No se comprobó abasto suficiente ni ahorros en compra de medicamentos en 2019
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No se comprobó abasto suficiente ni ahorro en compra de medicamentos del segundo semestre de 2019: ASF

En opinión de la ASF, la gestión de Salud y la SHCP en la adquisición consolidada de medicamentos para 2019 fue deficiente, y su acceso no fue efectivo, por lo que no se garantizó el derecho a la salud para la población.
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21 de febrero, 2021
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el proceso de licitación de la compra consolidada de bienes terapéuticos (medicamentos, material de curación, radiológico y de laboratorio) del segundo semestre del 2019 deficiencias que limitaron la libre competencia entre los proveedoresy en la efectividad del proceso de contratación del servicio integral de logística de almanecamiento y distribución, además no se atendió a cabalidad la necesidad total del abasto de las 27 instituciones públicas participantes, ni se pudo comprobar el alcance de los ahorros. 

Aunado a lo anterior, se determinó un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un total de 8 millones 918 mil 261 pesos que están pendientes de aclarar, ya sea por la falta de documentación comprobatoria del gasto (en el caso de 2 millones 219 mil 859 pesos) o por no haber aplicado penas convencionales a las que se hicieron acreedores los proveedores con los que se formalizaron los contratos. 

Entre las auditorias que presentó la ASF este 20 de febrero a la Cámara de Diputados, y que forman parte del paquete de informes de fiscalización a la Cuenta Pública 2019, se encuentra la de cumplimiento financiero 163-DS a la Adquisición y Distribución Consolidada de Medicamentos y Material Terapéutico. 

Esta auditoría se realizó con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera del presupuesto ejercido en la adquisición de estos insumos para comprobar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Si no se trata de una auditoría forense, las dependencias cuentan con un lapso de 30 días, desde que son notificadas, para aclarar y solventar las observaciones. De no hacerlo, la Auditoría procederá con la interposición de denuncias penales en contra de quien resulte responsable, según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Para el segundo semestre del ejercicio 2019, el gobierno federal instrumentó la consolidación de la contratación de bienes y servicios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con los objetivos de: transparentar los procedimientos de contratación de manera abierta para todos los proveedores de la industria farmacéutica a nivel nacional e internacional; establecer los mismos términos de competencia entre todos los participantes mediante esquemas de abastecimientos simultáneo para evitar la alta concentración de compra en un proveedor; e identificar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Para lograr lo anterior se dejó la compra consolidada de medicamentos y material de curación en manos de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Salud, antes el procedimiento estaba a cargo del IMSS. Fue la primera adquisición de este tipo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Entre las insituciones para las que se compraron insumos está el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, Semar además de diversos hospitales y centros dedicados a atender necesidades específicas de la población. 

Aunque la ASF concluye que, en términos generales, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Salud para el Bienestar cumplieron con las disposiciones, legales y normativas aplicables en la materia, también señala que hubo varias deficiencias. 

En el infomre se documenta que no se atendió a cabalidad la necesidad total del abasto de bienes terapéuticos solicitados por las 27 instituciones públicas participantes.  De las 3,988 partidas requeridas por estas, se licitaron solo 3,257, de las que sólo 1,181 fueron adjudicadas (36.0%).

De las 731 partidas que no fueron licitadas, la Secreataría de Salud no proporcionó información al respecto, ni determinó el estatus de 14 partidas licitadas. 

Se desconoce si las adquisiciones de los bienes beneficiaron a diversas empresas o se continuó comprando con proveedores recurrentes, toda vez que no se dio seguimiento a las contrataciones efectuadas por las instituciones en las 2,807 partidas que no fueron adjudicadas (731 no se licitaron, 1,895 se declararon desiertas, 167 canceladas y 14 sin estatus), entre las que se encuentran medicamentos oncológicos. 

De acuerdo a la información proporcionada por las 27 instituciones públicas participantes, de las 1,181 partidas que sí se adjudicaron, se suscribieron contratos por 5 mil 902 millones 592 mil pesos, de los que, al 31 de diciembre de 2019, se habían ejercido 2 mil 110 millones 999 mil pesos. 

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Falta de competencia 

El informe de la ASF señala que la compra consolidada estaba encaminada a los titulares que cuenten con registros sanitarios de los bienes terapéuticos (es decir a los laboratorios) con el fin de lograr precios más competitivos; sin embargo, la oficina de Naciones Unidas, la UNOPS (que brindó asesoría en el proceso) señaló que aplicar el criterio de titularidad de los registros sanitarios se considera un factor de riesgo, porque se restringe la participación de proveedores históricos en este tipo de procesos (distribuidores). Pero la Secretaría de Salud y Hacienda no hicieron caso de esta advertencia. 

La auditoría también señala que no hubo y debió hacerse una licitación nacional previa antes de proceder a la internacional. 

El proceso de la aplicación de Ofertas Subsecuentes de Descuento y Precios Máximos de Referencia, que se usó en la compra consolidada del segundo semestre de 2019, se consideró, dice el informe de la ASF, de alto riesgo: la combinación de estos métodos y el agrupamiento de diferentes bienes terapéuticos en un mismo proceso de licitación puede desencadenar falta de ofertas y, con ello, tener claves desiertas, desechamiento/insolvencia y/o por inconformidades presentadas por la metodología de la licitación.  

