ASF detecta posibles desvíos por más 100 mdp en FGR, CAPUFE y PF
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ASF detecta posibles desvíos y malos manejos por más de 100 mdp en FGR, CAPUFE y Policía Federal

En las irregularidades están involucradas empresas de un corporativo señalado por acaparar contratos de alimentos en sexenios anteriores, así como la partida especial de gastos de seguridad nacional, de la que antes se han desviado millones de pesos.
Cuartoscuro
23 de febrero, 2021
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó malos manejos y posibles desvíos por más de cien millones de pesos en contratos y pagos realizados en el actual sexenio en Caminos y puentes Federales, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y en la Fiscalía General de la República (FGR).

En total, los auditores identificaron 23 casos de posible corrupción y fraude al erario en las referidas dependencias. Las anomalías van desde transferencias de recursos de partidas sin justificación alguna, hasta contratos firmados sin el sustento suficiente, e incluso la falta de pruebas de que los servicios se hubieran llevado a cabo. 

En el caso específico de CAPUFE, la ASF alertó que la cifra de irregularidades es tal que se puede concluir que dicha dependencia violó la ley de forma sistemática al ejercer los recursos, y que las anomalías no son la excepción sino la regla.

En la Secretaría de Seguridad, las anomalías se identificaron en contratos firmados y pagados con un grupo de empresas pertenecientes al denominado “Grupo Kosmos”, el cual ha sido evidenciado previamente por acaparar los contratos de alimentos desde hace varios años, e incluso ha sido sancionado por distribuir comida en mal estado dentro de centros penitenciarios.

Mientras que, en el caso de la FGR, aun con el cambio de sexenio y de administración persisten los malos manejos dentro de la partida especial destinada a los gastos de seguridad nacional, que en el sexenio pasado fue aprovechada para desviar mas de mil millones de pesos aprovechando los bajos controles que hay sobre ella.

A continuación, se detallan los principales hallazgos reportados por los auditores. En todos los casos, las dependencias implicadas aun cuentan con un lapso para aclarar las anomalías o regresar el dinero. De no hacerlo, la Auditoría procederá con la interposición de denuncias penales en contra de quien resulte responsable.

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CAPUFE: Un caos de malos manejos

Los resultados de la auditoria forense practicada por la ASF concluyen que a lo largo de 2019 imperaron la falta de controles, los malos manejos y arteras violaciones a la ley en la asignación de contratos desde Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Tan solo en una muestra revisada, los auditores identificaron el posible desvío de poco más de 83 millones de pesos como resultado de 16 procedimientos irregulares.

El abanico de anomalías identificado en el informe de resultados es amplio. La más grave es la falta de documentación que justifique y acredite el destino de decenas de millones de pesos. Pero a ello se suma la falta de supervisión de las empresas contratadas para cumplir a tiempo con los servicios, lo que en la mayoría de los casos no ocurrió, así como inconsistencias en los pagos revisados.

Los auditores también detectaron que CAPUFE pagó compromisos adquiridos en 2018 con recursos ejercidos en 2019 sin ninguna justificación para ello; emitió fallos y adjudicó contratos sin que se cumplieran los requisitos plasmados en las convocatorias; no verificó las pólizas de seguro de los proveedores; celebró contratos extemporáneos; en algunos casos argumentó causas de fuerza mayor para saltarse licitaciones; entre otros.

Incluso, CAPUFE convocó a procesos de adjudicación sin siquiera contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda.

De la muestra revisada, la anomalía más grave en cuanto a monto fue un contrato por más de 25 millones de pesos con las empresas Hola Innovación, S.A. de C.V. y Metro Net Hosting, S. de R.L. de C.V para el análisis de flujos de comunicación en 88 sitios. De dicho proceso, la ASF no encontró un solo documento que prueba la fecha, lugar y forma en que ese servicio supuestamente se realizó.

“Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada (…) se concluyó que CAPUFE no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, debido a que no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria el destino y ejercicio de recursos públicos federales por los importes observados”, indicó la ASF.

Policía Federal: Cierre sin broche de oro

El 2019 fue el último año de operaciones de la Policía Federal, tras ser sustituida por la Guardia Nacional. Como ocurrió en la mayor parte de su existencia, y aun pese al cambio de gobierno y adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los malos manejos e irregularidades en sus gastos persistieron aun con el cambio de gobierno.

El informe de resultados de la auditoria practicada sobre las erogaciones de dicha corporación identifica por lo menos cuatro posibles fraudes con recursos del erario, que derivaron en que hoy no se conozca el destino de más de doce millones de pesos.

