Candidata del PAN Chihuahua elude acusación por sobornos con amparos
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Candidata del PAN en Chihuahua elude acusación por sobornos con amparos

La candidata del PAN al gobierno de Chihuahua está acusada de haber recibido más de 10 millones de pesos en sobornos por parte del exgobernador César Duarte.
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25 de febrero, 2021
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Desde hace cuatro meses, la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha promovido ante jueces federales suspensiones que le han permitido aplazar la audiencia inicial en la que el Ministerio Público le imputará el delito de cohecho por presuntamente haber recibido más de 10 millones de pesos en sobornos de parte del exgobernador César Duarte cuando ella se desempeñaba como diputada local.

Ayer, la también alcaldesa de Chihuahua con licencia logró un nuevo triunfo frente la Fiscalía estatal en el caso de la “nómina secreta”, luego de que el juez de control estatal Ignacio Muñoz Ramos validó una suspensión provisional concedida por el Juzgado Octavo de Distrito y declaró que la audiencia inicial de vinculación a proceso contra Campos Galván, que ya estaba programada, no podía llevarse a cabo sino hasta que se resolviera el fondo del asunto.

Así, la audiencia se postergó nuevamente y sin fecha de reposición. Si dicho juzgado federal convierte la suspensión en un amparo, existe la posibilidad de que el proceso penal contra la candidata panista se reanude hasta en seis meses, esto es, pasando la jornada electoral (6 de junio), e incluso cuando la constancia de mayoría de la elección de la gubernatura haya sido entregada (13 de junio).

Si Campos Galván resultara ganadora, ello podría obstruir el ejercicio de la acción penal en su contra, debido a que, para entonces, la panista gozaría de la protección del fuero constitucional.

“Es una estrategia de tratar de llegar a una elección futura, que no tiene nada que ver con el tema de justicia. La táctica es promover amparos y recursos dilatorios (…) Ellos están planeando brincar el 6 de junio y que no se formule la imputación. Esa es la estrategia que están tratando de seguir”, explicó en entrevista el Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza.

“Cuando se toma protesta es cuando cualquier persona (que gane) asume la gubernatura. Creemos que van encaminados hacia allá, porque un gobernador tiene fuero, entonces, un procedimiento de desafuero es más complicado. Están haciendo una estrategia completamente dilatoria, violando cuestiones de orden público y de interés social”.

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La audiencia de ayer contra Maru Campos en el Centro de Justicia de Chihuahua se dio entre irregularidades. Aunque inicialmente el juzgador Samuel Mendoza estaba asignado como juez de control, fue cambiado de último momento por Ignacio Muñoz Ramos, quien finalmente validó la suspensión, de cuya existencia los fiscales no habían sido notificados (se enteraron en la misma audiencia).

Además, señaló el Consejero Jurídico Espinoza, el juez Muñoz Ramos interpretó la suspensión de una manera favorecedora a la abanderada panista.

La Fiscalía General de Chihuahua integró una carpeta de investigación con testimonios de excolaboradores de Duarte que señalan directamente a Campos Galván en el cobro de sobornos entre 2014 y 2016, durante su desempeño como vicecoordinadora del PAN en el Congreso local. El expediente también incorpora recibos de pago mensuales por entre 100 mil y 400 mil pesos que fueron cobrados y firmados de puño y letra por la ahora candidata panista.

La investigación, que dio pie a la apertura de la causa penal 2821/2020, se centra en la “nómina secreta” del exgobernador Duarte, mediante la cual habrían sido desviados alrededor de mil millones de pesos del erario entre 2010 y 2016 para entregarlos como sobornos a legisladores y políticos de todos los partidos, funcionarios, líderes sindicales y medios de comunicación.

El gobierno de Chihuahua, que juega el papel de denunciante y víctima de los desfalcos, sostiene que las suspensiones concedidas por jueces federales a Campos Galván son irregulares. Dichas suspensiones, asegura, han surtido efecto con la anuencia de jueces estatales.

