-¡Bájate del carro! 

July Raquel Flores, de 29 años, narra que los gritos llovían de todas partes. 

Una camioneta blanca con los cristales tintados y sin placas, se despegó del convoy, se colocó en paralelo, y se cruzó de un volantazo. 

July hundió el pie en el freno. El coche se arrastró. Los niños gritaron. 

-¡Bájate del carro, hija de la chingada! -bramaron los tipos rodeando el coche, mientras uno de ellos abrió la puerta del conductor-.

-¡Qué te pasa! ¡No me jales! -protestó la mujer, al tiempo que la inmovilizaron y le colocaron unas esposas metálicas en las muñecas-. 

-Tenemos una orden de aprehensión -le gruñó uno de los tipos que le cortó el paso antes de que pudiera auxiliar a su pareja-. Nos la llevamos para Veracruz.

En una entrevista posterior, Erick explica que fue en ese momento cuando se enteró de que esta escena no era un ‘secuestro’, sino una detención. Aunque asegura que los hombres nunca se identificaron como policías, ni le leyeron sus derechos a su pareja. Cosa habitual en México, donde el 60% de las personas presas denunciaron que la policía no se identificó al momento del arresto, y hasta 7 de cada 10 fueron aprehendidos con violencia, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Inegi. 

Pero las preguntas y los gritos fueron en vano. Con la ayuda de una quinta persona, una mujer, los ministeriales metieron a July a uno de los coches del convoy, un Nissan Versa blanco, y confiscaron el Honda City.

 Tirado en mitad de la calle, aún en estado de shock, Erick abrazó a sus hijos para calmarlos. Temblando de miedo, la pequeña de seis años le preguntó: “¿Por qué le pusieron unas ‘pulseras’ a la amá y se la llevaron?”.  

July Raquel le preguntó lo mismo a los ministeriales. 

-A ver, hija de tu puta madre -le escupió el que viajaba a su izquierda-. Ya te tenemos, así que orita mismo vas a empezar a hablar.  

-No me falte al respeto -le exigió la mujer-. Regrésenme mi celular, quiero marcarle a mi familia. ¡No sé de qué me hablan!

-Ay sí, no sabes nada -le contestó con sorna el ministerial que manejaba el coche, que clavándole la mirada en el espejo retrovisor le gritó: 

-¿Te vas a seguir haciendo pendeja, o ya nos vas a decir cómo mataste a la señora?

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El coche, la clave

 Cuatro meses antes de esta escena, el 29 de junio de 2020, el cadáver de María Guadalupe ‘N’ yacía boca abajo en el suelo de la recámara de su casa, en el interior de la Universidad Valladolid en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, donde la víctima de 48 años era la rectora. 

Minutos antes de las nueve de la mañana, dos hombres entraron a su vivienda, un tercero se quedó en la puerta vigilando, y una cuarta persona, una mujer, se quedó afuera con un coche blanco listo para salir huyendo.

 Según la Fiscalía de Veracruz, el asesinato fue rápido: ejecutaron a la mujer de un disparo en la cabeza y huyeron a bordo del coche blanco dejando un reguero de pistas con las que la policía ministerial inició una carpeta de investigación, a la que este medio tuvo acceso.

De entrada, recabaron tres cosas: un cubrebocas negro de uno de los agresores, una camisa negra, y un celular que robaron en la casa de la víctima. Además, analizaron las cámaras de vigilancia del fraccionamiento Bugambilias, donde está la universidad, y descubrieron que la mujer copartícipe entró a una tienda de autoservicio a comprar cinta canela.  

Los ministeriales también analizaron las cámaras de múltiples casetas de cobro descubriendo otras dos pistas: una, que los agresores huyeron con dirección hacia la Ciudad de México. Y dos, que el vehículo blanco utilizado en el homicidio era un Honda City blanco, modelo 2018, con placas capitalinas ***BCF. 

El mismo coche en el que July Raquel viajaba el día que la detuvieron.

Una firma que no coincide

Pero antes de llegar hasta ella, los investigadores revisaron los datos de las placas en la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, y el nombre que arrojó el sistema como dueño del vehículo era el de un hombre con iniciales E.R.G, con domicilio en el Estado de México. 

 Martín, el padre de July Raquel, explica que en enero de 2020 su hija vio un anuncio de este señor en Facebook pidiendo choferes para Uber. July se interesó. Pensó que sería un buen ingreso extra que alternaría con su trabajo en la jardinería y el reparto de comida a domicilio. Por eso, con la ayuda de su padre, le rentó a E.R.G. el Honda blanco por 2 mil 200 pesos a la semana. 

