Empleados de Profedet: ocultan casos de COVID y obligan a ir a oficinas
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Empleados de Profedet denuncian que les ocultan casos de COVID y han aumentado los contagios

Los trabajadores denuncian que hablar de los casos positivos y los fallecimientos por COVID implica un llamado de atención. Aseguran que podrían trabajar en casa pero los obligan a ir a sus oficinas.
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3 de febrero, 2021
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“Es curioso que la institución para la que laboramos y se dedica a defender a los trabajadores no respete nuestros derechos, nos oculte los casos de COVID y nos haga laborar de manera presencial cuando hay contagios y aún en semáforo rojo”, denuncia Dalila, abogada en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). 

Dalila, a quien se le cambió el nombre para proteger su identidad por temor a sufrir represalias, denuncia que nadie les avisa cuando hay un caso positivo o incluso algún fallecimiento por COVID. Tocar el tema en las oficinas, dice, implica un llamado de atención.

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Animal Político platicó con al menos siete trabajadores de la Profedet, entre abogados y personal administrativo de distintas áreas, que coinciden con las quejas y acusan que se les obliga a acudir a las oficinas a pesar de que pueden cumplir con sus obligaciones vía remota, como ya se hizo al inicio de la pandemia. 

Cuando iniciaron las medidas para evitar contagios de la enfermedad, la Procuraduría les permitió a los trabajadores seguir llevando los casos y las asesorías desde su casa, pero cuando se declaró nuevamente el semáforo rojo en Ciudad de México, el 18 de diciembre, les dijeron que tenían que atender a la gente de manera presencial. 

Aunque los empleados no acuden todos los días a las instalaciones, solo van dos o tres días a la semana −de 9 a 3 de la tarde−, están preocupados porque algunos se trasladan en transporte público. Hay líneas del Metro que no funcionan y se aglomeran para poder subir a camiones o autobuses. 

Hasta el 15 de enero, de acuerdo con información oficial de la Profedet, 33 servidores públicos de las oficinas en CDMX han sido reportados como positivo a SARSCoV-2, quienes mantuvieron la cuarentena necesaria para su tratamiento médico. 

De acuerdo con los empleados, en diciembre murió un abogado y un médico perito de la institución a causa de COVID y cada vez hay más contagios, lo que aumenta el nerviosismo y la incertidumbre entre el personal. 

“Hacen venir a la gente cuando saben que tienen un familiar contagiado y eso es muy irresponsable porque crecen los contagios. Cuando fallecieron nuestros compañeros no hubo información institucional ni siquiera lamentando la pérdida o condolencias. Es como si ellos no existieran, daban todo en su trabajo y eso es muy triste”, lamenta una de las abogadas entrevistadas. 

Indica que compañeros han tenido que ir a trabajar aún cuando presentan síntomas y es hasta que su prueba sale positivo que los mandan a casa. El contagio de los trabajadores se ha extendido hasta sus familiares, quienes dicen que han tenido que desembolsar por persona entre 10 y 15 mil pesos entre pruebas y atención médica. 

Brenda, una de las trabajadoras que dio positivo a COVID y contagió a su familia, asegura que cuando avisó del resultado de la prueba le pidieron mantener todo en secreto con el argumento de que no sufriera discriminación. 

“Yo no me podía quedar callada, son mis compañeros y si estuve cerca de ellos les tenía que advertir para que se hicieran la prueba o se mantuvieran atentos a síntomas. Por protocolo mi círculo cercano laboral debió suspender actividades, pero no te dejan porque no les importa nuestra salud”. 

Además, acusa que si comentan los casos, faltan por tener algún síntoma relacionado al coronavirus, o simplemente cuestionan por qué algunas áreas si hacen home office, los amenazan con despedirlos, levantarles actas administrativas o reportarlos con el órgano interno de control.    

Otra empleada coincide en que hay mucha frustración: “A veces necesitamos esa palmadita de cuídate, eres importante para esta institución. La procuradora Carolina Ortiz Porras hace conferencias para hablar de la defensa de los trabajadores, que hay que garantizar sus derechos, pero no es capaz de preocuparse por su propio personal, no sabe cómo está su casa”. 