La defensa de la candidata panista, en la que participan exfuncionarios ministeriales y del Poder Judicial Federal y Local, ha logrado aplazar la judicialización del caso, contraviniendo un criterio de la Suprema Corte de Justicia que es obligatorio para los jueces federales.

En la tesis 84/2019, la Corte determinó que la suspensión provisional no es procedente para impedir que el Ministerio Público presente al Juez de Control pruebas contra un imputado en audiencia inicial, pues dicha suspensión frena el proceso penal.

Aún así, Campos Galván obtuvo en diciembre una primera suspensión del Juez Cuarto de Distrito en Ciudad Juárez, Gabriel Pacheco Reveles. En esa ocasión, la defensa promovió el juicio de amparo 542/2020-I alegando que a Maru Campos no se le había permitido conocer la carpeta de investigación de la Fiscalía y presentar su defensa previo a la audiencia inicial, lo que, sin embargo, no está permitido en el nuevo sistema de justicia oral.

El pasado 18 de febrero, el juez Pacheco Reveles resolvió el fondo de la suspensión y determinó que, en efecto, no se le podía dar acceso a la carpeta sino hasta la realización de la audiencia inicial, por lo que sobreseyó el amparo. No obstante, el juzgador ordenó al Ministerio Público dar a la parte acusada copias de los 16 tomos que conforman la denuncia.

El 21 de febrero, la defensa de la candidata panista, encabezada por los ex titulares de la extinta PGR Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, promovió un nuevo juicio de amparo (el 271/2021-I) ante la Jueza Octava de Distrito, Adriana del Carmen Martínez, con el argumento de que los abogados no habían recibido la totalidad de dichas copias, lo que, alegaron, les impedía conocer los cargos imputados a su clienta.

Durante la audiencia de ayer, los fiscales señalaron que no era verdad que no hubieran entregado el expediente completo a los abogados y acusaron una táctica dilatoria.

“La preocupación que tiene el Ministerio Público es que constantemente están solicitando promociones y argumentando que no hemos contestado o que no les hemos dado respuesta, solicitan nuevamente un amparo a la justicia federal, con el propósito de que no pueda llevarse a cabo la presente audiencia inicial”, dijo uno de los fiscales.

Los efectos de la suspensión concedida por la jueza Adriana del Carmen Martínez ordenaban posponer la audiencia de vinculación a proceso, pero sólo hasta que la defensa de Maru Campos obtuviera las copias requeridas.

Para el Consejero Jurídico Jorge Espinoza, el juez de control Ignacio Muñoz Ramos cometió una irregularidad al conceder la suspensión sin antes haber verificado que, ciertamente, la parte acusada no contaba con las copias del expediente.

Ahora, la jueza Martínez deberá resolver el fondo del asunto el 1 de marzo. Si finalmente concede el amparo, la Fiscalía recurrirá la resolución y el asunto irá a un tribunal colegiado, que podría tardar seis meses en resolver, esto es, una vez resuelta la elección para la gubernatura. Si la jueza niega el amparo, se convocará a una nueva fecha de audiencia inicial.

“Creemos que fue una decisión equivocada del juez de control (Ignacio Muñoz Ramos), toda vez que viola la suspensión los términos en los que está concedida, es decir, él debió haber abierto el debate para determinar si se entregaron las copias completas y todo, como lo hizo valer el Ministerio Público, y en base a eso continuar la audiencia de formulación de imputación”, refirió en entrevista el Consejero Jurídico Espinoza.

“No es más que una chicanada y una táctica dilatoria de la defensa de la alcaldesa de Chihuahua para no entrarle al tema de fondo, que es que se conozcan los hechos y las pruebas. Y siguen promoviendo amparos fraudulentos, suspensiones que violan la jurisprudencia emitidas por la Corte en cuanto a que no puede suspenderse una judicialización y una audiencia de vinculación, pero a los jueces federales, en este caso del Cuarto y Octavo Distritos, no les ha importado violar la jurisprudencia y han conseguido suspensiones a modo con el ánimo de dilatar el procedimiento”.

