C5, millonaria promesa de videovigilancia que no resuelve delitos
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Dominic Bracco II para Rest of World

C5, la millonaria promesa de videovigilancia de CDMX que no previene ni resuelve delitos

Ciudad de México tiene uno de los sistemas de videovigilancia más sofisticados del mundo, pero el llamado C5 no necesariamente previene el delito ni ayuda a que las víctimas obtengan justicia.
Dominic Bracco II para Rest of World
Por Madeleine Wattenbarger / Rest of World
14 de febrero, 2021
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La noche del 9 de octubre de 2013, Laura Ramírez, una profesora de primaria de 50 años, murió atropellada por un coche en la avenida Dr. Vértiz, cerca del centro de la Ciudad de México. El automovilista escapó de la escena del crimen. Las autoridades se pusieron en contacto con la única familiar cercana de Ramírez: su hija Verónica, que en aquel momento era una estudiante de 22 años. Verónica llegó a eso de las diez de la noche, en compañía de un tío y algunas amigas.

No tenía idea de cómo funcionaba el proceso; por ejemplo, no sabía que tenía derecho a un abogado. A pesar del shock y del dolor, Verónica tuvo la templanza de advertir que había cámaras de seguridad en la intersección donde había muerto su madre. En Ciudad de México existe un gigantesco sistema de vigilancia urbana, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido por la sigla C5. Enseguida les preguntó por las cámaras a las autoridades. “Hay por lo menos cuatro en el recorrido que hizo el coche”, hace memoria. Un funcionario le respondió que, dada la gravedad del delito, las imágenes se guardarían automáticamente. Verónica insistió: ¿tenía que hacer algo para conseguir los videos? El funcionario le aseguró que, siguiendo el protocolo oficial, la policía solicitaría las pruebas y las adjuntaría al expediente del caso.

Lee: Bajan 36% los delitos en la CDMX durante el último año, según Sheinbaum y Harfuch

Mientras esperaba fuera de la oficina entre entrevistas, se le acercó un hombre que se presentó como asesor legal de la fiscalía y le preguntó si podían hablar en privado. A Verónica le extrañó la petición, pero sus amigas la instaron a aceptar, y acompañó al hombre a una oficina privada. Le pidió que le repitiera su relato del incidente, y tomó nota en papel borrador con un marcador color café. “Tienes que hacer dos cosas”, le dijo. “Vas a necesitar los videos y vas a tener que llevarlos al anfiteatro. Por esas dos cosas te voy a cobrar 4,000 pesos”. La solicitud tomó por sorpresa a Verónica. Trató de discutir pero el hombre le dio un ultimátum: le dijo que las grabaciones se borraban una vez por semana y que era muy fácil que desaparecieran. “O me das el dinero o se pierden”.

Al principio, Verónica se negó a pagar la mordida. Ni siquiera tenía dinero para enterrar a su madre. Pero los amigos que la habían acompañado al Ministerio Público lograron reunir 2,500 pesos de los 4,000 que pidió el supuesto asesor. Tenían la esperanza de que el soborno al menos les permitiría conseguir las imágenes de vigilancia y resolver el caso.

Pero, semanas después, cuando Verónica volvió a la oficina para ponerse al corriente de los avances de la investigación, le dijeron que los videos no estaban disponibles, a pesar de las promesas que le habían hecho. Finalmente, le informaron que tenían dos clips de esa noche. En uno se veían los faroles de un auto que venía en dirección a la cámara, pero antes de que entrase en el cuadro, la cámara giró para apuntar en otra dirección. El otro video captaba imágenes de la intersección donde había ocurrido el accidente, pero varias horas después. En ninguno aparecía el coche que había matado a su madre.

Verónica se enteró de que los funcionarios no habían hecho el papeleo necesario. En vez de solicitar las cinco grabaciones relevantes, habían pedido solo dos. “Como no les pagué la cantidad que me pedían, es como si solo me hubiera alcanzado para eso”. Y, puesto que un ciudadano común y corriente no puede solicitar un video, se quedó sin alternativas. Dos años después, cerraron el caso por falta de avances, clasificado como “irresuelto” e “irresoluble”. En vez de ayudar a encontrar a los asesinos de su madre, Verónica lamenta que “esa tecnología, que debería ser un instrumento para hacer justicia, se volvió una moneda de extorsión”.

La madre de Veronica Ramirez murió atropellada. El asesinato fue captado por la cámara, pero los funcionarios le pidieron un soborno para no borrarlas.”Dominic Bracco II para Rest of World” (http://www.dominicbracco.com/)

Desde que se estableció el C5 en 2009, las autoridades de Ciudad de México se jactan de tener uno de los sistemas de videovigilancia más ambiciosos y sofisticados del mundo. El C5 cuenta con más de 15,000 unidades con más de 30,000 cámaras, 12,700 altavoces y 15,000 botones de emergencia, a lo largo de 1,500 kilómetros cuadrados. Cada unidad tiene sensores ambientales para detectar condiciones climáticas inusuales, sismos, balaceras y explosiones.