Profedet dice que se cumplen con medidas recomendadas 

De acuerdo con la Profedet, al brindar servicios de asesoría, defensoría y conciliación laboral, sus servicios fueron catalogados como esenciales desde el inicio de la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2.

La institución informó a Animal Político que tras la declaratoria de emergencia por COVID (desde el 23 de marzo de 2020) implementaron el trabajo escalonado, y que de los 251 servidores públicos en sus oficinas en CDMX, 60 realizan su trabajo desde casa por estar dentro del grupo considerado como vulnerable.

“Para los 191 servidores públicos restantes, se ha establecido un horario escalonado de dos días a la semana en la oficina con jornada reducida, por lo que diariamente el edificio de Pofedet no excede del máximo de aforo de asistencia establecido; adicionalmente, se vigilan de manera estricta las medidas de salud recomendadas por la autoridad sanitaria”, detalló. 

Entre sus medidas está la toma de temperatura al ingreso, uso de cubrebocas, gel antibacterial, guardar la sana distancia, y como medida adicional, una vez que se ingresa al edificio, no es posible salir de las instalaciones hasta el término de la jornada laboral.

La institución no comentó nada cuando se le buscó sobre las acusaciones de los trabajadores de que se ocultan los casos positivos de COVID.  

Tras la publicación del reportaje, la Profedet mandó una carta a este medio asegurando que el personal tiene conocimiento de que si presenta síntomas respiratorios o relacionados a COVID-19, debe abstenerse de acudir a las instalaciones, informar a su jefe inmediato y mantener un seguimiento de sus síntomas.

“Si un servidor público llegase a presentar síntomas respiratorios o relacionados con la COVID-19 mientras realiza su guardia presencial, el protocolo marca que debe acudir al área de consultorio médico y retirarse a su domicilio una vez que responda el cuestionario preventivo en el cual debe indicar los nombres de las personas con las que tuvo contacto ese día”.

A las personas que tuvieron contacto directo con el caso sospechoso se les pide que realicen trabajo en casa durante cinco días

La institución aseguró que es falso que se esconde al personal la información sobre posibles contagios y que por cuestiones de privacidad clínica, “la información correspondiente a los servidores públicos de la Pofedet que han dado positivo al virus del SARS-CoV-2 no es de carácter público, motivo por el cual ésta queda resguardada únicamente en el área de Recursos Humanos”.

“No hay ni jabón en el baño” 

Sin embargo, los empleados aseguran que las medidas higiénicas son mínimas y que no se sanitiza el área cuando hay algún caso positivo.  

“En la entrada ponen una jerga para limpiarlos los zapatos, un tapete y nos toman la temperatura. Ni siquiera hay jabón en los baños. Tenemos que comprar nuestro jabón y tener papel de reserva porque hasta eso falta. La institución no nos da gel antibacterial, cubrebocas ni caretas para atender a los usuarios”, cuenta una de las empleadas. 

“Nosotros vemos los juicios en la Junta de Conciliación y Arbitraje, vimos que ahí al personal lo comenzaron a organizar, les dieron insumos, hablaron de protocolos y en la Profedet hasta pedimos una reunión para que nos comentaran cómo íbamos a trabajar o cómo íbamos a manejar los casos positivos. Se molestaron mucho y nos dijeron que no molestáramos a la procuradora”. 

Lee más: Aumentan contagios y muertes de trabajadores por COVID en armadoras de Guanajuato y Puebla

“No pedimos dejar de trabajar” 

Otro empleado a quien llamaremos Eruviel, quien labora en el área de asesorías −y es el primer contacto con los usuarios que acuden por información o a exponer su caso – cuenta que llega a atender en un día entre cuatro y seis personas, pues a veces acude algún adulto mayor o persona con discapacidad con acompañante. 

“A partir de los últimos fallecimientos y contagios de nuestros compañeros tenemos miedo, no solo por uno, por nuestras familias, y claro que también por los usuarios que van y se arriesgan a trasladarse en transporte público cuando en la CDMX los hospitales están rebasados”. 

