ASF detecta posibles desvíos por más 100 mdp en FGR, CAPUFE y PF
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ASF detecta posibles desvíos y malos manejos por más de 100 mdp en FGR, CAPUFE y Policía Federal

En las irregularidades están involucradas empresas de un corporativo señalado por acaparar contratos de alimentos en sexenios anteriores, así como la partida especial de gastos de seguridad nacional, de la que antes se han desviado millones de pesos.
Cuartoscuro
23 de febrero, 2021
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó malos manejos y posibles desvíos por más de cien millones de pesos en contratos y pagos realizados en el actual sexenio en Caminos y puentes Federales, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y en la Fiscalía General de la República (FGR).

En total, los auditores identificaron 23 casos de posible corrupción y fraude al erario en las referidas dependencias. Las anomalías van desde transferencias de recursos de partidas sin justificación alguna, hasta contratos firmados sin el sustento suficiente, e incluso la falta de pruebas de que los servicios se hubieran llevado a cabo. 

En el caso específico de CAPUFE, la ASF alertó que la cifra de irregularidades es tal que se puede concluir que dicha dependencia violó la ley de forma sistemática al ejercer los recursos, y que las anomalías no son la excepción sino la regla.

En la Secretaría de Seguridad, las anomalías se identificaron en contratos firmados y pagados con un grupo de empresas pertenecientes al denominado “Grupo Kosmos”, el cual ha sido evidenciado previamente por acaparar los contratos de alimentos desde hace varios años, e incluso ha sido sancionado por distribuir comida en mal estado dentro de centros penitenciarios.

Mientras que, en el caso de la FGR, aun con el cambio de sexenio y de administración persisten los malos manejos dentro de la partida especial destinada a los gastos de seguridad nacional, que en el sexenio pasado fue aprovechada para desviar mas de mil millones de pesos aprovechando los bajos controles que hay sobre ella.

A continuación, se detallan los principales hallazgos reportados por los auditores. En todos los casos, las dependencias implicadas aun cuentan con un lapso para aclarar las anomalías o regresar el dinero. De no hacerlo, la Auditoría procederá con la interposición de denuncias penales en contra de quien resulte responsable.

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CAPUFE: Un caos de malos manejos

Los resultados de la auditoria forense practicada por la ASF concluyen que a lo largo de 2019 imperaron la falta de controles, los malos manejos y arteras violaciones a la ley en la asignación de contratos desde Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Tan solo en una muestra revisada, los auditores identificaron el posible desvío de poco más de 83 millones de pesos como resultado de 16 procedimientos irregulares.

El abanico de anomalías identificado en el informe de resultados es amplio. La más grave es la falta de documentación que justifique y acredite el destino de decenas de millones de pesos. Pero a ello se suma la falta de supervisión de las empresas contratadas para cumplir a tiempo con los servicios, lo que en la mayoría de los casos no ocurrió, así como inconsistencias en los pagos revisados.

Los auditores también detectaron que CAPUFE pagó compromisos adquiridos en 2018 con recursos ejercidos en 2019 sin ninguna justificación para ello; emitió fallos y adjudicó contratos sin que se cumplieran los requisitos plasmados en las convocatorias; no verificó las pólizas de seguro de los proveedores; celebró contratos extemporáneos; en algunos casos argumentó causas de fuerza mayor para saltarse licitaciones; entre otros.

Incluso, CAPUFE convocó a procesos de adjudicación sin siquiera contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda.

De la muestra revisada, la anomalía más grave en cuanto a monto fue un contrato por más de 25 millones de pesos con las empresas Hola Innovación, S.A. de C.V. y Metro Net Hosting, S. de R.L. de C.V para el análisis de flujos de comunicación en 88 sitios. De dicho proceso, la ASF no encontró un solo documento que prueba la fecha, lugar y forma en que ese servicio supuestamente se realizó.

“Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada (…) se concluyó que CAPUFE no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, debido a que no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria el destino y ejercicio de recursos públicos federales por los importes observados”, indicó la ASF.

Policía Federal: Cierre sin broche de oro

El 2019 fue el último año de operaciones de la Policía Federal, tras ser sustituida por la Guardia Nacional. Como ocurrió en la mayor parte de su existencia, y aun pese al cambio de gobierno y adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los malos manejos e irregularidades en sus gastos persistieron aun con el cambio de gobierno.

El informe de resultados de la auditoria practicada sobre las erogaciones de dicha corporación identifica por lo menos cuatro posibles fraudes con recursos del erario, que derivaron en que hoy no se conozca el destino de más de doce millones de pesos.

Las anomalías identificadas por los auditores involucran, entre otras, a las empresas Kol Tov. S,A. de C.V. y Productos Seres S.A. de C.V., ambas pertenecientes al denominado Corporativo Kosmos, el cual fue señalado en investigaciones periodísticas de acaparar los contratos de alimentos en el servicio púbico desde hace varios años. Entre esos contratos están los de alimentos a distintos penales que, en su momento, le valieron sanciones a este corporativo debido a la repartición de comida en mal estado.