Las anomalías identificadas por los auditores involucran, entre otras, a las empresas Kol Tov. S,A. de C.V. y Productos Seres S.A. de C.V., ambas pertenecientes al denominado Corporativo Kosmos, el cual fue señalado en investigaciones periodísticas de acaparar los contratos de alimentos en el servicio púbico desde hace varios años. Entre esos contratos están los de alimentos a distintos penales que, en su momento, le valieron sanciones a este corporativo debido a la repartición de comida en mal estado.

El 20 de marzo de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador había señalado que no se adjudicarían contratos a compañías con irregularidades como Corporativo Kosmos, sin embargo, lo reportado por la ASF ahora confirma que el dinero siguió fluyendo a dichas empresas.

Entre las nuevas anomalías detectadas destaca las relacionadas con un contrato por el servicio de hospedaje y alimentos con la empresa Kol Tov, por las cuales la Secretaría de Seguridad pagó mas de seis millones de pesos extra (de manera extraordinaria) sin que hubiera una justificación para ello. Esa misma situación se registró en otro contrato y por un monto de casi cinco millones y medio de pesos.

Los auditores también detectaron que en varios contratos las empresa Kol Tov y Surtipractic ofertaron precios unitarios más altos que los que pagó Policía Federal en otro procedimiento y, pese a ello, no se detectó la irregularidad y se pagaron los servicios.

Lee más: Gobierno de AMLO gastó de manera irregular más de 44 mil mdp en su primer año, detecta ASF

FGR: el mismo hoyo negro

En los últimos años la ASF ha identificado y denunciado graves irregularidades en el manejo de una partida especial del presupuesto destinada a gastos de “seguridad pública y nacional”. Por su naturaleza, son fondos que pueden asignarse con mayor flexibilidad que el de otras partidas del gobierno y, en ocasiones, en secreto. Pero esto ha dado pie a posibles hechos de corrupción.

Un ejemplo de ello fue el posible desvío de más mil millones de pesos que estaban destinados para la adquisición de equipo de espionaje en la entonces PGR en 2013 y 2014. Por ese caso ya se giró una orden de aprehensión en contra de quien fuera jefe de la Agencia de investigación Criminal, Tomas Zerón, actualmente prófugo.

Ahora, pese al cambio de sexenio y la evolución de la PGR en la Fiscalía General, los auditores han identificado nuevamente irregularidades relacionadas con el mismo fondo.

El informe de resultados de la auditoría practicada a los contratos firmados por la FGR en 2019 revela que en cinco procedimientos de adjudicación cubiertos con dinero de la partida de seguridad pública y nacional no hubo estudios de mercado que permitieran garantizar que los montos eran los adecuados.

De hecho, en tres de esos procedimientos la asignación de recursos a dicha partida se solicitó cuando el dinero ya había sido retirado y ejercido.

“Además, la FGR no verificó que las empresas adjudicadas de 4 contratos acreditaran que contaban con la capacidad técnica y de recursos humanos, lo cual, al tratarse de servicios que implican confidencialidad y secrecía, se debió asegurar de que el prestador del servicio contara con el personal propio para otorgar los servicios”, indicaron los auditores.

Al profundizar la revisión, la ASF también identificó 974 millones de pesos no ejercidos pero que tampoco se devolvieron. En algunos casos, como el de servicio de vigilancia en 25 instalaciones de la fiscalía, no hay documentos que prueben que dicho servicio se llevó a cabo en las condiciones pactadas. De hecho, no hay ni constancia de que hubiera existido.

Las anomalías detectadas permitieron a la ASF identificar que hay poco más de diez millones de pesos cuyo destino debe aclarecer la Fiscalía, o de lo contrario, se podría dar pie a la presentación de nuevas denuncias penales.

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¿Cuán factible (y conveniente) puede ser la compra privada de vacunas contra COVID-19?

Varios países han abierto la puerta para el acceso privado a las vacunas. Sin embargo, existen reparos sobre la conveniencia de un modelo de negocio particular a la hora de enfrentar una emergencia de salud pública como la del coronavirus.
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10 de mayo, 2021
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Vacunas con un dólar

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Varios países han intentado abrir sus legislaciones para permitir la venta de vacunas de forma privada.

La vacunación contra la covid-19 avanza a contrarreloj en el mundo, a cargo de gobiernos y entidades de salud pública: hasta el momento se han administrado más de 1.150 millones dosis a nivel mundial, según el monitoreo de la Universidad de Oxford.