Asegura que como empleado no se siente apoyado ni escuchado respecto al temor que tienen de enfermarse. Aunque la institución les informó que solo trabajarían dos días, hay semanas que van tres días y le han pedido que lleguen a las 8 de la mañana, cuando debería entrar a las 9. 

“No pedimos dejar de trabajar. Somos afortunados de tener un trabajo en estos tiempos, pero hay muchos recursos que podemos utilizar para evitar más contagios, como las asesorías vía telefónica, por videollamada, ya lo hicimos así y hubo resultados. Duele que compañeros estén falleciendo”, dice Eruviel. 

Uno de sus compañeras del área de defensoría dice que una persona adulta mayor le reclamó porque la hicieron acudir a las oficinas cuando es población en riesgo no solo por la edad, sino por tener comorbilidades.   

Jerónimo, otro abogado entrevistado, dice que la pandemia ha duplicado las denuncias, e incluso, ellos se han visto rebasados por el número de expedientes que manejan. Tras la austeridad anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los recortes de personal y renuncias, hay abogados que manejan hasta 1,200 asuntos. 

“Yo manejo más de 800 y es inhumanamente imposible. Antes por cada junta de conciliación había dos o tres abogados, ahora solo hay uno por cada junta al pendiente de los casos acumulados y los que van llegando, pero esta administración tiene otra forma de pensar y uno acepta las condiciones”.

“La indicación de los jefes es atenderlos para que ellos demuestren que hay atención a usuarios, que van bien los números, pues todo se reporta en un sistema. Solo les importa que se avance con los expedientes, pero si la Junta de Conciliación tampoco trabaja al 100% no podemos hacer mucho”, señala. 

Los trabajadores piden que al menos en lo que baja la emergencia sanitaria en la CDMX puedan trabajar vía remota y no se oculten ni los casos positivos ni las defunciones. 

“Esta institución es muy noble, su misión es defender a los trabajadores, pero, ¿y dónde quedamos nosotros? También somos humanos, también somos trabajadores con derechos, nos enfermamos, tenemos miedo y nos están dando la espalda”, expresa una empleada.

Esta es la carta completa que envío Profedet: 

  
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Roe vs Wade: Qué cambia realmente (y qué no) con la prohibición del aborto en EU

La Corte Suprema de EU anuló el derecho constitucional federal al aborto después de casi 50 años de haber sido aprobado.
24 de junio, 2022
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Tras casi medio siglo en vigor, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó este viernes la protección constitucional al derecho al aborto.

Lo hizo al anular la histórica sentencia de 1973 conocida como Roe vs. Wade, un precedente legal que lo garantizaba.

A través de estas cinco preguntas te contamos qué es lo que ha decidido en concreto el tribunal de mayoría conservadora, qué es lo que cambia y qué consecuencias tiene para millones de mujeres en EE.UU.

Lee: Roe vs. Wade: el mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido abortar en Estados Unidos

1. ¿Qué decretó exactamente la Corte Suprema de EU?

Con la decisión respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal, con 6 votos frente a 3, queda anulado el precedente legal que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo).

“Lo que hace esta decisión es eliminar el aborto como un derecho constitucional“, le explica a BBC Mundo Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José en California.

Dicha protección se remontaba a 1973, cuando una mayoría de jueces nombrados por presidentes republicanos interpretaron que en la 14 Enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho a la privacidad, estaba recogido también el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.

La nueva decisión revierte este criterio y devuelve a las autoridades de los estados la decisión de prohibir o permitir el aborto.

Carteles Roe vs. Wade

Getty Images

“Significa que ya no existe un umbral de protección federal sobre cómo los estados pueden regular o prohibir el aborto. Ahora los estados pueden hacer lo que quieran en cuanto al tema del aborto”, explica Howard.