El sistema funciona por una red de fibra óptica y canaliza la información a salas de control y unidades de respuesta móvil conectadas a call centers de emergencias y líneas de denuncia para personas desaparecidas. La ciudad ha gastado un total de 13,000 millones de pesos en infraestructura y software. En 2019 se le destinaron otros mil millones al sistema para reemplazar y actualizar las cámaras.

Se suponía que el C5 venía a cumplir una promesa de excelencia mundial. A cambio de una vigilancia casi constante, los residentes disfrutarían de una ciudad más limpia, segura e informatizada, un destino tanto turístico como de inversiones. Pero la promesa no se cumplió.

La Fiscalía General de la ciudad calculó que el año pasado quedó sin denunciar el 94% de los delitos cometidos en su jurisdicción. De los asesinatos denunciados, más del 86% quedaron irresueltos. Además, un número muy exiguo de investigaciones policiales se valieron de pruebas recogidas por las cámaras del C5. Según un exfuncionario del C5, Rafael Prieto Curiel, solo el 0.002% de los delitos que se cometen en Ciudad de México quedan registrados por las cámaras.

En los últimos años, algunos casos de gran revuelo se han resuelto gracias al sistema C5. Pero es muchísimo más común, y hasta un cliché, que la policía les diga a las víctimas que las cámaras estaban fuera de servicio cuando ocurrió el delito, o, como le ocurrió a Verónica, que las imágenes ya no se encuentran disponibles.

Según un informe de las organizaciones Data Cívica y R3D, aproximadamente el 60% de los delitos de la ciudad se producen a 200 metros de una cámara del C5, pero la policía utiliza las imágenes en menos del 1% de las investigaciones. Y no se debe a inconvenientes técnicos: según el gobierno, aproximadamente 14,000 de los 15,000 módulos funcionan en todo momento. Tampoco es cuestión de capacidad de almacenamiento: la mayoría de las cámaras se borran automáticamente cada siete días y el protocolo oficial exige que todos los videos asociados a un delito se guarden una vez realizada la denuncia.

El C5 es una herramienta poderosa. Pero como cualquier herramienta, su poder depende de la persona que la use. Si bien puede ayudar a resolver casos, también pueden usarla la policía y los fiscales para cometer otros delitos. En el caso de Verónica, las imágenes del C5 se volvieron un vehículo de extorsión. También se sabe que, en otros casos, la policía filtró fotos y videos confidenciales a la prensa sensacionalista. “Si los videos benefician a la policía o a los fiscales, los filtran a los medios”, dice Alejandro Jiménez, abogado defensor que levantó la voz en los tribunales contra las limitaciones del sistema. “Si los videos la dejan mal parada, la policía los hace desaparecer”.  A estas acusaciones, los agentes suelen repetir siempre lo mismo: Las cámaras no funcionaban. La grabación se perdió. El incidente nunca ocurrió.

Y cuando la propia policía comete delitos, la impunidad está garantizada.

La mayoría de las intersecciones del centro de la Ciudad de México están cubiertas por el sistema de seguridad C5. “Dominic Bracco II para Rest of World” (http://www.dominicbracco.com/)

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A altas horas de la noche de un jueves de febrero de 2017, Carlos —no es su nombre verdadero— salió tambaleándose de un bar de tapas de la Condesa. Mientras esperaba un taxi, se le acercaron dos policías que empezaron a regañarlo. “Me dijeron que estaba muy borracho, que estaba causando disturbios en la vía pública”, recuerda. Los agentes lo sujetaron, uno de ellos por la espalda, y trataron de meterlo a una patrulla. Sintió un golpe en la cara. Después de eso, no recuerda nada.

Todavía estaba oscuro cuando Carlos se despertó tendido en el asfalto de una calle residencial. Le dolían las piernas, tenía la cara magullada y la chamarra de cuero manchada de sangre. Al incorporarse, se dio cuenta de que estaba en la colonia Nápoles, a varios kilómetros del bar donde había estado la noche anterior. De haber seguido el camino más directo entre el bar y el lugar donde se había despertado, Carlos y los oficiales tendrían que haber pasado por bastantes cámaras del C5.

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Al día siguiente, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le tomaron testimonio unos agentes de Asuntos Internos. Después de declarar, Carlos siguió conversando con uno de ellos, quien ofreció mostrarle imágenes de la noche anterior. El agente encontró videos de la patrulla en cuestión y abrió un rastreador GPS que reveló parte del recorrido que había hecho esa noche. “Sí, fue más o menos por aquí”, señaló.

La solución parecía sencilla: bastaba con identificar a los policías del turno. Gracias al C5, tenían todas las pruebas que necesitaban pero el agente no parecía dispuesto a continuar la investigación. “Me dejó claro que tenía miedo”, dijo Carlos. También era consciente de que a sus agresores les sería sencillo cobrarse venganza si presionaba demasiado o trataba de hacer otra denuncia. Frustrado, Carlos preguntó por qué los policías pensaban que podían delinquir impunemente, en especial sabiendo que iba a quedar registro de sus actos. El agente evitó responder. “Esas policías andan por ahí”, le respondió. “No los podemos controlar”.