El 20 de marzo de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador había señalado que no se adjudicarían contratos a compañías con irregularidades como Corporativo Kosmos, sin embargo, lo reportado por la ASF ahora confirma que el dinero siguió fluyendo a dichas empresas.

Entre las nuevas anomalías detectadas destaca las relacionadas con un contrato por el servicio de hospedaje y alimentos con la empresa Kol Tov, por las cuales la Secretaría de Seguridad pagó mas de seis millones de pesos extra (de manera extraordinaria) sin que hubiera una justificación para ello. Esa misma situación se registró en otro contrato y por un monto de casi cinco millones y medio de pesos.

Los auditores también detectaron que en varios contratos las empresa Kol Tov y Surtipractic ofertaron precios unitarios más altos que los que pagó Policía Federal en otro procedimiento y, pese a ello, no se detectó la irregularidad y se pagaron los servicios.

Lee más: Gobierno de AMLO gastó de manera irregular más de 44 mil mdp en su primer año, detecta ASF

FGR: el mismo hoyo negro

En los últimos años la ASF ha identificado y denunciado graves irregularidades en el manejo de una partida especial del presupuesto destinada a gastos de “seguridad pública y nacional”. Por su naturaleza, son fondos que pueden asignarse con mayor flexibilidad que el de otras partidas del gobierno y, en ocasiones, en secreto. Pero esto ha dado pie a posibles hechos de corrupción.

Un ejemplo de ello fue el posible desvío de más mil millones de pesos que estaban destinados para la adquisición de equipo de espionaje en la entonces PGR en 2013 y 2014. Por ese caso ya se giró una orden de aprehensión en contra de quien fuera jefe de la Agencia de investigación Criminal, Tomas Zerón, actualmente prófugo.

Ahora, pese al cambio de sexenio y la evolución de la PGR en la Fiscalía General, los auditores han identificado nuevamente irregularidades relacionadas con el mismo fondo.

El informe de resultados de la auditoría practicada a los contratos firmados por la FGR en 2019 revela que en cinco procedimientos de adjudicación cubiertos con dinero de la partida de seguridad pública y nacional no hubo estudios de mercado que permitieran garantizar que los montos eran los adecuados.

De hecho, en tres de esos procedimientos la asignación de recursos a dicha partida se solicitó cuando el dinero ya había sido retirado y ejercido.

“Además, la FGR no verificó que las empresas adjudicadas de 4 contratos acreditaran que contaban con la capacidad técnica y de recursos humanos, lo cual, al tratarse de servicios que implican confidencialidad y secrecía, se debió asegurar de que el prestador del servicio contara con el personal propio para otorgar los servicios”, indicaron los auditores.

Al profundizar la revisión, la ASF también identificó 974 millones de pesos no ejercidos pero que tampoco se devolvieron. En algunos casos, como el de servicio de vigilancia en 25 instalaciones de la fiscalía, no hay documentos que prueben que dicho servicio se llevó a cabo en las condiciones pactadas. De hecho, no hay ni constancia de que hubiera existido.

Las anomalías detectadas permitieron a la ASF identificar que hay poco más de diez millones de pesos cuyo destino debe aclarecer la Fiscalía, o de lo contrario, se podría dar pie a la presentación de nuevas denuncias penales.

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Código de las Familias: el referendo para legalizar el matrimonio igualitario en Cuba

En lo que es solo el tercer referendo en la historia del país desde la Revolución del 59, los cubanos decidirán si aprueban o no el matrimonio igualitario, en un país que hace décadas mandó a los homosexuales a campos de trabajos forzados.
25 de septiembre, 2022
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Los cubanos no votan para elegir a su presidente pero sí podrán hacerlo este domingo para aprobar, o rechazar, el marco legal que regirá sus relaciones familiares.

“¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?” es la pregunta única que se formulará a los electores, con “sí” y “no” como opciones de respuesta en este inusual referendo, el tercero en la historia reciente del país tras los que ratificaron las constituciones de 1976 y 2019.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que busca reemplazar una normativa de 1975.

El plebiscito llega en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Hombre en Cuba junto a un cartel favorable al código de las familias.

Getty Images
La cada vez más difícil lucha diaria por la supervivencia en Cuba ha hecho que, para gran parte de la población, el referendo sobre las familias sea un asunto secundario.

Los principales cambios

El nuevo Código de las Familias se sometió a una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6,5 millones de cubanos, según el gobierno..

Además del llamado “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños o la “gestación solidaria” -subrogada sin fines de lucro-, el código contempla otros cambios en las interacciones familiares.

Por ejemplo, abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

También permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

El “sí” contra el “no” al código

El gobierno ha emprendido una amplia campaña en favor del “sí” en la televisión, la radio y los diarios (en Cuba los medios son propiedad del Estado), en las redes sociales con los hashtags #YoVotoSi y #CodigoSi, en la calle con abundantes carteles e incluso en los centros educativos mediante sesiones especiales sobre el nuevo Código.

