México no logra avanzar en el caso contra Duarte por desapariciones
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Cuartoscuro Archivo

Sin avance caso contra Javier Duarte por desapariciones; México no logra permiso para detenerlo

Al cumplirse un año y medio de haberse formalizado la solicitud diplomática para procesarlo, el gobierno de AMLO no ha logrado que Guatemala de su aval para ejecutar la orden en su contra. La extradición de su exesposa, Karime Macías, también enfrenta complicaciones.
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22 de diciembre, 2020
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El proceso en contra de Javier Duarte por su presunta responsabilidad en múltiples desapariciones ocurridas en Veracruz durante su gestión como gobernador no avanza. 

Pese a que desde junio de 2018 se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada, esta no ha podido ser cumplimentada ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido el permiso diplomático de Guatemala para hacerlo, a un año y medio de haberlo solicitado.

Tras varias complicaciones iniciales, la solicitud fue enviada en junio de 2019 al país centroamericano. Se le pidió que hiciera una excepción en el tratado de extradición y permitiera ejecutar la orden de arresto en contra de Duarte por un nuevo delito distinto a los que originalmente se le imputaron.

Lee: Javier Duarte dice que declarará todo sobre Odebrecht y los sobornos que dio a campaña de EPN en 2012

Sin embargo, a diferencia de otras gestiones diplomáticas que el gobierno federal ha consumado con resultados rápidos – como la del caso Salvador Cienfuegos – el trámite del exgobernador de Veracruz se ha estancado sin que se haya conseguido una resolución favorable.

Así lo confirma un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que Animal Político obtuvo a través de una solicitud de transparencia, en la que se le pidió conocer el estatus en que se encuentra el procedimiento.

“La solicitud de excepción a la regla de especialidad, que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos presentó al Gobierno de la República de Guatemala, con el fin de que se autorice que el señor JAVIER DUARTE DE OCHOA, quien fuese extraditado por ese país a México en 2017, pueda ser sujeto a proceso penal diverso a aquel que motivó su entrega, actualmente continúa en estudio por parte de las autoridades competentes de aquel país (…) no existe ningún pronunciamiento definitivo por parte de dichas autoridades”, respondió en el oficio la cancillería.

El permiso de Guatemala es necesario ya que dicho país extraditó en 2017 al exgobernador solo por delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada. Para que se le pueda juzgar por otra cosa se requiere lo que técnicamente de denomina “excepción al principio de especialidad”, que es un permiso para se le pueda sumar otra acusación.

Cuestionada sobre si existe un plazo legal para obtener una respuesta a dicha petición, Relaciones Exteriores dijo que el tratado firmado entre ambos países no establece ningún término para ello.

Entérate: PGR perdonó a tesorero de Duarte que desvió 55 mil millones en Veracruz sin pedirle un peso a cambio

Lo que sí confirmó la Cancillería es que toda la información que Guatemala ya fue presentada por México cuando se formalizó la solicitud.  Es decir, lo que está pendiente desde hace año y medio es la respuesta del país centroamericano,

Desapariciones, complicaciones e impunidad

Veracruz es uno de los focos rojos en desapariciones en México. De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay más de cinco mil las personas reportadas como no localizadas en su territorio, entre los que figuran ocho periodistas. Es la cuarta entidad con la mayor cantidad de desapariciones en el país.  

En febrero de 2018, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz reveló que investigaba más de 200 posibles desapariciones forzadas presuntamente perpetradas por policías estatales en la administración de Duarte (2010 – 2016). Ese mismo mes, en el marco de un operativo denominado Tiro de Gracia, la fiscalía cumplimentó 19 órdenes de aprehensión en contra de mandos y elementos de dicho cuerpo policial.

Al continuar con las indagatorias, la fiscalía también procedió en contra del que fuera el exfiscal General del estado Luís Ángel Bravo por posible encubrimiento y, finalmente, el 6 de junio de 2018 se obtuvo de una jueza local una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por desaparición forzada.

En concreto, la Fiscalía responsabiliza al exgobernador de supuestas omisiones al no haber actuado para impedir que dichas desapariciones no ocurrieran o se esclarecieran, pese a que presuntamente estaba al tanto de los hechos.