Carlos fue golpeado por la policía tras salir de un bar. “Dominic Bracco II para Rest of World” (http://www.dominicbracco.com/)

Esta cultura de impunidad policial es uno de los grandes motivos por los que México es considerado uno de los países más corruptos del mundo. Una quinta parte de la población de la Ciudad de México afirma haber sido víctima de actos de corrupción, el mayor porcentaje del país. Sin embargo, las cifras son aún más flagrantes para el caso de la policía. En 2017, México tuvo más casos de corrupción policial que policías: 1.6 casos por cada oficial. Según el INEGI, sólo el 1% de las denuncias resultaron en condena.

Activistas, diplomáticos extranjeros, políticos y otros integrantes de la sociedad civil suelen señalar la corrupción como uno de los retos más graves que enfrenta el país. Así como en el caso de Verónica, los oficiales del poder judicial intentan con frecuencia extorsionar a las víctimas que denuncian delitos. Y como pudo experimentar Carlos, la policía no suele seguir líneas de investigación que puedan incriminar a sus colegas. Lo cual suscita otros interrogantes: si todo el mundo sabe que la policía es corrupta, ¿por qué el gobierno local gasta miles de millones de pesos para incrementar su capacidad de vigilancia? ¿Por qué los funcionarios y empresarios de Ciudad de México, en busca de mayor seguridad para la capital, dicen que la solución son más cámaras?

El gobierno hace años que promociona el C5, en permanente expansión, como parte de su estrategia para combatir el crimen. ¿Pero el C5 realmente será capaz alguna vez de resolver la crisis de violencia que vive la ciudad? ¿Y los dirigentes en verdad esperan que así sea?

El sistema de seguridad C5 de la Ciudad de México es visible en toda la ciudad. “Dominic Bracco II para Rest of World” (http://www.dominicbracco.com/)

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Desde comienzos de siglo, la Ciudad de México se ha transformado. La capital buscó sacudirse la reputación de crimen e inseguridad que la había lastrado durante décadas a fin de atraer turistas y capitales extranjeros. David Ramírez, analista de México Evalúa, afirma que la transición de México a la actual estrategia de seguridad comenzó a finales de la década de los noventa, cuando los funcionarios implementaron un modelo de vigilancia policial por comunidad. La idea era dividir la ciudad en sectores y asignarle a cada uno agentes policiales dedicados para facilitar las relaciones entre policía, comerciantes y residentes. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo de Jefe de gobierno de la Ciudad de México a principios de la década de 2000, impulsó aún más estas iniciativas. López Obrador implementó un programa para revitalizar el Centro Histórico y contrató al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, para aconsejarle.

“Una de las promesas que les hizo a los comerciantes fue mayor seguridad”, dice Ramírez. “Empezaron a instalar cámaras, botones de emergencia y de alarma”. Una de las recomendaciones de Giuliani fue adoptar una versión de la doctrina policial de “ventanas rotas”, que promueve tolerancia cero a delitos menores como pintar graffiti y orinar en la vía pública. A la vez, Carlos Slim empezó a invertir con fuerza en el Centro Histórico; ayudó a pagar el contrato con la consultora de Giuliani, compró numerosos edificios antiguos de la zona, y creó la Fundación Centro Histórico, que financió iniciativas de restauración.

El magnate desempeñó un papel crucial en la transformación de la zona. En 2009, en la mitad del sexenio de Marcelo Ebrard como Jefe de gobierno, la capital lanzó el programa Ciudad Segura, que instaló la infraestructura del C5. Telmex, junto con la empresa francesa de telecomunicaciones Thales, ganó la licitación para instalar 8,000 cámaras, con un costo de 5,000 millones de pesos. Ese programa comenzó en el Centro Histórico, donde casi cada manzana ostenta algún símbolo del imperio de Slim.

El C5 complementó la estrategia de ventanas rotas. Las cámaras han sido particularmente útiles para identificar infracciones administrativas contra personas que pintan graffiti, tiran basura y que beben alcohol en la vía pública. Aunque las estadísticas sobre el delito en la Ciudad de México son escasas, Leonel Hernández, del Observatorio Nacional Ciudadano, nota que el Centro experimentó una disminución de ciertos delitos menores: por ejemplo, bajó la tasa de robos en la Alameda, que antes estaba mal iluminada.

El número de extranjeros que llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México pasó de menos de dos millones en 2009 a casi cinco en 2019. Pero el incremento del turismo —y de la vigilancia— no ha ido de la mano de una reducción de todos los delitos. Como señala la empresaria turística Rocío Vázquez, los turistas extranjeros ahora consideran a la Ciudad de México como un destino seguro para sus vacaciones. Vázquez, que tiene una empresa de tours gastronómicos, percibe la ironía: “Creo que la ciudad se está volviendo más peligrosa, aunque la experiencia de los turistas sea más segura”. De hecho, desde que se implementó el C5, aumentaron los crímenes violentos en la Ciudad de México, al igual que en el resto del país.