Además, en la investigación de mercado se determinó incluir únicamente medicamentos genéricos, por lo que no se consideraron a los de patente ni de fuente única, lo que limitó la participación de posibles proveedores, afectando el proceso de competencia y libre concurrencia, puesto que existen medicamentos de patente o de fuente única que pudieron haberse adjudicado en partidas declaradas como desiertas.

También se determinaron deficiencias en el proceso de la contratación del Servicio Integral de Logística de Almacenamiento y Distribución de Bienes Terapéuticos para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2019, toda vez que en la investigación de mercado no se acreditó la recepción de 95 cotizaciones, la publicación de la convocatoria ni la documentación del concurso realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Tampoco se sustentó el supuesto de excepción a la Licitación Pública en el que se fundamentó la adjudicación directa, puesto que no se cuantificaron las posibles pérdidas o costos adicionales, ni se designó al responsable de administrar y verificar el cumplimiento de dichos contratos; tampoco se acreditó que las instituciones públicas contaran con suficiencia presupuestal ni se contó con el acuse de recibido de las cotizaciones de las siete empresas adjudicadas y de dos de ellas no se sustentó que contaban con las licencias sanitarias. 

De los contratos para la adquisición de bienes terapéuticos se presentaron 30 remisiones sin contar con la fecha de recepción y aceptación por parte de los operadores logísticos que distribuyeron los bienes; y en 95 remisiones no se contó con el acuse de recepción a entera satisfacción por parte de los operadores logísticos que los recibieron para su posterior distribución. 

Entre las deficiencias también se documentó que no se pudo determinar si se obtuvo una reducción en el precio de los bienes adquiridos y distribuidos, puesto que no se contó con información estadística de los costos ejercidos anteriormente y no se adjudicó la totalidad de las partidas que cubrían las necesidades de las instituciones, además de que no se emitió un documento que evidenciara el ahorro logrado; por lo tanto, no se contó con un parámetro de comparación de costos. 

Como resultado de las defiicencias encontradas en esta auditoría se promovieron 17 Recomendaciones, 15 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.

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No hubo buena coordinación

En tanto que en la auditoría de desempeño 162-DS hecha solo a la parte de adquisición de medicamentos para fiscalizar que la Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) aseguraron las mejores condiciones disponibles de compra y realizaron un abastecimiento suficiente y oportuno para contribuir a garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los medicamentos también se encontraron deficiencias. 

En opinión de la ASF, la gestión de la Secretaría de Salud y la SHCP en la adquisición consolidada de medicamentos para 2019 fue deficiente al no asegurarse que en la planeación y operación de compra y distribución se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado, ni de su acceso efectivo, universal y gratuito, por lo que no se garantizó el derecho a la protección en salud y que los recursos del sector se ejercieran con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la SHCP designó a la Secretaría de Salud como la responsable de definir la estrategia de contratación de medicamentos, material de curación y material radiológico y de laboratorio, para el segundo semestre de 2019, pero no acreditó los criterios utilizados para determinarlo, ni que haya sido resultado del análisis de las capacidades, funciones y recursos de la dependencia, ni definió los mecanismos de coordinación y responsabilidades de Hacienda como la encargada de planear, establecer, conducir y fungir como área consolidadora de las adquisiciones. 

La Secretaría de Salud no evidenció su colaboración con Hacienda ni con las entidades del sector salud para fortalecer el proceso de planeación para la adquisición consolidada de medicamentos, ni mecanismos de coordinación efectivos para llevar a cabo la planeación del gasto público del sector en este rubro.

Además, Hacienda no acreditó que, con el análisis de los grupos focales que se utilizaron para la planeación de la demanda, se produjera un ahorro presupuestal derivado de la reducción del 43.9% de claves, ni la forma en que el análisis de estas se realizó mediante procedimientos utilizados en las mejores prácticas terapéuticas.

En el expediente publicado en CompraNet de la licitación LA.012000991-E82-2019, dice el informe 162-DS de la ASF, se identificaron 29 expedientes distintos vinculados al procedimiento, donde se verificó que en total se contrataron 24 millones 335 mil 673 pesos en 1,104 pedidos, de los que el 50.0% (12 millones 178 mil 652 pesos) correspondió al tipo de contratación “otras contrataciones” en 444 pedidos, aunque esta modalidad no está definida como un procedimiento de contratación.

Además, no se acreditó que corresponda al total de pedidos realizados como resultado de la adquisición consolidada de 2019; asimismo, la Secretaría de Salud careció de información de los resultados de las adquisiciones de medicamentos que se realizan, por lo que no se garantizó si las compras correspondieron y fueron suficiente para cubrir la demanda 

En cuanto a la contribución a garantizar el derecho a la salud mediante la adquisición consolidada de medicamentos, no fue posible evaluar los avances a 2019, ya que la Secretaría de Salud careció de criterios técnicos y metodológicos para cuantificar la existencia y disponibilidad de medicamentos; del establecimiento y aplicación de indicadores para medir y evaluar su disponibilidad y no evidenció la implementación de actividades para promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los medicamentos.

La  SHCP, por su parte, no acreditó la coordinación con Salud para diseñar y establecer la cadena de suministro de los medicamentos adquiridos de forma consolidada, ni evidenció el procedimiento implementado para establecer los mecanismos de distribución; asimismo, no diseñó mecanismos de control y evaluación para optimizar e impulsar la eficiencia y eficacia de la distribución y abasto consolidado de los medicamentos que garanticen un suministro completo y oportuno a la población.

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

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Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

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El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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