México no logra avanzar en el caso contra Duarte por desapariciones
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Sin avance caso contra Javier Duarte por desapariciones; México no logra permiso para detenerlo

Al cumplirse un año y medio de haberse formalizado la solicitud diplomática para procesarlo, el gobierno de AMLO no ha logrado que Guatemala de su aval para ejecutar la orden en su contra. La extradición de su exesposa, Karime Macías, también enfrenta complicaciones.
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22 de diciembre, 2020
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El proceso en contra de Javier Duarte por su presunta responsabilidad en múltiples desapariciones ocurridas en Veracruz durante su gestión como gobernador no avanza. 

Pese a que desde junio de 2018 se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada, esta no ha podido ser cumplimentada ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido el permiso diplomático de Guatemala para hacerlo, a un año y medio de haberlo solicitado.

Tras varias complicaciones iniciales, la solicitud fue enviada en junio de 2019 al país centroamericano. Se le pidió que hiciera una excepción en el tratado de extradición y permitiera ejecutar la orden de arresto en contra de Duarte por un nuevo delito distinto a los que originalmente se le imputaron.

Lee: Javier Duarte dice que declarará todo sobre Odebrecht y los sobornos que dio a campaña de EPN en 2012

Sin embargo, a diferencia de otras gestiones diplomáticas que el gobierno federal ha consumado con resultados rápidos – como la del caso Salvador Cienfuegos – el trámite del exgobernador de Veracruz se ha estancado sin que se haya conseguido una resolución favorable.

Así lo confirma un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que Animal Político obtuvo a través de una solicitud de transparencia, en la que se le pidió conocer el estatus en que se encuentra el procedimiento.

“La solicitud de excepción a la regla de especialidad, que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos presentó al Gobierno de la República de Guatemala, con el fin de que se autorice que el señor JAVIER DUARTE DE OCHOA, quien fuese extraditado por ese país a México en 2017, pueda ser sujeto a proceso penal diverso a aquel que motivó su entrega, actualmente continúa en estudio por parte de las autoridades competentes de aquel país (…) no existe ningún pronunciamiento definitivo por parte de dichas autoridades”, respondió en el oficio la cancillería.

El permiso de Guatemala es necesario ya que dicho país extraditó en 2017 al exgobernador solo por delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada. Para que se le pueda juzgar por otra cosa se requiere lo que técnicamente de denomina “excepción al principio de especialidad”, que es un permiso para se le pueda sumar otra acusación.

Cuestionada sobre si existe un plazo legal para obtener una respuesta a dicha petición, Relaciones Exteriores dijo que el tratado firmado entre ambos países no establece ningún término para ello.

Entérate: PGR perdonó a tesorero de Duarte que desvió 55 mil millones en Veracruz sin pedirle un peso a cambio

Lo que sí confirmó la Cancillería es que toda la información que Guatemala ya fue presentada por México cuando se formalizó la solicitud.  Es decir, lo que está pendiente desde hace año y medio es la respuesta del país centroamericano,

Desapariciones, complicaciones e impunidad

Veracruz es uno de los focos rojos en desapariciones en México. De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay más de cinco mil las personas reportadas como no localizadas en su territorio, entre los que figuran ocho periodistas. Es la cuarta entidad con la mayor cantidad de desapariciones en el país.  

En febrero de 2018, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz reveló que investigaba más de 200 posibles desapariciones forzadas presuntamente perpetradas por policías estatales en la administración de Duarte (2010 – 2016). Ese mismo mes, en el marco de un operativo denominado Tiro de Gracia, la fiscalía cumplimentó 19 órdenes de aprehensión en contra de mandos y elementos de dicho cuerpo policial.

Al continuar con las indagatorias, la fiscalía también procedió en contra del que fuera el exfiscal General del estado Luís Ángel Bravo por posible encubrimiento y, finalmente, el 6 de junio de 2018 se obtuvo de una jueza local una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por desaparición forzada.

En concreto, la Fiscalía responsabiliza al exgobernador de supuestas omisiones al no haber actuado para impedir que dichas desapariciones no ocurrieran o se esclarecieran, pese a que presuntamente estaba al tanto de los hechos.

Lee más: Vinculan a proceso a 10 exfuncionarios y empresarios ligados a red de empresas fantasma de Duarte

Pero a dos años y medio de que la jueza ordenara dicha aprehensión el caso se ha complicado no solo por el escollo diplomático ya descrito, sino por fallas en las indagatorias que se integraron.

Por ejemplo, en diciembre de 2018 el que fuera jefe de la policía estatal con Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, recobró su libertad luego de obtener un amparo en el que se definió que la prisión preventiva que se le impuso no estaba sustentada adecuadamente. Ya en libertad, Bermúdez denunció que fue víctima de tortura para incriminarse y culpar a otros.

La misma suerte ha corrido el proceso en contra del exfiscal Bravo quien primero ganó un amparo para seguir su proceso en libertad y luego obtuvo otro que dejó sin efecto el procedimiento penal que se le inició. En septiembre pasado un Tribunal federal le ordenó a un juez definir, en definitiva, si existen elementos para mantener abierto en caso.

