Omisiones y riesgo de retroceso a dos años de la Ley de la FGR
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Omisiones, retrasos y riesgo de retroceso a dos años de la ley que puso en marcha la FGR

Organizaciones señalan omisiones en la aplicación de la Ley de la FGR y un diseño institucional que en los hechos es letra muerta.
Cuartoscuro
14 de diciembre, 2020
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Disposiciones incompletas o mal aplicadas, plazos de tiempo que no se cumplieron, procedimientos que no se han seguido, un diseño institucional que en los hechos es letra muerta, y una inminente reforma que busca hacerla desaparecer sin haber verificado si realmente funcionaba.

Esa es la realidad de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que hoy cumple exactamente dos años de haber sido aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que tenía el objetivo de transformar la vieja PGR en una institución autónoma y eficiente, que redujera la impunidad y combatiera los grandes fenómenos criminales.

Un informe presentado la semana pasada ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), elaborado por más de 200 organizaciones y especialistas agrupadas en el colectivo Fiscalía que Sirva, revela múltiples omisiones, retrasos y violaciones a la ley orgánica de FGR, que han impedido la transformación de la institución.

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Aunque la PGR ahora se llama FGR, más del 80 por ciento de su estructura sigue siendo exactamente la misma que antes y la organización y formas de trabajo son las que marcaba la vieja ley que fue derogada. Los resultados, en consecuencia, no han cambiado: más del 90 por ciento de delitos graves como tortura, trata de personas, ataques contra la libertad de expresión, migración, delincuencia organizada, entre otros, están impunes.

La responsabilidad de estas irregularidades, advierte el informe, es compartida entre el Senado de la República y el fiscal General, Alejandro Gertz Manero. Y en vez de enmendar las omisiones, indican los expertos, se pretende ahora derogar la nueva ley completa. El Senado ya ha convocado a un periodo extraordinario de sesiones el próximo 15 de enero para ello.

“El contexto se ha visto marcado por una clara falta de compromiso con la apuesta por materializar las características del nuevo sistema y de hacer frente a la impunidad estructural mediante una fiscalía realmente autónoma (…); ahora ha sido presentado un proyecto de ley que derogaría la ley vigente, que es producto de un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil” advierte el informe

Sumado a lo anterior el informe también advierte que el Congreso no ha destinado los recursos económicos necesarios para materializar las disposiciones que la ley contempla, una situación que el propio fiscal General Alejandro Gertz había advertido desde enero pasado en un reporte entregado al Poder Legislativo, en el que señaló que sin el presupuesto suficiente se ponía en peligro el proceso de transición de la FGR.

Principales omisiones y violaciones

El informe entregado a la audiencia del 178 Periodo de Sesiones de la  CIDH desglosa una serie incumplimientos de las disposiciones que marca la Ley Orgánica de FGR y que iniciaron desde el mismo nombramiento del fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y de los fiscales especializados en temas de corrupción, delitos electorales, asuntos internos y derechos humanos.

En el caso del fiscal General, los expertos cuestionan que no se realizó el escrutinio profundo que marca la ley para la elección de fiscal autónomo. En cambio, en un lapso de solo un mes, se eligió al funcionario que el presidente ya había designado como encargado de la vieja PGR. “Todo el proceso se caracterizó por una falta de rigurosidad y transparencia sobre los criterios utilizados para seleccionar a las y los candidatos, y por una nula participación ciudadana” señalan los expertos.

Respecto a los fiscales especializados, el artículo 22 de la ley señalaba que la designación de estos debería ser resultado de un concurso público en donde el fiscal General valorara los méritos y capacidades de los postulantes y los propusiera al Senado el cual, tendría la capacidad de objetarlo. En vez de todo eso y sin participación de nadie más, Gertz eligió directamente a esos fiscales.

Otra omisión grave ha sido la designación de los cinco integrantes del Consejo Ciudadano de la FGR, una de las figuras centrales que contempla la Ley Orgánica para acompañar y fiscalizar el trabajo de la institución, y fungir como contrapeso al fiscal General. De acuerdo con la Ley Orgánica el Senado debía haber iniciado con la designación del primer integrante a mas tardar el 15 de mayo de 2019.

