FGR y Robles negocian acuerdo por Estafa Maestra previo a días clave
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FGR y Robles ya negocian acuerdo por La Estafa Maestra previo a semana clave

La Fiscalía notificó a un juez federal que se ha formalizado ya el contacto con la defensa de la exfuncionaria, pero aun no se alcanza un acuerdo definitivo. La próxima semana es clave previo a la audiencia del 26 de febrero.
Cuartoscuro
19 de febrero, 2021
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Sin llegar aún a un acuerdo definitivo, la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a un juez federal que se encuentra en marcha una negociación formal con la extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga, para buscar una salida alterna al proceso penal iniciado en su contra por el caso de “La Estafa Maestra”.

De acuerdo con autoridades judiciales, la Fiscalía informó lo anterior al juez federal Ganther Villar Ceballos antes de vencer el plazo de cinco días hábiles que este les había concedido, tras posponer la audiencia intermedia programada originalmente para el 10 de febrero. Dentro de una semana ambas partes deberán comparecer de nuevo para informar si hay o no un arreglo.

De no alcanzarse un acuerdo, la Fiscalía deberá presentar la acusación formal en contra de Robles, y descubrir las pruebas para que el caso avance al juicio.

El juzgador había urgido a la FGR a definir si era posible llegar o no a un acuerdo dentro de un proceso penal que ya lleva más de un año y medio de haberse iniciado, y que mantiene a Rosario Robles en prisión preventiva sin que se haya determinado si es culpable o inocente.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía, la exfuncionaria es probable responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisiones, luego de haber permitido la firma de convenios en las dependencias que encabezaba, los cuales abrieron la puerta para el desvío de cinco mil millones de pesos.

En el escrito de la acusación enviado al juez en agosto pasado por estos hechos, la FGR solicitó una pena máxima de 21 años de cárcel en contra de la exfuncionaria, así como la devolución del millonario monto desviado. No obstante, también expresó que estaba abierta a la posibilidad de negociar una salida alterna.

Robles y su defensa rechazaron originalmente la posibilidad de un acuerdo alegando la inocencia de la exfuncionaria. Sin embargo, luego de que la FGR obtuviera una nueva orden de aprehensión en contra de Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la exfuncionaria cambió radicalmente de parecer y ofreció su disposición para colaborar con las autoridades.

Dicha colaboración tendría como uno de sus puntos principales la confesión de Robles, en la que ella señalaría que los desvíos efectivamente ocurrieron, y que estos habrían sido resultado de una política de corrupción ordenada desde las esferas más altas del gobierno. El que fuera su oficial mayor, Emilio Zebadúa, ya testificó señalando que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, estaba al tanto de todo.

Sin embargo, pese a que dicha colaboración fue ofrecida por la exfuncionaria desde noviembre, hasta ahora no se ha podido materializar el acuerdo ni la primera declaración de la exfuncionaria.

Las trabas del pacto

De acuerdo con autoridades judiciales, el pasado miércoles el juez Ganther Villar Ceballos recibió la notificación de la FGR de que las pláticas entre las partes ya se encontraban en marcha, sin que de momento pudiera precisarse un resultado de estas.

Fuentes que participan en el proceso indicaron a Animal Político que la voluntad de negociar entre las partes existe desde el año pasado, sin embargo, las dificultades para consensuar un acuerdo en algunos puntos en específico han complicado el cierre de una negociación que ahora deberá hacerse a contrarreloj. 

Uno de los pendientes a resolver es el tipo de salida alterna que se estaría concediendo a Robles. La defensa plantea como escenario preferente que se le conceda un criterio de oportunidad para fungir como testigo colaboradora en todo el caso de La Estafa Maestra. Ello significaría que se suspenda el proceso penal en contra por omisiones (sin llegar a ninguna resolución), y que también se cancele la orden de arresto en su contra por el caso de delincuencia organizada.

Lo anterior significaría la libertad prácticamente inmediata de Robles, aunque dejando libre la facultad de la FGR de reactivar el proceso si así lo desea. 

Otra opción –preferida por la FGR– es que Robles acepte declararse culpable de las omisiones que se le imputan y sin ir a juicio, a cambio de una sentencia reducida. Se trata de un mecanismo conocido como procedimiento abreviado,  que ya le ha permitido a la Fiscalía cerrar casos de corrupción en el pasado, como el abierto en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

La defensa de la exfuncionaria estaría dispuesta a aceptar el procedimiento abreviado siempre y cuando la pena que resulte no exceda de un máximo de 4 años de cárcel. En los hechos, dicha condena significaría la libertad para Robles a más tardar en agosto cuando cumpliría ya dos años en prisión, lo que le da derecho a cumplir la otra mitad de su pena fuera de prisión. 