Bravo ha sostenido, como otros exfuncionarios, que fue torturado por parte de la Fiscalía para inculpar a Duarte y otros exfuncionarios de diversos delitos.

Por su parte Javier Duarte (quien cumple en el Reclusorio Norte una sentencia de 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa) siempre ha negado haber tolerado y consentido las desapariciones forzadas en su administración, e incluso asegura que ordenó investigar y esclarecer todos los casos.

No obstante, el común denominador de las desapariciones es que siguen impunes. Un ejemplo es el caso de seis jóvenes detenidos en diciembre de 2013 por agentes ministeriales y navales en la colonia Formando Hogar, de Veracruz. Hasta el día de hoy el paradero de todos ellos se desconoce y no hay nadie procesado y sentenciado por el caso.

Extradición de Karime también se complica

Otro caso que también enfrenta complicaciones diplomáticas y judiciales es el abierto contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte y exprimera dama de Veracruz, por su probable responsabilidad en el desvío de más de decenas de millones de pesos a una red de empresas fantasma cuando encabezaba el DIF de aquel estado.

Desde mayo de 2018 un juez ordenó la detención de Macías por el delito de fraude específico, sin embargo, el proceso no ha podido ponerse en marcha.

Las dificultades surgieron a partir de la petición de extradición que el Gobierno federal presentó ante el Reino Unido, país en el que Macías reside desde hace tres años luego de que se fuera de México alegando que era víctima de una persecución política.

Autoridades federales que han participado en este proceso revelaron a Animal Político que el tribunal británico que revisa el caso consideró que la solicitud original no estaba bien sustentada, sobretodo porque no había datos bancarios que probaran la forma en como, supuestamente, Macías participó en el fraude.

El reto, explica una funcionaria que participa en el proceso, ha sido convencer a sus contrapartes inglesas de que en México la investigación no está cerrada y que mucha de la evidencia se reuniría después de que se vinculara a proceso a Macías, si es que se llega a esa instancia.

Originalmente se había previsto que en noviembre se definiera el juicio de extradición, sin embargo, los requerimientos que han hecho las autoridades británicas sumado a las complicaciones por la pandemia del COVID-19 han retrasado el procedimiento.

De manera paralela los abogados de Macías han promovido diversos recursos en México para tratar de anular la orden de aprehensión. En octubre pasado y como parte de un proceso de amparo en revisión, sus abogados consiguieron que un Tribunal federal admitiera diversas pruebas relacionadas con al tortura que habría sufrido uno de los testigos usados en su contra.

En ese contexto, la apuesta de su defensa es que en México se revoque el proceso iniciado en su contra, o que el Reino Unido desestime la petición de extradición realizada por nuestro país.

A la par de este caso Macías enfrenta investigaciones a nivel federal por el posible desvío de recursos federales, así como por delitos fiscales, pero hasta ahora no han sido judicializadas.

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El estudiante de medicina que se encontró el cadáver de su amigo en una clase de anatomía

La periodista y novelista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani escribe en este reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos "no reclamados" enviados a las escuelas de medicina del país.
4 de agosto, 2021
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La periodista y novelista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani escribe en este reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos “no reclamados” enviados a las escuelas de medicina de su país.

El estudiante de medicina Enya Egbe salió corriendo de su clase de anatomía llorando después de ver el cadáver con el que debía trabajar ese día.

No fue la reacción aprensiva de un joven ingenuo.

El estudiante de 26 años aún recuerda vívidamente la tarde de aquel jueves hace siete años en la Universidad de Calabar, en Nigeria, cuando estaba con sus compañeros de estudios alrededor de tres mesas de disección, con un cadáver en cada una.

Minutos después, gritó y corrió.

El cuerpo que su grupo estaba a punto de diseccionar era el de Divine, su amigo durante más de siete años.

“Solíamos ir a bailar juntos”, me dijo. “Había dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho”.

Oyifo Ana fue uno de los muchos estudiantes que salieron corriendo detrás de Egbe y lo encontraron llorando afuera.

“La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas pueden no ser verdaderos criminales”, dice Ana.

Explicó que una mañana temprano había visto una camioneta de la policía cargada con cuerpos ensangrentados en su escuela de medicina, que tenía un depósito de cadáveres adjunto.

Egbe envió un mensaje a la familia de Divine, que resultó que había estado yendo a diferentes comisarías de policía en busca de su pariente después de que el joven y tres amigos fueran arrestados por agentes de seguridad cuando regresaban de una noche de fiesta.

La familia finalmente logró recuperar su cuerpo.

El impactante descubrimiento de Egbe puso de relieve tanto la falta de cadáveres disponibles en Nigeria para los estudiantes de medicina como lo que les puede pasar a las víctimas de la violencia policial.

Trauma

Entre los siglos XVI y XIX, por diferentes leyes en Reino Unido, se entregaban los cuerpos de los criminales ejecutados a las escuelas de medicina, un castigo que también promovió la causa de la ciencia.