Pero la pandemia se puso ruda en abril. Los ingresos bajaron y para mayo July Raquel ya no podía pagar la renta y regresó el coche a su dueño. 

Para julio, después del homicidio de la rectora el 29 de junio, July Raquel asegura que el dueño la buscó de nuevo. Le dijo que no tenía lugar donde guardarlo y le ofreció vendérselo. La mujer lo rechazó porque ya no podía ni pagar la renta de 2 mil 200 pesos semanales. Entonces, el dueño se la rebajó a 900 pesos para convencerla de que se lo quedara otro tiempo. 

July Raquel aceptó: el 6 de julio comenzó de nuevo a utilizar el carro como Uber, según consta en un oficio que la plataforma entregó a la Fiscalía con un resumen de su actividad como chofer. Y lo siguió utilizando también para sus trabajos de jardinería hasta el día de su detención, cuando supo que el dueño del carro la incriminó diciéndole a los ministeriales que fueron a su domicilio a entrevistarlo que le habían vendido el coche por 190 mil pesos desde el 20 de diciembre de 2019. 

Para incriminar a July, la única prueba que el hombre entregó fue un contrato de compra-venta que los policías dieron por válido, a pesar de que al momento de interrogarlo, el 30 de julio de 2020, los agentes tenían constancia de que quien aparecía ante la Semovi como dueño del Honda era esta persona y no July Raquel.  

Además, en la carpeta de investigación no hay rastro de una factura de la compra-venta del coche, ni de un comprobante de la transacción, ni un estado de cuenta con el supuesto ingreso por la venta, y no hay constancia por escrito de la presencia de un testigo en la firma, ni de un notario. 

Por si fuera poco, la supuesta firma de July Raquel en el contrato es distinta a la que figura en su INE y en otros múltiples documentos que este medio tuvo a la vista. Incluso, es diferente a la que aparece en el acta que firmó July Raquel tras su aprehensión, y que forma parte de la carpeta de investigación que la Fiscalía abrió en su contra, la 294/2020.

A pesar de lo anterior, la Fiscalía no ordenó un peritaje para descartar una posible falsificación, aun y cuando buena parte de la acusación que tiene a July Raquel presa desde noviembre se sustenta en esa rúbrica. 

July estaba a 300 km del homicidio: testigos

Martín, el padre de July Raquel, también vive de la jardinería. “Unas veces ganamos 500 pesos, otras mil, y otras nada. Vivimos al día dignamente, pero le aseguro que mi familia jamás ha visto 190 mil pesos juntos. Mi hija no compró ese coche”, asegura el hombre, que también muestra chats de whatsapp entre July Raquel y el presunto dueño del carro de apenas el 17 de octubre pasado, en los que éste le exige que le entregue el Honda ese día para ir a hacerle una revisión, a pesar de que, según el contrato que presentó a los ministeriales, se había desprendido del coche desde hacía casi un año. 

“Ese carro lo quiero hoy antes de las 12”, le exige el hombre a July en el chat.

Pero, al margen del coche, hay testimonios que aseguran que el día del homicidio, el 29 de junio, July Raquel estaba plantando pasto en un kínder de Cuautitlán Izcalli, a más de 300 kilómetros del lugar del asesinato.

Así lo corrobora en un documento del que este medio guarda copia la señora Karla ‘N’, propietaria del kínder: “Puedo decir que ella estuvo presente en el Jardín de Niños porque con ella es con la que se trató directamente la negociación del servicio de mantenimiento y también porque estábamos teniendo pláticas en Whatsapp desde la mañana (de ese 29 de junio) para ratificar el horario en el que llegarían al kínder y mandarle la ubicación”. 

“Estuvieron trabajando aproximadamente desde la 1.30 pm, y antes de que terminaran les realicé una transferencia bancaria de mi cuenta en Banorte (…). Luego, le pedí a toda la familia que fuéramos a mi domicilio (…) con motivo de hacer un presupuesto de pasto de jardín de mi casa”, testificó.

Para demostrar lo anterior, Karla ‘N’ agregó en su escrito copia de la ficha del depósito bancario y los chats de whatsapp con July Raquel de ese 29 de septiembre, de los que Animal Político también guarda copia.

Armando Bautista Gómez, esposo de la dueña del kínder y diputado del Partido del Trabajo en el Estado de México, también corroboró en otro documento que July Raquel estuvo trabajando ese día en la escuela.