Pero el punto que ha complicado el cierre del proceso abreviado es el relativo a la reparación del daño. La posición de la defensa es que este tema es improcedente dado que el delito que se le imputa su representada (ejercicio indebido del servicio público) es de tipo formal y no material, es decir, no tuvo una consecuencia directa en términos patrimoniales como lo sería, por ejemplo, un robo.

Sin embargo, los fiscales federales consideran que dado que las omisiones generaron un daño al erario debería ser procedente la devolución de al menos un aparte de los montos desviados. Hasta enero pasado se mantenían inamovibles respecto a este punto.

Semana clave

La próxima semana será definitoria en el proceso abierto en contra de Robles. El juez pidió a las partes que el viernes 26 de febrero se retome la audiencia intermedia para que expongan si existe un acuerdo que daría por terminado el proceso. En caso contrario, ordenará que el proceso siga en curso para llegar al juicio.

En ese contexto y como parte de este procedimiento, los fiscales deberán reunirse antes del viernes con Rosario Robles, recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, para delinear su posible colaboración e incluso una primera declaración ministerial si se dan las condiciones para ello.  Cualquier salida alterna deberá ser avalada por el subprocurador o por el fiscal general.

Si ambas partes logran alcanzar un acuerdo este deberá ser expuesto y justificado en la audiencia del 26 de febrero. De cumplirse los requisitos el juez dará su aval para ello. Si la salida que se concreta es un procedimiento abreviado, en esa misma sesión Robles tendría que declarase culpable.

De no ser así, el juez ordenaría a la FGR que exponga oralmente la acusación que ya mandó por escrito e inicie la presentación y desahogo de las pruebas que las dos partes llevarían a juicio. Se trata de una audiencia que por su naturaleza técnica podría extenderse por varios días. En este escenario, Robles permanecería presa hasta que se resuelva si es culpable o inocente.

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'Los talibanes no aceptan la justicia impartida por mujeres': la desesperada huida de una jueza afgana

Como otras mujeres que desempeñaron posiciones en el poder judicial afgano antes de que el Talibán tomara el poder en 2021, esta jueza temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.
17 de agosto, 2022
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Cuando desembarcó en Brasil con su familia, Sahar* sólo tenía una maleta con una o dos mudas de ropa.

La jueza salió de Afganistán a toda prisa el año pasado, huyendo de los talibanes y tuvo que dejar todo atrás.

Como muchas otras mujeres que ocuparon cargos en el poder judicial afgano antes de que el grupo fundamentalista tomara el poder en agosto de 2021, temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.

“Tuve que dejar atrás todo lo que construí en Afganistán: mi casa, mis posesiones y parte de mi familia”, le dijo la jueza a BBC News Brasil.

“Tenía una vida completa y lo perdí todo”.

En los últimos 20 años, 270 mujeres se han desempeñado como magistradas en Afganistán. Muchas de ellas lograron escapar con la ayuda de la Asociación Internacional de Juezas (IAWJ) y se refugiaron en varios países del mundo.

Brasil otorgó visas humanitarias a siete de estas juezas y a tres magistrados. Todos llegaron al país en octubre pasado y fueron recibidos por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB).

Pero alrededor de 90 juezas siguen atrapadas en su país, escondidas.

“Salir de allí”

En su relato, Sahar detalla los momentos de miedo y desesperación que precedieron a su huida de Afganistán.

La jueza y su familia tuvieron que dejar su hogar para esconderse en otro lugar después de que los talibanes tomaron el poder.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Getty Images
Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Con la caída del gobierno afgano, jueces de todo el país comenzaron a ser perseguidos por su participación en los juicios y condenas de miembros del grupo extremista durante el período de ocupación estadounidense.

Los talibanes incluso abrieron prisiones en todo el país, liberando a hombres que los magistrados habían encarcelado.

La vida de las mujeres también cambió drásticamente con el establecimiento del régimen. Se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el ministerio de la mujer y, en muchos casos, se impidió que las empleadas regresaran al trabajo.

“Grupos como los talibanes, Daesh (Estado Islámico) y otros no aceptan la justicia impartida por mujeres”, dice Sahar.

“La situación se volvió realmente desesperada cuando los talibanes comenzaron a registrar las casas de todos los jueces. Invadieron la Corte Suprema y obtuvieron acceso a todo tipo de información sobre nosotros, como fotos, direcciones y documentos”.

“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no podíamos quedarnos en Afganistán porque era demasiado peligroso”, dice.

La ayuda

La jueza inicialmente se refugió en la casa de los familiares.

“Estábamos encerrados sin poder salir. No podíamos volver a nuestro departamento ni sacar nuestras cosas porque los talibanes patrullaban nuestra cuadra”.

Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

AFP
Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

“Fue realmente difícil. No podía cocinar ni lavar ni hacer nada, solo pensaba en que tenía que salir de allí“.

