La noche del 9 de octubre de 2013, Laura Ramírez, una profesora de primaria de 50 años, murió atropellada por un coche en la avenida Dr. Vértiz, cerca del centro de la Ciudad de México. El automovilista escapó de la escena del crimen. Las autoridades se pusieron en contacto con la única familiar cercana de Ramírez: su hija Verónica, que en aquel momento era una estudiante de 22 años. Verónica llegó a eso de las diez de la noche, en compañía de un tío y algunas amigas.

No tenía idea de cómo funcionaba el proceso; por ejemplo, no sabía que tenía derecho a un abogado. A pesar del shock y del dolor, Verónica tuvo la templanza de advertir que había cámaras de seguridad en la intersección donde había muerto su madre. En Ciudad de México existe un gigantesco sistema de vigilancia urbana, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido por la sigla C5. Enseguida les preguntó por las cámaras a las autoridades. “Hay por lo menos cuatro en el recorrido que hizo el coche”, hace memoria. Un funcionario le respondió que, dada la gravedad del delito, las imágenes se guardarían automáticamente. Verónica insistió: ¿tenía que hacer algo para conseguir los videos? El funcionario le aseguró que, siguiendo el protocolo oficial, la policía solicitaría las pruebas y las adjuntaría al expediente del caso.

Mientras esperaba fuera de la oficina entre entrevistas, se le acercó un hombre que se presentó como asesor legal de la fiscalía y le preguntó si podían hablar en privado. A Verónica le extrañó la petición, pero sus amigas la instaron a aceptar, y acompañó al hombre a una oficina privada. Le pidió que le repitiera su relato del incidente, y tomó nota en papel borrador con un marcador color café. “Tienes que hacer dos cosas”, le dijo. “Vas a necesitar los videos y vas a tener que llevarlos al anfiteatro. Por esas dos cosas te voy a cobrar 4,000 pesos”. La solicitud tomó por sorpresa a Verónica. Trató de discutir pero el hombre le dio un ultimátum: le dijo que las grabaciones se borraban una vez por semana y que era muy fácil que desaparecieran. “O me das el dinero o se pierden”.

Al principio, Verónica se negó a pagar la mordida. Ni siquiera tenía dinero para enterrar a su madre. Pero los amigos que la habían acompañado al Ministerio Público lograron reunir 2,500 pesos de los 4,000 que pidió el supuesto asesor. Tenían la esperanza de que el soborno al menos les permitiría conseguir las imágenes de vigilancia y resolver el caso.

Verónica se enteró de que los funcionarios no habían hecho el papeleo necesario. En vez de solicitar las cinco grabaciones relevantes, habían pedido solo dos. “Como no les pagué la cantidad que me pedían, es como si solo me hubiera alcanzado para eso”. Y, puesto que un ciudadano común y corriente no puede solicitar un video, se quedó sin alternativas. Dos años después, cerraron el caso por falta de avances, clasificado como “irresuelto” e “irresoluble”. En vez de ayudar a encontrar a los asesinos de su madre, Verónica lamenta que “esa tecnología, que debería ser un instrumento para hacer justicia, se volvió una moneda de extorsión”.

El sistema funciona por una red de fibra óptica y canaliza la información a salas de control y unidades de respuesta móvil conectadas a call centers de emergencias y líneas de denuncia para personas desaparecidas. La ciudad ha gastado un total de 13,000 millones de pesos en infraestructura y software. En 2019 se le destinaron otros mil millones al sistema para reemplazar y actualizar las cámaras.

Se suponía que el C5 venía a cumplir una promesa de excelencia mundial. A cambio de una vigilancia casi constante, los residentes disfrutarían de una ciudad más limpia, segura e informatizada, un destino tanto turístico como de inversiones. Pero la promesa no se cumplió.

En los últimos años, algunos casos de gran revuelo se han resuelto gracias al sistema C5. Pero es muchísimo más común, y hasta un cliché, que la policía les diga a las víctimas que las cámaras estaban fuera de servicio cuando ocurrió el delito, o, como le ocurrió a Verónica, que las imágenes ya no se encuentran disponibles.

Según un informe de las organizaciones Data Cívica y R3D, aproximadamente el 60% de los delitos de la ciudad se producen a 200 metros de una cámara del C5, pero la policía utiliza las imágenes en menos del 1% de las investigaciones. Y no se debe a inconvenientes técnicos: según el gobierno, aproximadamente 14,000 de los 15,000 módulos funcionan en todo momento. Tampoco es cuestión de capacidad de almacenamiento: la mayoría de las cámaras se borran automáticamente cada siete días y el protocolo oficial exige que todos los videos asociados a un delito se guarden una vez realizada la denuncia.