A pesar de lo anterior, la Fiscalía sostiene que July Raquel estuvo en el lugar de los hechos, basándose en el contrato de compra venta ya señalado, y en la declaración de varios testigos y los videos de la tienda de autoservicio. 

Pero en estas pruebas también hay inconsistencias. 

La más contundente: en las imágenes de la tienda que hay en el expediente del caso, se observa una mujer con una blusa de manga corta que le deja a la vista ambos brazos desnudos y limpios de tatuajes. July Raquel, en cambio, tiene hasta nueve tatuajes; cuatro de ellos visibles en brazos, antebrazos y muñecas. De hecho, en su perfil de Facebook, que la Fiscalía investigó antes de detenerla, hay múltiples fotografías de ella con tatuajes en los brazos. 

Además, en el retrato hablado de la mujer, la ficha policial asegura que tiene el cabello negro “a la altura del hombro”. Y así se observa también en el video de la tienda. Sin embargo, en videos y fotografías tomadas en el cumpleaños del hermano de July Raquel, el 27 de junio, apenas un día y medio antes del homicidio de la rectora, se aprecia que July lleva el pelo largo hasta la cintura y con las puntas teñidas de rubio.

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“Nosotros sí te haremos hablar”

De vuelta al 6 de noviembre, el día en que fue detenida, los policías trasladaron esa noche a July Raquel a la Fiscalía antisecuestros, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, según su propio relato escrito, y según la narración de Erick y Martín, su pareja y su padre.  

-¿Ya me pueden decir qué hago aquí? -preguntó July-. 

-Estás metida en un pedote. Más vale que hables -le contestó una agente-. 

Martín y Erick llegaron a la puerta de la Fiscalía sobre las diez de la noche, luego de que, antes de llevársela detenida, uno de los agentes le dijo a Erick que pasarían primero por Azcapotzalco para trasladarla después a Veracruz. 

“Yo le decía a mi yerno que todo era una confusión -recuerda Martín-. Estaba convencido de que esa misma noche nos la traíamos para la casa”. 

Pero no fue así.  

Un abogado amigo de la familia se apersonó en el lugar, entró a la Fiscalía, y tras horas de agonía e incertidumbre Martín se enteró de que la acusación era por el presunto homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid. 

Alrededor de las once y media, uno de los policías que detuvo a July Raquel le dijo que antes de llevársela le darían chance de ver a sus familiares.

-Pero más te vale que les digas que te tratamos bien -le advirtió-. 

 July Raquel abrazó a su padre y le pidió que no llorara, que era inocente. Luego la esposaron de nuevo, la subieron al mismo carro blanco Versa, y le dijeron: “Muy bien, así calladita te ves más bonita”. 

 De ahí, July Raquel dice que la trasladaron todavía a otra fiscalía, donde otros cuatro ministeriales la recibieron con una amenaza antes de emprender el viaje para presentarla ante un juez en Xalapa.  

–Orita vas a ver cómo nosotros sí te hacemos hablar. 

“Habla perra o matamos a tu familia”

 Entre las 11.40 de la noche de ese 6 de noviembre y las 7.30 de la mañana siguiente, July Raquel narra en una declaración escrita que en el trayecto a Veracruz los cuatro policías la violaron y la torturaron durante siete horas. 

“Habla perra, o matamos a tu familia. Si queremos hacemos una llamada ahorita mismo para que los maten”, declaró July que le gritaban, mientras, desnuda, recibía puñetazos en la cabeza, costillas, senos, y vagina. Unas prácticas que, según la encuesta del Inegi antes mencionada, tampoco son aisladas. Al contrario, 6 de cada 10 personas detenidas denunciaron que recibieron puñetazos o patadas durante el arresto; casi el 50% fueron desnudadas y atadas antes de presentarlas ante un Ministerio Público; y otro 50% fueron amenazadas por la policía con inventarles un delito. 

A medida en que el trayecto avanzaba y July no confesaba, las torturas se intensificaban: en repetidas ocasiones le pusieron una bolsa gruesa de plástico negro en la cabeza para asfixiarla. En una de esas veces, la mujer perdió el conocimiento. Cuando despertó, tenía al agresor dándole respiración boca a boca y aplicándole un algodón con alcohol en la nariz. 

-Cómo serás idiota -escuchó que dijo el comandante-. Haz las putas cosas bien. Muerta no nos sirve de nada. 