Lee más: Qué sigue para el exgobernador César Duarte una vez que sea extraditado a México

Pactos en los sótanos judiciales

La Fiscalía estatal ha identificado que la defensa de Maru Campos está vinculada al Poder Judicial federal y estatal.

En principio, los jefes de la defensa son los exprocuradores de la República Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, así como el exsubprocurador Francisco Molina Ruiz.

En ese despacho también participa César Jáuregui Robles, exsenador y exconsejero de la Judicatura Federal.

Ayer, el abogado de la candidata panista en la audiencia fue Francisco Javier Molina Ruiz, quien se desempeñó como director administrativo del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Según fuentes estatales, al interior de la justicia estatal hay otro aliado de la acusada: Luis Villegas Montes, cuyo nombramiento como magistrado estatal fue impulsado durante el duartismo por Maru Campos cuando era diputada local.

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Elecciones en Brasil: 3 claves para entender el áspero duelo entre Bolsonaro y Lula da Silva

La mayor democracia de la región celebra este domingo unos comicios marcados por la extrema polarización y las dudas sobre cómo reaccionaría el presidente ante una posible derrota.
2 de octubre, 2022
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A primera vista, las elecciones de este domingo en Brasil pueden parecer una típica disputa latinoamericana por votos entre la derecha y la izquierda política.

Sin embargo, este duelo electoral que tiene como protagonistas al presidente brasileño de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y al expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva es especial por donde se lo analice.

Las últimas encuestas colocan a Lula como líder en las intenciones de voto, con una ventaja de entre seis y 14 puntos sobre Bolsonaro. Algunas dejan abierta la posibilidad de que gane la presidencia en esta primera vuelta, sin tener que ir a un balotaje el 30 de octubre.

Pero la dureza de la lucha electoral, el ánimo de los votantes y, sobre todo, las dudas sobre cómo actuaría Bolsonaro ante una posible derrota, llevan a expertos en política brasileña como Marco Antonio Teixeira a advertir que esta elección es “atípica”.

Tres claves ayudan a entender lo que ocurre en la mayor democracia de América Latina.

1. Polarización extrema

Si bien hay 11 candidatos presidenciales registrados, esta elección en Brasil es un pulso entre Bolsonaro, de 67 años, y Lula, de 76.

La idea de organizar una “tercera vía” nunca se concretó en la práctica.

El candidato que sigue en las encuestas, el centroizquierdista Ciro Gomes, figura con menos de 10% de las intenciones de voto.

A diferencia de elecciones anteriores en que los contendientes se veían como adversarios, ahora hay una fuerte polarización donde se instaló la noción de “enemigo político”, explica Vera Chaia, profesora de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.

“Con el enemigo no tienes diálogo, no respetas al otro: eso es lo que está ocurriendo”, dice Chaia a BBC Mundo. “La propagación del odio y la visión estrecha del candidato Bolsonaro hacen que esta elección sea muy exasperada”.

Manifestaciones a favor de Lula e Bolsonaro

Reuters
Brasil vive una fuerte polarización política entre Lula y Bolsonaro.

Ese nivel de crispación se apreció claramente en el último debate de candidatos presidenciales el jueves por la noche, donde Bolsonaro y Lula intercambiaron acusaciones de mentir y tener pandillas dedicadas al desvío de fondos en sus gobiernos.

Durante la campaña, Bolsonaro planteó los comicios como “una lucha del bien contra el mal”, se presentó como garante de los valores conservadores y cristianos, y se refirió a Lula como un “ladrón” que puede llevar a Brasil hacia un socialismo como el de Venezuela.

El presidente ha sido acusado de incitar la violencia política, con frases como la que lanzó en mayo al hablar de las alianzas de sus rivales: “Es bueno, un tiro solo mata a todo el mundo, o una granadita”.

Bolsonaro ha negado que sus palabras estimulen la violencia.

