México se disculpa por desapariciones forzadas; familiares le rechazan
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Cuartoscuro

México pide disculpas por tres desapariciones forzosas; padre de uno de ellos no las acepta y pide investigación

El acto parte de tres decisiones de la ONU, que pidió responsabilidades a México por la desaparición de Christian Téllez Padilla, Israel Moreno Pérez y Víctor Manuel Guajardo Rivas.
Cuartoscuro
10 de diciembre, 2020
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“Mi familia y yo no podemos ni debemos aceptar la disculpa, porque no nos regresa a Israel y porque tenemos dignidad”; Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel Moreno Pérez, rechazó la disculpa presentada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, durante el acto en el que el estado mexicano reconoció la responsabilidad en la desaparición de Moreno Pérez y de Christian Téllez Padilla y Víctor Manuel Guajardo Rivas.

Los tres jóvenes desaparecieron en Oaxaca (2011), Veracruz (2010) y Coahuila (2013). Todos ellos fueron reconocidos por decisiones emitidas por del comité de las Naciones Unidas (ONU) contra las desapariciones forzadas.

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“Ofrezco disculpas públicas por su desaparición y por las violaciones graves a sus derechos a la vida y por la falta de justicia y la actitud negligente e irresponsable del estado mexicano, que negó el acceso a la justicia. Asumimos con la convicción de que es apenas el primer paso para la reparación integral”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos.

El subsecretario asumió la responsabilidad del Estado en las “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas contra los jóvenes y se comprometió a “buscar la verdad y la justicia en los casos de desapariciones forzadas”.

“No acepto la disculpa porque es un acto protocolario, él no me ofendió (en referencia a Encinas), los que me ofendieron no estaban”, explicó Zamora en conversación con Animal Político. Para el padre del joven desaparecido, que el Estado reconozca su responsabilidad es un “punto de partida”.

Al respecto: El debilitamiento de las instituciones de derechos humanos

Intervención de Naciones Unidas

En las decisiones de la ONU se insta a México a llevar a cabo una investigación, localizar a las víctimas y ponerlas en libertad, o bien, entregar sus restos mortales en condiciones.

El organismo también pide investigar y sancionar cualquier actividad que haya entorpecido las pesquisas, así como permitir que las familias accedan a la investigación, y ofrecer una reparación integral a las víctimas.

Los tres casos fueron litigados ante las Naciones Unidas por la organización ‘I(dh)eas’ Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. Su director, Juan Carlos Gutiérrez, destacó la importancia de que el estado reconozca “la obligatoriedad de las decisiones de la ONU”.

Encinas reconoció que la desaparición forzosa es una “práctica reprobable que incluso durante algunas décadas fue una política de Estado. Queremos asumir de nueva cuenta la apertura al escrutinio de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos”.

“El daño no se repara con una disculpa pública”

María Eugenia Padilla García, madre de Christian Téllez, criticó que las “autoridades indolentes” les negaron el acceso a la justicia y a una búsqueda. Recuerda que el comandante de la policía intermunicipal le negó que su hijo hubiese desaparecido: “está en un penal de alta seguridad por tener vínculos con la delincuencia organizada”.

La madre rememora que en la época en la que su hijo desapareció el gobernador de Veracruz era Fidel Herrera, quien fue señalado por vínculos con el narco, afirmó.

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“Agradezco las palabras de disculpas pero el miedo, el dolor, la frustración, nadie me la va a quitar. Nuestra vida nunca será igual. La reparación no cambiara el sufrimiento y la tortura de la que hemos sido víctimas”, dijo. Su petición para Encinas: “que exija la búsqueda de mi hijo, porque son diez años que nadie me ha dado una respuesta”.

Luego tomó la palabra Carlos Moreno Zamora, quien rechazó las disculpas por la desaparición de su hijo Israel y pidió “compromisos” para poner en marcha un plan de búsqueda de su hijo. Además, solicitó a a las autoridades mexicanas “voluntad política” para aceptar el dictamen de la ONU.

“Esto es solo el inicio de la reparación integral. Solicito que se impulse el dictamen de la ONU”, dijo María Hortensia Rivas Domínguez, madre de Víctor Manuel, desaparecido en Piedras Negras Coahuila, por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE). “Les pido a las autoridades que expliquen a sus hijos por qué está desaparecido, porque yo ya no tengo palabras”, afirmó.