“Si los estados individuales desean anular los derechos de la persona que estaba embarazada, pueden hacerlo. Si lo desean, pueden hacer que el aborto sea completamente ilegal en todas las circunstancias, pero también pueden hacer que el aborto sea gratuito y esté disponible para los pacientes que lo deseen”, agrega la autora de The Pregnancy Police: Conceiving Crime, Arresting Personhood.

2. ¿Qué cambia ahora con esta decisión? ¿Se convierte el aborto ilegal en Estados Unidos?

La decisión no implica que el aborto se convierta, de por sí, en “legal” o “ilegal” en Estados Unidos como nación.

“Al ser EE.UU. una federación, cada estado tiene la potestad de decidir sobre aquellos asuntos que no se consideren como derechos o deberes protegidos por la Constitución del país”, explica Howard.

Para la experta, los cambios que puede implicar la decisión pueden conllevar desde factores políticos hasta sociales e incluso económicos:

  • “Es previsible un aumento de la tasa de mortalidad materna de 21% en los Estados Unidos, que ya es el país industrializado con mayor número de muertes maternas”.
  • “Las personas en muchos estados no podrán acceder al aborto legal, por lo que seguirán practicándose abortos ilegales, con todos los riesgos que esto implica”.
  • “Los estudios que hemos hecho anticipan que muchas mujeres morirá porque se verán obligadas a dar a luz y no están preparadas o no desean hacerlo, aumentando también la carga sobre el estado con mayor número de niños dados en adopción”.
  • “También podemos anticipar muchos arrestos: tanto de mujeres como de otras personas que las ayuden o, incluso, de pacientes que se presenten en los hospitales tras tener un aborto ilegal”.
  • “Muchos médicos podrían verse obligados legalmente a denunciar a una paciente embarazada que hace algo que podría tener un impacto negativo en un embarazo”.
  • “Los estudios muestran que muchas familias se ven sumidas en la pobreza al dar a luz a niños que no desean y que a veces no tienen cómo mantener. Y esto afecta también a los hijos que ya tienen”.
  • “Será un problema también para las mujeres que tengan abortos espontáneos. Muchas se verán sometidas a investigaciones para probar que el aborto no fue provocado y si la encuentran culpable, podríamos ver escenarios en los que las condenen a 10 o 20 años de cárcel”.
  • “Muchas mujeres podrían también ser condenadas por utilizar medicamentos u otros métodos para facilitar el aborto”.

3. ¿Qué estados ya prohibieron el aborto, cuáles se prevé que lo harán y cuáles no?

Misuri y Texas han sido los primeros en restringir el aborto inmediatamente después de conocerse la decisión del Supremo.

Lo han hecho por medio de sendas leyes desencadenantes, también conocidas como de activación o “gatillo”, diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional.

Hay otros 11 estados que tienen leyes de ese tipo preparados para limitar la interrupción del embarazo.

Mientras, 16 estados, entre ellos Nueva York, California y Washington, las autoridades han aprobado “trigger laws” para proteger el derecho al aborto.

Los límites al aborto que se impondrán también dependerán de los estados: mientras algunos permitirán algunas condicionantes (como los casos en que peligre la vida de la madre) en otros, como en Ohio, estará prohibido incluso si el embarazo es resultado de una violación.

carteles pro aborto en Washington

Getty Images

De acuerdo con el Instituto Guttmacher algunos estados como Alabama, Arizona y Arkansas, lo prohibirán desde el inicio del estado de gestación. Otros como Georgia, Idaho, Iowa y Kentucky lo harán a partir de las seis semanas de embarazo.

Aunque todavía no se han pronunciado oficialmente al respecto, el Instituto Guttmacher pronostica que los Congresos de Florida, Indiana, Montana y Nebraska también se sumarán a las prohibiciones.

4. ¿Entonces irán a la cárcel las mujeres? ¿Cómo se penalizará el aborto en los estados donde se prohíba?

Muchos estados han aprobado ya leyes que penalizan a los médicos y las clínicas que practiquen los abortos, con condenas que van desde la suspensión de las licencias para ejercer hasta la cárcel.

En estados como Texas, los médicos que practiquen un aborto podrían ser condenados a cadena perpetua.