La realidad es que transcurrido un año y medio del vencimiento de ese plazo no hay un solo integrante designado y ni siquiera se ha iniciado el procedimiento. “Ello coincide con una actitud generalizada de parte del titular de la Fiscalía General de rechazar e ignorar las inquietudes, propuestas y necesidades de propia voz de las víctimas y la sociedad civil”, apunta el análisis.

La inexistencia del Consejo Ciudadano afecta directamente uno de los elementos centrales del funcionamiento de la FGR: la formulación de un “plan de persecución penal”, el cual es el documento base en el que anualmente la Fiscalía debe definir su estrategia de investigación y combate al crimen, así como los objetivos y los indicadores que permitan medir su cumplimiento.

De acuerdo con la misma ley, la redacción de dicho plan debe ser sometida a consideración del Consejo Ciudadano, un paso que no puede cumplirse pues no hay consejo. Pero además se establecía que en su formulación debía de tomarse en cuenta los diagnósticos realizados por la sociedad civil y los grupos de víctimas.

Esto último tampoco pasó porque, lo que hizo el fiscal General, es enviar un plan elaborado por él mismo al Senado, que hasta el día de hoy no se ha transparentado. Tampoco se conoce si, como marca la ley, la Cámara Alta analizó el documento y si emitió recomendaciones en torno al mismo o si lo aprobó. Todo el procedimiento en torno a este punto ha sido opaco.

Tampoco se ha cumplido con la presentación integral del informe anual de actividades, bajo los parámetros que marca la Ley Orgánica. Si bien Gertz Manero presentó un documento con cifras sobre diversas actividades, los expertos indicaron que este no cuenta con los resultados o avances en política de persecución penal, componente central de dicho informe según la norma orgánica.

A todo lo anterior, subraya el colectivo Fiscalía que Sirva, se suman las fallas estructurales y que son las responsables de que la actual Fiscalía siga siendo fundamentalmente la misma PGR pero con otro nombre.

Por ejemplo, la ley contemplaba un procedimiento de transición que necesariamente debería incluir una depuración del personal heredado por la vieja Procuraduría que no ha ocurrido. Tampoco se ha instalado el denominado Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera que, según la norma, debería ser el encargado de diseñar el procedimiento de reclutamiento y profesionalización del personal de la Fiscalía.

“La realidad es que ninguno de los mecanismos de evaluación de personal y cimentación de la carrera fiscal han sido impulsados ni por el Fiscal General ni por el Congreso,” sentencia el informe entregado ante la CIDH.

Como resultado la FGR sigue operando con la misma estructura y personal de antes. Por ejemplo, continúan funcionando las mismas subprocuradurías de Control Regional, Delincuencia Organizada, Delitos Federales, Asuntos Jurídicos, y otras que en la ley Orgánica actual de la FGR no existen.

A su vez, dicha situación ha impedido la puesta en marcha de los grupos coordinados de investigación y otros esquemas de trabajo que la ley contempla. Peor aún: han surgido complicaciones por duplicidad de áreas como la Fiscalía Anticorrupción que forma parte del nuevo diseño, pero que a su vez convive con la vieja Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos adscrita a la subprocuraduría de Delitos Federales, las cuales no han sido cerradas.

Lee más: Propuesta de reforma niega derechos a víctimas y quita responsabilidades a FGR: Comisión de Búsqueda

Sin aplicarse… y con los días contados

El coordinador de los senadores de MORENA, Ricardo Monreal, presentó en la Cámara Alta una iniciativa de reforma que, entre otras cosas, busca derogar por completo la actual Ley Orgánica de la FGR y además modificar el rol de la fiscalía en la atención de otros temas como la búsqueda de personas desaparecidas. 

La propuesta, que se prevé sea discutida y en su caso aprobada en un periodo extraordinario convocado para el 15 de enero de 2021, ha sido criticada por múltiples organizaciones e incluso por otras instancias gubernamentales como la propia Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación.

En el informe presentado ante la CIDH, las organizaciones civiles y expertos alertaron que se trata de una iniciativa (impulsada también por el fiscal General), con la que se busca borrar de un plumazo una ley que privilegiaba la transparencia, los contrapesos y el respeto a los derechos humanos, para en su lugar implantar una norma que califican de “regresiva” e incompatible con el nuevo sistema penal acusatorio.