El C5 es una herramienta poderosa. Pero como cualquier herramienta, su poder depende de la persona que la use. Si bien puede ayudar a resolver casos, también pueden usarla la policía y los fiscales para cometer otros delitos. En el caso de Verónica, las imágenes del C5 se volvieron un vehículo de extorsión. También se sabe que, en otros casos, la policía filtró fotos y videos confidenciales a la prensa sensacionalista. “Si los videos benefician a la policía o a los fiscales, los filtran a los medios”, dice Alejandro Jiménez, abogado defensor que levantó la voz en los tribunales contra las limitaciones del sistema. “Si los videos la dejan mal parada, la policía los hace desaparecer”.  A estas acusaciones, los agentes suelen repetir siempre lo mismo: Las cámaras no funcionaban. La grabación se perdió. El incidente nunca ocurrió.

Y cuando la propia policía comete delitos, la impunidad está garantizada.

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A altas horas de la noche de un jueves de febrero de 2017, Carlos —no es su nombre verdadero— salió tambaleándose de un bar de tapas de la Condesa. Mientras esperaba un taxi, se le acercaron dos policías que empezaron a regañarlo. “Me dijeron que estaba muy borracho, que estaba causando disturbios en la vía pública”, recuerda. Los agentes lo sujetaron, uno de ellos por la espalda, y trataron de meterlo a una patrulla. Sintió un golpe en la cara. Después de eso, no recuerda nada.

Todavía estaba oscuro cuando Carlos se despertó tendido en el asfalto de una calle residencial. Le dolían las piernas, tenía la cara magullada y la chamarra de cuero manchada de sangre. Al incorporarse, se dio cuenta de que estaba en la colonia Nápoles, a varios kilómetros del bar donde había estado la noche anterior. De haber seguido el camino más directo entre el bar y el lugar donde se había despertado, Carlos y los oficiales tendrían que haber pasado por bastantes cámaras del C5.

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Al día siguiente, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le tomaron testimonio unos agentes de Asuntos Internos. Después de declarar, Carlos siguió conversando con uno de ellos, quien ofreció mostrarle imágenes de la noche anterior. El agente encontró videos de la patrulla en cuestión y abrió un rastreador GPS que reveló parte del recorrido que había hecho esa noche. “Sí, fue más o menos por aquí”, señaló.

La solución parecía sencilla: bastaba con identificar a los policías del turno. Gracias al C5, tenían todas las pruebas que necesitaban pero el agente no parecía dispuesto a continuar la investigación. “Me dejó claro que tenía miedo”, dijo Carlos. También era consciente de que a sus agresores les sería sencillo cobrarse venganza si presionaba demasiado o trataba de hacer otra denuncia. Frustrado, Carlos preguntó por qué los policías pensaban que podían delinquir impunemente, en especial sabiendo que iba a quedar registro de sus actos. El agente evitó responder. “Esas policías andan por ahí”, le respondió. “No los podemos controlar”.

Esta cultura de impunidad policial es uno de los grandes motivos por los que México es considerado uno de los países más corruptos del mundo. Una quinta parte de la población de la Ciudad de México afirma haber sido víctima de actos de corrupción, el mayor porcentaje del país. Sin embargo, las cifras son aún más flagrantes para el caso de la policía. En 2017, México tuvo más casos de corrupción policial que policías: 1.6 casos por cada oficial. Según el INEGI, sólo el 1% de las denuncias resultaron en condena.

Activistas, diplomáticos extranjeros, políticos y otros integrantes de la sociedad civil suelen señalar la corrupción como uno de los retos más graves que enfrenta el país. Así como en el caso de Verónica, los oficiales del poder judicial intentan con frecuencia extorsionar a las víctimas que denuncian delitos. Y como pudo experimentar Carlos, la policía no suele seguir líneas de investigación que puedan incriminar a sus colegas. Lo cual suscita otros interrogantes: si todo el mundo sabe que la policía es corrupta, ¿por qué el gobierno local gasta miles de millones de pesos para incrementar su capacidad de vigilancia? ¿Por qué los funcionarios y empresarios de Ciudad de México, en busca de mayor seguridad para la capital, dicen que la solución son más cámaras?