Mientras países como Israel, Reino Unido y Estados Unidos han logrado ejecutar campañas de vacunación masiva que alcanzan a más de la mitad de su población (incluso con las dos dosis requeridas por la mayoría de las vacunas disponibles), otras naciones se encuentran rezagadas.

En ese escenario, y ante el aumento de contagios, países como Indonesia, India y Pakistán, entre otros, han optado por incorporar a privados a la compra de vacunas, pero controlados desde instancias gubernamentales.

Y en América Latina, impulsados por el desabastecimiento, Brasil, Colombia, Perú y México están abriendo puertas para que empresarios y gobiernos locales puedan adquirir las dosis que se necesitan.

Sin embargo, la opción de la compra privada es aún muy incipiente y genera reparos.

Distintos expertos en salud han expresado inquietudes, no sólo por las cuestiones comerciales asociadas a la compra de vacunas, sino también sobre la conveniencia de un modelo de negocio privado a la hora de enfrentar esta emergencia de salud pública de gran escala.

¿Ayuda o estorbo?

El principal objetivo de las vacunas es “salvar vidas, y ese objetivo es mejor financiado por fondos públicos”, afirma un documento que la OPS compartió con BBC Mundo.

“Los países se han alineado con el marco de valores y objetivos de la Organización Mundial de la Salud y consideran garantizar la vacunación sin ningún costo para la población“, señala.

El objetivo de la vacuna actualmente es su utilización como medida de salud pública. El primer objetivo es proteger a las personas que tienen un riesgo mayor de enfermarse gravemente de covid-19 o de morir por la enfermedad”, le dice a BBC Mundo Ana Elena Chévez, asesora regional en inmunizaciones del organismo.

vacunas rodeadas de Euros

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“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, y no solamente para los que puedan pagar”, señala la OPS.

“Por eso el uso de las vacunas por ‘pago de bolsillo’ puede ampliar las inequidades que desafortunadamente la pandemia ha subrayado tanto en la región”, agrega la asesora, en su análisis de América Latina.

Ante la escasez de vacunas, resulta problemático “pensar que un adulto mayor por no tener acceso a la vacuna no se pueda vacunar, y una persona joven y saludable que pague por ella pueda tener acceso”, compara Chévez.

Quienes rechazan la idea de “privatizar” la compra de vacunas señalan que la apertura de un mercado privado, en vez de ayudar a alcanzar las metas de vacunación completa en los países, generaría un efecto contrario: los particulares entrarían a competir con el Estado como proveedor, lo que podría incluso entorpecer la campaña de inmunización.

Los países de América Latina no tienen recursos ilimitados para, además de atender una emergencia de salud pública como lo es la pandemia en todos sus niveles, prestar recursos a los privados para que ellos puedan aplicar las vacunas que adquirieron”, le dijo a BBC Mundo Ángela Uyén, investigadora especialista en enfermedades infecciosas y asesora de Médicos Sin Fronteras.

“Los privados necesitan enfermeras para aplicar las vacunas, lugares para almacenarlas, centros de vacunación… y eso no va a venir de otro lugar que no sea el Estado, o en competencia con él”.

El médico cirujano mexicano Xavier Tello, añade un elemento técnico.

“Muchas de esas vacunas están aún en fase III de ensayos clínicos. Por esa razón técnica, sin hablar de la conveniencia de que exista o no, es que no hay todavía un mercado establecido como sí sucede con otros medicamentos aprobados para su venta al público”, añade Tello en diálogo con BBC Mundo.

Logística

Uyén señala que, en los países donde se han adelantado propuestas para la implementación de un mercado privado de vacunas, las empresas y los particulares ya tienen una alta participación en la prestación de los servicios regulares de salud.

Ella y otros especialistas coinciden en que tal vez la mejor manera en que los privados pueden ayudar a los procesos de inmunización es haciendo parte de la cadena logística.

Vacunas con signo de Copyright

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Varios expertos han señalado que la liberación de las patentes ayudaría aumentar la producción de vacunas alrededor del mundo.

“El mejor ejemplo de eso es Estados Unidos, donde todas las vacunas han sido provistas por el gobierno pero se ha contado con el apoyo de clínicas, farmacias y entidades particulares que han sido parte de la masiva campaña que han tenido”, señala Uyén.

Sin embargo, su intervención no debe cambiar el modelo ni las prioridades actuales, indican los especialistas.

