'Solo querían llegar a EU': buscan a sus familiares entre víctimas de Camargo
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'Solo querían llegar a EU': buscan a sus familiares entre víctimas de Camargo

Diputado de Guatemala asegura que 'coyotes' avisaron a las familias de que hubo un “accidente”. Comienzan pruebas de ADN para la identificación de cuerpos.
Cuartoscuro
Por Caros Manuel Juárez y Alberto Pradilla
26 de enero, 2021
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“El motivo de él para viajar fue que era de escasos recursos. Querían cruzar a los Estados Unidos, pero lastimosamente no logró su destino”. Así explicaba Evaristo Agustín, cuñado de Marvin Alberto Tomás, de 22 años, la decisión del joven de dejar el caserío Las Flores, en Comitancillo, departamento de San Marcos, Guatemala. Fue hace dos semanas cuando Tomás, que con el Juventud Comiteca llegó a jugar en la tercera división de fútbol del país centroamericano, anunció a sus familiares más cercanos que trataría de alcanzar Estados Unidos. Vivía con su madre, Ángela Tomás, y no tenía pareja ni hijos, por lo que se propuso migrar animado por unos primos que residen en Estados Unidos. 

Durante todo el trayecto Tomás se mantuvo en comunicación con sus familiares a través de mensajes de WhatsApp. Hasta un día antes del hallazgo de los cuerpos, cuando no volvió a conectarse. 

“Al principio no prestamos atención. Decían que algo había ocurrido en México, pero no le dimos importancia. Hasta que luego nos informaron de que sí, de que había ocurrido un accidente y de que estaba muerto”, dijo, en entrevista telefónica con Animal Político

Lee más: Hallan 19 cuerpos calcinados en dos vehículos en carretera de Tamaulipas

La familia de Tomás Tomás asegura que el joven es uno de los 19 cuerpos calcinados que fueron hallados el sábado en Camargo, Tamaulipas. Por el momento solo se han hecho públicos los nombres de 13. Las identidades difundidas son: Santa Cristina García Pérez, Dora Amelia López Rafael, Paola Damaris Zacarías Gabriel, Óscar Velásquez Ramírez, Edgar López y López, Adán Coronado Marroquín, Marvin Alberto Tomás Tomás, Élfego Roliberto Miranda Díaz, Osmar Neftalí Miranda Baltazar, Robelson Elías Tomás Isidro, Anderson Marco Antulio Pablo, Rivaldo Danilo Jiménez Ramírez e Iván Gudiel Pablo Tomás. Los nombres los reveló el diputado guatemalteco Mario Eduardo Gálvez, quien aseguró estar en comunicación con las familias. 

Desde que se encontraron los cadáveres se especuló con la posibilidad de que las víctimas fuesen migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. No podrá confirmarse hasta que se cotejen las pruebas de ADN, un proceso que podría tardar hasta dos semanas. 

Los familiares, sin embargo, están seguros de que sus allegados son las víctimas de esta nueva masacre en la frontera con Estados Unidos. Por un lado, porque sabían que estaban en ruta y mantenían comunicación con ellos hasta poco antes del hallazgo de los cuerpos. Por otro, porque en varios casos recibieron la llamada de guías o coyotes que les aseguraron que había ocurrido un “accidente”. Estas llamadas fueron confirmadas por Gálvez, que acompaña a las familias en los trámites para solicitar la repatriación. “Los familiares de estas víctimas que se presume iban en un grupo compacto, que en algunos de los casos las familias han expresado que los que eran encargados del grupo, que presumo, son las redes de coyotaje, se comunicaron para informar que el grupo de personas había fallecido”.

Esta tesis fue confirmada también por los comunicadores locales Nelson Abel Agustín Cardona y Sofy Vicente en el medio Comitán Enlace Internacional. Ante las dudas sobre cómo las familias conocían las identidades, el primero explicó: “Para aclararles un poco, cómo es que la familia en Comitancillo se enteró, el guía o el coyote, como ustedes lo quieren llamar, es originario de este pueblo de Santa Cruz, Comitancillo, del departamento de San Marcos. Él llevaba a todos los que iban, es decir, 18, entonces esto es lo que les puedo decir, por ellos que sabemos que son la familia, no les puedo decir más porque es información reservada y privada, una poca de explicación de porqué sabemos que la familia sabe”.

En las últimas jornadas, diversas familias han aparecido en medios locales expresando su preocupación. 

Pruebas genéticas en marcha

El lunes 25 de enero, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas recabó las muestras de ADN de los cuerpos calcinados que se encuentran resguardados en una funeraria privada en Miguel Alemán, informó el vocero de Seguridad, Luis Alberto Rodríguez. En Guatemala, el gobierno nacional tomó las pruebas genéticas a las familias para realizar los exámenes forenses. 

“No tenemos un dato oficial porque no se han identificado todos los cuerpos. De hecho, ninguno. Sin embargo, las familias de Comitancillo lo aseguran y todo apunta a que sí”, dijo Luis Carlos Velázquez, gobernador del departamento de San Marcos. El domingo, el funcionario se reunió con familiares de las posibles víctimas para ofrecerles apoyo en el traslado de los cadáveres. 