María Hortensia explicó que “el daño no se repara con una disculpa pública. La desaparición no debe quedar impune”. Las familias exigen, entre otras reclamaciones, que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) y que, por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se haga cargo de la reparación integral.

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Quién vigila la radiación del 5G (y cuáles son sus verdaderos riesgos)

Esta nueva tecnología regresa el eterno debate sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas. Estos, sin embargo, son descartados por todas las agencias internacionales.
27 de octubre, 2020
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Seúl

Getty Images
Corea del Sur ya tiene una red 5G en todo el país.

Decenas de antenas, dispositivos bluetooth y cientos de teléfonos móviles nos rodean e irradian cada día. Por no hablar de la telefonía 5G que, al parecer, acabará con la vida en la Tierra. ¡Tanta radiación no puede ser buena!

¿Quién controla los niveles de exposición y los posibles efectos sobre la salud?

Percepción del riesgo

Los campos electromagnéticos están presentes en la naturaleza desde antes de la aparición del ser humano. La luz solar, los rayos cósmicos, las tormentas y la radiación natural terrestre son fuentes de exposición a estos campos.

A mediados de los años 90, se comenzaron a desplegar las redes de antenas de telefonía móvil. Aunque se hacían con estándares técnicos internacionales, que ya tenían en cuenta la protección de la población, no se ofreció la suficiente información al respecto.

A pesar de una reacción rápida por parte de organismos, operadoras y expertos, la percepción de riesgo se instaló entre los ciudadanos. También caló en instituciones, administraciones locales y asociaciones.

Así, se produjo una situación paradigmática. Por un lado, el rechazo a las antenas era un fenómeno global. Por el otro, crecía la demanda universal del servicio.

Ilustracion 5G

Getty Images
La red 5G es mucho más que la mejora de la red 4G.

La OMS parece tenerlo claro

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea fueron conscientes a principios de los 2000 de esa carencia y de la necesidad de dar respuesta a una inquietud y percepción social del riesgo asociado a la telefonía móvil.

Aunque esta percepción e inquietud estaban sobredimensionadas.

A pesar de los esfuerzos realizados para informar y tranquilizar a la población, la OMS reconoció en 2006 que “algunas personas consideran probable que la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia entrañe riesgos y que éstos puedan ser incluso graves”.

En la revisión de 2014, la OMS aseguraba que “hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud”.

En otro documento publicado a comienzos de este 2020 sobre el 5G, insiste en que en las últimas décadas no hay estudios científicos que demuestren una relación causal que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

“El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y el cuerpo humano”.

Ese posible efecto, a los niveles habituales de exposición, es insignificante. Por eso es importante que los niveles se mantengan por debajo de los límites establecidos por agencias internacionales independientes.

Mujer con una tablet.

Getty Images
La OMS ha dicho que no hay estudios científicos que demuestren una relación causal del 5G que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

Quién y cómo se establecen los límites de exposición

En 1992 se estableció en Alemania la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Esta organización científica, independiente y sin ánimo de lucro, revisa periódicamente y de forma sistemática las evidencias científicas para determinar los niveles a los cuales se producen efectos biológicos.

No solo de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, sino también de otras radiaciones electromagnéticas como la luz visible, los infrarrojos y los ultravioletas que, por encima de ciertos niveles, también pueden resultar muy peligrosos.

Por eso se fijan niveles de seguridad y, por eso mismo, no debemos preocuparnos de la radiación que emite el mando a distancia de nuestra tele. Tampoco del router wifi de nuestra casa o de nuestro teléfono inalámbrico.

El proceso de revisión es abierto y su publicación se realiza en una revista científica tras un proceso de revisión por pares.

Así, una vez se establecen los niveles a los cuales se observan efectos para cada frecuencia, se aplica un factor de precaución o seguridad de 50.

Estos valores son aceptados por la mayor parte de los países occidentales desde hace décadas y se adoptan en las correspondientes legislaciones.

Además, existen otras agencias u organismos que realizan una revisión similar. Por ejemplo el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la Food and Drug Administration de Estados Unidos.

Estos tres organismos, en los últimos meses y coincidiendo con el despliegue de la 5G, han revisado y publicado sus guías de límites seguros de exposición humana.

La mano negra de la industria

Que la industria está detrás de todas estas regulaciones e instituciones es un argumento reiterado por los movimientos antiantenas -ahora anti-5G- que parecen acoger toda clase de creencias conspiranoicas con respecto, también, a las mascarillas, las vacunas y la COVID-19.