Las cámaras han sido particularmente útiles para identificar infracciones administrativas contra personas que pintan graffiti, tiran basura y que beben alcohol en la vía pública. “Dominic Bracco II para Rest of World” (http://www.dominicbracco.com/)

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Para Juan Manuel García Ortegón, el sistema es simplemente una herramienta con enorme potencial para mejorar la gobernabilidad de la ciudad más grande de América del Norte. Ingeniero de formación, García Ortegón es un hombre delgado y fibroso de cuarenta y tantos años que dirige el C5 desde 2018. Me entrevisté con él una tarde húmeda de septiembre en la sede del C5, un complejo al oriente de la ciudad con gruesas paredes grises que rodean una manzana casi completa. Inaugurado por Ebrard en 2011, es un lugar agradable y pulcro, con amplios y jardines de buen aspecto, así como una elegante arquitectura. Cuando entré al edificio principal, una cámara que me apuntaba desde la puerta me tomó la temperatura y registró si tenía puesta una mascarilla. (Durante la pandemia, el C5 se ha utilizado para vigilar el uso de mascarillas en toda la ciudad).

García Ortegón me recibió en un salón de conferencias muy luminoso con unos grandes ventanales convexos. El centro de comando de la planta baja se abría ante nosotros, catorce escritorios de ancho por doce de largo. En cada cubículo, un agente policial observaba tres o cuatro pantallas de distintos tamaños. En la pared del fondo, parecida a un centro de control de la NASA, una pantalla gigante mostraba un mapa de México y una cuadrícula con más de 20 cámaras transmitiendo desde distintos lugares de la ciudad. Era casi hora pico y la pantalla transmitía imágenes en vivo de todas las avenidas principales, junto a otras más pequeñas, esquinas y estaciones del metro. Dado que es imposible estar pendiente de todas las cámaras todo el tiempo, a los agentes les piden que estén atentos a los patrones de conducta. Por ejemplo, puesto que la gente suele sacar dinero por las mañanas, es entonces que los agentes del C5 le prestan especial atención a las cámaras de los cajeros automáticos.

Vigilar los acontecimientos a medida que se van desarrollando es un arte en sí mismo. García Ortegón elogió los talentos de controladores capaces de detectar personajes sospechosos y seguirlos de una cámara a otra. Con una carcajada, señaló que algunos empleados desarrollaron un instinto admirable para identificar a potenciales ladrones. Por supuesto, aunque un agente en efecto prediga un robo, no puede evitarlo en tiempo real pero sí pueden asegurarse de que haya una rápida respuesta policial. García Ortegón me contó con orgullo que casi el 70% de los delitos registrados por las cámaras de vigilancia acaban en detención, comparado con el 15% de los delitos denunciados de manera tradicional.

Además de supervisar las cámaras de video, los operadores reciben datos de otras seis fuentes, incluyendo llamadas al 911, botones de emergencia, agentes en la calle, las app de seguridad de la ciudad y las cuentas de redes sociales. (En estas últimas, se observan denuncias sobre alumbrado público, entradas de cocheras obstruidas, fugas de agua y quejas por personas que orinan en público). Para García Ortegón, lo más importante de un centro de comando no son los aparatos técnicos sino los protocolos que determinan cómo se los utiliza. “Siempre que piensa uno en los centros de comando lo primero que vienen a la mente son las cámara,” dice, “pero el valor que verdaderamente debe tener un centro de comando es que permita que la atención del incidente sea integral y unificada.”

En un sistema que funciona perfectamente, la persona que recibe la llamada no tiene que tomar ninguna decisión y no pasa más de un minuto y medio recabando información: el nombre de la persona, el incidente y el lugar. Después elige de un menú de más de 300 opciones preprogramadas, siguiendo indicaciones automáticas antes de alertar a los operadores de lo que esté ocurriendo. El día que visité a García Ortegón, acababa de reunirse con el servicio de respuesta de desastres de la ciudad para actualizar el protocolo de lluvias. “Para eso tenemos veinte subclasificaciones: ‘árbol caído’, ‘cable caído’, ‘inundación’, etc.”, dice. “Si hay un accidente en Álvaro Obregón y la subcategoría es ‘choque con heridos’, se informa al operador de la Cruz Roja, así como al C5 y al C2”.

García Ortegón considera que el C5 es una poderosísima herramienta para recabar información, capaz de coordinar datos de cualquier tipo. Los operadores pueden buscar embotellamientos y accidentes y luego enviar vehículos de respuesta. Durante la época de lluvias, pueden controlar zonas inundables y despachar servicios de emergencia. García Ortegón se entusiasma al explicarme las posibilidades del sistema. Tiene una pasión ingenieril por los detalles técnicos innovadores y explica todo con minuciosidad enciclopédica. Su plan de progreso cívico por medio de la innovación tecnológica cuenta con el apoyo de aliados poderosos. Desde que asumió en 2019 la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum manifestó el compromiso de la ciudad con la asistencia tecnológica a la toma de decisiones. García Ortegón es optimista respecto de los potenciales logros del C5 en los cuatro años que le quedan en el cargo. “ transitar de un centro de comando de seguridad pública, a un auténtico centro de operación”, dice.

En cuanto a la capacidad del sistema de combatir el crimen, García Ortegón reconoce que el proceso está lleno de obstáculos y que registrar incidentes en video es apenas el comienzo. Incluso si las cámaras funcionan perfectamente, una investigación en potencia puede fracasar de muchas maneras. Los asesinatos o agresiones pueden quedar registrados en video, pero muchas veces no se hace la denuncia. O, si hay denuncia, tal vez no se la investigue. O se la investigue pero no se la resuelva. Aunque los operadores pueden solicitar hacer denuncias, García Ortegón reconoce que va a llevar mucho tiempo garantizar que los delitos registrados en video se incorporen al expediente de una investigación. Pero para que el C5 funcione como se espera, no se puede perder la información.

