestionaban por qué no dijo o hizo nada cuando ocurrieron los hechos, cuando ella tenía 15 años, al grado de hacerla sentir que ella era la que había hecho algo malo. Pero lo que más le impresionó fue que el policía de investigación que le hizo una de las múltiples entrevistas en las que tuvo que repetir su historia, le preguntó varias veces si no había disfrutado lo que le hizo el hombre al que estaba denunciando.

“Algo que me dio mucho coraje es que dijeron… obviamente fui con tapabocas porque está la situación de emergencia, y concluyó la psicóloga perito que no había un daño emocional característico de los que se presentan en una persona que sufrió abuso sexual. Y a mí me dio muchísimo coraje, yo llevo un par de años en terapia, entonces no creo que fuera tan fácil… no creo que yo haya salido ilesa de esa experiencia. Obviamente ha afectado mi vida, y puedo seguir viviendo, pero no es como que no he sufrido debido a eso”, lamenta con la voz entrecortada.

“Menciono lo del tapabocas porque describía que mi ‘facia estaba relajada’, y yo digo: bueno ¿cómo la vio si estaba tapada?”.

Ana recuerda que la primera persona ante la cual declaró se estaba durmiendo ante su teclado. Luego que su supuesta asesora jurídica de oficio solo entró a firmar pero nunca habló con ella. Que pasó por varias entrevistas de tres horas y todo el tiempo la separaron de Emilia, además de que por la pandemia, sus papás no podían estar adentro acompañándolas.

Entérate: Pornografía infantil y delitos sexuales contra menores crecen durante cuarentena

A ella el policía no le preguntó si lo disfrutaba, pero sí cosas como por qué estudia la carrera que estudia o qué le gusta hacer, lo cual, a las 12 de la noche, ya le resultaba absurdo y desgastante.

Animal Político tuvo acceso al expediente y su peritaje psicológico, el que también dice que narró los hechos con la “facia relajada” y que no se detectan alteraciones psicológicas que coincidan con las que suelen presentar las víctimas de agresión sexual. La perito además se deslinda de determinar otros aspectos, como si hay daños a su dignidad.

“Le informo que no es posible determinar si una persona presenta daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, ya que el significado del término dignidad tiene  una apreciación subjetiva, es decir, lo que es digno para alguien puede no serlo para otra, ya que el término dignidad tiene que ver con la valoración de cada individuo, con sus creencias, con su historia personal y connotación individual”, señala el informe.

Además de Ana y Emilia, también intentó denunciar Carlota, que presuntamente sufrió violencia psicológica de el profesor, pero ya era mayor de edad y en la Fiscalía la rechazaron.

“Cuando me contactó esta red de chicas dije: ándale, es un bato que no solo fue malo conmigo, fue malo con todas ellas. Pero (en la Fiscalía) me mandaron a volar porque me decían: ¿te violó?, no, pues entonces no. Y terminé yéndome de la Fiscalía, pero estuve como unas 4 o 6 horas ahí adentro”, relata.

Días después, también acudió ante la Fiscalía otra de las víctimas. Su caso fue el peor, porque hubo sexo cuando ella tenía 16 años, de modo que su carpeta de investigación, la FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/01036/10-2020, es por corrupción de menores.

De acuerdo con la abogada (que prefiere omitir su nombre), con esta tercera denunciante no solo hubo valoraciones psicológicas, sino que la mandaron al área de psiquiatría para evaluación. Pero la trataron tan mal, que la chica ya no ha querido dar seguimiento y no accedió a participar en este reportaje.

Su caso fue el que motivó la queja ante Derechos Humanos porque la Fiscalía nunca quiso darle copia de su expediente, a pesar de que es su derecho. A Emilia y Ana tampoco les querían dar copia, cuando fueron con cita para ello les dijeron que nadie estaba informado de que tenían que recibirlas, y trataron de desincentivarlas a seguir adelante, se quejan.

“Nos dieron las copias y el de la fiscalía nos dijo algo así como: me da muchísima pena pero su caso ya no procede, en todo hay reglas, en la ley también hay reglas, y las reglas aquí dicen que si pasan más de 3 años su caso ya prescribió y ustedes ya le otorgaron el perdón a su agresor. Y nosotras: ¡qué, cómo le vamos a dar el perdón! Yo estaba histérica, otra vez me puse a llorar”, cuenta Ana.