En realidad han sido la industria y los profesionales del sector los más interesados en garantizar que las radiaciones emitidas por las antenas fueran seguras y que los niveles de potencia estuviesen dentro de los límites permitidos.

Transmisión de eventos deportivos en dos pantallas.

Getty Images
Con la conexión 5G se podrán conectar muchos dispositivos al mismo tiempo.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), como entidad de derecho público al servicio de la sociedad, fue la primera organización que ya en 2001 elaboró un informe sobre las radiofrecuencias de telefonía móvil.

Con ello se pretendía informar a la ciudadanía y mitigar la inquietud que ya surgía ante el desconocimiento de esta tecnología y la normativa que la regula.

La labor de difusión se centró en ayuntamientos y asociaciones ciudadanas, aunque se ha seguido trabajando durante todos estos años con todo tipo de administraciones e instituciones.

En 2006, se creó el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), comité independiente compuesto por profesionales de gran prestigio -en campos como la medicina, física, química, biología, ingeniería de telecomunicación y derecho-, que, desde entonces, ha elaborado cinco informes trienales de referencia.

En ellos recogen las evidencias científicas existentes sobre el impacto de los campos electromagnéticos en la salud.

Además, ha publicado numerosos documentos sobre tecnologías concretas -el último sobre 5G-, con el ánimo de informar verazmente a la sociedad, manteniendo siempre el conocimiento científico riguroso como referencia.

Sus informes han tratado siempre de arrojar luz y evitar cualquier tergiversación que de forma interesada se intentara hacer sobre el efecto de estas tecnologías sobre la salud.

Incluidas comparaciones sin fundamento con sustancias, como el tabaco o el alcohol, que la ciencia sí ha demostrado como perniciosas incluso en pequeñas cantidades.

5G

Getty Images
Los verdaderos riesgos de estas tecnologías son los asociados a la dependencia, problemas musculares, malas posturas y al condicionamiento de nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Los verdaderos riesgos para la salud

Decir que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son inocuos es falso si no se acompaña de la frase “a los niveles habituales de exposición”.

Dichos niveles están decenas o centenas de miles de veces por debajo de los de seguridad marcados por ICNIRP.

Es lo que han demostrado numerosos estudios y revisiones sistemáticas de exposición personal en condiciones reales.

Pero hay efectos constatados derivados del uso de dispositivos y que no son consecuencia de las radiaciones que emiten.

Así, se ha demostrado que su uso puede provocar dependencia, problemas musculares, malas posturas y que condicionan nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Dichos efectos, sin embargo, no son denunciados por los movimientos en contra de estas tecnologías.

Ilustración 5G

Getty Images
Hay una proliferación de un cierto “negocio del miedo” vinculado a las nuevas tecnologías.

Negar la evidencia, ¿con qué fin?

Quizá piense que existe cierta controversia científica en este tema.

Habrá oído que “numerosos científicos alertan de los efectos” en cuestionables llamamientos internacionales, algún pseudoinforme como el Bioinitiative o declaración política ajena a la Unión Europea, como la declaración 1815 del Consejo de Europa.

Todos tienen en común su falta de rigor, el establecimiento de límites de forma arbitraria o la extrapolación inadecuada de estudios en animales o de laboratorio sin tener en cuenta las condiciones reales.

En 30 años, no se ha publicado una revisión sistemática o metaanálisis -los estudios con mayor fortaleza en ciencia- que demuestre sus alarmantes augurios y peligros para la salud (efectos sobre el sueño, la concentración, fisiológicos, hipersensibilidad o, incluso, cáncer).

En cambio, sí es constatable la relación de sus promotores con la proliferación de un cierto “negocio del miedo” a partir de datos tergiversados, erróneos y en ningún caso avalados por la evidencia científica.

Y ese negocio que se basa en esos datos afecta tanto a ámbitos como el médico-sanitario, con diagnósticos o prescripciones no fundamentados en el conocimiento médico; el legal, con denuncias insostenibles basadas en opiniones de supuestos expertos, medios de información carentes de credibilidad (webs pseudocientíficas) o, incluso, empresas que ofrecen aparatos y dispositivos de protección completamente innecesarios.

Todo un negocio basado en el miedo y el desconocimiento que sigue alimentando esa falsa percepción de que vivimos radiados al límite.

*Alberto Nájera López es doctor en radiología y medicina física y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y Juan Carlos López es ingeniero de telecomunicaciones y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


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