García Ortegón admite que las cámaras producen una sensación de seguridad que excede su verdadero impacto: un equívoco que se refleja en las encuestas. “siempre que hay votación de presupuesto participativo”, explica, “ hay dos proyectos que siempre ganan por default: el que pongan cámaras y gimnasios al aire libre”. Como mínimo, los residentes de la ciudad sienten que la mirada omnipresente del C5 les ofrece mayor seguridad.

El problema es que no hay evidencia que demuestre que la sola presencia de cámaras prevenga el delito. Lo que suele hacer, según Steve Trush, consultor de seguridad especializado en vigilancia y derechos humanos, es criminalizar ciertos comportamientos y no otros, y perseguir de manera desproporcionada a los pobres. “Tal vez haya menos robos”, dice Trush, “pero no tiene ningún impacto en delitos de cuello blanco”. En el cuartel general del C5, García Ortegón no tiene reparos en admitir que las cámaras no previenen la mayoría de los delitos callejeros. Los operadores fueron testigos de ventas de drogas, asesinatos y pagos de rescates que tuvieron lugar directamente ante sus ojos.

Instalaciones del C5 “Dominic Bracco II para Rest of World” (http://www.dominicbracco.com/)

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Toda estrategia de seguridad se reduce a una pregunta: ¿qué delitos se pueden tolerar y cuáles es imprescindible castigar? En otras palabras, ¿qué vidas vale la pena proteger y cuáles se pueden arriesgar? El sistema judicial funciona según esta lógica. Es más conveniente perseguir a un traficante local que a los capos o a los políticos que les suministran las drogas. Es más fácil localizar a un sicario que la persona que lo contrató. Es más rápido detener al brazo armado que al asesino intelectual. Las cámaras de seguridad no alcanzan por sí solas para desarmar esa ecuación.

Si bien el C5 documenta patrones de violencia, el fracaso del sistema da cuenta de un problema mucho más profundo en relación con la criminalidad y la justicia en México. La corrupción y la impunidad son fenómenos que exceden largamente el alcance de la vigilancia callejera y que a veces encarnan precisamente aquellos que deberían combatirla. “En México crecemos con la idea de que la policía es corrupta”, me dijo Verónica. “No hay que ir a denunciar porque es muy cansado; no hay que denunciar porque la policía no hace nada. Estaba muy consciente de que al final del día, el sistema no sirve para nada”. Esta sensación generalizada se conoce como “la simulación”: la idea de que el sistema judicial es un elaborado simulacro cuyo fin es mantener la apariencia ilusoria de una democracia en funcionamiento.

Los agentes fingen que investigan, se inventan obstáculos burocráticos para demorar las investigaciones penales, extravían documentos según su conveniencia y abren y cierran expedientes con el pretexto de que las pruebas son inconcluyentes. A veces es por pura negligencia pero en otras ocasiones los motivos son más siniestros. Con frecuencia, es difícil distinguir. Sea cual sea la razón, hay consenso en que el sistema por lo general siempre protege a la misma gente: los desarrolladores inmobiliarios cuyos emprendimientos se verían amenazados por masacres en la primera plana de los periódicos; los empresarios turísticos cuyos imperios exigen la eliminación de vendedores callejeros; y los políticos cuyas carreras dependen de acallar cualquier evidencia de corrupción.

Pocas personas en México podrían obtener un verdadero rédito de la violencia constante y fortuita contra la población general. Pero los expertos en derecho penal están de acuerdo en que, sin un compromiso para atacar los factores que producen esa violencia —las estructuras de poder corruptas y muy arraigadas, las redes criminales, la desigualdad extrema—, las cámaras en sí no solucionan nada. En el sistema actual, siempre la misma gente suele quedar en el medio. Las víctimas y los delincuentes descartables son casi siempre pobres, a menudo jóvenes e indígenas, y a veces disidentes políticos, invariablemente lejos de los poderosos que deciden sus destinos. Quienes toman cartas en el asunto a menudo acaban sufriendo la misma violencia. El C5 no es más que otro escenario para fingir justicia. Si bien el sistema funciona para quienes lo implementaron, hay pocos incentivos para resolver un atropello con fuga, un secuestro a manos de la policía, o una masacre civil. Aunque haya 30,000 cámaras mirando.

Este texto se publicó originalmente en inglés en Rest of World. Aquí se puede leer.

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El daño que sufren de por vida quienes comienzan a trabajar en tiempos de crisis

Pobreza, muertes prematuras, rupturas sentimentales… Los efectos de una crisis no acaban cuando éstas pasan de largo. Y ahora dos generaciones están amenazadas.
14 de diciembre, 2020
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“No hables más sobre ello, no lo pienses más: la crisis de hoy es el chiste de mañana”. Cuando el presente es sombrío, el futuro es siempre un lugar tentador donde ir a calmar las ansiedades, una promesa de consuelo para muchos, como la invocada por el escritor H.G. Wells en labios de uno de sus personajes.