La abogada explica que esa supuesta prescripción es mentira, porque en ese caso, ni siquiera les hubieran abierto la investigación.

Por todo esto, al sentir que las autoridades no tienen disposición para hacer justicia, decidieron al menos harían públicas sus historias. Mediante la cuenta de Facebook Odile Odile, de Twitter @odileodile4 y de Instagram odile.metoo publicaron la información sobre las carpetas de investigación que están abiertas contra el maestro y la mandaron también por correo a personas e instituciones por las que pasó, como la Compañía Nacional de Danza, la escuela de ballet Ducal o el Centro de Formación de Desarrollo Dancístico.

El pasado 18 de diciembre leyeron un comunicado ante el Palacio de Bellas Artes y lo enviaron por correo electrónico a alrededor de 500 direcciones, entre exalumnas, padres de familia, academias de baile y colectivas feministas, con la esperanza de que al menos esa denuncia pública sirva para que ya no haya más víctimas del exbailarín de la Compañía Nacional de Danza.

Porque Emilia se atrevió a ir ante las autoridades, pero cree que es solo una de quién sabe cuántas chicas más que presuntamente han sufrido algún tipo de violencia por su parte, ya que varias de sus exalumnas se han empezado a comunicar entre ellas y a coincidir en que durante años sufrieron manipulación psicológica y distintos grados de abuso.

Ahora tiene 21 años, pero eso ocurrió cuando ella tenía 15 y él, más de 40. Cuenta en entrevista que el profesor se empezó a acercar a ella como un amigo más que un maestro, preocupado, comprensivo, además de que la hacía sentir que solo bajo su tutela podía llegar a ser realmente una gran bailarina. Él fue haciendo avances físicos, abrazándola cada vez más, tocándola cada vez más, pidiéndole que lo tocara, que se dejara fotografiar. Si no accedía, la empezaba a ignorar, y ella, que por primera vez se sentía escuchada, lo sufría.

“Conforme avanzaba el tiempo, actuaba menos como si fuera mi amigo y más como si yo fuera un objeto. Entonces yo cada vez me sentía más sola y más triste, y no entendía por qué me sentía tan triste”, recuerda.

Hasta que de plano dejó de ir a sus clases.

En esa época no se lo contó a nadie, ni siquiera a sus papás, entre otras cosas porque él le pidió que no dijera nada porque no la iban a comprender. Todavía la intentó contactar algunas veces, dice, pero no le respondió. Años después, Emilia empezó a ir a terapia psicológica y ahí fue entendiendo que lo que le había pasado era que había sido víctima de abuso sexual.

Entonces encendió en México la mecha del feminismo. Tras las denuncias del #MeToo, de acoso en escuelas y la creciente fuerza del movimiento de las mujeres, un día Emilia le escribió para contarle su historia a una excompañera, a quien llamaremos Ana. Y ésta, al leer los mensajes de aquella chica con quien compartió clases de ballet hacía más de cinco años, lo primero que pensó fue: “claro, yo lo sabía”.

Ana empezó a tomar clases con el profesor hace una década y pasó muchos años  yendo a distintas academias y salones particulares donde ha sido profesor, viendo y oyendo cosas que hasta ahora que es una adulta de 24 años ha comprendido en toda su magnitud.

Así fue como las jóvenes empezaron a armar el rompecabezas de lo que habían vivido o visto: comentarios sobre su físico, la idea de que solo con él mejoraban su técnica, acercamientos que no comprendían, otras niñas que un día se esfumaron de las clases sin decir ni adiós, palabras que ahora les parecen que eran pura manipulación. Y decidieron que había que romper el silencio.

Desde entonces, empezaron a rastrear a otras bailarinas del profesor de las que recordaban que algo raro había pasado con ellas, y se fue haciendo una red. También le contaron a sus padres, que las apoyaron en lo que quisieran hacer, y consiguieron una abogada porque decidieron poner una denuncia.

“Por eso ahora estamos haciendo esta denuncia pública, porque estamos hartas, queremos que la gente se entere de quién es él. Y queremos también prevenir a otras víctimas, ¿por qué cuántas niñas no hay ahorita tomando clases con él, creyendo lo mismo, que van a ser las mejores bailarinas?, y realmente lo que son es como un cliente más en la lista de espera de víctimas”, dice Ana.

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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

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Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

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La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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