La transnacional holandesa Vitol, que es acusada por Estados Unidos de pagar sobornos a funcionarios de Pemex entre 2015 y 2020, cobró a la CFE 16.8 millones de dólares (307.3 millones de pesos) por un contrato que le adjudicó la paraestatal eléctrica bajo la dirección de Enrique Ochoa Reza, hoy diputado federal del PRI que busca la reelección.
Otorgado el 8 de abril de 2016, el contrato comprometía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprarle a Vitol S.A. cargamentos de gas natural licuado para la generación de energía, mismos que serían entregados en el puerto de Manzanillo, Colima. El monto total pagado por la paraestatal a Vitol no se conocía hasta ahora, luego de que Animal Político obtuvo la cifra mediante solicitudes de información.
El contrato, identificado con la clave DM-SE-GNL-003-16, fue suscrito por Javier Gutiérrez Becerril, subdirector de Modernización de la CFE, y José Guadalupe Valdez García, subdirector de Energéticos, ambos investigados por autoridades federales por su presunto involucramiento en los negocios de gasoductos que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “leoninos”, por beneficiar a la empresa en perjuicio del Estado mexicano.
El apoderado legal de la empresa holandesa, Javier Alejandro Aguilar Morales, fue quien cerró el contrato con la CFE, mismo que se pagó en dólares. Aguilar es el principal acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de pagar sobornos a altos funcionarios de Pemex a fin de asegurar la continuidad de los negocios de Vitol en México.
Según la acusación de Estados Unidos, los aproximadamente 600 mil dólares en sobornos fueron pagados entre 2015 y 2020, esto es, en la segunda mitad del gobierno peñista y en los primeros dos años de la actual administración de López Obrador.
Ochoa Reza renunció como director el 8 de julio de 2016, exactamente tres meses después de la asignación contractual a Vitol.
En respuesta a una solicitud de información de este medio, el hoy diputado federal del PRI defendió que en 2016 no se podía saber que la empresa sería acusada de corrupción años después. Sin embargo, es un hecho que el contrato le fue adjudicado en el mismo periodo en que, según la justicia de EU, el proveedor se dedicó a pagar sobornos en México.
“En 2016, Vitol no tenía observación alguna por autoridad mexicana o extranjera. Era imposible, para los funcionarios que honraron el contrato firmado, saber en 2016 que Vitol tendría señalamientos en 2020 por otras actividades no relacionadas a su actividad con CFE”, refirió Ochoa Reza.
La empresa holandesa ganó el contrato con CFE por invitación restringida. Ochoa dijo que a lo largo de 2016 hubo siete compras de gas natural licuado asignadas a diversos proveedores y que Vitol sólo ganó uno de los contratos, tras ofertar un precio competitivo.
“Ante la insuficiente producción de gas natural de Pemex, la CFE realizó un proceso de licitación internacional, competitivo y transparente para abastecer gas natural licuado al país. Dicho proceso se llevó a cabo en marzo de 2016 para 7 ventanas mensuales a lo largo de ese año, para entrega en la terminal de Manzanillo.
“Vitol participó con ofertas en tres ventanas y ofreció el precio (…) más barato en una de ellas. Las demás ventanas mensuales las ofertaron a menor precio otras empresas. Todas las ofertas presentadas se acreditaron ante Notario Público. Vitol suministró el gas natural licuado al precio contratado en la ventana del mes correspondiente. Una vez entregado el producto, la CFE le pagó el valor de ese contrato”, expuso Ochoa.
Negocio ventajoso
Este contrato fue claramente benéfico para la transnacional holandesa, pues la CFE optó por comprarle gas natural licuado suministrado mediante buques-tanque, a pesar de que era tres veces más barato adquirir gas natural desde Estados Unidos a través de ductos.
De acuerdo con la Administración de Información de Energía de EU (EIA, por sus siglas en inglés), el precio promedio del gas natural licuado exportado a México al momento de la firma del contrato con Vitol fue de 8.99 dólares por mil pies cúbicos; en contraste, el precio promedio del gas natural exportado a través de gasoductos fue de 2.64 dólares por mil pies cúbicos.
Ochoa Reza explicó que se tuvo que hacer la adquisición de ese energético mediante buques-tanque debido a que, en 2016, el gas natural importado por Pemex mediante ductos no era suficiente para abastecer al sistema nacional.
Animal Político publicó en diciembre que el Comité de Transparencia de la CFE clasificó como confidencial la tarifa exacta cobrada por Vitol al Estado, con el argumento de que ello “evidenciaría costos de importación para la generación de energía” y pondría a la paraestatal en desventaja respecto de sus competidores privados. La reserva de la información se dictó en septiembre de 2020, es decir, ya durante la actual dirección de Manuel Bartlett.