Pero Lula lo responsabilizó por el homicidio de un simpatizante suyo que, según la policía, fue apuñalado en agosto por un seguidor del presidente tras una discusión política en un área rural del estado de Mato Grosso.

En julio, un militante del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula fue asesinado a tiros por un policía que irrumpió en su fiesta de cumpleaños que homenajeaba al expresidente y gritó: “¡Aquí somos de Bolsonaro!”

Funeral del militante del PT Marcelo Arruda en Foz de Iguaçu

AFP
El asesinato del militante del PT Marcelo Arruda sacudió a Brasil en julio.

Lula ha buscado ampliar su base electoral con acuerdos como el que alcanzó con su candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin, un exrival suyo de centroderecha al que derrotó en las elecciones de 2006.

Pero el líder izquierdista tampoco rehuyó de la confrontación directa con Bolsonaro, a quien ha calificado de “genocida” por su respuesta a la pandemia de covid-19, y sostuvo que en las elecciones se juega “la democracia contra el fascismo”.

Con un debate alejado de las propuestas de gobierno, es probable que la tensión política aumente más en Brasil si ningún presidenciable supera la mitad de los votos válidos en la primera vuelta y hay un segundo turno entre Lula y Bolsonaro.

2. Un mar de angustias

Con este panorama, los brasileños parecen mirar con recelo la campaña electoral: tres de cada cuatro votantes (67,5%) teme sufrir agresiones por motivos políticos, según una encuesta de la firma Datafolha.

Pero esa está lejos de ser la única inquietud de la población.

De hecho, las mayores preocupaciones de los brasileños pasan por temas económicos como el desempleo o la inflación, así como por la salud, según distintos sondeos.

Fila de búsqueda de empleo en Brasil.

Agência Sindical
La tasa de desempleo en Brasil cayó a 9,1% pero aun es una de las mayores preocupaciones de los votantes.

Esta elección será la primera en Brasil luego de la pandemia que golpeó con dureza al país y dejó más de 685.000 muertes mientras Bolsonaro comparaba el covid con una “gripecita” y se mostraba escéptico sobre las vacunas para combatirlo.

La economía brasileña entró en recesión en 2021 y, si bien volvió a crecer desde hace casi un año y la tasa de desempleo cayó a 9,1% en julio, la mejora está lejos de ser percibida por la población en general.

El 15% de brasileños (unos 33 millones de personas) pasa hambre y más de la mitad de la población padece (125 millones de personas) padece en algún grado de inseguridad alimentaria, de acuerdo a un estudio de la red Penssan.

Algunas noticias recientes han causado escalofríos.

El agosto, un niño de 11 años en la región metropolitana de Belo Horizonte llamó a una línea policial de emergencia para informar que no había “nada” que comer en su casa, luego de ver a su madre desesperada por la falta de alimentos para sus hijos.

Mujer con hijo en brazos busca comida en un armario.

Getty Images/AFP

“La mayoría de la población brasileña está angustiada”, dice Chaia. “En Brasil ocurrió un retroceso total: en lugar de ir para adelante, Brasil fue para atrás”.

Muchos en el país añoran los años de 2003 a 2010 en que Lula gobernó en medio de un boom económico impulsado por altos precios de las materias primas y millones de personas ascendieron a la clase media con programas sociales del gobierno.

Bolsonaro y sus seguidores, en cambio, recuerdan el desplome que tuvo la economía brasileña bajo el mandato de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, y los grandes escándalos de corrupción que surgieron en los gobiernos del PT.

El propio Lula estuvo 19 meses preso por un caso de corrupción, pero el Supremo Tribunal Federal brasileño anuló sus condenas en 2021 por fallas en el proceso que condujo el entonces juez Sergio Moro, quien luego fue ministro de Bolsonaro.

Un hombre en Brasil muestra un plato que tiene escrita la palabra "hambre" en portugués.

Reuters
La el hambre y la inseguridad alimentaria moderada afecta a tres de cada 10 brasileños.