Sin embargo, un hecho poco conocido es que, incluso con Roe vs. Wade, muchas mujeres han ido a la cárcel en Estados Unidos por la práctica de abortos.

De acuerdo con datos de la Universidad de Fordham, al menos 413fueron encarceladas entre 1973 y 2005 por este motivo.

Howard teme que a raíz de la actual decisión de la Corte Suprema el número se pueda incrementar.

“Hemos visto, incluso con Roe vs. Wade, mujeres acusadas de delitos contra sus propios embarazos por cosas como el autocontrol del aborto o dar positivo por drogas durante sus embarazos. Incluso por cosas como sobrevivir a un intento de suicidio mientras están embarazadas”, explica la experta.

“Entonces, si este es cosas suceden con Roe vs. Wade, que establece explícitamente que una persona embarazada tiene derechos, cuando eso desaparezca, creo que solo podemos esperar ver mucho más de esto”, señala.

5. ¿Cómo era hasta ahora? ¿En qué consistía Roe vs. Wade?

En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de “Jane Roe”, desafió las leyes del aborto en Texas, donde estaba prohibido, excepto en los casos en que la vida de la madre estuviera en peligro.

En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema, quien fallaría a favor de ella al interpretar que el derecho al aborto estaba protegido por la Constitución.

Afuera de Planned Parenthood Reproductive Health Services Center en St. Louis, Missouri

Getty Images

La decisión creó el sistema de “trimestre” que otorgaba a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo, permitía algunos tipos de regulación gubernamental en el segundo trimestre del embarazo y daba a los estados el derecho a restringir o prohibir los abortos en el último trimestre.

“Hay que decir que Roe vs. Wade se volvió con el tiempo un listón muy bajo: en las últimas décadas se ha ido restringiendo progresivamente el derecho al aborto en casi la mitad de EE.UU.”, señala Howard.

Desde la década de 1990, numerosos estados han estado implementando restricciones al derecho constitucional al aborto y en algunos como Texas ya era prácticamente imposible realizarse uno incluso antes de la decisión de la Corte Suprema.

En otros, como Misisipi, solo existía una clínica que facilitaba el aborto en funcionamiento para todo el estado.

En más de una veintena de estados existen requisitos, como que las mujeres jóvenes embarazadas involucren a sus padres o a un juez en su decisión de aborto. Otros han introducido períodos de espera entre el momento en que una mujer visita por primera vez una clínica de aborto y el procedimiento en sí.

“Como resultado, muchas mujeres ya tenían que viajar más lejos y pagar más y esto hace que las mujeres más pobres y las mujeres afroestadounidenses se vuelvan las más afectadas”, señala Howard.

Según el Instituto Guttmacher, una ONG que apoya el derecho al aborto, más de 4.000 mujeres cada año no pueden realizarse abortos en EE.UU. como resultados de las restricciones ya existentes.

6. ¿Puede el Congreso legalizar el aborto en EE.UU?

Por casi 50 años, la decisión de Roe vs. Wade marcó la práctica del aborto en Estados Unidos y no se consideró necesario convertirlo en una ley federal que aplicara para todo el país.

El Congreso de Estados Unidos podría aprobar una ley que garantice el derecho al aborto en el país y las autoridades de los estados tendrían que igualmente seguirlas independientemente de su orientación política.

Sin embargo, dado que se trata de un tema altamente politizado es improbable que una legislación al respecto sea aprobada por una mayoría en el Senado. Para ello se necesitarían al menos 60 votos y los demócratas cuentan actualmente con 50 (más el de la vicepresidenta Kamala Harris).

Howard, por su parte, ve un escenario más probable.

“Si en las próximas elecciones los republicanos ganan el Senado por una supermayoría, ciertamente podemos anticipar que se presente un proyecto de ley sobre la ´personalidad fetal´ a nivel federal (considerar el feto como persona humana). Y, si eso pasa, no hay límite para lo que eso podría significar, incluso para lugares donde sea legal el aborto, como California o Nueva York”, dice.


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