Estas son las actividades esenciales y no esenciales del semáforo rojo
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Estas son las actividades esenciales y no esenciales que se consideran en el semáforo rojo

Las actividades consideradas como esenciales, son primeramente, las relacionadas con el sistema de salud. Las que tendrán que suspenderse son restaurantes, casinos, estéticas, gimnasios, entre otros.
Cuartoscuro
18 de diciembre, 2020
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Frente a la reciente ola de contagios y saturación hospitalaria, la Ciudad de México y el Estado de México entrarán en semáforo rojo. A partir del sábado 19 de diciembre hasta el 10 de enero de 2021 todas las actividades consideradas como no esenciales deberán ser suspendidas.

Sin embargo, ¿cuáles son exactamente las actividades que seguirán en pie y cuáles no? Es preciso aclarar qué lugares son los que se verán obligados a cerrar sus puertas hasta el próximo año, pero también cuáles podrán permanecer funcionando.

Para entender mejor: CDMX y Edomex en rojo: cierran actividades no esenciales hasta enero por COVID

Según la Gaceta Oficial del Estado de México, las actividades consideradas como “no esenciales” son, primero que nada, los centros y las plazas comerciales, exceptuando los locales que realicen actividades esenciales.

En este grupo también entran bares, restaurantes, cantinas, salones de baile, discotecas, centros nocturnos, centros botaneros o centros cerveceros. Casinos, billares y cualquier establecimiento de venta de bebidas alcohólicas para consumo inmediato tampoco podrán abrir sus puertas. 

Los cines, gimnasios, boliches, peluquerías, barberías, estéticas; teatros, auditorios, foros y palenques son parte del grupo no esencial.

Lee también: En estas alcaldías de CDMX suspenderán la venta de bebidas alcohólicas (del 18 al 20 de diciembre)

Tampoco se podrán congregar eventos masivos, como era recomendado desde antes del regreso al semáforo rojo, ya sean políticos, religiosos o sociales. Por ende, espectáculos públicos, salones y jardines de fiesta, verbenas, desfiles, ferias y fiestas populares no podrán continuar.

Las actividades gubernamentales no esenciales también tendrán que suspenderse a partir del 21 de diciembre hasta el 11 de enero de 2021.

Actividades que sí son esenciales

En cuanto a estas actividades, cuentan las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria; obligatoriamente entran los hospitales, y sus especialidades, como los paramédicos, la sección administrativa y demás apoyo al sector de salud. 

También cuentan los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre los que destacan las farmacéuticas, las manufactura, mantenimiento y reparación de insumos; la sanitización y limpieza de unidades médicas.

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La seguridad pública es una actividad que tampoco va a detenerse, la protección civil, la atención a víctimas y búsqueda de personas, así como la actividad legislativa estatal.

Y aquellos negocios o establecimientos que cumplan con las necesidades básicas de la sociedad en general, como:

  • Servicios financieros
  • Distribuciones y venta de energéticos, que son las gasolineras.
  • Generación y distribución de agua potable.
  • Industrias de alimentos y bebidas.
  • Centrales de abasto, mercados, supermercados. Tiendas de autoservicio, de conveniencia y abarrotes; misceláneas, recauderías, carnicerías, pollerías, cremerías, panaderías y tortillerías.
  • La venta de alimentos preparados y bebidas no alcohólicas de entrega en el lugar o para llevar.
  • Venta de alimentos para animales y servicios de veterinaria.
  • Lavanderías y tintorerías.
  •  Servicio público de transporte y cabinas del sistema telefónico.
  • Mantenimiento y reparaciones mecánicas.
  • Ferreterías, tlapalerías, herrerías y carpinterías.
  • Servicios de mensajería, paquetería y de comercio electrónico.
  • Servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación.

Cabe recalcar que los centros y plazas comerciales podrán abrir solamente para el acceso a establecimientos que lleven a cabo estas actividades consideradas como esenciales, en un aforo no mayor a 15%.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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