En represalia, July Raquel recibió un golpe en la cabeza. 

-No aguantas nada culera -le recriminó el agente-. Pero ya hablarás. 

Cerca de Veracruz cambiaron de tortura. Detuvieron la camioneta y el que iba de copiloto sacó una garrafa de agua y la bañaron de cintura para abajo. 

-Denle toques -ordenó el comandante-. Ya me hartó esta puta vieja. 

Después de varios minutos recibiendo descargas eléctricas en las ingles y el bajo vientre, July Raquel volvió a desmayarse. La subieron a la camioneta y a las 7.30 am vio por el reloj del vehículo que llegaron a unas instalaciones que aparentemente era una Fiscalía, aunque desconocía cuál. 

 Ahí cuenta que la recibió un médico. “Mi salvación”, pensó la mujer, que le pidió que la revisara. Pero el médico negó con la cabeza y le pidió que firmara unas hojas. July no quiso. Entonces, el doctor salió de la celda, volvieron los ministeriales, y la sometieron a más toques eléctricos.

 -Vas a firmar todo lo que mi gente te traiga -le ordenó el comandante-. 

Exhausta y derrotada por la tortura, July Raquel obedeció y firmó todo lo que le pusieron delante.  

“No digas nada de la tortura al juez”

 Esa misma mañana del 7 de noviembre, July Raquel fue presentada por los detectives ante el juez de distrito Marco Antonio Rodríguez Lobato, quien decretó otras 72 horas para que la defensa de oficio aportase pruebas a su favor, que nunca presentó. De hecho, ni siquiera presentó a los dos testigos del kínder de Cuautitlán que estaban dispuestos a declarar que July estuvo en su escuela trabajando el día de los hechos.

Finalmente, el juez la vinculó a proceso por homicidio, junto a otro hombre detenido por el mismo caso, y la mandó a prisión al penal de Pacho Viejo en espera de un juicio. Ese día, varios medios publicaron titulares que sin presunción de inocencia gritaban que gracias a la labor de los detectives veracruzanos habían caído los “asesinos” de la rectora.

Ya en prisión, July Raquel denuncia en entrevista telefónica que, además de la tortura y la violación, la otra pesadilla que enfrentó fue el abogado de oficio. Y su caso tampoco es único: al menos 1 de cada 3 presos en México también dijeron que su abogado de oficio les perjudicó en su proceso penal.

“Me dijo que no podía ir en contra del Estado que le paga. Que mejor no le dijera nada al juez de la tortura porque me iba a hundir más, y que me acogiera a mi derecho de no declarar nada. Y como jamás había estado en una audiencia, pues le hice caso”, lamenta. 

Ya en prisión, su familia consiguió hasta el 4 de enero a otro abogado privado, René Rodolfo Paratte, que lo primero que hizo fue pedirle a July Raquel que declarase por escrito su testimonio de la detención y la tortura. 

Luego, envió escritos a múltiples instancias, entre estas a la Fiscalía especializada de la Mujer, que según el abogado días después de recibir su escrito con la denuncia de tortura envió al penal a un psicólogo y a un médico a revisar a July Raquel. 

 “Meses después de la violación, verificaron que aún tiene inflamación en su parte vaginal y también inflamación en las costillas”, explicó Paratte, que detalló que la Fiscalía de la Mujer ya abrió la carpeta de investigación 02/2020, mientras que la fiscalía anticorrupción y la fiscalía para delitos de tortura abrieron las carpetas 063/2021 y 002/2021, respectivamente. 

 A la fecha, la mujer aun tiene hemorragias vaginales. Sin embargo, el juez que la mandó a prisión respondió el pasado 25 de enero por escrito a su abogado que, como guardó silencio en su audiencia inicial por consejo del defensor de oficio, tendrá que esperar hasta la audiencia intermedia -de la que aún no hay fecha- para dar su declaración sobre la tortura. 

Mientras tanto, July Raquel sigue en una celda minúscula con otras cuatro reclusas, deprimida: “No puedo dormir si no es con medicamento. La mayoría del tiempo me la paso llorando. Tengo miedo. Muchísimo miedo. Me da pánico hasta salir libre por todas las cosas que me hicieron esos animales”. 

Previo a la publicación de este reportaje, Animal Político buscó a la Fiscalía de Veracruz para solicitar una entrevista sobre las denuncias de irregularidades señaladas por la familia de July Raquel. Sin embargo, por tratarse de un asunto en proceso legal, la Fiscalía declinó hacer comentarios.