“La iniciativa pretende perpetuar una fiscalía jerárquica, sin controles, sin transparencia en la que, por su excesivo formalismo, será difícil que puedan aplicarse el sistema acusatorio. Elimina los principios de autonomía y accesibilidad como principios rectores de la institución”, advierte el informe.

Entre los aspectos concretos que se perderían de aprobarse la nueva ley, el informe destaca que ya no se contempla la obligación de informar a las víctimas sobre cualquier acto de investigación ni la generación conjunta de planes de investigación. Se elimina, además, la creación de comisiones especiales con expertos independientes.

Especialmente grave, subrayan los expertos ante la Comisión Interamericana, es la intención de suprimir en la norma que se busca aprobar existencia del Plan de Persecución Penal y del Consejo Ciudadano, con lo que se perderían herramientas de fiscalización y contrapeso que contempla la actual norma, aun cuando no se hayan aplicado.

La iniciativa busca además restaurar figuras como la de la fiscalía de Delincuencia Organizada, símil de la actual SEIDO. Se trata, según los expertos, de estructuras viejas en las que se privilegiaba el trabajo aislado en vez de la investigación conjunta de fenómenos criminales a través de distintas áreas.

Por su parte, en un comunicado oficial, la Comisión Nacional de Búsqueda de Segob calificó como un “retroceso en la administración de justicia” y una “negación a los derechos de verdad, justicia y reparación” la iniciativa. Criticó que se busque excluir a la FGR de los comités de desapariciones forzadas y se pretenda suprimir los supuestos con los cuales se obliga a dicha Fiscalía a atraer casos por estos delitos.

Los expertos alertaron ante al Comisión Interamericana la misma situación. “La iniciativa propone suprimir funciones y mecanismos que eran necesarios para hacer mas operativa la colaboración de la Fiscalía con la Comisión Nacional de Búsqueda”, señalaron en su informe.

Y mientras tanto… impunidad

Datos oficiales evidencian que la Fiscalía General de la República arrastra los mismos niveles de impunidad que en la etapa en que funcionaba como PGR. Esto es particularmente notorio en delitos más graves.

Animal Político publicó, por ejemplo, que en los primeros 18 meses del actual sexenio la Fiscalía solo consiguió enviar a un juez 3 casos de más de 1 mil 200 que abrió por el delito de tortura, lo que representa apenas el 0.2 por ciento de los casos Esto es incluso peor que el promedio de 1% de casos de tortura que consiguió consignar entre 2012 y 2016.

El informe denominado “Fiscalómetro”, elaborado por el Colectivo contra al Impunidemia (compuesto por 24 organizaciones) también alertó del mal desempeño de la Fiscalía en casos como desapariciones, donde de más de 550 casos solo consiguió judicializar seis, o en casos como los delitos contra periodistas donde el 98 por ciento de las carpetas siguen impunes.

La propia FGR había reconocido los bajos niveles de esclarecimiento en el informe que en enero pasado mandó al Congreso, y en el que por ejemplo reportó que menos del 3 por ciento de las investigaciones relacionadas con trata y explotación de mujeres han sido resueltas.

En cuanto a investigaciones relacionadas con denuncias por violaciones graves a derechos humanos apenas 1 de cada 10 casos ha sido enviado ante un juez, reconoció la Fiscalía en el referido informe.

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Cómo el COVID-19 generará la mayor deuda pública mundial de la historia (y por qué no es necesariamente algo malo)

El aumento del gasto en todo el mundo para hacer frente a la pandemia ha llevado a que por primera vez en la historia la deuda pública global sea cercana al 100% del PIB internacional. Sin embargo, muchos -entre ellos el FMI- aconsejan que no se recorte el gasto.
20 de noviembre, 2020
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Los países en todo el mundo han aplicado distintas estrategias para combatir la pandemia del coronavirus, pero casi todos han hecho algo en común: aumentar su gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria.

Además de los gastos en salud, la mayoría de los gobiernos han ofrecido ayuda financiera a las personas y los negocios afectados económicamente por la parálisis que trajo la pandemia.

En un informe sobre la situación fiscal de la economía mundial publicado en octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que a nivel mundial se han gastado unos US$12 billones en “amortiguar el golpe” del covid-19.