Sin embargo, saltar de la literatura a la vida puede ser difícil, especialmente cuando azota una crisis económica y tienes que comenzar tu andadura laboral.

Cuando la economía se enferma, los periódicos y las televisiones se llenan de gráficos de curvas y barras. El resumen que nos hacemos casi todos es inmediato: cuando esas líneas rojas van hacia abajo, es que vienen años duros; cuando suben con colores verdes, lo peor ha pasado. Y por el medio, el que más o el que menos se habrá dejado algunos pelos en la gatera. Pero la vida sigue, pensamos.

Pero la vida no sigue. Al menos, no igual para todos: no para los jóvenes. Las generaciones que comienzan a trabajar en tiempos de recesión quedan dañadas incluso cuando la crisis termina, algunos de por vida, advierten los expertos.

Es como el dolor de un miembro amputado, que permanece y hormiguea durante años pese a que lo que lo provocó ya no está ahí. Dolor fantasma, lo llaman los médicos. Histéresis, dicen los economistas.

Y pronto los televisores van a volverse a llenar de líneas y barras. Rojas. La crisis sanitaria incuba (y manifiesta ya) una nueva crisis mundial. La segunda en una década para una generación atrapada entre ellas (los millennials, nacidos entre 1981 y 1993) y otra que va a recoger su testigo: la generación Z (de 1994 a 2010), que ya teme ser conocida como la Generación Covid.

Joven despedido.

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Algunas generaciones quedan atrapadas en sus comienzos laborales: acaban siendo demasiado inexpertos y demasiado mayores.

La trampa vital

“Muchas de las personas que entran en el mercado de trabajo durante una crisis no sólo sufren un mayor riesgo de desempleo e infraempleo durante ese periodo, sino que se ven lastradas en su porvenir. Esa caída transitoria de ingresos tiene una alta probabilidad de tener efectos permanentes”, advierte Ignacio González, investigador y profesor de Economía de la American University (Washington D.C, EE.UU).

González le explica a BBC Mundo cómo es esa trampa vital.

Primero llega el daño: la crisis económica, y la competencia por los escasos puestos de trabajo es feroz, especialmente si se genera mucho desempleo persistente.

Y los jóvenes comienzan a escuchar argumentos repetidos.

Primero es: “No te contrato porque no tienes experiencia suficiente”.

Con el paso del tiempo eso se convierte en: “No te contrato porque tienes espacios en blanco en tu CV”.

Y cuando acaba la recesión, pasa a ser: “No te contrato porque, en realidad, puedo tener a alguien más joven con la misma experiencia“.

De alguna manera, ya están marcados: acaban de convertirse en perfiles inexpertos para puestos acordes a los de su edad y candidatos demasiado mayores para competir con los nuevos jóvenes por esos puestos iniciáticos y de escaso salario.

Y como toda maldición, va acompañada de su profecía.

“A partir de ahí, es muy probable que sus carreras laborales acaben caracterizándose por trabajos intermitentes o de escasa calidad, sufriendo una caída de ingresos que condiciona toda su vida”, sentencia González.

“Estas personas acumulan menos riqueza (ahorros), tienen dificultades para acceder a la vivienda en propiedad (su escaso ahorro se va en el alquiler y tampoco les van a dar un crédito por su discontinuo historial laboral) y, en general, ven truncados sus planes de vida y de formación de familia, con todos los problemas psicológicos que van asociados a ello”, explica el economista de la American University.

Puerta.

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Si se te cierra la puerta al mercado laboral al principio, los planes de vida quedan condicionados para siempre porque es un momento clave, advierten los expertos.

Pobreza, divorcios y vidas sin hijos: la generación que ya estuvo allí

“¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y no hay nada nuevo bajo el sol” (Eclesiastés 1:9).

A su manera, la ciencia económica sigue la misma lógica que ese proverbio bíblico. Cuando un economista te habla de lo que va a pasar en el futuro, suele tener su cabeza en el pasado: en la evidencia acumulada.

Para conformar parte de esa evidencia, los académicos Hannes Schwandt y Till M. von Wachter (Northwestern University y Universidad de UCLA, EEUU) bucearon, en un estudio reciente, por los registros estadísticos de EEUU para seguir la vida de cuatro millones de estadounidenses que saltaron al mercado laboral durante la crisis de 1982.

Como si fueran fantasmas de Cuento de Navidad de Dickens, los agarraron de la mano y revisitaron los nervios de sus primeras experiencias laborales, anotaron sus salarios, se colaron en sus momentos felices (compra de vivienda, bodas, niños) y pasaron por sus días aciagos (divorcios y alcohol, enfermedades, depresiones, etc.) hasta llegar con ellos a la vejez e, incluso, al final de sus vidas.

Y entonces compararon sus trayectorias con las generaciones colindantes a ellos cuya andadura comenzó en tiempos mejores.

Poco más de un año de recesión -comenzó en julio de 1981 y terminó en noviembre de 1982, según la Reserva Federal- provocó que aquellos desafortunados jóvenes acumularan unas pérdidas de ingresos media de un 9% solo en los primeros 10 o 15 años, según los cálculos de von Wachter, siendo peor para los trabajadores con menos formación.

boda

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La generación de 1982 tuvo menos matrimonios, más divorcios y menos hijos.

