México no logra avanzar en el caso contra Duarte por desapariciones
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Cuartoscuro Archivo

Sin avance caso contra Javier Duarte por desapariciones; México no logra permiso para detenerlo

Al cumplirse un año y medio de haberse formalizado la solicitud diplomática para procesarlo, el gobierno de AMLO no ha logrado que Guatemala de su aval para ejecutar la orden en su contra. La extradición de su exesposa, Karime Macías, también enfrenta complicaciones.
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22 de diciembre, 2020
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El proceso en contra de Javier Duarte por su presunta responsabilidad en múltiples desapariciones ocurridas en Veracruz durante su gestión como gobernador no avanza. 

Pese a que desde junio de 2018 se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada, esta no ha podido ser cumplimentada ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido el permiso diplomático de Guatemala para hacerlo, a un año y medio de haberlo solicitado.

Tras varias complicaciones iniciales, la solicitud fue enviada en junio de 2019 al país centroamericano. Se le pidió que hiciera una excepción en el tratado de extradición y permitiera ejecutar la orden de arresto en contra de Duarte por un nuevo delito distinto a los que originalmente se le imputaron.

Lee: Javier Duarte dice que declarará todo sobre Odebrecht y los sobornos que dio a campaña de EPN en 2012

Sin embargo, a diferencia de otras gestiones diplomáticas que el gobierno federal ha consumado con resultados rápidos – como la del caso Salvador Cienfuegos – el trámite del exgobernador de Veracruz se ha estancado sin que se haya conseguido una resolución favorable.

Así lo confirma un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que Animal Político obtuvo a través de una solicitud de transparencia, en la que se le pidió conocer el estatus en que se encuentra el procedimiento.

“La solicitud de excepción a la regla de especialidad, que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos presentó al Gobierno de la República de Guatemala, con el fin de que se autorice que el señor JAVIER DUARTE DE OCHOA, quien fuese extraditado por ese país a México en 2017, pueda ser sujeto a proceso penal diverso a aquel que motivó su entrega, actualmente continúa en estudio por parte de las autoridades competentes de aquel país (…) no existe ningún pronunciamiento definitivo por parte de dichas autoridades”, respondió en el oficio la cancillería.

El permiso de Guatemala es necesario ya que dicho país extraditó en 2017 al exgobernador solo por delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada. Para que se le pueda juzgar por otra cosa se requiere lo que técnicamente de denomina “excepción al principio de especialidad”, que es un permiso para se le pueda sumar otra acusación.

Cuestionada sobre si existe un plazo legal para obtener una respuesta a dicha petición, Relaciones Exteriores dijo que el tratado firmado entre ambos países no establece ningún término para ello.

Entérate: PGR perdonó a tesorero de Duarte que desvió 55 mil millones en Veracruz sin pedirle un peso a cambio

Lo que sí confirmó la Cancillería es que toda la información que Guatemala ya fue presentada por México cuando se formalizó la solicitud.  Es decir, lo que está pendiente desde hace año y medio es la respuesta del país centroamericano,

Desapariciones, complicaciones e impunidad

Veracruz es uno de los focos rojos en desapariciones en México. De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay más de cinco mil las personas reportadas como no localizadas en su territorio, entre los que figuran ocho periodistas. Es la cuarta entidad con la mayor cantidad de desapariciones en el país.  

En febrero de 2018, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz reveló que investigaba más de 200 posibles desapariciones forzadas presuntamente perpetradas por policías estatales en la administración de Duarte (2010 – 2016). Ese mismo mes, en el marco de un operativo denominado Tiro de Gracia, la fiscalía cumplimentó 19 órdenes de aprehensión en contra de mandos y elementos de dicho cuerpo policial.

Al continuar con las indagatorias, la fiscalía también procedió en contra del que fuera el exfiscal General del estado Luís Ángel Bravo por posible encubrimiento y, finalmente, el 6 de junio de 2018 se obtuvo de una jueza local una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por desaparición forzada.