Lee más: Vinculan a proceso a 10 exfuncionarios y empresarios ligados a red de empresas fantasma de Duarte

Pero a dos años y medio de que la jueza ordenara dicha aprehensión el caso se ha complicado no solo por el escollo diplomático ya descrito, sino por fallas en las indagatorias que se integraron.

Por ejemplo, en diciembre de 2018 el que fuera jefe de la policía estatal con Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, recobró su libertad luego de obtener un amparo en el que se definió que la prisión preventiva que se le impuso no estaba sustentada adecuadamente. Ya en libertad, Bermúdez denunció que fue víctima de tortura para incriminarse y culpar a otros.

La misma suerte ha corrido el proceso en contra del exfiscal Bravo quien primero ganó un amparo para seguir su proceso en libertad y luego obtuvo otro que dejó sin efecto el procedimiento penal que se le inició. En septiembre pasado un Tribunal federal le ordenó a un juez definir, en definitiva, si existen elementos para mantener abierto en caso.

Bravo ha sostenido, como otros exfuncionarios, que fue torturado por parte de la Fiscalía para inculpar a Duarte y otros exfuncionarios de diversos delitos.

Por su parte Javier Duarte (quien cumple en el Reclusorio Norte una sentencia de 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa) siempre ha negado haber tolerado y consentido las desapariciones forzadas en su administración, e incluso asegura que ordenó investigar y esclarecer todos los casos.

No obstante, el común denominador de las desapariciones es que siguen impunes. Un ejemplo es el caso de seis jóvenes detenidos en diciembre de 2013 por agentes ministeriales y navales en la colonia Formando Hogar, de Veracruz. Hasta el día de hoy el paradero de todos ellos se desconoce y no hay nadie procesado y sentenciado por el caso.

Extradición de Karime también se complica

Otro caso que también enfrenta complicaciones diplomáticas y judiciales es el abierto contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte y exprimera dama de Veracruz, por su probable responsabilidad en el desvío de más de decenas de millones de pesos a una red de empresas fantasma cuando encabezaba el DIF de aquel estado.

Desde mayo de 2018 un juez ordenó la detención de Macías por el delito de fraude específico, sin embargo, el proceso no ha podido ponerse en marcha.

Las dificultades surgieron a partir de la petición de extradición que el Gobierno federal presentó ante el Reino Unido, país en el que Macías reside desde hace tres años luego de que se fuera de México alegando que era víctima de una persecución política.

Autoridades federales que han participado en este proceso revelaron a Animal Político que el tribunal británico que revisa el caso consideró que la solicitud original no estaba bien sustentada, sobretodo porque no había datos bancarios que probaran la forma en como, supuestamente, Macías participó en el fraude.

El reto, explica una funcionaria que participa en el proceso, ha sido convencer a sus contrapartes inglesas de que en México la investigación no está cerrada y que mucha de la evidencia se reuniría después de que se vinculara a proceso a Macías, si es que se llega a esa instancia.

Originalmente se había previsto que en noviembre se definiera el juicio de extradición, sin embargo, los requerimientos que han hecho las autoridades británicas sumado a las complicaciones por la pandemia del COVID-19 han retrasado el procedimiento.

De manera paralela los abogados de Macías han promovido diversos recursos en México para tratar de anular la orden de aprehensión. En octubre pasado y como parte de un proceso de amparo en revisión, sus abogados consiguieron que un Tribunal federal admitiera diversas pruebas relacionadas con al tortura que habría sufrido uno de los testigos usados en su contra.

En ese contexto, la apuesta de su defensa es que en México se revoque el proceso iniciado en su contra, o que el Reino Unido desestime la petición de extradición realizada por nuestro país.

A la par de este caso Macías enfrenta investigaciones a nivel federal por el posible desvío de recursos federales, así como por delitos fiscales, pero hasta ahora no han sido judicializadas.