En Nigeria, una ley actual entrega “cuerpos no reclamados” en depósitos de cadáveres del gobierno a las escuelas de medicina.

El estado también puede apropiarse de los cuerpos de los criminales ejecutados, aunque la última ejecución tuvo lugar en 2007.

Enya Egbe

Enya Egbe
Enya Egbe quedó impactado al descubrir en su clase el cadáver de su amigo

Más del 90% de los cadáveres utilizados en las escuelas de medicina de Nigeria son “criminales asesinados por disparos”, según una investigación de 2011 publicada en la revista médica Clinical Anatomy.

En realidad, esto significa que eran sospechosos matados a tiros por las fuerzas de seguridad.

Sus edades estimadas se encuentran entre los 20 y los 40 años, el 95% son hombres y tres de cada cuatro pertenecen a la clase socioeconómica más baja. No hay donaciones de cuerpos.

“Nada ha cambiado diez años después”, dice Emeka Anyanwu, profesor de anatomía en la Universidad de Nigeria y coautor del estudio.

‘Servicio de ambulancia’

El año pasado, el gobierno de Nigeria estableció paneles de investigación judiciales en diferentes estados para investigar las denuncias de brutalidad policial.

Esto fue en respuesta a las protestas provocadas por el video viral de otro joven presuntamente que murió por disparos del Escuadrón Especial Antirrobo (Sars) de la policía en el estado sureño de Delta.

Muchos de los que testificaron ante los paneles han hablado de familiares arrestados por agentes de seguridad y que desaparecieron.

En la mayoría de los casos, la policía se ha defendido diciendo que los desaparecidos eran ladrones armados que murieron en un tiroteo.

Sin embargo, el portavoz de la policía Frank Mba me dijo que no tenía conocimiento de ningún caso en el que la policía hubiera enviado cadáveres a laboratorios de anatomía o depósitos.

Nigeria

Getty Images
Las fuerzas de seguridad de Nigeria son acusadas de frecuentes abusos.

En un testimonio escrito presentado al panel judicial en el estado de Enugu, el comerciante Cheta Nnamani, de 36 años, dijo que había ayudado a los agentes de seguridad a deshacerse de los cuerpos de las personas a las que habían torturado o ejecutado durante los cuatro meses que estuvo bajo la custodia de Sars en 2009.

Dijo que una noche le pidieron que cargara tres cadáveres en una camioneta, una tarea conocida en el lenguaje de la detención como ‘servicio de ambulancia’.

Luego condujo al cercano Hospital Universitario de la Universidad de Nigeria (UNTH), donde Nnamani descargó los cuerpos. Fueron llevados por un asistente de la morgue.

Nnamani me dijo que luego lo amenazaron con la misma suerte.

En el depósito

En la ciudad sudoriental de Owerri, el depósito de cadáveres del Hospital Aladinma, de propiedad privada, dejó de aceptar cadáveres de presuntos delincuentes porque la policía rara vez proporcionaba identificación o notificaba a los familiares de los fallecidos.

Esto solía dejar al depósito de cadáveres atascado con los costos de mantenimiento de los cuerpos no reclamados hasta que cada pocos años el gobierno finalmente concedía permiso para entierros masivos.

“A veces, la policía intenta obligarnos a aceptar cadáveres, pero insistimos en que los lleven a un hospital del gobierno”, dice Ugonna Amamasi, administradora del depósito de cadáveres.

“Los depósitos de cadáveres privados no están autorizados a donar cuerpos a las escuelas de medicina, pero los depósitos de cadáveres del gobierno sí pueden”, agregó.

Familiares olvidados

Un abogado de alto nivel, Fred Onuobia, asegura que los familiares tienen derecho a recoger los cuerpos de los criminales ejecutados legalmente.

“Si nadie se presenta después de cierto tiempo, los cuerpos se envían a hospitales universitarios”, dice el defensor.

Pero la situación es peor con las ejecuciones extrajudiciales, ya que los familiares nunca se enteran de las muertes o no pueden localizar los cuerpos, afirma.

carro policia

AFP

Después de todo, fue solo por casualidad que la familia del amigo de Egbe, Divine, pudo darle un entierro adecuado.

La asociación de anatomistas de Nigeria ahora está presionando por un cambio en la ley que garantice que las morgues obtengan registros históricos completos de los cuerpos donados a las escuelas, y también el consentimiento de la familia.

También establecerá formas de alentar a las personas a donar sus cuerpos a la ciencia médica.

“Habrá mucha educación y mucha promoción para que la gente pueda ver que si donan su cuerpo, será por el bien de la sociedad”, cuenta el director de la asociación, Olugbenga Ayannuga.

En cuanto a Egbe, estaba tan traumatizado al ver el cuerpo de su amigo que abandonó sus estudios durante semanas.

Dice que imaginaba a Divine de pie junto a la puerta cada vez que intentaba entrar a la sala de anatomía.


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