En concreto, la Fiscalía responsabiliza al exgobernador de supuestas omisiones al no haber actuado para impedir que dichas desapariciones no ocurrieran o se esclarecieran, pese a que presuntamente estaba al tanto de los hechos.

Lee más: Vinculan a proceso a 10 exfuncionarios y empresarios ligados a red de empresas fantasma de Duarte

Pero a dos años y medio de que la jueza ordenara dicha aprehensión el caso se ha complicado no solo por el escollo diplomático ya descrito, sino por fallas en las indagatorias que se integraron.

Por ejemplo, en diciembre de 2018 el que fuera jefe de la policía estatal con Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, recobró su libertad luego de obtener un amparo en el que se definió que la prisión preventiva que se le impuso no estaba sustentada adecuadamente. Ya en libertad, Bermúdez denunció que fue víctima de tortura para incriminarse y culpar a otros.

La misma suerte ha corrido el proceso en contra del exfiscal Bravo quien primero ganó un amparo para seguir su proceso en libertad y luego obtuvo otro que dejó sin efecto el procedimiento penal que se le inició. En septiembre pasado un Tribunal federal le ordenó a un juez definir, en definitiva, si existen elementos para mantener abierto en caso.

Bravo ha sostenido, como otros exfuncionarios, que fue torturado por parte de la Fiscalía para inculpar a Duarte y otros exfuncionarios de diversos delitos.

Por su parte Javier Duarte (quien cumple en el Reclusorio Norte una sentencia de 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa) siempre ha negado haber tolerado y consentido las desapariciones forzadas en su administración, e incluso asegura que ordenó investigar y esclarecer todos los casos.

No obstante, el común denominador de las desapariciones es que siguen impunes. Un ejemplo es el caso de seis jóvenes detenidos en diciembre de 2013 por agentes ministeriales y navales en la colonia Formando Hogar, de Veracruz. Hasta el día de hoy el paradero de todos ellos se desconoce y no hay nadie procesado y sentenciado por el caso.

Extradición de Karime también se complica

Otro caso que también enfrenta complicaciones diplomáticas y judiciales es el abierto contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte y exprimera dama de Veracruz, por su probable responsabilidad en el desvío de más de decenas de millones de pesos a una red de empresas fantasma cuando encabezaba el DIF de aquel estado.

Desde mayo de 2018 un juez ordenó la detención de Macías por el delito de fraude específico, sin embargo, el proceso no ha podido ponerse en marcha.

Las dificultades surgieron a partir de la petición de extradición que el Gobierno federal presentó ante el Reino Unido, país en el que Macías reside desde hace tres años luego de que se fuera de México alegando que era víctima de una persecución política.

Autoridades federales que han participado en este proceso revelaron a Animal Político que el tribunal británico que revisa el caso consideró que la solicitud original no estaba bien sustentada, sobretodo porque no había datos bancarios que probaran la forma en como, supuestamente, Macías participó en el fraude.

El reto, explica una funcionaria que participa en el proceso, ha sido convencer a sus contrapartes inglesas de que en México la investigación no está cerrada y que mucha de la evidencia se reuniría después de que se vinculara a proceso a Macías, si es que se llega a esa instancia.

Originalmente se había previsto que en noviembre se definiera el juicio de extradición, sin embargo, los requerimientos que han hecho las autoridades británicas sumado a las complicaciones por la pandemia del COVID-19 han retrasado el procedimiento.

De manera paralela los abogados de Macías han promovido diversos recursos en México para tratar de anular la orden de aprehensión. En octubre pasado y como parte de un proceso de amparo en revisión, sus abogados consiguieron que un Tribunal federal admitiera diversas pruebas relacionadas con al tortura que habría sufrido uno de los testigos usados en su contra.

En ese contexto, la apuesta de su defensa es que en México se revoque el proceso iniciado en su contra, o que el Reino Unido desestime la petición de extradición realizada por nuestro país.

A la par de este caso Macías enfrenta investigaciones a nivel federal por el posible desvío de recursos federales, así como por delitos fiscales, pero hasta ahora no han sido judicializadas.

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5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
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Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


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