El gobierno hace años que promociona el C5, en permanente expansión, como parte de su estrategia para combatir el crimen. ¿Pero el C5 realmente será capaz alguna vez de resolver la crisis de violencia que vive la ciudad? ¿Y los dirigentes en verdad esperan que así sea?

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Desde comienzos de siglo, la Ciudad de México se ha transformado. La capital buscó sacudirse la reputación de crimen e inseguridad que la había lastrado durante décadas a fin de atraer turistas y capitales extranjeros. David Ramírez, analista de México Evalúa, afirma que la transición de México a la actual estrategia de seguridad comenzó a finales de la década de los noventa, cuando los funcionarios implementaron un modelo de vigilancia policial por comunidad. La idea era dividir la ciudad en sectores y asignarle a cada uno agentes policiales dedicados para facilitar las relaciones entre policía, comerciantes y residentes. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo de Jefe de gobierno de la Ciudad de México a principios de la década de 2000, impulsó aún más estas iniciativas. López Obrador implementó un programa para revitalizar el Centro Histórico y contrató al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, para aconsejarle.

“Una de las promesas que [López Obrador] les hizo a los comerciantes fue mayor seguridad”, dice Ramírez. “Empezaron a instalar cámaras, botones de emergencia y de alarma”. Una de las recomendaciones de Giuliani fue adoptar una versión de la doctrina policial de “ventanas rotas”, que promueve tolerancia cero a delitos menores como pintar graffiti y orinar en la vía pública. A la vez, Carlos Slim empezó a invertir con fuerza en el Centro Histórico; ayudó a pagar el contrato con la consultora de Giuliani, compró numerosos edificios antiguos de la zona, y creó la Fundación Centro Histórico, que financió iniciativas de restauración.

El magnate desempeñó un papel crucial en la transformación de la zona. En 2009, en la mitad del sexenio de Marcelo Ebrard como Jefe de gobierno, la capital lanzó el programa Ciudad Segura, que instaló la infraestructura del C5. Telmex, junto con la empresa francesa de telecomunicaciones Thales, ganó la licitación para instalar 8,000 cámaras, con un costo de 5,000 millones de pesos. Ese programa comenzó en el Centro Histórico, donde casi cada manzana ostenta algún símbolo del imperio de Slim.

El C5 complementó la estrategia de ventanas rotas. Las cámaras han sido particularmente útiles para identificar infracciones administrativas contra personas que pintan graffiti, tiran basura y que beben alcohol en la vía pública. Aunque las estadísticas sobre el delito en la Ciudad de México son escasas, Leonel Hernández, del Observatorio Nacional Ciudadano, nota que el Centro experimentó una disminución de ciertos delitos menores: por ejemplo, bajó la tasa de robos en la Alameda, que antes estaba mal iluminada.

El número de extranjeros que llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México pasó de menos de dos millones en 2009 a casi cinco en 2019. Pero el incremento del turismo —y de la vigilancia— no ha ido de la mano de una reducción de todos los delitos. Como señala la empresaria turística Rocío Vázquez, los turistas extranjeros ahora consideran a la Ciudad de México como un destino seguro para sus vacaciones. Vázquez, que tiene una empresa de tours gastronómicos, percibe la ironía: “Creo que la ciudad se está volviendo más peligrosa, aunque la experiencia de los turistas sea más segura”. De hecho, desde que se implementó el C5, aumentaron los crímenes violentos en la Ciudad de México, al igual que en el resto del país.

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Para Juan Manuel García Ortegón, el sistema es simplemente una herramienta con enorme potencial para mejorar la gobernabilidad de la ciudad más grande de América del Norte. Ingeniero de formación, García Ortegón es un hombre delgado y fibroso de cuarenta y tantos años que dirige el C5 desde 2018. Me entrevisté con él una tarde húmeda de septiembre en la sede del C5, un complejo al oriente de la ciudad con gruesas paredes grises que rodean una manzana casi completa. Inaugurado por Ebrard en 2011, es un lugar agradable y pulcro, con amplios y jardines de buen aspecto, así como una elegante arquitectura. Cuando entré al edificio principal, una cámara que me apuntaba desde la puerta me tomó la temperatura y registró si tenía puesta una mascarilla. (Durante la pandemia, el C5 se ha utilizado para vigilar el uso de mascarillas en toda la ciudad).