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Colombia: por qué está en un escenario sin precedentes (y qué puede significar para su futuro)

A pesar de la violencia, Colombia fue un país reconocido por su estabilidad económica y política. Pero todo esto parece haber cambiado.
6 de mayo, 2021
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Estaciones de policía y transporte quemadas. Carreteras cortadas durante días. Desabastecimiento de productos. Un número desconocido de muertos y desaparecidos. Un estado de incertidumbre y nerviosismo agudo.

Colombia ha vivido muchos momentos delicados al largo de su traumática historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos distintos: la protesta social, la economía y la representación política.

Hubo momentos en el pasado que rompieron la historia en dos como la ola de violencia que antecedió a la firma de la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán que dieron origen a las guerrillas.

El desenlace de la crisis actual es desconocido y por eso es difícil entrar en comparaciones sobre su relevancia histórica.

Lo que parece evidente, según los expertos consultados por BBC Mundo, es que la actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demandas y problemáticas antes prohibitivas por cuenta de la guerra.

“Yo tengo 74 años y le digo que nunca vi una élite política tan incapaz de llegar a resoluciones“, dice el historiador Carlos Caballero Argáez.

El gobierno de Iván Duque ha lanzado una nueva mesa de negociación para rebajar la tensión y buscar salidas consensuadas. Es lo que hizo en noviembre de 2019, cuando las protestas eran más pacíficas y puntuales y la situación del país menos grave.

Hoy el mandatario tiene desafíos por donde se mire: en su partido, en las calles, dentro de las fuerzas armadas, en materia fiscal y en lo político.

Dentro de exactamente un año Colombia estará celebrando elecciones generales y presidenciales: todo desarrollo en este momento tiene una clave electoral.

Mientras la violencia sigue siendo la principal preocupación de los colombianos, BBC Mundo habló con varios expertos para hacer un ejercicio de distancia que permita entender lo que está ocurriendo.

Un paro sostenido y amplio

Un primer elemento nuevo de esta crisis es la dimensión de la protesta social.

“La cobertura y la sostenibilidad han sido inéditos”, dice Mauricio Archila, experto en movimientos sociales.

Una manifestación en Colombia

Getty Images
Las protestas en Colombia han sido masivas y se han extendido a muchas ciudades y poblados del país.

Las protestas esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios. Fueron convocados por jóvenes, pero cuentan con el apoyo de adultos mayores y poblaciones minoritarias. Han paralizado la producción, el abastecimiento y el transporte en rincones inesperados.

Este paro ha llegado a lugares donde antes no se solía protestar y se ha mantenido por varios días sin dar tregua”, añade Archila.

Y concluye: “Soy muy escéptico de las comparaciones, y no quiero entrar a hablar del Bogotazo (1948) ni el paro cívico de 1977, pero es cierto que este paro ha producido una alianza obrero-campesina-indígena que tal vez nunca había estado tan equilibrada”.

En efecto, al Paro Nacional es un movimiento heterogéneo plagado de contradicciones y conflictos internos. Su líder no es claro y en su interior hay representaciones de casi todos los sectores. Su futuro depende de cómo logra sortear esa diversidad.

“Pero lo que sí es evidente es que la fuerza del Paro sorprendió a toda la clase política”, opina Daniel Hawkins, investigador de la Escuela Nacional Sindical.

“En la mitad de la tercera y más fuerte ola de contagio y luego de la orden del tribunal de Cundinamarca que prohibió aglomeraciones, los políticos nunca creyeron que la gente iba para la calle de forma masiva”, apunta Hawkins.

Una protesta en Colombia

Getty Images
Las protestas se han recrudecido tras las confrontaciones con las fuerzas de seguridad pública.

Las protestas ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que era esporádica y tachada de “subversiva”, rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada.

Una economía desestabilizada

La economía colombiana ha sido durante décadas la más estable de América Latina: la que menos recesiones tuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación y la que no incumplió sus compromisos de deuda en 80 años.

Pero ahora la situación es distinta.

“Pocas veces —por no decir nunca— había visto al país en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy“, escribió en su columna el prestigioso economista y exministro Mauricio Cárdenas.

Iván Duque

EPA
Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma fiscal.