Esto significa que sus pérdidas en ese periodo de más de una década pudieron oscilar entre los 19 mil y los 36 mil dólares (a precios actuales), según su investigación.

Pero no solo eso, al llegar al corte de edad de 50-55 años habían tenido menos matrimonios y, al mismo tiempo, sufrido más divorcios. Y sus posibilidades de tener un hijo también fueron inferiores a las de las otras generaciones.

Muertes por desesperación

El deterioro de su vida también llegó a su salud, desgrana la investigación.

Su esperanza de vida se había recortado de seis a nueve meses respecto a la media esperada. El efecto que tuvo la crisis fue de “una muerte adicional cada 10 mil personas por cada punto porcentual de aumento en la tasa de desempleo” en sus inicios laborales.

“Estos aumentos de la mortalidad derivaban principalmente de enfermedades relacionadas con conductas poco saludables como fumar, beber y mala alimentación. En particular, descubrimos un riesgo significativamente mayor de muerte por sobredosis de drogas y otras conocidas como ‘muertes por desesperación’ (suicidios y deterioro por adicciones)”, explica Schwandt.

La crisis desaparece y los daños permanecen. 16 meses sobre toda una vida. La histéresis de nuevo, en todo su esplendor.

Depresivo.

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El desempleo influye negativamente en la salud, sobre todo en la mental.

Estos hallazgos no le sorprenden a Rosa M. Urbanos-Garrido, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, quien estudió los efectos que tuvo sobre la salud de los españoles la Gran Recesión de 2008.

“El desempleo suele asociarse con problemas relacionados con la salud mental”, le explica a BBC Mundo.

“Depresión, ansiedad… el miedo a no poder ganarse la vida influye, pero no solo: el trabajo es una plataforma de contactos sociales y de autoestima”, reflexiona.

Urbanos-Garrido cuenta como al principio de encontrarse en una situación de desempleo, la salud general puede incluso mejorar, pero poco a poco la sensación de angustia va creciendo y, para muchos, la falta de empleo acaba siendo una obsesión que va quitándole color e importancia al resto de la vida, incluida la salud.

“Al principio, el estrés desciende al tener más tiempo libre y se benefician de no sufrir enfermedades relacionadas con el trabajo -como los accidentes-; pero a medida que la situación de desempleo se alarga su estado se va deteriorando en forma de ansiedad, consumo de alcohol, de tabaco, obesidad y mala alimentación en general… se va descuidando, pero el individuo sigue reportando que su salud es buena. Sus pensamientos están en su situación laboral y lo demás no lo considera un problema”, explica.

También advierte de que no es irrelevante el momento de sufrir el desempleo: “Si el problema no es individual, sino una situación general de crisis, los problemas mentales se agravan”, cuenta.

Como si se tratara de un contagio de desesperanza para el que no hay mascarillas.

¿Es ya el destino de la generación millenial y la generación covid?

Fernando tiene pareja y un niño de dos años. Fernando ha sido conductor de autobús, vigilante de seguridad y albañil, a veces (muchas) en la economía informal. Fernando y su familia se fueron a vivir hace un año con sus padres a Soria (España) porque perdió su trabajo y sus ahorros no eran suficientes. Fernando, 34 años, ni siquiera se llama Fernando porque no quiere que aparezca su verdadero nombre en este reportaje de BBC Mundo. Dice que siente vergüenza.

“Fíjate tú, vergüenza, con lo joven que empecé a trabajar. Pero me ocurre”, dice.

Marta Vegas García es también española. Más joven, 23 años. Es ingeniera biomédica y además tiene un máster. Hace una semana publicaba una llamada si no de auxilio, sí de incredulidad en su cuenta de Linkedin:

“Actualizo mi CV, no hay respuesta; adapto mi CV dependiendo de la posición a la que aplico: no hay respuesta; contacto con empresas y trato de ser proactiva […]. No hay respuesta. Me siento invisible”.

“No se nos valora”, le dice Vegas a BBC Mundo. “Vemos frustrados nuestros sueños y nuestro futuro”, se lamenta, y aunque asume que la crisis sanitaria influye, no parece muy convencida de que sea el único motivo.

“Coincidimos todos -dice refiriéndose a sus amigos-, vemos imposible la emancipación, acceder a una vivienda y no digamos ya formar algún día una familia”.

He ahí el hilo que une la Gran Recesión de 2008 y la crisis de la covid-19 en 2020. A dos desconocidos como Fernando y a Marta. Uno, millennial; la otra, de la generación Z.

No están solos. Parecen representar los sentimientos de muchos de sus coetáneos.

Eviction

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Los jóvenes tienen muchos problemas para acceder a una vivienda en propiedad, según muestran los datos. Y la covid va a empeorar la situación.

Basta con escribir en el buscador de alguna red social “A mi edad, mis padres y los mensajes se repiten en varios idiomas:

“A mi edad, mis padres tenían trabajo y casa, yo solo tengo ansiedad”.

“A mi edad mi padre tenía dos hijos, casa, trabajo fijo, coche y varios años cotizados. Yo no tengo nada de eso”.

“A mi edad, mi padre tenía cotizados 10 años y yo vivo de trabajos precarios y en una habitación”.

