La ausencia de evidencia bancaria que sustente las imputaciones de fraude, sumado a varios retrasos por la pandemia sanitaria, han complicado la posible extradición de Karime Macías del Reino Unido a México y, con ello, el arranque del proceso penal en su contra por los pagos que el DIF de Veracruz realizó a una amplia red de empresas fantasma.
Mientras tanto, el destino de los más de 400 millones de pesos que fueron desviados con ese mecanismo sigue sin ser esclarecido y el caso permanece impune.
Originalmente, se tenía previsto que la decisión de conceder o no la extradición solicitada por México desde hace mas de dos años sería anunciada por un tribunal británico en noviembre de 2020, lo que no ocurrió. Y aunque el juicio de extradición oficialmente marcha en el Reino Unido, no existe ahora una fecha tentativa para su resolución.
“Los británicos consideraron que el expediente original enviado por México estaba incompleto. Pidieron evidencia bancaria que no era precedente y hubo un replanteamiento para que el caso se sostenga. Se consiguió, pero tomó mas tiempo del pensado”, dijo un funcionario federal que ha participado directamente en el procedimiento.
Además, el surgimiento de evidencia sobre posibles irregularidades en las pruebas de la Fiscalía y el alargamiento de audiencias por la pandemia de COVID-19 también ha retrasado la resolución de un juicio de amparo con el que Macías pretende anular la orden de aprehensión girada en su contra, indicó su equipo de defensa.
Fue el 27 de mayo de 2018 cuando la Fiscalía General de Justicia de Veracruz informó que había obtenido de una jueza local una orden de aprehensión en contra de Macías por el delito de fraude, derivado del posible desvío de 112 millones de pesos en contratos que el DIF de la entidad entregó a una red de empresas fachada durante su gestión.
Pero para ese momento Macías ya se encontraba fuera del país. La misma Fiscalía estatal reveló que luego de la detención de Javier Duarte, ella se había mudado junto con sus hijos a vivir a Londres. Incluso se mostraron públicamente fotos y videos en donde se le aprecia caminando en la capital británica.
Cinco meses después de la emisión de la orden de captura, el gobierno de México envió una nota diplomática de 42 páginas al Reino Unido solicitando el inicio del proceso de extradición de Macías por el cargo de fraude específico, el cual, según el documento, podría alcanzar hasta 12 años de cárcel.
Detención y liberación
Pese a la solicitud de México, Karime Macías no fue detenida inicialmente. La razón, de acuerdo con autoridades que conocieron del caso, es que los británicos no tenían claro cuál era el supuesto rol en el esquema fraudulento denunciado en contra de Macías y, en consecuencia, cómo se había supuesto su involucramiento.
Animal Político publicó en noviembre de 2019 que el expediente enviado al país europeo solo incluía un señalamiento directo contra de la exprimera dama de Veracruz: una declaración del exdirector del DIF, José Antonio Nemi Dib. El resto de la evidencia eran los contratos a las empresas fachada, ninguno de ellos fue firmado por Macías.
Fue casi un año después de presentada la solicitud, el 20 de octubre de 2019, cuando agentes británicos detuvieron a Macías luego de que esta acudiera voluntariamente al Tribunal para ser notificada formalmente del procedimiento de extradición instaurado en su contra.
Una semana después de su detención Macías logró recuperar su libertad tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas (casi tres millones de pesos). Como requisito se le ordenó no salir del país, colocarse un localizador electrónico que sigue portando hasta ahora, y presentarse regularmente en el tribunal a firmar una hoja de control.
Dicha liberación está condicionada a la duración del proceso de extradición y la decisión que tomen las autoridades, pero hasta ahora esa resolución no ha llegado.
Autoridades federales que participan en el caso explicaron que acreditar presunta responsabilidad de Macías en los pagos regulares ha resultado complicada. Por ejemplo, los británicos solicitaron en su momento evidencia bancaria que acreditara que la ex primera dama recibió o de alguna forma manejo los recursos, situación que no fue posible solventar.
