“Mi familia y yo no podemos ni debemos aceptar la disculpa, porque no nos regresa a Israel y porque tenemos dignidad”; Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel Moreno Pérez, rechazó la disculpa presentada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, durante el acto en el que el estado mexicano reconoció la responsabilidad en la desaparición de Moreno Pérez y de Christian Téllez Padilla y Víctor Manuel Guajardo Rivas.
Los tres jóvenes desaparecieron en Oaxaca (2011), Veracruz (2010) y Coahuila (2013). Todos ellos fueron reconocidos por decisiones emitidas por del comité de las Naciones Unidas (ONU) contra las desapariciones forzadas.
“Ofrezco disculpas públicas por su desaparición y por las violaciones graves a sus derechos a la vida y por la falta de justicia y la actitud negligente e irresponsable del estado mexicano, que negó el acceso a la justicia. Asumimos con la convicción de que es apenas el primer paso para la reparación integral”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos.
El subsecretario asumió la responsabilidad del Estado en las “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas contra los jóvenes y se comprometió a “buscar la verdad y la justicia en los casos de desapariciones forzadas”.
“No acepto la disculpa porque es un acto protocolario, él no me ofendió (en referencia a Encinas), los que me ofendieron no estaban”, explicó Zamora en conversación con Animal Político. Para el padre del joven desaparecido, que el Estado reconozca su responsabilidad es un “punto de partida”.
Intervención de Naciones Unidas
En las decisiones de la ONU se insta a México a llevar a cabo una investigación, localizar a las víctimas y ponerlas en libertad, o bien, entregar sus restos mortales en condiciones.
El organismo también pide investigar y sancionar cualquier actividad que haya entorpecido las pesquisas, así como permitir que las familias accedan a la investigación, y ofrecer una reparación integral a las víctimas.
Los tres casos fueron litigados ante las Naciones Unidas por la organización ‘I(dh)eas’ Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. Su director, Juan Carlos Gutiérrez, destacó la importancia de que el estado reconozca “la obligatoriedad de las decisiones de la ONU”.
Encinas reconoció que la desaparición forzosa es una “práctica reprobable que incluso durante algunas décadas fue una política de Estado. Queremos asumir de nueva cuenta la apertura al escrutinio de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos”.
“El daño no se repara con una disculpa pública”
María Eugenia Padilla García, madre de Christian Téllez, criticó que las “autoridades indolentes” les negaron el acceso a la justicia y a una búsqueda. Recuerda que el comandante de la policía intermunicipal le negó que su hijo hubiese desaparecido: “está en un penal de alta seguridad por tener vínculos con la delincuencia organizada”.
La madre rememora que en la época en la que su hijo desapareció el gobernador de Veracruz era Fidel Herrera, quien fue señalado por vínculos con el narco, afirmó.
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“Agradezco las palabras de disculpas pero el miedo, el dolor, la frustración, nadie me la va a quitar. Nuestra vida nunca será igual. La reparación no cambiara el sufrimiento y la tortura de la que hemos sido víctimas”, dijo. Su petición para Encinas: “que exija la búsqueda de mi hijo, porque son diez años que nadie me ha dado una respuesta”.
Luego tomó la palabra Carlos Moreno Zamora, quien rechazó las disculpas por la desaparición de su hijo Israel y pidió “compromisos” para poner en marcha un plan de búsqueda de su hijo. Además, solicitó a a las autoridades mexicanas “voluntad política” para aceptar el dictamen de la ONU.
“Esto es solo el inicio de la reparación integral. Solicito que se impulse el dictamen de la ONU”, dijo María Hortensia Rivas Domínguez, madre de Víctor Manuel, desaparecido en Piedras Negras Coahuila, por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE). “Les pido a las autoridades que expliquen a sus hijos por qué está desaparecido, porque yo ya no tengo palabras”, afirmó.
María Hortensia explicó que “el daño no se repara con una disculpa pública. La desaparición no debe quedar impune”. Las familias exigen, entre otras reclamaciones, que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) y que, por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se haga cargo de la reparación integral.
