México se disculpa por desapariciones forzadas; familiares le rechazan
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México pide disculpas por tres desapariciones forzosas; padre de uno de ellos no las acepta y pide investigación

El acto parte de tres decisiones de la ONU, que pidió responsabilidades a México por la desaparición de Christian Téllez Padilla, Israel Moreno Pérez y Víctor Manuel Guajardo Rivas.
Cuartoscuro
10 de diciembre, 2020
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“Mi familia y yo no podemos ni debemos aceptar la disculpa, porque no nos regresa a Israel y porque tenemos dignidad”; Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel Moreno Pérez, rechazó la disculpa presentada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, durante el acto en el que el estado mexicano reconoció la responsabilidad en la desaparición de Moreno Pérez y de Christian Téllez Padilla y Víctor Manuel Guajardo Rivas.

Los tres jóvenes desaparecieron en Oaxaca (2011), Veracruz (2010) y Coahuila (2013). Todos ellos fueron reconocidos por decisiones emitidas por del comité de las Naciones Unidas (ONU) contra las desapariciones forzadas.

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“Ofrezco disculpas públicas por su desaparición y por las violaciones graves a sus derechos a la vida y por la falta de justicia y la actitud negligente e irresponsable del estado mexicano, que negó el acceso a la justicia. Asumimos con la convicción de que es apenas el primer paso para la reparación integral”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos.

El subsecretario asumió la responsabilidad del Estado en las “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas contra los jóvenes y se comprometió a “buscar la verdad y la justicia en los casos de desapariciones forzadas”.

“No acepto la disculpa porque es un acto protocolario, él no me ofendió (en referencia a Encinas), los que me ofendieron no estaban”, explicó Zamora en conversación con Animal Político. Para el padre del joven desaparecido, que el Estado reconozca su responsabilidad es un “punto de partida”.

Al respecto: El debilitamiento de las instituciones de derechos humanos

Intervención de Naciones Unidas

En las decisiones de la ONU se insta a México a llevar a cabo una investigación, localizar a las víctimas y ponerlas en libertad, o bien, entregar sus restos mortales en condiciones.

El organismo también pide investigar y sancionar cualquier actividad que haya entorpecido las pesquisas, así como permitir que las familias accedan a la investigación, y ofrecer una reparación integral a las víctimas.

Los tres casos fueron litigados ante las Naciones Unidas por la organización ‘I(dh)eas’ Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. Su director, Juan Carlos Gutiérrez, destacó la importancia de que el estado reconozca “la obligatoriedad de las decisiones de la ONU”.

Encinas reconoció que la desaparición forzosa es una “práctica reprobable que incluso durante algunas décadas fue una política de Estado. Queremos asumir de nueva cuenta la apertura al escrutinio de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos”.

“El daño no se repara con una disculpa pública”

María Eugenia Padilla García, madre de Christian Téllez, criticó que las “autoridades indolentes” les negaron el acceso a la justicia y a una búsqueda. Recuerda que el comandante de la policía intermunicipal le negó que su hijo hubiese desaparecido: “está en un penal de alta seguridad por tener vínculos con la delincuencia organizada”.

La madre rememora que en la época en la que su hijo desapareció el gobernador de Veracruz era Fidel Herrera, quien fue señalado por vínculos con el narco, afirmó.

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“Agradezco las palabras de disculpas pero el miedo, el dolor, la frustración, nadie me la va a quitar. Nuestra vida nunca será igual. La reparación no cambiara el sufrimiento y la tortura de la que hemos sido víctimas”, dijo. Su petición para Encinas: “que exija la búsqueda de mi hijo, porque son diez años que nadie me ha dado una respuesta”.

Luego tomó la palabra Carlos Moreno Zamora, quien rechazó las disculpas por la desaparición de su hijo Israel y pidió “compromisos” para poner en marcha un plan de búsqueda de su hijo. Además, solicitó a a las autoridades mexicanas “voluntad política” para aceptar el dictamen de la ONU.

“Esto es solo el inicio de la reparación integral. Solicito que se impulse el dictamen de la ONU”, dijo María Hortensia Rivas Domínguez, madre de Víctor Manuel, desaparecido en Piedras Negras Coahuila, por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE). “Les pido a las autoridades que expliquen a sus hijos por qué está desaparecido, porque yo ya no tengo palabras”, afirmó.

María Hortensia explicó que “el daño no se repara con una disculpa pública. La desaparición no debe quedar impune”. Las familias exigen, entre otras reclamaciones, que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) y que, por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se haga cargo de la reparación integral.

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El poderoso cardenal y las otras 9 personas que enfrentan un insólito juicio en el Vaticano por malversación

Angelo Becciu, antiguo asesor del Papa, es una de 10 personas que comparecen ante un tribunal acusado de delitos financieros.
27 de julio, 2021
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El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros.

Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia este 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

El influyente cardenal de 73 años, que niega las acusaciones, fue forzado a dimitir el pasado septiembre, pero mantiene su título.

Las acusaciones están relacionadas a la compra multimillonaria de una propiedad en Londres con fondos de la Iglesia.

Becciu era un cercano asesor del papa Francisco que anteriormente había ocupado un cargo clave en el Secretariado de Estado del Vaticano, que administra las donaciones de la Iglesia.

El cardenal deberá responder preguntas sobre una controvertida inversión en un edificio de lujo en Londres que conllevó pérdidas durante su tiempo a cargo del Secretariado: desde entonces, la transacción ha estado bajo una investigación financiera.

El pago de US$200 millones por un edificio de apartamentos en la elegante avenida Sloane de Londres se hizo con dinero de la Iglesia a través de fondos y compañías en paraísos fiscales, una transacción que el cardenal había defendido en el pasado.

En un comunicado emitido a principios de mes por personas allegadas, el cardenal expresó que era “la víctima de una conspiración” y manifestó su “absoluta inocencia”, informó la agencia AFP.


¿Mayor escrutinio de la Santa Sede?

Análisis de John McManus, experto en temas religiosos de la BBC

Llegar al fondo de la problemática relación entre el Vaticano y sus finanzas se ha convertido en tema central del Vaticano bajo el papa Francisco.

En paralelo con su deseo de convertir a la Iglesia en un santuario donde todos, no importa cuán imperfectos, puedan encontrar un lugar, está su labor para lograr que el Vaticano sea un destino especialmente hostil para aquellos que busquen usarlo para enriquecerse.

Los supuestos crímenes enumerados ahora todavía tienen que ser probados en el tribunal.

Pero el simple hecho de que el Papa estuviera dispuesto al proceso y el juicio de un cardenal que no sólo era un alto miembro de la jerarquía en el Vaticano, sino también un amigo de Francisco, es una señal de su clara intención de que cuando se trata de delitos financieros, está preparado para tomar medidas sin precedentes para limpiar la reputación de la Iglesia.

El riesgo para el Papa, y para la iglesia, es que este juicio abrirá la posible mala gestión de las finanzas de la Santa Sede a un mayor escrutinio público.


Edificio en la avenida Sloane, Londres

Getty Images
El edificio en el que el cardenal Becciu invirtió el dinero del Vaticano queda en la elegante avenida Sloane, de Londres.

Dos antiguos directores de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano están entre los diez imputados.

Enfrentan cargos de malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Una mujer italiana que trabajó para el cardenal Becciu fue acusada de malversación el año pasado.

Se espera que el juicio dure dos meses. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de prisión o multas.


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