García Ortegón me recibió en un salón de conferencias muy luminoso con unos grandes ventanales convexos. El centro de comando de la planta baja se abría ante nosotros, catorce escritorios de ancho por doce de largo. En cada cubículo, un agente policial observaba tres o cuatro pantallas de distintos tamaños. En la pared del fondo, parecida a un centro de control de la NASA, una pantalla gigante mostraba un mapa de México y una cuadrícula con más de 20 cámaras transmitiendo desde distintos lugares de la ciudad. Era casi hora pico y la pantalla transmitía imágenes en vivo de todas las avenidas principales, junto a otras más pequeñas, esquinas y estaciones del metro. Dado que es imposible estar pendiente de todas las cámaras todo el tiempo, a los agentes les piden que estén atentos a los patrones de conducta. Por ejemplo, puesto que la gente suele sacar dinero por las mañanas, es entonces que los agentes del C5 le prestan especial atención a las cámaras de los cajeros automáticos.

Vigilar los acontecimientos a medida que se van desarrollando es un arte en sí mismo. García Ortegón elogió los talentos de controladores capaces de detectar personajes sospechosos y seguirlos de una cámara a otra. Con una carcajada, señaló que algunos empleados desarrollaron un instinto admirable para identificar a potenciales ladrones. Por supuesto, aunque un agente en efecto prediga un robo, no puede evitarlo en tiempo real pero sí pueden asegurarse de que haya una rápida respuesta policial. García Ortegón me contó con orgullo que casi el 70% de los delitos registrados por las cámaras de vigilancia acaban en detención, comparado con el 15% de los delitos denunciados de manera tradicional.

Además de supervisar las cámaras de video, los operadores reciben datos de otras seis fuentes, incluyendo llamadas al 911, botones de emergencia, agentes en la calle, las app de seguridad de la ciudad y las cuentas de redes sociales. (En estas últimas, se observan denuncias sobre alumbrado público, entradas de cocheras obstruidas, fugas de agua y quejas por personas que orinan en público). Para García Ortegón, lo más importante de un centro de comando no son los aparatos técnicos sino los protocolos que determinan cómo se los utiliza. “Siempre que piensa uno en los centros de comando lo primero que vienen a la mente son las cámara,” dice, “pero el valor que verdaderamente debe tener un centro de comando es que permita que la atención del incidente sea integral y unificada.”

En un sistema que funciona perfectamente, la persona que recibe la llamada no tiene que tomar ninguna decisión y no pasa más de un minuto y medio recabando información: el nombre de la persona, el incidente y el lugar. Después elige de un menú de más de 300 opciones preprogramadas, siguiendo indicaciones automáticas antes de alertar a los operadores de lo que esté ocurriendo. El día que visité a García Ortegón, acababa de reunirse con el servicio de respuesta de desastres de la ciudad para actualizar el protocolo de lluvias. “Para eso tenemos veinte subclasificaciones: ‘árbol caído’, ‘cable caído’, ‘inundación’, etc.”, dice. “Si hay un accidente en Álvaro Obregón y la subcategoría es ‘choque con heridos’, se informa al operador de la Cruz Roja, así como al C5 y al C2”.

García Ortegón considera que el C5 es una poderosísima herramienta para recabar información, capaz de coordinar datos de cualquier tipo. Los operadores pueden buscar embotellamientos y accidentes y luego enviar vehículos de respuesta. Durante la época de lluvias, pueden controlar zonas inundables y despachar servicios de emergencia. García Ortegón se entusiasma al explicarme las posibilidades del sistema. Tiene una pasión ingenieril por los detalles técnicos innovadores y explica todo con minuciosidad enciclopédica. Su plan de progreso cívico por medio de la innovación tecnológica cuenta con el apoyo de aliados poderosos. Desde que asumió en 2019 la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum manifestó el compromiso de la ciudad con la asistencia tecnológica a la toma de decisiones. García Ortegón es optimista respecto de los potenciales logros del C5 en los cuatro años que le quedan en el cargo. “[Queremos] transitar de un centro de comando de seguridad pública, a un auténtico centro de operación”, dice.

En cuanto a la capacidad del sistema de combatir el crimen, García Ortegón reconoce que el proceso está lleno de obstáculos y que registrar incidentes en video es apenas el comienzo. Incluso si las cámaras funcionan perfectamente, una investigación en potencia puede fracasar de muchas maneras. Los asesinatos o agresiones pueden quedar registrados en video, pero muchas veces no se hace la denuncia. O, si hay denuncia, tal vez no se la investigue. O se la investigue pero no se la resuelva. Aunque los operadores pueden solicitar hacer denuncias, García Ortegón reconoce que va a llevar mucho tiempo garantizar que los delitos registrados en video se incorporen al expediente de una investigación. Pero para que el C5 funcione como se espera, no se puede perder la información.