Estas medidas fiscales “han salvado vidas y medios de subsistencia”, resaltó el organismo.

Sin embargo, semejante incremento del gasto público internacional, sumado a la fuerte caída en los ingresos tributarios como consecuencia de la parálisis de la actividad, también ha generado algo inédito.

Ha llevado a que la deuda pública mundial alcance su máximo histórico y por primera vez sea cercano al 100% del Producto Interno Bruto (PIB) internacional.

Dicho de otra forma, ha provocado que por primera vez en la historia la deuda pública global iguale al tamaño de la economía mundial.

No obstante, lejos de lo que podría pensarse, el FMI no aconseja recortar el gasto.

Por el contrario. La directora del organismo, Kristalina Georgieva, ha enfatizado repetidamente los riesgos de una reducción prematura del estímulo.

Tijeras y un billete de US$100 cortado

iStock
No es momento para cortar el gasto estatal, dice el FMI.

“Donde persiste la pandemia, es fundamental mantener líneas de vida en toda la economía, para las empresas y los trabajadores, como aplazamientos de impuestos, garantías de crédito, transferencias de efectivo y subsidios salariales”, señaló Georgieva.

“Es igualmente importante la acomodación monetaria continua y las medidas de liquidez para asegurar el flujo de crédito, especialmente a las empresas pequeñas y medianas, apoyando así el empleo y la estabilidad financiera”, dijo en un discurso a comienzos de octubre.

“Corta las líneas de vida demasiado pronto y el largo ascenso (de la recuperación) se convierte en una caída precipitada“, advirtió.

Déficit

A pesar de que el FMI estima que los déficits presupuestarios de los gobiernos aumentarán del 3,9% del PIB al 12,7% en 2020, lo considera algo transitorio.

“Lo que vemos es un aumento único de la deuda en 2020, luego una estabilización después de 2021, e incluso una ligera tendencia a la baja en 2025“, le dijo a Reuters el director de Asuntos Fiscales del FMI, Vitor Gaspar.

El organismo incluso está incentivando a algunos países, reacios a aumentar el gasto, a aprovechar las bajas tasas de interés para invertir en infraestructura.

Sus estimaciones sugieren que una inversión en infraestructura pública del 1% del PIB podría impulsar la producción en un 2,7%, creando entre 20 y 33 millones de puestos de trabajo.

Según Gaspar, la reanudación del crecimiento económico y las tasas de interés extremadamente bajas ayudarán a aliviar los déficits presupuestarios primarios.

“La diferencia entre las tasas de interés y el crecimiento no solo es negativa, sino más negativa, en nuestras proyecciones, de lo que era antes del covid-19. Por lo tanto, las bajas tasas de interés juegan un papel importante en la dinámica de la deuda”, aseguró.

Un martillo que dice 2020 rompiendo un chanchito con ahorros

iStock
El FMI estima que muchos países podrán estabilizar su deuda tras la crisis sanitaria.

Deuda récord

El FMI no es el único que afirma que el inédito nivel de deuda pública no es algo necesariamente malo.

Son varios los actores económicos que coinciden en que, lejos de generar pánico, este gasto récord es exactamente lo que se necesita para reactivar la economía global.

“La pandemia parece estar cambiando lo que muchos piensan sobre una deuda pública considerable”, observa John Letzing, editor digital de Inteligencia estratégica del Foro Económico Mundial.

“Aquellos que alguna vez pudieron haberse asustado con el concepto parecen ahora estar de acuerdo con él, si el dinero se utiliza bien y los intereses adeudados siguen siendo relativamente bajos”.

Según Letzing, hace no tanto existía un consenso generalizado de que la carga de la deuda pública de un país debía mantenerse muy por debajo del tamaño de su economía.

“En Estados Unidos la deuda pública ascendía a aproximadamente el 60% del PIB en vísperas de la crisis financiera mundial hace poco más de una década”, detalla.

“Y el tratado de fundación de la Unión Europea (UE) de hecho estableció un límite de deuda pública del 60% del PIB”.

“Pero al igual que otras cosas que alguna vez se dieron por sentadas, la pandemia ha eliminado, al menos temporalmente, esa directriz de la UE, mientras los responsables políticos se apresuran a apuntalar las economías”, afirma.

