Sin llegar aún a un acuerdo definitivo, la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a un juez federal que se encuentra en marcha una negociación formal con la extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga, para buscar una salida alterna al proceso penal iniciado en su contra por el caso de “La Estafa Maestra”.

De acuerdo con autoridades judiciales, la Fiscalía informó lo anterior al juez federal Ganther Villar Ceballos antes de vencer el plazo de cinco días hábiles que este les había concedido, tras posponer la audiencia intermedia programada originalmente para el 10 de febrero. Dentro de una semana ambas partes deberán comparecer de nuevo para informar si hay o no un arreglo.

El juzgador había urgido a la FGR a definir si era posible llegar o no a un acuerdo dentro de un proceso penal que ya lleva más de un año y medio de haberse iniciado, y que mantiene a Rosario Robles en prisión preventiva sin que se haya determinado si es culpable o inocente.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía, la exfuncionaria es probable responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisiones, luego de haber permitido la firma de convenios en las dependencias que encabezaba, los cuales abrieron la puerta para el desvío de cinco mil millones de pesos.

Robles y su defensa rechazaron originalmente la posibilidad de un acuerdo alegando la inocencia de la exfuncionaria. Sin embargo, luego de que la FGR obtuviera una nueva orden de aprehensión en contra de Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la exfuncionaria cambió radicalmente de parecer y ofreció su disposición para colaborar con las autoridades.

Dicha colaboración tendría como uno de sus puntos principales la confesión de Robles, en la que ella señalaría que los desvíos efectivamente ocurrieron, y que estos habrían sido resultado de una política de corrupción ordenada desde las esferas más altas del gobierno. El que fuera su oficial mayor, Emilio Zebadúa, ya testificó señalando que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, estaba al tanto de todo.

Las trabas del pacto

De acuerdo con autoridades judiciales, el pasado miércoles el juez Ganther Villar Ceballos recibió la notificación de la FGR de que las pláticas entre las partes ya se encontraban en marcha, sin que de momento pudiera precisarse un resultado de estas.

Uno de los pendientes a resolver es el tipo de salida alterna que se estaría concediendo a Robles. La defensa plantea como escenario preferente que se le conceda un criterio de oportunidad para fungir como testigo colaboradora en todo el caso de La Estafa Maestra. Ello significaría que se suspenda el proceso penal en contra por omisiones (sin llegar a ninguna resolución), y que también se cancele la orden de arresto en su contra por el caso de delincuencia organizada.

Lo anterior significaría la libertad prácticamente inmediata de Robles, aunque dejando libre la facultad de la FGR de reactivar el proceso si así lo desea. 

Otra opción –preferida por la FGR– es que Robles acepte declararse culpable de las omisiones que se le imputan y sin ir a juicio, a cambio de una sentencia reducida. Se trata de un mecanismo conocido como procedimiento abreviado,  que ya le ha permitido a la Fiscalía cerrar casos de corrupción en el pasado, como el abierto en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

La defensa de la exfuncionaria estaría dispuesta a aceptar el procedimiento abreviado siempre y cuando la pena que resulte no exceda de un máximo de 4 años de cárcel. En los hechos, dicha condena significaría la libertad para Robles a más tardar en agosto cuando cumpliría ya dos años en prisión, lo que le da derecho a cumplir la otra mitad de su pena fuera de prisión. 

Pero el punto que ha complicado el cierre del proceso abreviado es el relativo a la reparación del daño. La posición de la defensa es que este tema es improcedente dado que el delito que se le imputa su representada (ejercicio indebido del servicio público) es de tipo formal y no material, es decir, no tuvo una consecuencia directa en términos patrimoniales como lo sería, por ejemplo, un robo.

Sin embargo, los fiscales federales consideran que dado que las omisiones generaron un daño al erario debería ser procedente la devolución de al menos un aparte de los montos desviados. Hasta enero pasado se mantenían inamovibles respecto a este punto.

Semana clave

La próxima semana será definitoria en el proceso abierto en contra de Robles. El juez pidió a las partes que el viernes 26 de febrero se retome la audiencia intermedia para que expongan si existe un acuerdo que daría por terminado el proceso. En caso contrario, ordenará que el proceso siga en curso para llegar al juicio.

En ese contexto y como parte de este procedimiento, los fiscales deberán reunirse antes del viernes con Rosario Robles, recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, para delinear su posible colaboración e incluso una primera declaración ministerial si se dan las condiciones para ello.  Cualquier salida alterna deberá ser avalada por el subprocurador o por el fiscal general.

Si ambas partes logran alcanzar un acuerdo este deberá ser expuesto y justificado en la audiencia del 26 de febrero. De cumplirse los requisitos el juez dará su aval para ello. Si la salida que se concreta es un procedimiento abreviado, en esa misma sesión Robles tendría que declarase culpable.

De no ser así, el juez ordenaría a la FGR que exponga oralmente la acusación que ya mandó por escrito e inicie la presentación y desahogo de las pruebas que las dos partes llevarían a juicio. Se trata de una audiencia que por su naturaleza técnica podría extenderse por varios días. En este escenario, Robles permanecería presa hasta que se resuelva si es culpable o inocente.