En cambio, se tuvieron que elaborar redes de vínculos que permitieran ejemplificar ante el tribunal la posible conexión del círculo cercano de la ex primera dama con el manejo ilegal de los recursos desviados desde el DIF. Para ello la Fiscalía General de Justicia de Veracruz requirió del apoyo de instancias federales como la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.
Las peticiones, según las mismas fuentes, fueron solventadas desde mediados del año pasado, sin embargo, las suspensiones de plazos y audiencias en las cortes inglesas también se han visto afectados por la pandemia sanitaria, lo que ha ocasionado un retraso en la resolución de la petición diplomática.
Acusación fue política: defensa
Por su parte, la defensa legal de Karime Macías ha pedido a las autoridades británicas que rechace la petición de extradición planteada por México, bajo el argumento de que el caso iniciado en contra de su clienta tuvo una motivación política y electoral y que no hay evidencia sólida que la sustente siquiera inicialmente.
Incluso, sus abogados promovieron desde hace dos años una petición a dicho gobierno europeo para que le conceda asilo político, y han expuesto como evidencia de la presunta persecución los videos que la Fiscalía de Veracruz grabó de Macías con una cámara escondida.
Además, desde 2019 promovieron un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión que se mantiene vigente. Aunque un juez rechazó en primera instancia conceder el beneficio, un tribunal federal atrajo la revisión del caso y analiza nuevas evidencias, entre ellas, un dictamen que acredita la supuesta tortura a la que fue sometido Nemi Dib para declarar en contra de Macías.
“Actualmente obran en el expediente de amparo suficientes pruebas que acreditan sin lugar a dudas que las personas que señalan a Karime como autora del delito, fueron torturados y amenazados para obtener su testimonio”, indicó la defensa en un posicionamiento entregado a Animal Político.
En ese contexto, los abogados indicaron que se encuentran a la espera no solo de la resolución en el Reino Unido sino de los recursos judiciales que se han promovido en México para tratar de que e caso sea desestimado.
“Las complicaciones que derivan de la pandemia, han habido retrasos en la determinación de los asuntos pendientes. Esto, aunado a varios recursos que como defensa hemos interpuesto, han aplazado la resolución de este juicio de amparo un poco más del tiempo normal de resolución”, señaló la defensa.
Dinero desaparecido e impunidad
Una investigación periodística publicada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que entre 2011 y 2016 el DIF de Veracruz -presidido por Karime Macías- entregó contratos a 33 empresas fantasma por un monto que supera los 415 millones de pesos.
Pero la acusación que la Fiscalía estatal presentó en 2018 en contra de Karime Macías solo abarcó una cuarta parte del monto defraudado.
En abril de 2020 la Fiscalía, ya con una nueva administración, amplió la acusación y obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 23 accionistas de las empresas fachada y exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, entre ellos el exoficial Mayor del DIF y a la postre tesorero de todo el estado, Tarek Abdalá Saad.
De acuerdo con denuncias a nivel federal y local, Abdalá es pieza clave en el desvío de recursos en toda la administración de Javier Duarte. No obstante, gracias a un criterio de oportunidad que la PGR le concedió sin pedirle ninguna reparación del daño, no se pudo proceder en su contra y hoy es prófugo de la justicia.
Hay exfuncionarios que sí han sido procesados como la exdirectora del DIF Astrid Mansur, o diversos exsecretarios de Finanzas de la entidad, pero todos se encuentran en libertad y con demandas de amparo que le s han permitido retrasar los procesos. Hasta ahora no hay sentencias dictadas y el destino del dinero es desconocido.
Karime Macías también fue indagada y denunciada por la UIF por presuntos hechos de corrupción y operaciones de lavado de dinero con recursos federales, pero hasta ahora la FGR no ha procedido en su contra.