Sin embargo, la CFE reveló a este medio que pagó al proveedor una suma global de 16 millones 282 mil 729 dólares por el contrato. Al tipo de cambio vigente en la época, de 18.87 pesos por dólar, el monto ascendió a 307 millones 395 mil 146 pesos, indica la respuesta a la solicitud de transparencia.
El contrato DM-SE-GNL-003-16, en poder de Animal Político, contenía cláusulas ventajosas para Vitol. Una de ellas indicaba que era responsabilidad de la CFE hacerse cargo de cualquier reclamo, denuncia o demanda presentada por terceros que disputaran la titularidad de los derechos sobre el hidrocarburo comprado al proveedor. Una cláusula semejante estaba incluida en los contratos de gasoductos que fueron tachados de “leoninos” por López Obrador.
Además, conforme el contrato asignado a Vitol, la paraestatal estaba obligada a pagar una indemnización si había demoras ajenas al proveedor o al transportista en la descarga del gas en el puerto de desembarque, y cubrir el costo del combustible que se hubiera evaporado durante la demora.
Por otro lado, si la CFE no pudiera recibir un cargamento, el contrato autorizaba a Vitol a revender el gas natural licuado a cualquier otro comprador, caso en el que la paraestatal estaba obligada a reembolsarle costos adicionales por la reventa.
Favorecidos por funcionarios
Vitol tenía especial interés en el negocio de los refinados del petróleo en México. En 2016, el mismo año de la firma del contrato con la CFE, otro de sus apoderados legales, Luis Roca, adelantó públicamente que su empresa “construiría” un ducto de la refinería de Tula a Poza Rica, aun cuando la paraestatal eléctrica no había anunciado la licitación correspondiente. No hay evidencia de que la obra se haya llevado a cabo.
En noviembre de 2015, tras más de un año al frente de la CFE, Enrique Ochoa dio a conocer que su proyecto corporativo era licitar 26 nuevos gasoductos que estarían concluidos en 2018 y que contribuirían a reducir costos en la generación de energía.
Sin embargo, la actual administración señaló que varios de esos contratos fueron desventajosos para el Estado. El gobierno obradorista forzó una renegociación con las empresas titulares y, paralelamente, abrió procedimientos contra los servidores públicos involucrados en las posibles irregularidades.
El periódico Reforma dio a conocer que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Secretaría de la Función Pública (SFP) habían iniciado una investigación contra tres exfuncionarios de la CFE, que incluía una revisión de su evolución patrimonial y movimientos bancarios.
Los exmandos indagados por los gasoductos son el entonces director de la filial CFEnergía, Guillermo Turrent Schnaas, encargado de la red de gasoductos privados, así como los titulares de las subdirecciones de Modernización y Energéticos, que en ese momento eran encabezadas por Javier Gutiérrez Becerril y José Guadalupe Valdez García. Estos últimos dos fueron los responsables de adjudicar a Vitol el contrato para el suministro de gas natural licuado mediante buques-tanque en abril de 2016.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que Gutiérrez Becerril y Valdez García autorizaron modificaciones contractuales que permitieron a las empresas posponer los periodos de conclusión de las obras y, encima de ello, ser indemnizadas por la paraestatal mientras los ductos no estuvieran en operación, bajo la cláusula de casos fortuitos o de fuerza mayor, según la auditoría 492-DE.
Entre 2018 y 2019, la CFE pagó a los contratistas más de 20 mil millones de pesos al amparo de las cláusulas de fuerza mayor, según Reforma.
Mercado en expansión
Entre 2018 y 2019, Vitol obtuvo de la Secretaría de Energía permisos para importar 57 mil millones de litros de combustible de Estados Unidos, según una investigación elaborada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político. Los permisos fueron otorgados en el último tramo del gobierno peñista y en la actual administración obradorista.
En mayo de 2020, la transnacional holandesa obtuvo una autorización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para operar la Terminal Río Bravo, en Matamoros, Tamaulipas, que tiene capacidad de almacenamiento de 34 millones de litros. El plan de Vitol es distribuir el combustible a gasolineras de todo el país mediante autotanques.
Un año antes, había concretado un acuerdo con IEnova -empresa que también ha desarrollado gasoductos y tiene nexos con la española OHL- para construir terminales de almacenamiento de refinados en Manzanillo.
A estos negocios en expansión se suma el contrato que le adjudicó Pemex para surtirle hasta 720 mil toneladas de etano entre 2018 y 2020 por un monto de 237 millones de dólares (equivalentes a 4 mil 500 millones de pesos).