Pilas de yen que van en aumento

iStock
La deuda pública de Japón es la más alta del mundo y crecerá casi 30% como consecuencia del aumento del gasto por el coronavirus.

Las mayores deudas

Según los cálculos del FMI, 30 países superarán el 100% de deuda respecto a su PIB en 2020, debido a su respuesta a la pandemia.

Al tope de la lista está Japón, que ya era el país más endeudado, con una deuda pública del 238% del PIB. Este año, la cifra ascendería casi 30 puntos más, a 266%, según ese organismo.

También Sudán y Grecia tendrán deudas por encima del 200% de su PIB, de acuerdo con las estimaciones. El país africano pasaría de 202% a 259% y el europeo de 181% a 205%.

Completan el ranking de los 20 países más endeudados Eritrea, Líbano, Italia, Portugal, Cabo Verde, Belice, Barbados, EE.UU., Singapur, Baréin, España, Mozambique, Bután, Angola, Francia, Chipre y Bélgica.

Estas perspectivas han llevado a algunos legisladores en estos países a exigir a los gobiernos que empiecen a recortar el gasto relacionado con el covid, antes de que la creciente deuda genere un problema.

Muchos de estos políticos proponen que, en vez, se levanten las cuarentenas y restricciones y se reabran las economías.

Sin embargo, think tanks como el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas de EE.UU. advierten que esto sería un error.

“Contrariamente a algunas teorías previas, no hay evidencia de que una cierta proporción de deuda con respecto al PIB precipite una crisis de deuda“, señaló el instituto en un informe.

“La reapertura de la economía ha fracasado como estrategia para fortalecer las finanzas familiares y estatales, y esta estrategia no puede justificar el retiro a nivel federal de la sólida ayuda fiscal para las familias y los estados”, agregó.

Un mendigo durante la Gran Depresión en EE.UU.

Getty Images
Recortar el gasto impidió la recuperación después de la Gran Depresión, advierten los expertos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas de EE.UU.

El centro de investigación también advirtió que “un giro equivocado y prematuro hacia la austeridad fiscal impidió la recuperación después de la Gran Depresión, y los legisladores deben evitar cometer el mismo error ahora”.

Riesgo para los más pobres

No obstante, los mismos actores que consideran que la histórica deuda pública mundial no debería causar alarma ni llevar a los gobiernos a reducir su gasto durante la pandemia, también advierten que la situación no será igual para todos.

Letzing, del Foro Económico Mundial, reconoce que “los niveles récord de deuda pública crearán desafíos financieros en muchas partes del mundo”.

“Los países en desarrollo, por ejemplo, podrían ser incapaces de aprovechar los mismos recursos que sus pares más ricos, y es probable que pronto se vean obligados a pagar miles de millones de dólares en pagos de deuda”, alerta.

También Georgieva, la directora del FMI, ha advertido que “muchos países se han vuelto más vulnerables” debido a sus niveles de deuda.

La economista sostiene que se debe actuar de forma coordinada para ayudar a estos países a “lidiar con su deuda”.

“Entraron en esta crisis con niveles de deuda ya elevados y esta carga solo se ha vuelto más pesada. Si quieren luchar contra la crisis y mantener un apoyo político vital; si quieren evitar la reversión de los avances en desarrollo logrados durante décadas, necesitarán más ayuda y rápido“, señaló.

“Esto significa acceso a más subsidios, crédito en condiciones favorables y alivio de la deuda, combinado con una mejor gestión de la deuda y transparencia”, detalló.

Kristalina Georgieva

Reuters
Kristalina Georgieva, del FMI, afirma que habrá que ayudar a los países más pobres que no pueden hacer frente a su carga de deuda.

Georgieva adelantó que “en algunos casos, será necesaria la coordinación global para reestructurar la deuda soberana, con la plena participación de los acreedores públicos y privados”.

“El largo ascenso”

Según la jefa del FMI, el mundo atraviesa en este momento un “largo ascenso” para salir de la crisis que trajo el coronavirus.

Este difícil ascenso será “desigual, incierto, y propenso a contratiempos”, advirtió.

“Mientras nos embarcamos en este ‘ascenso’, todos estamos unidos por una sola cuerda, y somos tan fuertes como los escaladores más débiles. Necesitarán ayuda para subir”, concluyó.

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