El gobierno de Bolsonaro, que también ha sido salpicado por denuncias de corrupción, aumentó 50% el programa Auxilio Brasil de subsidios a los pobres en agosto, hasta 600 reales (unos 115 dólares) por persona.

Pero nada indica que con esto el presidente haya eliminado la ventaja de Lula en las encuestas, que en las últimas semanas reflejaron una carrera estable.

3. Incertidumbre sobre el desenlace

Para que un candidato gane en primera vuelta, precisa superar la mitad de los votos válidos (es decir, descontando del total los sufragios en blanco o nulos).

Algunas de las últimas encuestas ubican a Lula próximo a ese umbral de 50% de los votos válidos.

Datafolha e Ipec, dos grandes encuestadoras brasileñas, proyectaron el sábado que el expresidente tenía el 50% y 51% de los votos válidos respectivamente.

Como el margen de error de esos sondeos es de dos puntos más o menos, señalaron que no es posible anticipar si Lula ganará en primera vuelta o irá a un balotaje con Bolsonaro en cuatro semanas.

Eso puede depender en buena medida del nivel de participación este domingo: los votantes de baja renta y escolaridad, que tienden a apoyar más a Lula, también suelen tener mayores índices de abstención. Por eso, el izquierdista llamó en los últimos días a votar.

Claro, las encuestas pueden errar y la diferencia entre los candidatos podría ser menor o mayor de lo que proyectan.

Pero lo que vuelve más peculiar esta elección es la incertidumbre sobre si Bolsonaro reconocería una victoria de Lula.

A semejanza de lo que hizo su “amigo” Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Bolsonaro ha buscado sembrar dudas sobre la fiabilidad de las encuestas y, sobre todo, del sistema de votación de su país, sin presentar pruebas para ello.

Además ha repetido, como hacía Trump, que aceptará el resultado de las elecciones “siempre que sean limpias”.

Jair Bolsonaro

Reuters
Bolsonaro ha planteado dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño, sin presentar pruebas.

Muchos se preguntan si Bolsonaro se prepara así para actuar también como Trump en caso de ser derrotado y denunciar un fraude en su contra, intentando seguir en el poder.

“Nunca antes en la historia de este país (…) discutimos una reelección y también si el resultado será impugnado o no”, dice Teixeira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas, a BBC Mundo. “Eso es inédito en la democracia brasileña”.

La preocupación es tal que un manifiesto en defensa de la democracia y el sistema electoral del país recogió en agosto la firma de más de un millón de brasileños, desde artistas y deportistas hasta intelectuales y expresidentes.

Bolsonaro pareció moderar su retórica en días recientes, por ejemplo al declarar que si pierde la elección pasará la banda presidencial y se retirará de la política.

Pero algunos cuestionan si eso respondió apenas a un esfuerzo del presidente por captar votos de centro.

Luis Inácio Lula da Silva

Reuters
Lula figura como favorito en las encuestas aunque es probable que tenga que disputar un balotaje con Bolsonaro.

Distintos analistas ven un riesgo de que, si el Bolsonaro denuncia un fraude en su contra, sus seguidores arremetan contra las instituciones como hicieron los trumpistas el año pasado en el Capitolio de Washington.

En los actos de Bolsonaro es común ver carteles pidiendo “intervención militar” y en plena campaña la policía registró las casas de empresarios simpatizantes del presidente por discutir en WhatsApp sobre la posibilidad de un golpe de Estado, aunque ellos niegan haber cometido delito alguno.

Las Fuerzas Armadas ganaron protagonismo en el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha expresado nostalgia por el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y ha elogiado a uno de los torturadores de ese régimen.

Para estas elecciones, los militares plantearon cuestionamientos a la justicia electoral sobre las urnas electrónicas y prevén hacer un seguimiento propio del escrutinio, algo también novedoso en el país.

Teixeira descarta que las Fuerzas Armadas brasileñas como institución tengan intenciones golpistas.

Pero advierte que las dudas planteadas desde la propia presidencia sobre el desenlace de las elecciones “dejan todo en un estado que contribuye a la inestabilidad”.


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