Migración da ultimátum a directivos para dar ‘aportaciones voluntarias’
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Migración da ultimátum a sus directivos para que den ‘aportaciones voluntarias’ al gobierno

Oficiales de la institución denuncian presiones para pagar y temen que quien no renuncie a esa parte de su salario sea despedido en el futuro.
INM
Por Alberto Pradilla y Zedryk Raziel
12 de enero, 2021
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El Instituto Nacional de Migración (INM) quiere que sus directivos realicen las denominadas “aportaciones voluntarias” de su salario y de los aguinaldos decretada por la secretaría de Hacienda el pasado mes de julio y dio como fecha límite para ponerse al corriente el 11 de enero.

En principio, se trata de renuncias económicas que la administración de Andrés Manuel López Obrador presentó como voluntarias. Sin embargo, en la última semana, los funcionarios han recibido presiones para ponerse al corriente tanto a través de correos electrónicos como mediante llamadas telefónicas. 

Las “aportaciones voluntarias” son un mecanismo ideado por la secretaría de Hacienda por la que los cargos medios y altos de cada institución donan una parte de su salario y del aguinaldo que depende del escalafón en el que se encuentran. Han sido llamados a participar todos los funcionarios con rango de subdirector para arriba. 

Según pudo saber Animal Político, la petición actual es que los funcionarios se pongan al corriente de los pagos. Es decir, que quienes no hayan pagado en los últimos meses, lo hagan ahora.

La orden fue desde administración y se hizo llegar a todos los directivos de área advirtiéndoles que se informaría a los superiores sobre cuánto aportó cada funcionario. Esto fue interpretado por los oficiales como una forma de presión. Además, en posteriores llamadas telefónicas recibieron el mensaje de que su puesto de trabajo estaba en peligro en caso de que no cumpliesen con los pagos. 

Para quien no ha entregado parte de su salario, ponerse al corriente ahora puede suponer un duro golpe económico. Por ejemplo, a un subdirector, que es el escalafón más bajo que debe aportar, se le pide el 5% de un salario neto de 30 mil 793 pesos, por lo que la aportación sería de mil 539 pesos al mes. Así que alguien que no hizo su pago previamente ahora debería desembolsar 7 mil 500 pesos, más lo correspondiente del aguinaldo. 

Animal Político consultó al INM sobre este ultimátum y también quiso saber cuántos directivos han pagado hasta el momento y cuántos se han negado, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. 

No es la primera vez que oficiales del INM denuncian ser presionados para que den parte de su salario para el plan anticrisis. La institución que lidera Garduño fue la primera que oficializó la propuesta realizada el 5 de abril del pasado año por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que altos cargos y mandos intermedios renunciasen al aguinaldo navideño para que ese dinero pudiera “ser utilizado en un rubro en favor de la población más vulnerable”. 

Según publicó Animal Político, en reuniones mantenidas el 28 de abril del pasado año, oficiales del INM recibieron presiones para firmar un documento en el que se explicitaba el apoyo al jefe de gobierno y se renunciaba al aguinaldo navideño.

En estos encuentros, los representantes de personal del INM ofrecían dos papeles: por un lado, el que formalizaba la solicitud para renunciar al aguinaldo. Por otro, la renuncia al cargo en caso de no querer realizar el “aporte voluntario”. La inconformidad se extendió al interior de las oficinas del INM y los representantes de Recursos Humanos abandonaron la estrategia del “o renuncias al aguinaldo o renuncias al salario”.

Ahora, la dirección del INM insiste en reclamar el dinero, siempre presentado como “aportación voluntaria”. 

Plan anunciado en abril 

El 5 de abril del año pasado, durante la presentación del plan de rescate económico ante la pandemia de COVID, López Obrador anunció del recorte de sueldos y la retirada del aguinaldo a los funcionarios de su gobierno, lo que causó sorpresa e inconformidad entre los trabajadores, que denunciaron que no fueron consultados para ello.

Luego, el gobierno matizó su discurso y aseguró que no habría recortes salariales, sino que los funcionarios que lo desearan aportarían de manera voluntaria parte de su sueldo.

El 15 de julio, la secretaría de Hacienda envió un oficio a todas las dependencias de la Administración Pública Federal en el que se oficializó la petición de que los servidores públicos hicieran donaciones de entre 5 y 25% de su salario mensual neto, según el nivel de su plaza. Los funcionarios que debían hacer aportaciones eran el presidente de la República, secretarios de Estado, subsecretarios, jefes de unidad, directores generales, directores de área y subdirectores.

Según la petición, los directores generales deben donar 17%; los directores generales adjuntos, 14%; los directores de área 10% y los subdirectores de área, 5%. 

En ese oficio, Hacienda puso a disposición de los trabajadores una cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación para que hicieran depósitos en ventanilla cada mes.

Luego, el 6 de noviembre, la secretaría de Hacienda envió otra circular en la que estableció los lineamientos para que los funcionarios entregaran al gobierno una parte de su aguinaldo.

Para ello, la dependencia incluyó en el oficio un tabulador que indicaba cuántos días de aguinaldo debía aportar el trabajador en virtud de su nivel salarial. Así, mientras que un secretario de Estado tuvo que renunciar a 20 días de su aguinaldo, un subdirector de área renunció a entre uno y siete días de esa prestación.

La inconformidad al interior del Instituto de Migración, que ha tenido un rol clave en la aplicación de los acuerdos con EU para frenar el flujo hacia la frontera norte, no se limita al recorte de salario entre los directivos. Diversas fuentes consultadas se quejan de la falta de medidas adoptadas para proteger a los funcionarios de los contagios.

Aunque el INM no hizo nunca público el dato sobre cuántos oficiales habían enfermado, Animal Político pudo saber, gracias a una solicitud de transparencia, que al menos 186 funcionarios se contagiaron de COVID-19 durante el pasado año. Estos se suman a los 52 migrantes que enfermaron, según la propia institución que dirige Garduño.

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¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
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La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


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