Y algunos aún ni se imaginaban que llegaría la crisis del coronavirus.

El coronavirus, ¿la puntilla?

“Yo creo que el bicho este ha sido la puntilla para nuestra generación”, dice Fernando refiriéndose al coronavirus.

Su intuición es buena. “Hay un número notable de trabajadores que, como consecuencia de haber sufrido desempleo en la anterior crisis y no haberse consolidado en un puesto de trabajo, también lo están sufriendo en ésta”, observa Ignacio González, de la American University.

“Hay mercados laborales, como el español, que nunca llegaron a recuperarse completamente, por lo que iniciamos esta crisis con unos niveles de desempleo muy altos”, señala.

Es decir, está hablando de vidas con problemas desde hace una década.

Así, si la crisis de 1982 tuvo efectos en las vidas de aquellos jóvenes, ¿qué se puede esperar de la de 2008, definida por el Fondo Monetario Internacional como “el colapso económico y financiero más grave desde la Gran Depresión de la década de 1930”?

¿O en esta del coronavirus, que el Banco Mundial prevé que el PIB se contraiga más del doble que en la anterior?

Algunos expertos ya ven algunos daños en la vida de los millennials, que se pueden apreciar haciendo una especie de gira mundial por el desastre.

En Europa, su desempleo y precariedad laboral eran ya mayores antes de la crisis de la covid-19, que los sufridos por la generación que los precede cuando tenían su misma edad (véase gráfico superior), según un informe del centro de investigación CaixaBank Research.

En EEUU, la riqueza neta mediana (activos financieros e inmobiliarios menos las deudas) de los millennials de entre 25 y 34 años (en 2016) es un 60% inferior que la que disponía un joven de la generación X cuando se hallaba en la misma franja de edad, según el citado informe.

En España, los datos son aún más sangrantes: su riqueza mediana es de 3 mil euros, frente a los 63 mil 400 euros de los que disponían entonces sus homólogos de la generación anterior.

Y la vivienda, claro. El número de millennials con vivienda propia en EE.UU. es 8 puntos porcentuales menor, según el centro de investigación The Urban Institute. Peor en España: un 44% frente al 65% de la generación X (CaixaBank Research). Y en Reino Unido, un tercio de ellos nunca podrá permitirse una vivienda, según el think tank Resolution Foundation.

En América Latina la crisis de 2008 pasó de puntillas, pues la región se encontraba en un momento de creciente prosperidad. Y, sin embargo, el porcentaje de latinoamericanos que declararon no tener suficiente dinero para procurarse una vivienda creció en casi 20 puntos entre 2012 y 2019 hasta alcanzar un alarmante 40%”, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, esta vez la crisis no va a pasar de largo: tras los confinamientos, cerca del 65% de los hogares más pobres de la región había sufrido al menos una pérdida de empleo entre los miembros de la familia, de acuerdo al mismo organismo.

Y el BID señala: más de un millón de estudiantes dejarán los estudios debido a la pandemia, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo en el futuro.

Protesta en Chile

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Es la primera generación desilusionada con la democracia a nivel mundial, según una encuesta de la Universidad de Cambridge.

Algunos estudios pronostican el daño para las nuevas generaciones en US$10 billones a nivel mundial por este motivo, como señala el instituto Brookings, con sede en Washington.

Y hasta el Foro Económico Mundial ve peligrar sus pensiones para el año 2050, cuando llegue la edad de retiro para ellos, debido a su escaso ahorro.

¿Se puede hacer algo?

Llegados a este punto, ¿se puede hacer algo para detener esa aparente cuesta abajo de la generación millennial y sus sucesores?

“Hay mucho margen para mejorar la respuesta”, afirma el economista Ignacio González desde Washington D.C.

“En este contexto de estrés financiero para muchas familias, es fundamental diseñar políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda asequible y establecer mecanismos de transferencias de rentas desvinculados del historial laboral, como las rentas mínimas.En materia laboral, el objetivo sería evitar que la precariedad laboral y la caída de ingresos que sufren muchas personas durante la crisis se cronifiquen y, por supuesto, que eso no condicione a la baja sus futuras pensiones”, explica.

“Los afectados en estas generaciones, con dos crisis consecutivas, lo van a tener difícil sino se habilitan mecanismos de redistribución, tanto intrageneracional (de ricos a pobres dentro de una misma generación) como intergeneracional”, zanja.

La profesora Urbanos-Garrido, de la Universidad Complutense, concuerda en las medidas de transferencias de rentas, y añade: “Los sistemas de salud también deberían adaptarse para atender los crecientes problemas mentales que, probablemente, se van a repetir en la presente crisis”.

No parece muy claro que estas generaciones tengan esperanza en recibir alguna ayuda.

Una reciente encuesta realizada por la Universidad de Cambridge a casi cinco millones de personas reveló que los jóvenes de 18 a 34 años son los más desilusionados con el funcionamiento de la democracia.

“Esta es la primera generación de la que se tiene memoria en la que una mayoría global se muestra insatisfecha con la forma en que funciona la democracia”, alerta Roberto Foa, autor principal del informe.

Una llamada de auxilio o quizá un grito de advertencia.


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