El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que haría públicos los contratos firmados con las farmacéuticas para recibir las vacunas contra la COVID-19, que habían sido clasificados como “confidenciales” por la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Minutos después, el propio canciller tuvo que matizar al mandatario: los convenios firmados con estas compañías incluyen restricciones que impiden que se hagan públicos aspectos como su precio.
“Tenemos restricciones de información, que son contractuales. No es solo en México, todos los países que hemos firmado esos contratos tienen esa restricción. Porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos”, dijo Ebrard, durante su intervención en la conferencia matutina desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde llegó un cargamento de 400 mil dosis de la vacuna de Pfizer.
Animal Político reveló el miércoles 6 de enero que la SRE había clasificado como “confidencial” los convenios suscritos por México con Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y CanSino, las tres farmacéuticas con la que, por el momento, hay suscritos acuerdos de precompra. “La omisión de cumplimiento por parte del Gobierno Mexicano a un convenio de confidencialidad podrá causar daño en la obtención de la vacuna para atender a la población de la República Mexicana”, dijo la institución que dirige Marcelo Ebrard.
Esto no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, sino que ocurre en todo el mundo. Las empresas que desarrollaron las vacunas no permiten que se conozca el contenido de los acuerdos firmados con cada uno de los países, lo que da ventajas de cara a la negociación.
Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras han reclamado que se transparenten estos acuerdos para que los países más pobres no tengan mayores dificultades de acceso al fármaco.
La víspera, en su conferencia matutina, López Obrador aseguró que hoy, durante el informe de vacunación, haría públicos los convenios. Llegado el momento, solo volvió a asegurar que transparentaría estos acuerdos y llegó considerar que, si se mantenían ocultos, era por “inercias” de gobiernos anteriores.
“Nosotros no vamos a reservar nada. Es transparencia total, absoluta. No tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos”, dijo.
Para López Obrador la transparencia era sencilla debido a la existencia de contratos con las farmacéuticas. “No tenemos nada que ocultar. El caso de las vacunas es lo más transparente, porque se tienen contratos con las farmacéuticas y ya se han llevado a cabo pagos con Pfizer, a la que ya se han dado anticipos”, afirmó. Esos contratos son, precisamente, lo que Animal Político solicitó por acceso a la transparencia y que fueron clasificados como confidenciales.
Este martes, el canciller Ebrard aclaró que, aunque se ha ofrecido información sobre “la naturaleza de las vacunas y las características sanitarias”, existen restricciones obligadas por las farmacéuticas. El gobierno mexicano está dando a conocer el número de vacunas, sus características, cuál es la inversión agregada y, como en todo lo demás, seremos absolutamente transparentes”, dijo.
“La única restricción es respetar los contratos de precompra”, afirmó el canciller, para recordar después que estos convenios tienen una vigencia y que después podrían hacerse públicos.
La polémica sobre la opacidad de las farmacéuticas no es exclusiva de México. En todo el mundo se han registrado demandas para que los gobiernos transparenten lo que acuerdan con las compañías, que recibieron importantes inyecciones de dinero público para llevar a cabo las investigaciones.
Una de las grandes incógnitas es cuánto cuesta cada dosis, ya que cada gobierno ha pactado individualmente con las farmacéuticas. El ejemplo de Pfizer es representativo. Según el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, en México se pagará 10 dólares (198 pesos) por dosis, lo que implica 20 dólares (397 pesos) por persona, ya que para que la vacuna sea efectiva son necesarias dos dosis. En Europa, por su parte, el desliz de una ministra belga permitió saber que la misma vacuna se pagará en 12 euros (293.80 pesos).
Aquí viene una de las claves del convenio. Lo importante no solo es lo que se paga por la vacuna sino qué ha ofrecido cada gobierno para recibir las dosis y tener un precio ventajoso. En el caso de México hay dos elementos clave: la participación de ciudadanos mexicanos en pruebas de Tercera Fase o la producción de la propia vacuna, como es el caso del acuerdo con Argentina.
Sobre las condiciones que imponen las farmacéuticas, apenas han trascendido algunos detalles. En Europa se hizo público que las compañías incluyeron en los acuerdos que no se hacen responsables en caso de que el fármaco falle o provoque efectos adversos, aunque los convenios siguen siendo confidenciales. En Brasil, un organismo público transparentó el acuerdo con AstraZeneca y en él se especificaba que la empresa podía dar por concluida la pandemia en julio de 2021 y comenzar a cobrar las vacunas a precios más elevados.
En México lo único que sabemos es el número de vacunas que llegarán a lo largo del año y el precio total estimado por el gobierno.
Está previsto que Pfizer entregue 34 millones de dosis y que AstraZeneca provea con otros 77 millones. Ambas ya han recibido el aval de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris). Falta la luz verde para CanSino, que deberá surtir al país con 35 millones de dosis. Además, México recibirá otras 50 millones de dosis del mecanismo COVAX promovido por la Organización Mundial de la Salud. Todo este acopio tiene un presupuesto de 32 mil millones de pesos.