García Ortegón admite que las cámaras producen una sensación de seguridad que excede su verdadero impacto: un equívoco que se refleja en las encuestas. “siempre que hay votación de presupuesto participativo”, explica, “ hay dos proyectos que siempre ganan por default: el que pongan cámaras [de seguridad] y gimnasios al aire libre”. Como mínimo, los residentes de la ciudad sienten que la mirada omnipresente del C5 les ofrece mayor seguridad.

El problema es que no hay evidencia que demuestre que la sola presencia de cámaras prevenga el delito. Lo que suele hacer, según Steve Trush, consultor de seguridad especializado en vigilancia y derechos humanos, es criminalizar ciertos comportamientos y no otros, y perseguir de manera desproporcionada a los pobres. “Tal vez haya menos robos”, dice Trush, “pero no tiene ningún impacto en delitos de cuello blanco”. En el cuartel general del C5, García Ortegón no tiene reparos en admitir que las cámaras no previenen la mayoría de los delitos callejeros. Los operadores fueron testigos de ventas de drogas, asesinatos y pagos de rescates que tuvieron lugar directamente ante sus ojos.

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Toda estrategia de seguridad se reduce a una pregunta: ¿qué delitos se pueden tolerar y cuáles es imprescindible castigar? En otras palabras, ¿qué vidas vale la pena proteger y cuáles se pueden arriesgar? El sistema judicial funciona según esta lógica. Es más conveniente perseguir a un traficante local que a los capos o a los políticos que les suministran las drogas. Es más fácil localizar a un sicario que la persona que lo contrató. Es más rápido detener al brazo armado que al asesino intelectual. Las cámaras de seguridad no alcanzan por sí solas para desarmar esa ecuación.

Si bien el C5 documenta patrones de violencia, el fracaso del sistema da cuenta de un problema mucho más profundo en relación con la criminalidad y la justicia en México. La corrupción y la impunidad son fenómenos que exceden largamente el alcance de la vigilancia callejera y que a veces encarnan precisamente aquellos que deberían combatirla. “En México crecemos con la idea de que la policía es corrupta”, me dijo Verónica. “No hay que ir a denunciar porque es muy cansado; no hay que denunciar porque la policía no hace nada. Estaba muy consciente de que al final del día, el sistema no sirve para nada”. Esta sensación generalizada se conoce como “la simulación”: la idea de que el sistema judicial es un elaborado simulacro cuyo fin es mantener la apariencia ilusoria de una democracia en funcionamiento.

Los agentes fingen que investigan, se inventan obstáculos burocráticos para demorar las investigaciones penales, extravían documentos según su conveniencia y abren y cierran expedientes con el pretexto de que las pruebas son inconcluyentes. A veces es por pura negligencia pero en otras ocasiones los motivos son más siniestros. Con frecuencia, es difícil distinguir. Sea cual sea la razón, hay consenso en que el sistema por lo general siempre protege a la misma gente: los desarrolladores inmobiliarios cuyos emprendimientos se verían amenazados por masacres en la primera plana de los periódicos; los empresarios turísticos cuyos imperios exigen la eliminación de vendedores callejeros; y los políticos cuyas carreras dependen de acallar cualquier evidencia de corrupción.

Pocas personas en México podrían obtener un verdadero rédito de la violencia constante y fortuita contra la población general. Pero los expertos en derecho penal están de acuerdo en que, sin un compromiso para atacar los factores que producen esa violencia —las estructuras de poder corruptas y muy arraigadas, las redes criminales, la desigualdad extrema—, las cámaras en sí no solucionan nada. En el sistema actual, siempre la misma gente suele quedar en el medio. Las víctimas y los delincuentes descartables son casi siempre pobres, a menudo jóvenes e indígenas, y a veces disidentes políticos, invariablemente lejos de los poderosos que deciden sus destinos. Quienes toman cartas en el asunto a menudo acaban sufriendo la misma violencia. El C5 no es más que otro escenario para fingir justicia. Si bien el sistema funciona para quienes lo implementaron, hay pocos incentivos para resolver un atropello con fuga, un secuestro a manos de la policía, o una masacre civil. Aunque haya 30,000 cámaras mirando.

Este texto se publicó originalmente en inglés en Rest of World. Aquí se puede leer.