“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, nunca debe ser solamente para los que puedan pagar”, dice Chévez.

Los ministerios de salud cuentan con el personal, la logística y la cadena de frío necesaria para implementar la vacunación universal. El sector privado podría contribuir de forma solidaria”, añade la representante de la OPS.

Demora en el programa Covax

El problema al que se enfrenta la mayor parte de países es el desabastecimiento global de dosis de vacunas contra el covid-19.

En América Latina son varios los gobiernos que han anunciado retrasos en los planes oficiales por falta de dosis, entre ellos, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, donde los suministros han alcanzado apenas para vacunar a entre 3% y 14% de sus poblaciones con al menos una dosis.

A lo que se suma la demora en las entregas por parte del programa Covax, que pretendía, mediante un plan solidario, garantizar el acceso a las vacunas de forma equitativa a todos los países, especialmente los de menores ingresos.

En América Latina, muchos gobiernos habían elaborado sus planes de vacunación contando con esas dosis.

Creo que el problema ha sido la adquisición desmesurada de algunos países, que ha impactado en algo tan importante como el plan Covax”, señala Ayén.

Vacunas en un podio.

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Hasta ahora los principales laboratorios que producen la vacuna se han negado a negociar con particulares.

Hasta el momento, Covax ha entregado cerca de 40 millones de dosis en 102 países. Y su objetivo es llegar a 2.000 millones de dosis a finales de este año.

“Que Covax no esté funcionando como se pensó que iba a funcionar no puede dar cabida a la entrada de un mercado privado”, anota la analista.

Iniciativas en la región

Con un cuadro crítico por los casos de covid-19 en Colombia -cerca de 17.000 nuevos contagios y 400 muertos diarios-, el gobierno del presidente Iván Duque decidió abrir a privados la adquisición de las vacunas el pasado 21 de abril.

Los anuncios ocurrieron antes de las masivas protestas que han sacudido al país en los últimos días y que han dejado al menos 19 personas muertas.

“Solo se podrán adquirir vacunas que tengan la autorización por parte del Invima (Instituto de Vigilancia de Medicamentos del país) para uso de emergencia”, aseguró el mandatario.

Aunque el decreto permite la importación de las vacunas, no permite su venta.

“Solo podrán ser adquiridas (por privados) para su aplicación gratuita a grupos poblacionales previamente definidos y aprobados por el Ministerio de Salud”, señala el decreto.

De acuerdo con el gobierno colombiano, la idea es permitir que las empresas puedan facilitar la vacunación de sus empleados de una forma más directa.

Actualmente en Colombia se están aplicando las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac.

Ya se conoció públicamente que las farmacéuticas Pfizer y Sinovac han rechazado hacer negocios con privados allí, mientras que no han trascendido detalles de negociaciones con los otros tres laboratorios.

Covax

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Lo cierto es que el programa Covax no ha cumplido con todos los objetivos que se había propuesto para la entrega de dosis.

Las trabas que se ven en Colombia ya se han registrado antes en otros países: aunque la normativa permita la importación de vacunas, los privados no consiguen alcanzar acuerdos con las farmacéuticas.

A principio de año, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó a un conglomerado de clínicas privadas llamado ACBVAC a buscar de forma particular vacunas para luchar contra el incesante aumento de casos en el gigante sudamericano.

Sin embargo, las farmacéuticas productoras de vacunas insistieron en que solo negociaban con gobiernos.

“Creo que en el futuro va a existir un mercado privado, sin duda, pero ahora no están dadas las condiciones para que algo así ocurra”, señala Tello.

Al caso de Brasil y Colombia se suma Perú, que esta semana aprobó una legislación que habilita la adquisición de vacunas por parte de privados y gobiernos regionales.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se mostró abierto a la posibilidad, aunque no existe al momento una decisión oficial en este sentido, y lo mismo ocurre en otros países como Ecuador y Argentina (donde se planteó la posibilidad en el Congreso).

Vacunas

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Analistas señalan que los gobiernos son los encargados de garantizar el éxito de los planes masivos de vacunación.

“Si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna”, apuntó López Obrador y dejó abierto el juego para que el cuestionado mercado privado sea una realidad en su país.

Los analistas no descartan que en el futuro, una vez las vacunas hayan terminado la fase III de investigación y la situación de la pandemia haya mejorado ostensiblemente, que pueda existir una venta a particulares de la vacuna de covid-19.

Pero ahora, están de acuerdo, la prioridad debe ser la salud pública.


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