Y Caballero Argáez añade: “La última vez que se cuestionó la responsabilidad fiscal del país fue durante la crisis de la deuda latinoamericana (principios de los 80), pero ahí Colombia consiguió refinanciar la deuda y un acuerdo de monitoreo con el FMI que nos permitió ser el único país latinoamericano que no entró en recesión ni tuvo que reestructurar deuda”.

Hoy los bonos colombianos son calificados como “basura” en los mercados internacionales, el peso está alcanzando récords de devaluación y por primera vez en años la capacidad de pago y emisión de deuda del país están cuestionados.

“Colombia tienen un problema de recaudo (fiscal) cada vez que hay una crisis, porque su recaudo en tiempos normales siempre ha sido bajo”, dice la politóloga Mónica Pachón.

“Pero eso siempre lo habían podido solucionar con reformas tributarias de crisis con impuestos transitorios que lograban sacarnos del problema”.

“La diferencia ahora es que nunca una reforma nunca había generado semejante nivel de oposición, mucho menos sin entrar al Congreso, y su caída nos puso en un lugar incómodo”, explica la decana de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Un enfrentamiento entre policías y manifestantes en Colombia

Getty Images
El número de fallecidos y heridos por los enfrentamientos en las protestas ha ido en aumento.

Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma cuanto antes que se pueda aprobar en el Congreso. Los economistas dudan que no se logre una resolución que probablemente recaude menos impuestos, pero al menos saque al país de la crisis.

Sin embargo, el famoso modelo de la estabilidad neoliberal y ortodoxo de Colombia mostró grietas por primera vez en su historia.

Una política radicalizada

Así como estable en lo económico, Colombia ha sido un país sin muchos altibajos en lo político: salvo durante un pequeño periodo en los años 50, la democracia en su sentido más formal —elecciones cada cuatro años y transiciones de poder sin problemas— se ha mantenido intacta.

Aunque la violencia no ha dejado de ser un problema desde los años 50, el bipartidismo entre liberales y conservadores (que llegaron a alternarse en el poder por convenio) permitió que se generara la idea de que las instituciones democráticas no estaban en peligro.

Colombia siempre fue considerada, al menos en el exterior, como una democracia estable.

Pero en esta crisis la clase política se ha visto incapaz de llegar a resoluciones, apuntan los analistas. Duque llamó a los militares a controlar la situación (aunque varios alcaldes se opusieron); algunos incluso barajan escenarios de golpes de Estado y el líder en las encuestas para las elecciones de 2022 es un candidato de izquierda que militó en las guerrillas, Gustavo Petro.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Muchos colombianos denuncian que el Estado ha sido represor.

“La violencia de las protestas, que además es seguida por la gente desde sus redes sin entrar a entender ni profundizar, hace que la política sea más polarizada y más ideológica, con la consecuencia de que llegar a soluciones es muchos más difícil”, explica Pachón.

Uno de los efectos del proceso de paz de 2016 fue el estatuto de oposición, un mecanismo que da garantías a los críticos del Ejecutivo, pero también aumenta su capacidad de entorpecerle sus iniciativas.

“Le sumas a eso que Duque es un presidente débil incluso dentro de su partido y tienes el caldo de cultivo de la desgracia“, dice Pachón.

En Colombia, como en toda América Latina, siempre ha habido una crisis de representación política, pero quizás nunca antes se había hecho tan evidente la desconfianza de la población sobre la clase política.

“Lo que estamos viendo es un descontento generalizado y quizá irremediable, es casi una situación pre revolucionaria”, dice Caballero.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Los escuadrones antidisturbios han sido culpados de varios fallecimientos durante las protestas.

Las consecuencias pueden ser muchas: desde la renuncia del presidente, inédita en Colombia desde los años 50, hasta la elección de un candidato, de izquierda o derecha, que rompa con las hasta ahora estables instituciones democráticas del país.

“Esto se soluciona con un candidato que pueda generar confianza entre las diferentes poblaciones al mismo tiempo que pueda incluir al establishmentpolítico”, dice Pachón.

“Pero me temo que eso, ahora, está más lejos que nunca”.


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