Lee más: Familiares dicen que 18 de las 19 personas calcinadas en Tamaulipas serían guatemaltecos

Según dijo, familiares de las víctimas les aseguraron que la última vez que se comunicaron con las migrantes estaban cerca de Camargo. A partir del sábado intentaron comunicarse con ellos y nadie ha respondido a los teléfonos. “Entonces todo eso asumimos que son los familiares, sin embargo, estamos esperando el procedimiento legal y médico forense”, recalcó Velásquez.

El gobernador del departamento de San Marcos y el diputado Gálvez coincidieron que 11 de las presuntas víctimas son originarias de Comitancillo, una de Sipacapa, otra de Catarina, aunque oficialmente todavía no hay identificaciones. Personal del Consulado de Guatemala en México, ubicado en Monterrey, confirmó atiende el caso, pero no respondió a ningún cuestionamiento.

La masacre de Camargo se descubrió por un reporte ciudadano que recibieron policías estatales el viernes 22 de enero. Al día siguiente por la noche, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por los 19 homicidios en el poblado Santa Anita, ubicado a 69 kilómetros de territorio estadounidense.

La versión oficial difundida es que policías estatales encontraron dos vehículos incendiados. En un automóvil modelo pick up localizaron dos cuerpos en la cabina, un par más de cada lado del piloto y copiloto y 15 en la caja del vehículo.

La principal línea de investigación es que los hechos ocurrieron en un sitio distinto a donde se encontraron las camionetas. En el lugar no se hallaron casquillos. En su testimonio, un poblador dijo que los vehículos fueron cruzados desde territorio de Nuevo León. Dentro de la camioneta incendiada encontraron una placa con matrícula de Nuevo León. 

Durante el lunes, un grupo especial de peritos de Reynosa trabajó en la revisión de las pruebas y los automóviles. Al cierre de la edición se desconoce si se formalizó la colaboración con la Fiscalía de Nuevo León para ampliar la investigación. El domingo, el gobierno nuevoleonés desmintió que colaborará en el hecho criminal.

Para garantizar que se desarrolle un proceso con garantías, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto de Mujeres en Migración y diversas organizaciones de migrantes desaparecidos de Centroamérica presentaron una denuncia con el objetivo de que se les permita ser parte del proceso. Alegan que se trata de graves vulneraciones a los Derechos Humanos y confían en poder seguir las investigaciones de cerca. Este mismo acompañamiento se brinda a familias de fallecidos en masacres como la de San Fernando, en 2010, o las fosas clandestinas halladas en Cadereyta un año después.

Por el momento, las familias en Guatemala intentan hacer frente a la situación. Al golpe emocional se le suma la incertidumbre del inicio de no saber si podrían hacer frente a los gastos de repatriación. La mayoría de las supuestas víctimas son indígenas mam, originarias del departamento de San Marcos, al noroeste de Guatemala. El mam es uno de los 24 pueblos indígenas que habitan Guatemala y mantienen su propio idioma, por lo que algunas de las familias de las posibles víctimas son monolingües. 

San Marcos es uno de los departamentos más marginados del país centroamericano. Según datos de la secretaría de Seguridad Alimentaria, el 60% vive en situación de pobreza y otro 22% en pobreza extrema.

Por este motivo, muchos de sus habitantes deciden en algún momento hacer la mochila y tratar de alcanzar Estados Unidos. Algunos, como El Zurdo, no consiguen llegar a su objetivo nunca.

ONU compara hallazgo con masacre de San Fernando y Cadereyta

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) comparó el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas con las masacres de San Fernando, en 2010, en la que asesinaron a 72 migrantes, y con la de Cadereyta, Nuevo León, en 2012.

Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU en México, señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias.

“Esperamos que las víctimas extranjeras y sus familias reciban todo el apoyo de sus autoridades consulares. Se debe permitir el acceso de las familias o sus representantes a la información contenida en los expedientes judiciales que se abran por estos hechos. Este es un paso imprescindible para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de los familiares de las víctimas”, refirió en un comunicado.

Indicó que la falta de alternativas para una migración realmente segura, ordenada y regular orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas, lo cual aumenta su riesgo de ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.

“Aunque desconocemos sus motivos para migrar, la mayoría de las personas sale de sus países empujados por circunstancias económicas adversas, por reunificación familiar y/o por situaciones de violencia y persecución. A esto se suma que sus condiciones de vida se han visto profundamente afectadas a raíz de la pandemia por COVID-19 y por el devastador paso de los huracanes Eta y Iota”.

Sin embargo, en la conferencia matutina del 27 de enero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que los hechos de Camargo fueran similares a los ocurridos hace de diez años en San Fernando. Señaló que la mayor diferenciación es la gran cantidad de información que se tiene con el caso actual.

“Por ningún motivo es igual que lo sucedió en San Fernando, todos los días a partir de que sucedió este evento hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances que se tienen sobre esta situación”, afirmó.

Añadió que el gobierno cuenta con “muchísima” información recabada, la cual no puede ser revelada porque la investigación debe ser llevada con la “mayor secrecía”.

“Pero sí te aseguro algo (a la reportera que preguntó): no es un San Fernando, ¿por qué? Porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente. Y desde luego, que no va a haber impunidad, eso sí, y también la identificación de los cuerpos”.

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

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1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

Getty Images
Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

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Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

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106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

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Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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