Pasaron dos meses antes de que Sahar recibiera la noticia de que iba a ser rescatada y de que recibiría refugio en Brasil.

“Le informamos sobre nuestra situación a la IAWJ y ellos entraron en contacto con varios países en busca de ayuda y visas para nosotras, las juezas”.

“Cuando me tocó a mí, me dijeron que íbamos a Brasil”.

La magistrada se mudó con sus familiares más cercanos. Por razones de seguridad, no se revelaron los detalles de la operación que los sacó de Afganistán y los trajo a Brasil.

“Dijeron que no podíamos llevar muchas cosas con nosotros, porque todo tenía que ser discreto. Así que no trajimos casi nada, tal vez solo una o dos mudas de ropa”, le dijo Sahar a BBC News Brasil.

“Tengo que controlarme para no llorar cuando recuerdo el día que nos fuimos. Fue una gran desgracia para nosotros”.

“Teníamos una buena casa, un buen salario y nuestra familia en Afganistán y dejamos todo atrás. Fue una situación muy mala, apenas puedo describirla con palabras”.

Miedo por lo que queda atrás

En sus más de cuatro años como magistrada en Afganistán, Sahar estuvo involucrada principalmente en casos penales.

Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

Getty Images
Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

La jueza dice que está orgullosa de su trabajo, especialmente en casos relacionados con la seguridad y el bienestar de otras mujeres.

“Tiene que haber espacio para que las mujeres sean juezas, porque una mujer confía en la otra. Las mujeres que fueron a la corte pudieron abrirse más con nosotras”, cuenta.

Era muy feliz en mi trabajo. Desde pequeña soñaba con ser jueza y hacer justicia para las familias y los niños”.

Sahar dice que no le tocó juzgar ningún caso directamente relacionado con el Talibán, pero admite que pudo haber participado en juicios por delitos comunes cometidos por miembros del grupo.

“Procesé todo tipo de casos, como asesinato, secuestro, robo, corrupción, casos de familia”.

Debido a su trabajo, teme por la vida de algunos miembros de su familia que aún se encuentran en Afganistán.

“Tengo miedo porque tienen todo tipo de datos e información sobre nosotros. Podrían estar en peligro“, dice.

“Cuando salimos de Afganistán todos se mudaron y se escondieron en otros lugares”.

“Hablo con ellos a veces, pero no mucho porque creo que nuestros números pudiesen estar siendo interceptados”.

E incluso a millas de distancia de Afganistán, Sahar dice que todavía teme por lo que dejó atrás.

“A veces todavía tengo miedo, porque soy humana y pienso demasiado en las cosas”.

Vida en brasil

Sahar y los otros nueve magistrados que se refugiaron en Brasil recibieron visas humanitarias emitidas sobre la base de una ordenanza interministerial publicada en septiembre de 2021, por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública.

Entre jueces y familiares, 26 personas llegaron al país en octubre pasado.

“Todos llegaron a Brasil muy asustados, preocupados por la seguridad y sin hablar una palabra de portugués”, dice Renata Gil, presidenta de la Asociación de Magistrados Brasileños que coordinó la recepción de las familias.

Para que pudieran reiniciar sus vidas, todos recibieron alojamiento, alimentación y atención médica proporcionada por esa organización y sus socios.

Los magistrados y sus familias también están estudiando inglés y portugués y sus hijos han obtenido becas en escuelas locales.

“Todas las juezas que recibimos tienen profundas cicatrices por todo lo vivido y un gran dolor por lo perdido. Es un proceso de adaptación intenso”, indica Gil.

“Pienso en mi país”

Después de un período inicial viviendo en alojamientos militares, Sahar ahora vive con toda su familia en una propiedad alquilada.

Una vista de Kabul

BBC
Una vista de Kabul.

Fue empleada como asistente legal por un bufete de abogados, donde investiga casos relacionados con inmigración.

La jueza dice que, antes de mudarse a Brasil, sabía muy poco sobre el país. “No había oído mucho sobre la gente, la cultura o el idioma”, precisa.

Y aunque está muy agradecida por la cálida bienvenida y la ayuda que ha recibido, Sahar dice que no pasa un día sin pensar en volver a casa.

“Pienso en mi país, mi familia y mi antiguo trabajo todos los días. Afganistán es mi patria y la extraño cada día”.

“No puedo decir que estoy disfrutando mi tiempo en Brasil, porque esta situación no es nada fácil”, señala la jueza.

“Pero estamos muy agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido. La gente aquí es muy amable, al igual que el pueblo afgano”.

“Espero que todo salga bien para poder volver. Sé que la situación no es fácil, pero si Alá lo quiere, tal vez todo se resuelva pronto”.

*El nombre de la jueza ha sido cambiado para proteger su identidad y garantizar su seguridad y la de su familia.

Este artículo fue originalmente publicado en BBCBrasil


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