Todas las instituciones cubanas, desde el Consejo Electoral Nacional hasta el Tribunal Supremo, han secundado la campaña del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por la influyente Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro.

Mariela Castro

Getty Images
Mariela Castro es desde hace años la adalid de la causa de la comunidad LGBT en el Estado cubano.

“El Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales”, declaró Mariela Castro esta semana a la agencia Efe.

Gran parte de la comunidad LGBT en Cuba también apoya el “sí” en la votación del domingo.

“Que por fin en Cuba se reconozca legalmente la legitimidad del amor, las uniones y las vidas de miles de personas homosexuales es un motivo de celebración, y reivindica toda mi existencia y la de las personas de mi comunidad”, explicó a BBC Mundo el actor y prominente activista cubano Daniel Triana, de 25 años.

El activista Daniel Triana (izquierda) con otros miembros de la comunidad LGBT.

Daniel Triana
Daniel Triana (izquierda) con otros activistas y miembros de la comunidad LGBT.

Como en Cuba el Estado acapara la esfera pública, no existe una campaña articulada por el “no” en los medios de comunicación ni en la calle.

Quienes se oponen a la aprobación del nuevo Código de las Familias lo hacen sobre todo con mensajes en las redes y esgrimen diversos motivos, por lo general religiosos o políticos.

“No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ‘ideología de género’, que sustenta muchas de las propuestas”, expuso la Conferencia Episcopal de Cuba en un comunicado en su página web.

Los obispos critican especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas y la gestación subrogada, que consideran contrarios a los valores y la fe católicos.

En el comunicado expresan, sin embargo, su apoyo a otros puntos de la propuesta relacionados con la violencia doméstica y la protección de los derechos de ancianos y menores.

Mientras, en Twitter quienes se oponen al Código de las Familias han expresado su rechazo con los hashtag #YoVotoNo y #CodigoNO.

https://twitter.com/ArquiSpaces/status/1572802545457795073

“Nuestras familias también necesitan alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, viviendas, mejor calidad de vida, mejores hospitales y escuelas, y no veo por ningún lado una campaña para eso. Por eso #YoVotoNo”, publicó otro internauta.

Muchos opositores también han planteado dudas sobre la limpieza del referendo, que según las autoridades está garantizada, aunque no habrá supervisión de organismos internacionales.

Confrontación política

Como casi todo tema de actualidad en Cuba, el plebiscito ha adquirido fuertes connotaciones políticas.

Las autoridades cubanas han vinculado la campaña del “sí” con la defensa del modelo político vigente desde 1959 y cada vez más cuestionado dentro del país a medida que aumenta el descontento social por la nefasta situación económica.

Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila

Invasor
Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila.

“Apoyar el Código de las Familias es apoyar el proyecto de país”, titulaba un artículo con una entrevista a Mariela Castro el pasado mayo en el diario estatal Granma.

Para el activista Daniel Triana “esto es asqueante, ya que el gobierno podría haber aprobado el matrimonio igualitario de un plumazo en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), donde todo se vota por unanimidad”.

“Quienes disentimos del régimen y que apoyamos el código estamos en una posición ética y política bien delicada“, asegura.

Manifestación LGBT Cuba 2019

Getty Images
En Cuba los gays, lesbianas y trans pueden manifestarse, pero solo bajo la tutela y organización del Estado: cuando en 2019 activistas LGBT celebraron una marcha por su cuenta en La Habana, agentes vestidos de civiles agredieron y arrestaron a varios manifestantes. Las autoridades les acusaron de ser “contrarrevolucionarios” al servicio de EE.UU., el señalamiento más frecuente para quienes se desmarcan del sistema establecido.

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de disidentes en Cuba han expresado en las redes sociales su intención de votar “no” o abstenerse como forma de castigo al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Otros dentro y fuera del país han aprovechado la ocasión para denunciar la falta de libertades políticas en Cuba, gobernada por el Partido Comunista como órgano único y supremo de poder en el Estado.

“Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?”, escribió el artista Yotuel Romero, excantante del grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, convertida en himno de la disidencia cubana.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explica el historiador cubano Abel Sierra Madero.

Mientras, algunos activistas LGBT en la isla lamentan que el reciente lavado de cara del Estado cubano, culminado en el Código de Familias, tienda un velo sobre este oscuro pasado.

“Cuba fue hasta hace poco un estado homotransfóbico. Fidel Castro y el Ché Guevara eran homotránsfobos confesados. De pronto con este código pretenden obviar todo esto sin una sola mención a ese historial funesto. No han pedido disculpas y simplemente lo han tratado de empujar como una ley natural que se desprende de la coherencia histórica de la revolución cubana. Eso no solo es falso sino que es muy cínico y macabro”, denuncia el activista Daniel Triana.


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